Fascismo y Movimiento social, México,

Por: JOHN M. ACKERMAN

Los judiciales que detuvieron de manera ilegal a Ramsés Villarreal deberían estar hoy en la cárcel procesados por los delitos de “desaparición forzada de personas” y “secuestro equiparado”. La captura de Villarreal se realizó de manera totalmente irregular, sin orden de aprensión dictada por un juez o al menos una orden de presentación girada por el Ministerio Público. El señalamiento de que el acusado habría sido detenido en supuesta “flagrancia” resulta risible dado que lo único que hacía el “presunto delincuente” era dirigirse en un microbús a la UAM-Xochimilco para corregir textos académicos que próximamente estarán publicados en la prestigiosa revista Argumentos.
El caso de Villarreal es tan débil e insostenible que la misma Procuraduría General de la República (PGR) ya cerró el expediente. Las fotografías que la PGR dio a conocer resultaron ser un burdo montaje al peor estilo de Hollywood, y su publicación en importantes medios de comunicación violó de manera flagrante el principio de presunción de inocencia.
El procurador Arturo Chávez Chávez inaugura así su gestión con una clara muestra de la irresponsabilidad, arbitrariedad e inefectividad que muy probablemente marcarán su paso por el gabinete de Calderón. Habría que recordar que el nuevo procurador ya admitió con descaro, en su comparecencia ante el Senado, que utilizaría sin ningún problema “evidencias” obtenidas de manera ilegal.
Lo preocupante es que este caso es apenas la punta del iceberg de un mundo en donde las procuradurías, en vez de investigar e integrar con ética y profesionalismo sus pesquisas, normalmente prefieren golpear primero y preguntar después. El abuso de la figura del arraigo, por ejemplo, demuestra el total fracaso del sistema de investigación criminal. Esta práctica de detener a los “sospechosos” sin haber integrado debidamente una averiguación previa es una vil licencia para abusar de las más básicas garantías individuales y del debido proceso.
También llama la atención la denuncia del joven Villarreal consistente en que los policías ofrecieron incorporarlo al programa de “testigos protegidos” si aceptaba denunciar en falso a otras personas. Con ello este “programa estrella” de la PGR se desnuda como lo que realmente es: una máquina de fabricación dolosa de culpables.
Habría que celebrar que personas como Ramsés Villarreal, Jacinta Marcial y Flavio Sosa estén hoy libres, pero eso no es suficiente. Es necesario exigir sin tregua castigo a los culpables de su detención y encarcelamiento injustificados. De manera paralela, la PGR también tendría que investigar las graves responsabilidades de Ernesto Zedillo y Julio César Ruiz Ferro, así como de aquellos jueces, funcionarios ministeriales y policías judiciales involucrados en la “investigación” del asesinato político de indígenas inocentes en Acteal.
Urge una reforma radical a la procuración de justicia en el país. La reforma constitucional en materia de justicia del año pasado modifica el proceso penal para convertirlo en un sistema “acusatorio”. Sin embargo, este cambio de la Carta Magna no resuelve ni de cerca las graves deficiencias del funcionamiento cotidiano de los ministerios públicos y de la policía judicial. Para realizar esta tarea hace falta una limpia total y una recapacitación masiva, así como un rediseño institucional a fondo.
La receta favorita de Calderón de aplicar exámenes de “control de confianza” no es más que una cortina de humo. Habría que emprender una transformación estructural de la PGR y las procuradurías de justicia de las entidades federativas para institucionalizar la vigilancia ciudadana y garantizar prácticas modernas de investigación ministerial, evaluación de evidencia e interrogación de testigos. También sería buen momento para volver nuestra atención a las numerosas iniciativas legales ya existentes que han propuesto otorgar autonomía constitucional a las procuradurías del país.
Lo paradójico es que con cada detención arbitraria e injustificada de un luchador social o personaje incómodo, el gobierno de Calderón va creando las condiciones para el surgimiento de una vigorosa movilización social. Ramsés Villarreal es hoy una clara figura pública y podrá utilizar su nuevo estatus para la organización de otros jóvenes que busquen exigir al gobierno mayor respeto a los derechos humanos y más oportunidades para la juventud. Si a este movimiento se unieran Jacinta Maciel, Flavio Sosa y Andrés Gómez –aquel otro joven que también fue detenido de manera ilegal y arbitraria por gritar “espurio” a Calderón–, podría ser un detonador de ondas expansivas que llegaran a todo el país.
Si se logra articular estas causas con la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas al autoritarismo injerencista de la Secretaría de Trabajo, y más aún, si se sumaran los jóvenes rechazados de las universidades públicas del país y los numerosos movimientos y grupos sociales que emergen y luchan diariamente, estaríamos ante un escenario ideal para el despliegue de un movimiento social de potencialidades emancipadoras extraordinarias.
El boliviano predicador, el asesino del Metro Balderas y los bombazos en los bancos son muestras de que la sociedad actual está ya desquiciada por la crisis económica y las acciones de un gobierno cada día más cercano al fascismo. Pero la locura que encierran estas reacciones aisladas y delictivas no nos lleva a ningún lado. El reto hoy es la construcción de un auténtico movimiento nacional fundado en la pluralidad social y articulado alrededor de las demandas y necesidades de las nuevas generaciones, un movimiento que tenga la suficiente fuerza para hacer valer nuestros derechos ciudadanos y proponer soluciones colectivas. La vigencia de nuestras garantías más básicas depende de ello.