Mariana Norandi (La Jornada)
A pesar de que tiene antecedentes ambientales, ahora el problema del confinamiento de residuos tóxicos en Zimapán, en el estado de Hidalgo, es netamente legal, debido a que gira en torno a la licencia de funcionamiento que las autoridades municipales le habían concedido a la empresa española Befesa, y no al impacto ambiental del proyecto, por tanto, el caso compete a las autoridades locales, aseguró Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Lo anterior, tras conocerse que las autoridades locales de este municipio hidalguense retirarán esta semana la licencia para las obras de construcción del basurero tóxico en esa comunidad ñañú, argumentando irregularidades en el otorgamiento del permiso que el saliente presidente municipal, Eusebio Aguilar, había concedido a la empresa.
Alanís Ortega recalcó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no tiene competencia en el otorgamiento de la licencia de funcionamiento –que tiene que ver con el uso del suelo y los permisos de construcción–; sin embargo, existe la posibilidad, si así lo decide la parte afectada, de impugnar el resolutivo de impacto ambiental que la dependencia federal autorizó en su momento a este proyecto, mediante un recurso de revisión.
“Este tipo de resolutivo se puede impugnar, siempre y cuando se detecten irregularidades. Hay que estudiarlo, analizarlo y, si hay inconsistencias, pelearlo e irse, si es necesario, al amparo”.
Lo importante, agregó, es que ahora tanto autoridades federales y locales, como pobladores y empresarios se apeguen a la ley, y si el proyecto no la cumple, “se va para atrás, porque se debe respetar el estado de derecho”.