César Navarro Gallegos
En el patio central de
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sus estudiantes levantaron un
modesto memorial en el que están inscritos los nombres de Gabriel
Echeverría y Jorge Alexis Herrera, dos de sus compañeros asesinados
durante la represión a esa comunidad estudiantil, ejecutada por las
policías estatal y federal en diciembre de 2012. Los normalistas habían
organizado una marcha para demandar audiencia con el gobernador y
plantear solución a problemas que enfrentaba su institución y la mejora
en sus condiciones de estudio en la escuela-internado. Sólo obtuvieron
en respuesta disparos de los cuerpos policiacos. No obstante que
diversos organismos de derechos humanos acreditaron la legitimidad de la
protesta estudiantil y documentaron la ejecución extrajudicial de
Gabriel y Alexis y otros delitos cometidos por sus agresores, los
familiares y estudiantes normalistas continúan reclamando justicia: los
responsables de los crímenes siguen a salvo.
boteo, tarea que regularmente llevan a cabo para acopiar recursos para sus actividades escolares y estudiantiles. Al retornar a su escuela ocuparon tres autobuses sin pasajeros; sobrevino entonces su persecución por la policía municipal y grupos de pistoleros que dispararon armas de grueso calibre a los transportes que habían abordado. La saña e histeria policiaca de esa noche también incluyó disparos a autobuses que no conducían estudiantes y automóviles particulares. Los ataques tuvieron por resultado, según la procuraduría estatal, seis muertos y 25 heridos; varios por arma de fuego y graves. Por su parte, los estudiantes han denunciado la muerte de tres compañeros, cinco heridos por balas, 20 detenidos, otros tantos desaparecidos y la participación de otros cuerpos de
seguridaden la agresión.
izquierda. Los homicidios de dirigentes campesinos, activistas sociales, opositores políticos y encarcelamiento de múltiples líderes de movimientos en resistencia son una constante. Una nueva versión de guerra sucia padecida en otros tiempos por la población sureña: Ayotzinapa es un absurdo y dramático ejemplo de esa violencia.
La reacción gubernamental frente a los estudiantes de
Ayotzinapa debe explicarse igualmente desde las coordenadas que han
determinado la política educativa hacia las normales rurales. Son
instituciones que desde hace décadas subsisten bajo asedio del poder
gubernamental y han resistido los proyectos para exterminarlas. Por
ello, las persistentes movilizaciones desplegadas por los estudiantes de
Ayotzinapa y otros normalistas rurales del país son expresión de una
resistencia comprometida con la preservación de sus centros educativos y
el derecho a la educación para jóvenes como ellos, surgidos de
comunidades indígenas y campesinas. No es casual que en la batalla
educativa que libran los estudiantes
rurales y socialistascasi por regla general las autoridades educativas y el gobierno amenacen con cerrar sus escuelas o acudan a su persecución y represión. No los escuchan ni atienden, pero siempre pretenden atinarles.
La reforma educativa impuesta por el actual gobierno y sus aliados ha
constituido un grave riesgo y desafío para el futuro de la educación
pública y el magisterio nacional. Un amplio segmento de maestros se ha
enfrentado y persiste en su empeño de impedir que las regresiones
educativas sancionadas sean el modelo para educar a millones de niños y
jóvenes en las instituciones públicas y degradar y empobrecer el trabajo
docente. Pero, asimismo, incide de manera profunda en la formación de
los futuros maestros y en consecuencia en las escuelas normales en las
que estudian.
Los riesgos mayores, como era previsible, serán para las
normales rurales.
En primer término, se proyecta desmontar de manera
definitiva la formación propia del maestro rural y homogeneizar sus
planes de estudio con el resto de las instituciones formadoras de
docentes, que equivale a la virtual desaparición del normalismo rural,
aun cuando nominalmente se mantenga. Es decir, normales rurales sin
formar maestros rurales. Además, con el flamante Servicio Profesional
Docente, a los egresados de estas instituciones se les ha excluido del
ingreso al trabajo magisterial para el que fueron preparados. Centenares
de profesores de las normales rurales muy probablemente no serán
seleccionados y estarán impedidos para ejercer como docentes en la
escuela pública. Así, gradualmente se abonará a su decrecimiento y
posible eliminación.
A los normalistas rurales, con la reforma educativa, se les pretende
arrebatar su futuro como docentes, y con la represión y el homicidio se
arrebata la vida a jóvenes que estudiaban para ser maestros.
*Profesor investigador del Instituto Mora y coordinador del libro El secuestro de la educación
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/30/opinion/022a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/30/opinion/022a1pol
