EXCESO. Activistas advierten “dureza judicial” contra las mujeres que abortan (Foto: Archivo EL UNIVERSAL )
GUANAJUATO.
El Consejo del Poder Judicial del estado investigará al juez penal Carlos Alberto Llamas Morales, quien castigó con 27 años y seis meses de prisión a Alma Yareli Salazar Saldaña por el delito de homicidio en razón de parentesco, cuando la mujer había padecido un aborto involuntario.
“Vamos a investigarlo”, informó la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato (STJEG), María Raquel Barajas Monjarás.
La presidenta explicó que el Consejo revisará si el juez hizo “algo indebido”. Analizará si en la sentencia actuó, fundó y motivó conforme al derecho, de acuerdo con su visión jurídica, “o si erró”.
Llamas Morales, titular del Juzgado Primero Penal de San Miguel de Allende, es el mismo que otorgó la libertad condicional a un sacerdote culpable del delito de corrupción de menores y que condenó a una campesina a 30 años de prisión, por el mismo delito que sentenció a Alma Yareli.
El 2 de marzo dictó la resolución contra Alma Yareli en el proceso penal 265/2007, pero la sentencia fue revocada el pasado 9 de junio por el magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal del Estado, Miguel Valadez Reyes.
“No se acreditó la autoría criminal en la perpetración del delito de homicidio en razón de parentesco”, explicó el magistrado en la revocación del fallo del juez Llamas.
La presidenta STJEG informó que hay interés por parte del Consejo del Poder Judicial de conocer las fundamentaciones del juzgador sobre el caso de Alma Yareli, el cual ha trascendido mediáticamente.
Barajas Monjarás expuso que Alma Yareli, quien pasó tres años en prisión, podría intentar una acción legal en contra del juez de la primera instancia, (luego de quedar en libertad porque no se probó que fuera responsable del delito que se le inculpó).
Antes de aplicar el castigo a Alma Yareli, en 2006, el juez Llamas Morales condenó a 30 años de cárcel a N. Frías, una campesina que había sufrido violación reiterada, como consecuencia resultó embarazada, pero perdió el producto mientras levantaba rastrojo, informó Verónica Cruz Sánchez, directora de la organización Las Libres.
En la apelación, el magistrado bajó la pena a 25 años por homicidio en razón de parentesco, de lo que ha compurgado cinco.
“Salí a traer el rastrojo... sentí dolor en la panza, y fue como si se me escurría algo entre las piernas. Los dolores eran cada vez más fuertes, me dejé caer en el rastrojo, comencé a pujar para que saliera, y cuando pasé mi mano por su nariz, no sentí su respiración, espere a que llorara, pero estaba muerto”, dijo Frías en el proceso penal.
La mujer, presa desde que tenía 34 años, pertenece a una familia en extrema pobreza que vive en una comunidad al noreste de Guanajuato. Nunca acudió a la escuela, no sabe leer, ni escribir; pasó su niñez y juventud arreando vacas y en la siembra. Por largos periodos fue violada por un vecino, quien la embarazó en cuatro ocasiones, pero por temor a las amenazas y vergüenza se quedó callada, explicó Cruz Sánchez.
La directora de Las Libres sostuvo que en Guanajuato los jueces sentencian a las mujeres que abortan desde sus creencias personales-morales-católicas y no desde la perspectiva de la justicia.
El 31 de julio, el juez primero penal encontró culpable al sacerdote Laurencio Pérez Mejía por delito de corrupción de menores, lo condenó a cuatro años y tres meses de prisión y en la sentencia lo favoreció con la semilibertad condicional. Al día siguiente el cura pagó la multa de 3 mil 268 pesos y salió libre. Actualmente es recluido en el penal los días sábado y domingo.
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