La Mina del #Metro, investigacion de @revolucion3_0, video

Esta es la primera entrega de una investigación especial que realizó REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO sobre el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México. Cada lunes, durante seis semanas, compartiremos información sobre distintos aspectos relativos a la inversión privada en el Metro, la corrupción, la historia de su sindicato, la economía informal, los movimientos sociales que se han gestado debido al incremento a la tarifa del boleto, así como análisis desde diferentes disciplinas para prospectar escenarios. ¿Qué pasará? Descúbrelo con nosotros.

En esta primera estación, Cacique, se explorará el control que poco a poco la iniciativa privada va tomando sobre lo que de origen fuera un servicio público. ¿Con qué información podemos contar como ciudadanos sobre el manejo del dinero recaudado con la venta de los boletos del Metro? ¿Estamos ante el inicio de la privatización del transporte más importante de la ciudad?

 http://youtu.be/k25-eMNDY5E


27 de enero, 2014).- Para la doctora Irma Eréndira Sandoval, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la creación del fideicomiso mediante el que se administrará el dinero producido por el alza a la tarifa del boleto del Metro (de tres a cinco pesos), podría crear un foco rojo de corrupción y privatización del transporte más importante de la Ciudad de México.

“Me parece que los fideicomisos son el primer escalón hacia las Asociaciones Público-Privadas (APP) donde se mueven muchos intereses y conveniencias, evidentemente, también caminan hacia la privatización de los servicios públicos y las obligaciones públicas”, dijo en entrevista para REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.

Y es que no es poco lo que está en juego: la bolsa que el Sistema de Transporte Colectivo espera recolectar para finales del 2014, asciende a poco más de 3 mil 217 millones de pesos. Este monto, para dimensionar su importancia, es más alto que lo que el Programa de Egresos de la Federación le dio a la Secretaría de Energía: 3 mil 204 millones de pesos.

Todavía no queda muy claro cómo se administrará ese dinero, tampoco los lineamientos por los cuales se sancionaría a los funcionarios que incurran en actos de corrupción y mucho menos los mecanismos de transparencia a los que estarán sujetos, señaló la académica egresada del J. Safra Center for Ethics, Harvard University.

A poco menos de dos meses de haber incrementado la tarifa, los efectos en el bolsillo de los capitalinos ya han comenzado a resentirse: disminución del poder adquisitivo, encarecimiento de la vida y mayor pobreza. Estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), señalan que la inflación anual ya alcanza el 3.97 por ciento, cifra que contrasta con el magro aumento salarial de 2.43 pesos para el Distrito Federal.

La estratagema del GDF

El 7 de diciembre del año pasado, mediante un desplegado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera –basado en una encuesta realizada por tres consultorías especializadas en el impacto de la opinión pública–, dio a conocer un incremento del precio al boleto del Metro que escaló dos pesos. Dentro del mismo edicto, añadió un decreto para la creación un fideicomiso que se encargará, arguyó, de “recibir” y “administrar” los recursos provenientes del incremento.

Argumentando deficiencias en la renovación, reparación y mantenimiento de instalaciones y equipo del Metro, expuso que con la nueva recaudación se subsanaría el desgaste que sufrió la red durante años de “abandono” y déficit económico:

“El ajuste de la tarifa es necesario para garantizar la continuidad en la prestación del servicio en condiciones de seguridad, atender los requerimientos de rehabilitación, actualización y mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas, cubrir los gastos de operación y administración”, refirió la Gaceta.

El fideicomiso, también ha repetido en múltiples ocasiones, “aclarará” las finanzas, inversiones, ingresos, egresos del sistema y evitará su privatización; esta postura fue secundada por algunos legisladores perredistas.

Según estadísticas del propio Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, en el Metro se trasladan alrededor de 5.3 millones de personas. Esta cifra, aunque irregular, arroja que cada año, por lo menos, mil 608 millones 865 mil 177 de usuarios abordan sus trenes, fluyen por su terminales, caminan por sus andenes y pasillos distribuidos en 12 líneas, 195 estaciones y 225.9 kilómetros de vías.

Multiplicado el número de usuarios anuales por los dos pesos del incremento, al llegar a diciembre, se generará un monto aproximado, de 3 mil 217 millones 730 mil 354 pesos.

Más problemas que soluciones

Al respecto, la también integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, sugiere que la transferencia de recursos públicos a esta figura jurídica, puede acarrear serios problemas. De hecho, éstos ya han creado polémica en años anteriores, al punto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en los albores de la administración de Vicente Fox, intervino en su definición y los proclamó como un “negocio jurídico”.

Un fideicomiso es “un negocio jurídico por medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio fiduciario autónomo, cuya titularidad se concede a la institución fiduciaria para la realización de un fin determinado”, emitió la SCJN en una resolución.

‒¿Qué problemas arrastraría la creación de un fideicomiso para llevar a cabo las reparaciones del sistema?

‒Yo creo que el primer problema jurídico o de la administración pública, es que los fideicomisos son figuras que emergen del derecho privado. O sea, el fideicomiso es un negocio: el llamado trust financiero que viene del Commonwealth es, como sabes, muchísimo más flexible porque se ajusta más a esta interacción entre mercado y Estado. A contrapelo, el mexicano, producto de la tradición romana, suele recalcar que lo público es público y lo privado es privado. El lineamiento es claro.

“Ahora, de principio hay que subrayar: en todos los fideicomisos hay una lógica del derecho privado, pero no tendría por qué privar sobre el derecho público. O, ¿hasta qué punto conviene delegar un contrato mercantil de responsabilidades estatales, como la seguridad pública, la salud o la educación, el transporte? Es un tema que, me parece, la ley tendría que tratar con mucho cuidado y claridad, no tomarlo tan a la ligera.”

Pese a todo, no serán éstos los que darían mayores inconvenientes a las finanzas públicas. Los fideicomisos en México han estado contaminados completamente por “conflictos de interés” e intromisiones de esas dos esferas del derecho más radicales.

Ejemplos hay varios: el IPAB, el Fobaproa o la operación de la Lotería Nacional en el desvío de recursos para el fideicomiso de Vamos México. Los tres representan la interacción de recursos públicos para “negocios jurídicos” donde el dinero que aporta la población, saltó al ámbito privado para rescates bancarios, comerciales, entre otros. Pero ahora el modelo es hacerlo también con asociaciones de capital público y privados (APP).

“El gobierno del Distrito Federal me da la impresión de estar dando los primeros pasos, más hacia la utilización de otras figuras aún más –diría yo, ominosas– para la rendición de cuentas, como las asociaciones público-privadas (APP). Asociaciones que llevan a un extremo aún mayor la falta de control (…) [y] supervisión que las que presentan los fideicomisos, pues el dinero se los dan a manos llenas y por supuestos ‘beneficios mutuos’.”

‒¿En qué consisten éstos?

“Las asociaciones público privadas son lo peor de los dos mundos, lo público y lo privado: porque es una suerte de la legalización de las deudas públicas. Los legisladores como tuvieron tanto problema en aprobar el Fobaproa –que es el epítome de la corrupción en nuestro país–, ya no quieren volver a sujetarse a esos trámites político-legales, que son la aprobación de la deuda pública para el rescate de los bancos por parte del Congreso.

“Y entonces lo que hacen es signar un contrato público-privado del cual, quien pone el capital y los gastos, es el pueblo; pero quien se beneficia con los dividendos públicos, son privados, como los bancos en nuestro país.”

Sólo para dar una idea: en la Ciudad de México se confirmó que el 80 por ciento de las obras públicas que se llevarán a cabo en este sexenio, son impulsadas bajo este esquema, informó Luis Alberto Rábago Martínez, secretario de Obras y Servicios de la capital.

Por su parte, los más recientes obras en el Metro, derivadas del incremento a la tarifa del Metro, que incluye el cambio en el sistema de alimentación eléctrica y el mantenimiento a 45 trenes que operan en las líneas 2 y 7, serán realizados sobre el modelo de Asociaciones Público-Privados (APP), informó el propio Joel Ortega el pasado 8 de enero.

 De los Metros más caros del mundo

El salario del Distrito Federal, está entre las entidades de salario mínimo más bajos del mundo. Con el aumento que entró en vigor en este año para la ciudad de México, ubicado en la zona “A”, apenas ascendió este año 2.43 pesos para dejarlo en 64.76 pesos diarios (3.9 por ciento).

Con el anterior precio del Metro, en México un trabajador que ganaba el salario mínimo tenía que trabajar 50 minutos  para poder pagar dos boletos de metro, lo que resulta razonable en relación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Con el nuevo precio del metro (5 pesos), y el nuevo aumento al salario, el mismo trabajador tendría que trabajar 1 hora con 15 minutos  para poder tomar el metro dos veces al día, lo que convierte a México en el país con el sistema de Metro más costoso de los países de la OCDE. Un trabajador  tiene que invertir el 16.44 por ciento de su jornada laboral para poder pagarse dos boletos del Metro.

Por si fuera poco, dada la inmensidad de la Zona Metropolitana de la Cuidad de México, muchos trabajadores que reciben el salario mínimo necesitan dos diferentes medios de transporte público para llegar a su trabajo. Al día, este trabajador pagará en 2014 entre 20 y 22 pesos sólo para trasladarse de su casa al trabajo y de regreso; con esto consumirá una tercera parte de su ingreso, según reza un informe de la consultoría “Inteligencia pública”.

Latentes: opacidad y corrupción

Basado en dos modelos de contrato, refirió Sandoval, existen dos formas en que se pueden constituir este tipo de acuerdos entre el Estado y los privados: el fideicomiso público y el fideicomiso mixto. En ambos, el fideicomitente sería el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y el fiduciario, el banco o institución pública encargada de administrar los recursos.

Los fideicomisos mixtos, los puede administrar el gobierno federal o local, bajo ciertos criterios de regulación y transparencia de los que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) tiene lineamientos claros. En el segundo caso existen serios y latentes riesgos de corrupción, apuntó la académica, ya que “se mezclan dineros supuestamente privados con dineros públicos.”

“Esos son los casos que han producido el mayor número de corruptelas”, explicó.

‒¿Se trata de un modelo de escamotaje en torno a la privatización de los fondos públicos para pasarlos a lo privado?

‒Puede ser. Hay antecedentes como el fondo del IPAB, el Fobaproa o la operación de la Lotería Nacional en el fideicomiso de Vamos México. Estos se han dado sobre todo, en fideicomisos mixtos, donde se pierden las obligaciones para rendir cuentas y comportarse como entidades de la administración pública.

“Entonces, son proclives a evadir la vigilancia porque no son considerados entidades paraestatales; es decir, no presentan una infraestructura similar a las instituciones de gobierno. Esa es una trampa porque en los hechos se subcontratan todas las estructuras orgánicas y no se dan de alta ciertos criterios, ahí es donde se dan las fugas”.

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Aunque todavía no se ha hecho público el acuerdo mediante el cual será puesto en operación, recientemente el titular de la Secretaría de Finanzas –encargada de constituirlo y revisar su situación legal–, Edgar Amador, le declaró al periódico El Universal que el GDF había escogido al banco Nacional Financiera (Nafinsa) de origen público, como la empresa fiduciaria para administrar el dinero recaudado con el objeto de dar más certeza a sus cuentas.

No obstante, aunque se llegaran a implementar mecanismos de regulación, como la rendición de cuentas trimestral al congreso local, la legislación que recientemente dió autonomía al IFAI y más poderes para investigar, éstos “siguen siendo endebles” porque no se delimitan sanciones en casos de corrupción, defraudación u opacidad en torno al manejo de los dineros.

“Otro elemento crucial (…) son las sanciones, ¿no? Se establecen con la mano muy flexible y se asignan fideicomisos pero nunca se especifican de entrada las sanciones que los funcionarios públicos tendrían por sus desvíos o malos manejos; tampoco se establece a qué sujetarse en casos de defraudación u opacidad”, finalizó la especialista.