Israel Guijarro Martínez, egresado de la licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Desde el punto de vista Marxista se entiende a las relaciones de producción como el conjunto de relaciones que se establecen entre los hombres como consecuencia de las formas de producción o trabajo, Marx los clasificó en esclavista, feudal y capitalista, y en cada uno de ellos hay dueños de los medios de producción y quienes se encuentran bajo su subordinación.
Con el paso del tiempo estas relaciones se han ido regulando con el fin de establecer la igualdad entre ellos. En el caso de México, gracias a la Revolución, se redactó la primera Constitución con derechos sociales, misma que marcó una pauta para que los trabajadores pudieran tener mejores condiciones laborales. Así se empezó a generar un Estado de Derecho dentro del que la ley –se supone- es el medio para regular y controlar las relaciones de producción a través de la Ley Federal de Trabajo, en la que se establecen derechos y obligaciones para patrones y trabajadores, así como derechos colectivos.
Desde finales de los años 80 dicha ley se ha pretendido modificar y hasta el día de hoy existen alrededor de 322 iniciativas que no han sido aprobadas.
Sin embargo, existe una nueva reforma de ley que propone el PAN y que está generando polémica; pues dicha iniciativa, impulsada por el Secretario del Trabajo Javier Lozano, en vez de procurar el bienestar de los trabajadores, está al servicio y beneficio de los dueños de los medios de producción.
Por ejemplo, dentro del art. 84 se quiere incorporar la contratación y pago por horas, lo cual destruye el conjunto de derechos en materia de estabilidad en el empleo, jornada, salarios y prestaciones.
Otro aspecto, es la subcontratación o “outsourcing”. Se sabe que estas empresas no respetan los derechos laborales desde el momento de la contratación, ya que la establecen por tiempos determinados que pueden ir desde 3 meses hasta un año, dando como resultado que el trabajador no genere antigüedad, se le restringa de seguridad social, reparto de utilidades y se le dé un salario miserable.
Por otra parte dicha reforma hace imposible el ejercicio de la libertad sindical, contratación colectiva y derecho de huelga, violentando nuestra Carta Magna, así como convenios internacionales.
Si a esta ridícula y retrograda reforma también le sumamos el mezquino salario mínimo que hay en las diferentes áreas geográficas, la lentitud de las juntas de conciliación para resolver controversias, así como la pésima administración del gobierno Federal que sólo está beneficiando a los más poderosos, tenemos como consecuencia una decadencia del Estado de Derecho en las relaciones de producción; o en otras palabras, nos estamos abriendo paso a una involución de derechos labores que irán afectando aún más a las generaciones futuras.
¿Tendremos las generaciones actuales el valor de defender los derechos sociales que defendieron las primeras generaciones del siglo XX?
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