La Jornada/ Opinion
23/08/09
En meses recientes se han multiplicado las quejas ciudadanas a raíz de las tarifas indebidas que, por concepto de suministro eléctrico, son aplicadas a los estratos medios y bajos de la población. Hoy, por ejemplo, se da cuenta en estas páginas del testimonio de una persona jubilada, habitante de un departamento de interés social y cuya percepción mensual asciende a mil 800 pesos, a quien, sin embargo, Luz y Fuerza del Centro (LFC) impuso un cobro bimestral de más 67 mil pesos por consumo de energía eléctrica.
El caso que se comenta es sólo un botón de muestra de una problemática que enfrentan miles de usuarios de los servicios eléctricos, quienes han llegado a observar en sus recibos cobros del todo desproporcionados, los cuales no se explican sino como producto de la arbitrariedad y la falta de transparencia en el establecimiento de los montos a pagar.
La situación ha suscitado un comprensible malestar tanto en el centro del país –región que es abastecida por LFC– como en los distintos puntos del territorio donde el suministro de luz depende de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ante ello, sin embargo, las autoridades han respondido de manera por demás indolente: han mantenido los cobros indebidos, han avanzado medidas que significarán nuevos incrementos en el costo que pagan los usuarios –como el retiro del subsidio a las tarifas eléctricas anunciado hace unas semanas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, y han reprimido y hostigado a los inconformes, como pudo observarse en julio pasado en Campeche, con la detención injustificada de activistas del Movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica.
La política de encarnizamiento contra los ciudadanos que el gobierno practica a instancias de las compañías paraestatales de electricidad, así como el estado de indefensión en que se encuentran los consumidores cautivos, contrasta con la obsecuencia que muestran para con las grandes empresas.
Según ha denunciado el Sindicato Mexicano de Electricistas (La Jornada, 25/3/2009), decenas de centros fabriles gozan de cuentas y tarifas especiales que les permiten diferir o incluso omitir el pago correspondiente por el usufructo del fluido eléctrico, lo que representa una sensible disminución en los ingresos de LFC, empresa que, según sus propios datos, perdió el equivalente a un tercio del total de la energía en distribución en el primer cuatrimestre de este año. Este doble rasero pone en evidencia, por enésima ocasión, la propensión del actual grupo gobernante por cargar a los sectores desprotegidos los costos y las pérdidas en tiempos de crisis, y reservar los apoyos y subsidios a un puñado de privilegiados.
En un momento en que la recesión económica se expresa en toda su crudeza en forma de desempleo, carestía y pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios, la ostensible indolencia del gobierno calderonista y la ausencia de cauces institucionales para la defensa de los usuarios ante las elevadas tarifas eléctricas podrían significar, en meses próximos, un costo importante para el país en materia de gobernabilidad.
Es pertinente y necesario, pues, que el gobierno cancele, en lo inmediato, los injustificables cobros aplicados hasta ahora, que transparente y corrija el esquema de las tarifas de luz, a fin de hacerlo adecuado y equitativo, y que revierta, de esa manera, una circunstancia por demás injustificable y ofensiva para amplios sectores de la población.