PROCESO/
La combinación de política y dinero fue el arma privilegiada del
PRI para arrasar en las elecciones desde que tenía la Presidencia. Dos
sexenios sin ella obligaron al expartido de Estado a encontrar otras
formas de financiamiento para saturar al país de propaganda y comprar
votos. Con la elección del gobernador mexiquense Eruviel Ávila como
ensayo general, la generación de Enrique Peña Nieto armó un entramado
financiero digno de aquella a la que pertenecieron Pedro Joaquín
Coldwell y Jesús Murillo Karam. Hasta ahora los testimonios, los
documentos y las denuncias del PAN y la izquierda sobre el rebase de
topes de campaña, el financiamiento ilegal y hasta los indicios de
lavado de dinero no han derribado las barreras del calendario electoral,
la carencia de facultades legales del IFE y el TEPJF o las omisiones de
las autoridades judiciales, tras las cuales se atrinchera el priismo.
Pero más datos y pruebas siguen apareciendo…
La
complicada ruta de la triangulación de casi 400 millones de pesos que
según el Movimiento Progresista se usaron para comprar 5 millones de
votos a favor de Enrique Peña Nieto, involucra a priistas vinculados con
el Grupo Atlacomulco, así conocido por el municipio natal del candidato
en el Estado de México.
Pasados 20 días de la elección la
izquierda ha ido armando el rompecabezas del financiamiento de la
campaña del PRI. Hasta ahora al menos lo obligó a reconocer lo que
negaba tajantemente: que sí firmó contratos, respaldados con fondos de
origen hasta hoy desconocido, los cuales destinó a adquirir tarjetas de
prepago, telefónicas y de “recompensas”.
En la demanda que la
izquierda presentó el jueves 19, Jaime Cárdenas, asesor jurídico de
López Obrador, incluyó varios elementos para tratar de demostrar que
Peña Nieto utilizó recursos de procedencia ilícita en su campaña, por lo
que demandó declarar la invalidez de la elección presidencial.
Los
nombres que por ahora se han asociado con la triangulación son de
priistas vinculados con el Grupo de Abogacía Profesional (GAP), de la
familia Fraga, y la empresa Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de
C.V., cliente número 10240970 del Grupo Financiero Monex y que facturó
más de 70 millones de pesos para comprar 750 tarjetas y hacer cargos de
“saldo prepago”.
El lazo entre priistas mexiquenses y el GAP tiene
nombre y apellido: Rodrigo Fernández Noriega, un abogado que el 20 de
abril le depositó 3 millones 485 mil 797 pesos a Monex.
Es la
única persona física mencionada en la denuncia presentada el jueves 19
por el representante del Movimiento Progresista, Camerino Márquez, en el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra
Peña Nieto “por haberse beneficiado en su campaña política con recursos
de procedencia ilícita”, delito tipificado en el Código Penal Federal
como “lavado de dinero”.
Fernández Noriega “nació el 22 de julio
de 1973, con domicilio en Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301,
Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C. P. 11560”, se especifica
en la denuncia. Esta dirección es la misma del GAP, propiedad de la
familia Fraga desde 1992, de acuerdo con el folio 9265089 del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
El
documento del Movimiento Progresista abunda: “Su RFC es FENR730722592.
Tiene como actividad preponderante calzado, zapaterías, incluye compra
de calzado usado. Con fecha de inicio de operaciones el 15 de abril de
2003, su domicilio fiscal se encuentra en la calle Blas Pascal No. 129,
Interior 301, Colonia Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo, C.
P 11560”.
Una búsqueda en el directorio telefónico arrojó que
Fernández Noriega registró la dirección de ambas formas y con distintos
números telefónicos. En el teléfono correspondiente a “Polanco”, el
miércoles por la tarde una voz de mujer le dijo a esta reportera que el
abogado no asistiría al despacho hasta el lunes 23. En el otro número,
correspondiente a “Chapultepec Morales”, nadie contestó.
El “Monexgate”
Por
la negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) a investigar la
compra del voto porque no está tipificado como delito electoral, y el
surgimiento de nuevos datos sobre movimientos financieros sospechosos,
la coalición que postuló a López Obrador modificó su estrategia para
impugnar la elección presidencial.
Su primera queja ante el TEPJF
después de los comicios fue por el presunto rebase, por parte del PRI,
del tope de gastos de campaña (328 millones 608 mil 267 pesos). Pero en
pocos días el equipo jurídico de la izquierda fue recabando indicios de
que la triangulación de recursos entraba en la descripción del lavado de
dinero de procedencia ilícita, o bien de origen lícito pero que se
habría utilizado para fondear ilegalmente la campaña de Peña Nieto al
permitirle disponer de una estructura no reportada de financiamiento y
rebasar el tope de campaña.
“Son recursos que podrían provenir del
peculado –de la desviación de los recursos públicos estatales para
fines electorales que están prohibidos por la ley– o del crimen
organizado”, dice la denuncia al respecto.
La coalición afirmó que
su equipo de investigadores detectó tres empresas que participaron en
la triangulación de fondos para favorecer a Peña Nieto: Comercializadora
Atama, Grupo Koleos y Grupo Empresarial Tiguan, así como el particular
Rodrigo Fernández Noriega, que en total depositaron 29 millones 971 mil
864.93 pesos en la cuenta de Monex.
Esta operación no sería
sospechosa si no fuera porque Atama y Grupo Comercial Inizzio –otra de
las empresas implicadas– están integradas por los mismos accionistas y
apoderados legales; lo mismo ocurre con Koleos y Tiguan.
Atama e
Inizzio se constituyeron el 27 de octubre de 2006 ante el notario
público165 del Distrito Federal, Carlos Alberto Sotelo Regil. Los
accionistas son Ramón Paz Morales y Juan O. Fragoso Oscoy Paz, quienes
se presentan como obrero y empleado, respectivamente. Sin embargo, de
2007 a 2010 reportaron ganancias por más de mil millones de pesos. Su
apoderado legal es Alejandro Pérez Lizárraga.
Koleos y Tiguan
fueron formalizadas el 11 de septiembre de 2008 ante el notario 44 del
Distrito Federal, Carlos Hermosillo Pérez, por los accionistas Juan A.
Hodrogo Guerra y Luis Vivero Valero. Como apoderado legal aparece
Demetrio Jordem Sabat.
Monex facturó, de manera paralela, 108
millones 200 mil 764.29 pesos a Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. y a
Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V. De ese monto, 140 mil
173 pesos fueron usados para comprar 10 mil 674 tarjetas y 106 millones
744 mil 33.80 pesos para la carga de “saldos de prepago” de las mismas.
Monex recibió una comisión de 1 millón 89 mil 853.28 pesos más IVA por
la transacción.
El 26 de junio el PAN pidió a la comisión de
quejas y denuncias del IFE medidas cautelares para suspender las cuentas
de Monex, ante la sospecha de que el PRI estuviera financiando su
campaña a través de esa empresa.
Al día siguiente, en un
comunicado, el PRI rechazó las acusaciones: “Los dichos de Roberto Gil
–el coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, que hizo el anuncio
en un debate radiofónico con sus pares del PRI y del Movimiento
Progresista– son falsos, absurdos y temerarios. Ni el CEN del PRI ni la
coordinación de la campaña presidencial manejan recursos a través del
Grupo Financiero Monex…”
El instituto desechó la solicitud como improcedente, según se consigna en el expediente SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012.
(Extracto del reportaje que aparece esta semana en la revista Proceso 1864, ya en circulación)
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