Ocultó EU a México muerte de migrantes

Información obtenida por MILENIO a través de la Ley Federal de Transparencia revela que Washington guardó en secreto algunos de los fallecimientos y omitió contactar a los consulados mexicanos
 México.- Al menos 21 migrantes mexicanos han muerto en los últimos seis años en Centros de Detención Migratoria del gobierno de Estados Unidos, algunos de ellos en circunstancias difíciles de explicar como suicidios, accidentes mortales en instalaciones federales y traumatismos diversos, aun cuando estaban bajo custodia.
Documentos obtenidos por MILENIO a través de la Ley Federal de Transparencia dan cuenta de que el gobierno estadunidense guardó en secreto algunos de los fallecimientos y omitió contactar a la red consular mexicana en distintos casos, contraviniendo distintas convenciones internacionales que le obligan a hacerlo, como la de Viena sobre Relaciones Consulares.
Cuando sí se le informó de las muertes, el gobierno mexicano manifestó sus dudas respecto a algunas de ellas y demandó —y a veces hasta pagó—autopsias independientes, para determinar las verdaderas causas de los fallecimientos reportados por el Departamento de Seguridad Interna.
Pero las narrativas de las muertes, contenidas en un listado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), revelan también graves fallas en el funcionamiento de la red consular de México en Estados Unidos, que incluso reconoció que deberá “realizar adecuaciones” en su política de protección a mexicanos en el exterior, para evitar que muertes como éstas pasen desapercibidas.
Los casos hablan por sí solos, como el de Ignacio Sarabia Villaseñor, de 32 años de edad, quien el 4 de enero de 2005 murió en el Centro de Detención de Otay, California, a causa de un ataque cardiaco, pese a no contar con antecedentes médicos en ese sentido.
Su muerte nunca fue comunicada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) al gobierno mexicano, y su familia debió solventar la crisis derivada de su fallecimiento. “El consulado general de México en San Diego manifestó que no existe expediente relacionado con el caso, por lo que deduce que no hubo comunicación consular y que tal hecho impidió que se proporcionara la asistencia correspondiente”, dice la respuesta UDE 1761/10 de la SRE.
La lista de fallecimientos incluye casos que apuntan a instalaciones defectuosas, una vigilancia limitada de los detenidos o ambas. Ese es el caso de un mexicano que murió “electrocutado” y cuyo cuerpo resultó desfigurado con “quemaduras graves” en el Centro de Detención Mira Loma, de California, aun cuando estaba bajo custodia y vigilancia del Buró de Control e Inmigración de Estados Unidos. Su familia presentó ya una demanda contra el gobierno federal de EU por negligencia.
Hay más: personas jóvenes, de entre 20 y 30 años, que perecieron por “trombosis pulmonar” o “miocarditis” o quienes, sin ser clasificados como suicidio, murieron por “asfixia”, como es el caso de César Ríos, de 25 años, cuyo cadáver fue encontrado la mañana del 16 de febrero de 2004 en la cárcel del condado de Frío, en Texas.
En agosto de 2008, el Washington Post publicó una investigación en la que, basado en documentos obtenidos por vía de la ley de transparencia estadunidense (FOIA por sus siglas en inglés), destapó serias irregularidades en los procedimientos de atención médica a migrantes indocumentados detenidos por ICE, lo que resultó en 81 muertes “cuestionables”.
El 25 de noviembre de 2009, MILENIO solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores un listado de los mexicanos que hubieran muerto en Centros de Detención Migratoria de Estados Unidos para determinar el impacto sobre los connacionales de dichas fallas en el sistema de ICE.
Pero en respuesta, el Comité de Información de la cancillería indicó el 8 de diciembre que no contaba con dato alguno de mexicanos que hubieran fallecido en centros federales. “La información es inexistente”, sostuvo la dependencia federal.
El 8 de diciembre, MILENIO interpuso un recurso de revisión ante el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que después de un proceso de casi seis meses le ordenó a la cancillería realizar una investigación exhaustiva.
El 17 de mayo pasado, la SRE accedió a entregar la información desclasificada y reconoció que con base en la solicitud de transparencia, detectó fallas en el funcionamiento de su red consular.
“Este caso ha motivado que se trabaje con las representaciones en el extranjero para realizar las adecuaciones necesarias que permitan incluir campos adicionales en la base de datos que incluyan información más detallada sobre los casos que se dan día con día en materia de protección consular”, aceptó la cancillería.

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