El operativo fue quirúrgico y altamente profesional. Una unidad militar llegó en la madrugada, derribó las puertas de la casa, disparó ráfagas de arma semiautomática con silenciador y en unos cuantos minutos sacó a cuatro personas, a quienes subieron a una camioneta blindada como las que usan las empresas que transportan valores. Antes que saliera el sol, otra unidad había llegado para hacer tareas de limpieza, que incluyeron la colocación de nuevas puertas. Ahí no pasó nada, aparentemente, salvo que quedó escrito un episodio de la guerra secreta que se vive en México.
Este pasaje sucedió en una importante ciudad en el centro de México en marzo, y empezó a registrarse en documentos desde que los vecinos de esa casa se despertaron por el ruido de las puertas derribadas y llamaron a la policía. Las patrullas salieron de inmediato rumbo a la zona residencial, pero antes de llegar fueron detenidas por un retén de marinos, que les dijeron que se despreocuparan, que todo lo tenían controlado. La policía verificó en la zona militar de la región y le confirmaron que los marinos sí eran auténticos y que sí realizaban una operación. Permaneció cerca del retén hasta que se levantó al despuntar el día.
La policía no tiene registro de quiénes fueron los detenidos o si hubo bajas durante el ataque militar a esa casa. Tampoco sabe de qué unidad fueron los participantes en la operación. Los vecinos, a quienes entrevistaron en los días subsiguientes, fueron quienes narraron detalles fragmentados de lo que sucedió -la ausencia de ruido de disparos y los impactos en la casa les permitieron suponer el uso de los silenciadores-, y el número de detenidos que fueron subidos a la camioneta blindada que tenía todos sus números de identificación bloqueados. Fueron ellos quienes mencionaron los dos equipos militares -el de la operación y el de la limpieza-, y los que aportaron una observación singular: todos llevaban una insignia cosida sobre el brazo, una garra de depredador.
Los detalles intrigaron al presidente municipal, que preguntó a oficiales del Ejército quiénes habían participado en esa operación. Por primera vez en su vida escuchó el nombre de "Blackwater", que para muchos en el mundo, sin embargo, tiene un amplio significado. Blackwater nació en 1997 como una empresa que entrenaba policías en sus instalaciones en Carolina del Norte, fundada por Eric Prince, heredero de una fortuna multimillonaria -su padre inventó los espejos iluminados en los automóviles- que decidió probarse y llegó a ser un Navy SEAL, que son los cuerpos de élite de la Marina estadounidense entrenados para combate en Mar, Aire y Tierra, de donde viene el acrónimo. Su insignia es la garra de depredador.
En poco más de una década se ha convertido en el ejército privado más grande del mundo -con 40 mil soldados, es superior en número a muchos ejércitos nacionales- con contratos con el Pentágono que superan los mil 500 millones de dólares. Las acusaciones de que sus soldados son muy proclives a disparar a matar -el caso más dramático fue una matanza de civiles en Bagdad en 2007-, llevaron a sus directores a cambiar el nombre en enero del año pasado por Xe Services LCC, pero no afectaron el negocio: cada año entrenan a 40 mil soldados de diferentes Fuerzas Armadas del mundo.
No hay ninguna información pública disponible si Blackwater/Xe Services tiene contratos para operar en México. Las sospechas abundan porque a mediados de 2008 la empresa abrió un centro de entrenamiento en California, a unos diez kilómetros de Tecate, Baja California, que coincidió con ser receptora de uno de los jugosos contratos que otorgó el Comando de Misiles y Defensa del Espacio, que depende del Pentágono, a empresas privadas para proveer inteligencia, espionaje, reconocimiento, entrenamiento aéreo y apoyo logístico en operaciones contra el narcotráfico. La empresa ya opera bajo el resguardo del Plan Colombia pero, una vez más, no se sabe públicamente si también trabaja al amparo del Plan Mérida.
El episodio en esa ciudad del centro de México añade elementos a lo que se está conformando como una guerra secreta contra el narcotráfico, con acciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas. En la operación de marzo los vecinos vieron, tras lo poco que pudieron distinguir entre una luz tenue y cubrecaras, militares altos, robustos, y con piel morena. No los oyeron hablar -Blackwater/Xe Services utiliza a muchos soldados chilenos que pelearon al lado del dictador Augusto Pinochet-, como sí se escucharon en las frecuencias militares las órdenes en inglés que se le daban al comando de la Marina que ejecutó la operación de aniquilamiento de Arturo Beltrán Leyva, el jefe del cártel que llevaba el nombre de su familia, que se había convertido en un criminal sanguinario.
En Tamaulipas y Nuevo León, territorios que dominaban con extrema violencia Los Zetas, que desde 2008 establecieron una alianza con Arturo Beltrán Leyva, las operaciones contra narcotraficantes que lleva a cabo la Marina, no parecen incluir la posibilidad de detenidos. En la operación contra ese capo en Cuernavaca, se presume en altos niveles políticos que Beltrán Leyva había negociado entregarse y que dos mujeres que se encontraban en el departamento donde estaba, fueran dejadas en libertad. Las mujeres, una de las cuales era dueña de un vehículo donde se había cometido un ilícito, fueron puestas en libertad, sin que se abriera ninguna averiguación previa en su contra, después de declarar en la PGR.
Conforme avanza la lucha contra el narcotráfico, se van documentando cada vez más acciones militares que confrontan al Estado de Derecho y violan los derechos humanos. Sin embargo, no es algo que inquiete todavía a la mayoría de los mexicanos, que parecerían estar dispuestos a que se violen garantías individuales a cambio de tranquilidad. Estos episodios de la guerra secreta que se vive se inscriben en ese dilema. Es posible que el gobierno de Felipe Calderón termine sin que nadie lo llame a cuentas por lo que está sucediendo. Pero no tiene el futuro comprado. Se van acumulando acciones de un estado de excepción, sin que exista un estado de excepción. La explicación sobre esta disonancia legal, es un futuro que sí lo alcanzará.
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