Por decimoctava ocasión consecutiva, el miércoles 28 de octubre de 2009, el gobierno cubano presentará a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución titulado "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba".
Como se recordará, el pasado año 185 Estados miembros votaron a favor de esta resolución, lo que constituye una muestra casi unánime del rechazo de la comunidad internacional a la política genocida del gobierno norteamericano contra Cuba y a la aplicación de leyes extraterritoriales contrarias a la Carta de las Naciones Unidas.
La ofensiva mediática y diplomática desplegada por el gobierno de Estados Unidos, podría inducir erróneamente a la creencia de que ha comenzado a desmontarse el bloqueo contra Cuba. Sin embargo, nada está más lejos de la verdad.
A pesar de las expectativas de la comunidad internacional, la llegada al poder de una nueva Administración norteamericana no ha significado un cambio en la aplicación del bloqueo, que hasta diciembre de 2008 había causado un daño económico directo al pueblo cubano, calculado de modo muy conservador, superior a los 96 mil millones de dólares, que ascendería a 236 mil 221 millones de dólares, si el cálculo fuera realizado a los precios actuales del dólar norteamericano.
Las regulaciones publicadas el pasado 3 de septiembre están estrictamente ceñidas a cumplir algunas de las promesas de campaña realizadas por el Presidente norteamericano, y no a modificar el marco jurídico sobre el cual se asienta la política de bloqueo y su continuada aplicación. Según lo anunciado, el gobierno norteamericano eliminará las restricciones impuestas por el régimen de Bush a las visitas y remesas de los cubanos residentes en los Estados Unidos a sus familiares en Cuba. Asimismo, se autorizará a empresas estadounidenses a realizar determinadas operaciones de telecomunicaciones con Cuba, lo cual sigue sujeto a que se modifiquen otros lineamientos restrictivos que impiden su real aplicación. Aunque dichas medidas constituyen un paso positivo, son extremadamente insuficientes y limitadas.
Continúa en pie y en plena aplicación el complejo entramado de leyes y disposiciones administrativas que conforman las bases legales de la política del bloqueo, las que están dirigidas a la destrucción de la economía cubana, y no existen razones para pensar que la Administración tiene la voluntad de flexibilizarlo.
Un ejemplo claro de ello es la decisión adoptada por el Presidente Obama, el 14 de septiembre pasado, de prorrogar la aplicación contra Cuba de la Ley de Comercio con el Enemigo, aplicable sólo en casos de guerra o emergencia nacional, y sobre la cual se basan las primeras regulaciones del bloqueo contra Cuba de 1962.
El informe presentado este año por Cuba al Secretario General sobre el cumplimiento de la resolución 63/7 de la Asamblea General de la ONU (puede leerse en el sitio web ww.cubavsbloqueo.cu/Informe2009/index.html), revela numerosas acciones realizadas en el último año por autoridades de EE.UU. para multar, confiscar y entorpecer transacciones cubanas y de terceros países hacia Cuba, aportando suficientes argumentos y ejemplos que demuestran cómo el bloqueo continúa aplicándose con todo rigor y sigue siendo el principal obstáculo al desarrollo económico y social de nuestro país, así como para su recuperación tras el paso de los devastadores huracanes que lo azotaron en el 2008.
El Presidente de los Estados Unidos, pese a la existencia de leyes como la Helms-Burton, conserva amplias facultades ejecutivas, como las licencias, mediante las cuales podría modificar la aplicación del bloqueo, si tuviera una verdadera voluntad de cambio. Por ejemplo, podría autorizar la exportación de bienes y servicios cubanos a los Estados Unidos y de los Estados Unidos a Cuba; podría permitir a Cuba adquirir en cualquier parte del mundo productos que contengan más de un 10% de componentes o tecnología de los Estados Unidos, con independencia de su marca u origen; podría abstenerse de perseguir, congelar y confiscar las transferencias de terceros países en dólares estadounidenses y otras monedas, dirigidas a entidades y nacionales cubanos; podría suspender la prohibición a embarcaciones de terceros países de atracar en puertos de los Estados Unidos hasta 180 días después de haber tocado un puerto cubano; podría también suspender la persecución a las empresas y entidades financieras que comercian y operan con Cuba; y podría permitir a los ciudadanos estadounidenses, mediante licencias, viajar a Cuba, único país del mundo que se les prohíbe visitar.
La permanencia de esta política continúa siendo una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano. Viola también el Derecho Internacional, porque es contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, a las normas del sistema internacional de comercio y la libertad de navegación. En su esencia y sus propósitos, continúa siendo un acto de agresión unilateral y una amenaza permanente contra la estabilidad de un estado soberano.
Considerando hechos precedentes, no podría descartarse que, en vísperas de la votación sobre el bloqueo contra Cuba, el gobierno norteamericano anuncie medidas adicionales que, sin desmontar ningún elemento esencial del bloqueo, persigan el fin de confundir a los Estados miembros y a la opinión pública internacional.
El hecho cierto e indiscutible es que la administración Obama permanece sin atender el reclamo abrumador de la comunidad internacional, expresado en la Asamblea General de Naciones Unidas año tras año, para que se ponga fin al bloqueo contra Cuba y este
permanece intacto. Por ello, la solidaridad continúa siendo imprescindible en esta lucha contra la agresión económica, que se mantiene ya por más de cinco décadas.
Pese a todo, la Revolución cubana celebra victoriosa y segura su 50 aniversario.
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