Confiscación de los bienes de manifestantes contra la guerra

25 Abril 2010

Leyes abusivas que atropellan los elementales derechos ciudadanos y libertades civiles fueron aplicadas en Estados Unidos en la época de la administración de George W Bush; leyes hechas, sobre todo, para impedir las protestas ciudadanas contra la invasión de Irak. A pesar de las dudas sobre la legalidad de las medidas, los grandes medios de comunicación ocultaron la información a lo largo de 2009. Hoy en día la administración del presidente Obama las mantiene vigentes.

Autor: Red Voltaire

Michel Chossudovsky / Matthew Rothschild / Red Voltaire

Durante su mandato, el presidente George W Bush firmó dos órdenes ejecutivas que le permitieron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos confiscar los bienes de cualquier persona que se perciba, directa o indirectamente, como una amenaza para las operaciones y agresiones militares de Estados Unidos en Oriente Medio.

La primera de estas órdenes ejecutivas, titulada “Bloqueo de las propidedades de ciertas personas que amenazan los esfuerzos de estabilización en Irak”, firmada por Bush el 17 de julio de 2007, autoriza al secretario de Hacienda, en consulta con el secretario de Estado y el secretario de Defensa, a confiscar los activos (bienes) de los ciudadanos estadunidenses y organizaciones estadunidenses que “directa o indirectamente” representen un riesgo a las operaciones militares de Estados Unidos en Irak.

Las órdenes de Bush

Sin que los medios de comunicación se detuvieran demasiado en sus palabras, en julio de 2007, el entonces presidente de Estados Unidos señaló:

“He emitido una orden ejecutiva que bloquea las propiedades de personas que se determine que hayan cometido, o representen un riesgo significativo de cometer, un acto o actos de violencia que tengan el propósito o el efecto de amenazar la paz o la estabilidad de Irak o el gobierno de Irak, o de socavar los esfuerzos por promover la reconstrucción económica y la reforma política en Irak… que hayan ayudado considerablemente, o proporcionado apoyo financiero, material, logístico o técnico para –o bienes y servicios en apoyo de– tal(es) acto(s) de violencia, o cualquier persona cuyas propiedades e intereses en las propiedades sean bloqueados de conformidad con esta orden…”

La sección cinco de esta orden anuncia que “…debido a la capacidad para transferir fondos u otros activos instantáneamente, el aviso previo a tales personas sobre las medidas a tomar con ellas con arreglo a esta orden haría inútiles estas medidas. Por lo tanto, determino… que no se necesita aviso previo sobre la programación o la determinación [del bloqueo de bienes]…”

El 1 de agosto, Bush publicó otra orden ejecutiva similar titulada “Bloqueo a la propiedad de las personas que socavan la soberanía del Líbano o sus procesos e instituciones democráticas”. Aunque el texto de esta orden es, en su mayor, parte idéntico al de la primera, la orden con respecto de Líbano es más severa.

Aunque las dos órdenes pasan por encima del derecho constitucional al debido proceso que establece la ley, al otorgarle al Departamento del Tesoro la autoridad de confiscar las propiedades de esas personas que representen un riesgo de violencia, o de algún modo vago ayuden a la oposición a la agenda de Estados Unidos, la orden del 1 de agosto está dirigida a cualquier persona que se determine que haya realizado o represente un riesgo significativo de realizar acciones, violentas o no violentas, que socaven las operaciones en Líbano.

La ley también autoriza congelar los activos “de un cónyuge o hijo dependiente de él”, de cualquier persona cuyas propiedades se hallen congeladas. La orden ejecutiva sobre Líbano también prohíbe el suministro de alimentos, abrigo, medicinas o cualquier ayuda humanitaria a aquellas personas cuyos activos hayan sido confiscados, incluyendo a los “hijos dependientes” antes mencionados.

Escrita de una manera vaga y peligrosamente abierta a cualquier interpretación, esta orden inconstitucional permite la selección arbitraria de cualquier estadunidense para despojarlo de todas sus pertenencias y exige ostracismo a la sociedad. Bruce Fein, abogado constitucionalista y exfuncionario del Departamento de Justicia en la administración de Reagan, dijo de la orden: “Es tan general que te deja estupefacto. Nunca he visto nada tan amplio. Va más allá del terrorismo, de la búsqueda del uso de la violencia o de la amenaza de violencia para encoger de miedo o intimidar a una población”.

En un editorial para el Washington Times, Fein dijo: “La persona sometida a una congelación de sus activos se ve reducida a la condición de leproso. Las sentencias de muerte financiera son impuestas por la Secretaría sin previo aviso u oportunidad de responder el núcleo del debido proceso. Golpean como un relámpago. Cualquier persona cuyos activos sean congelados enfrenta inmediatamente una cuarentena absoluta.

“La víctima no puede recibir ni sus benefactores proporcionar fondos, mercancías o servicios de ningún tipo. Un abogado no puede ofrecer sus servicios sin desafiar la orden de bloqueo de la Secretaría. Un médico tampoco puede prestar los suyos ante un paro cardiaco”. Fein, agrega: “Al Departamento de Justicia habitualmente se le encomiendan las investigaciones de las órdenes ejecutivas para que haya coherencia con la Constitución. ¿Estará durmiendo el fiscal general?”

Actualización de Matt Rothschild

Ésta es una noticia que virtualmente no fue a parar a ninguno de los principales medios de comunicación, que yo sepa. Cuando viajé por el país para dar conferencias el verano pasado y traje a colación el tema de esta orden ejecutiva, la gente no podía creerlo y se preguntaba por qué no había oído hablar de ella. Todavía me pregunto lo mismo.

A continuación, dos buenos lugares para ver temas relacionados con esta noticia: www.aclu.org y www.ccrjustice.org.

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Fuentes:

Global Research, julio de 2007, “Bush Executive Order: criminalizing the antiwar movement”, Michel Chossudovsky.

The Progressive, agosto de 2007, “Bush’s Executive Order even worse than the one on Iraq”, Matthew Rothschild.