No supervisaron a sus subordinados, omitieron dar seguimiento a los hechos e investigar denuncias, dijo. Los ministros Valls, Azuela y Aguirre se pronunciaron en contra del señalamiento.
Jesús Aranda y La Jornada On Line
México, DF. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto y el entonces secretario de Seguridad Pública Eduardo Medina Mora (actual procurador general de la República) junto con mandos superiores de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad Estatal, son responsables de la violación grave de garantías individuales en los hechos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, aseguró este miércoles, el ministro Genaro Góngora Pimentel.
Al iniciar este miércoles la sesión en la que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinarán si procede señalar los nombres y cargos de quienes violaron los derechos humanos en esa población mexiquense los días 3 y 4 de mayo de 2006, Góngora Pimentel señaló que los mandos superiores que planearon, organizaron y ejecutaron el desalojo y detención de los manifestantes son responsables directos e indirectos por no haber supervisado el actuar de sus subordinados, no dar seguimiento a los hechos violatorios de garantías cometidos por los policías federales y estatales en los operativos y por su omisión en investigar de manera diligente las denuncias presentadas por las víctimas por actos de tortura, violencia desmedida y agresiones sexuales, en el caso de 31 mujeres.
Góngora se pronunció así en contra del proyecto de dictamen elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo quien se refiere de manera genérica a los funcionarios involucrados en los operativos, pero que no finca responsabilidad alguna.
Después de él, los ministros Sergio Valls, Mariano Azuela y Margarita Luna Ramos señalaron que no procede que la Corte responsabilice a funcionarios involucrados. Esta última precisó que en principio de cuentas no hay indicio ni testimonio en el que quede manifiesto que fueron las autoridades superiores quienes ordenaron abusar de la fuerza pública.
Asimismo, dejo en claro que en el particular no se está -hasta este momento- en posibilidad de establecer responsabilidades de ningún tipo, ya que no están en un procedimiento de carácter jurisdiccional. Solamente sería posible que hubiera alguna recomendación para que la SCJN continuara el caso por la vía penal.
En tanto José Ramón Cossío dijo que sí debía debía señalarse a quienes estaban a cargo directo de los operativos. En su turno, Fernado Franco González manifestó que dejar en la impunidad a quienes cometieron violaciones graves a las garantías individuales es tan grave como fincar responsabilidades "de manera universal e indiscriminada" a personas inocentes.
Para el caso de Atento, el ministro consideró pertinente valorar los hechos tomando en cuenta el contexto en el que se suscitaron y en su caso imputar responsablemente de los mismos. En este sentido mencionó que dada la estructura de las corporaciones con diferentes competencias habría que identificar cuáles son las funciones de cada autoridad que participó en el ataque para así identificar si hay o no responsabilidad.
Tras la apertura de la sesión por parte de Genáro Góngora Pimentel, el ministro Sergio Valls dijo que no se puede imputar a quienes dieron las órdenes desde el más alto mando, porque las responsabilidades se van delegando en una cadena, por lo que, dijo, las violaciones no se derivaron de una estrategia estatal ni de las órdenes de los altos mandos de gobierno, sino de la conducta inadecuada de algunos elementos en el terreno.
Por su parte, Sergio Aguirre Anguiano, quien la víspera negó que haya habido violaciones graves en los hechos ocurridos en 2006, dijo este miércoles que los ministros no son francotiradores de funcionarios y burócratas y se le hace imcomprensible y hasta un exceso darle una responsabilidad directa a algunos mandos.
Mañana jueves, el pleno de la Suprema Corte continuará el análisis del caso. Antes de concluir la sesión vespertina, el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia destacó que la discusión estará centrada, luego de determinarse que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales durante esos operativos, en determinar qué autoridades o agentes de la autoridad produjeron tales hechos y quiénes, pudiendo evitarlo por razones de competencia, de ejercicio de mando y de presencia en el momento y lugar adecuados, pudieron evitarlos y no lo hicieron.