Más injerencia en México pretende Estados Unidos

Martín Morales/www.buzos.com.mx

Los detentores del poder económico-político-militar de Estados Unidos (industria militar, corporativos financieros y partidos políticos) dictaminaron que no hay avances de fondo en estos cinco años de guerra antinarco en México, por lo que exigieron a su parte operativa, la administración del Presidente de Estados Unidos (EE. UU.) Barack Obama, preparar una nueva etapa de la Iniciativa Mérida (IM), base del compromiso de “colaboración” firmado en 2008, la cual supondría una mayor injerencia en el territorio mexicano cuyo alcance dependerá del grado de sometimiento de su gobierno en funciones y de su clase política.

El pasado 15 de febrero el presidente del subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, el republicano Connie Mack (los republicanos se asocian en mayor grado a la industria militarista, aunque también hay demócratas como la familia Clinton), criticó agriamente al Presidente demócrata de su país, Barack Obama, por su incapacidad para obtener resultados de fondo en México.

“A pesar de que la Administración ha hecho viajes a México y hemos fondeado la IM en los pasados tres años, esto no es suficiente.

“Este subcomité de relaciones hemisféricas se enfocará en determinar una forma de apoyo más efectiva en que EE. U pueda actuar en el combate contra los cárteles de droga. Debemos detener a las organizaciones de tráfico de drogas y grupos armados ilegales a su servicio, que amenazan la seguridad de México y EE. UU.; deben buscarse formas efectivas que garanticen el éxito de la guerra antinarcóticos”, aseguró Mack.

Allá evaluaron la estrategia antinarco que con su propio aliento lanzó aquí el Presidente Felipe Calderón Hinojosa el 2 de diciembre de 2006, la cual emprendió sin hacer estudios previos de inteligencia, sin mediciones sobre el grado de corrupción en las corporaciones y sin un marco legal aprobado por el Congreso para el uso policiaco del Ejercito y la Marina, pero con la urgencia de reforzar y convalidar políticamente a un gobierno por iniciar, el cual, según recientes filtraciones de Wikileaks difundidas en El Tiempo de Colombia y La Jornada de México, 16 de febrero de 2011, los estadounidenses consideraban desde entonces demasiado débil. De acuerdo con estas filtraciones, los estadounidenses consideran, incluso, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como puntero de la elección presidencial de 2012.

Molestia en el Ejército

Entre los mandos de las fuerzas armadas mexicanas se sabe del creciente riesgo que para la soberanía representa la IM, derivación del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), creado para cumplir la estrategia extraterritorial de seguridad nacional de los EE. UU. En 2011 se cumplirá la primera etapa de tres años de la IM, firmada el 3 de diciembre de 2008 por el presidente Felipe Calderón y el entonces mandatario estadounidense, George W. Bush, para respaldar la ofensiva de fuerzas federales ordenada por Calderón en su segundo día de gobierno. Ahora se espera una nueva etapa de mayor profundidad.

Al otro lado de la frontera se dicen preocupados porque vienen las elecciones presidenciales de 2012 en México y no tienen bien claro si el próximo gobierno tendrá el mismo afán de “colaboración” mostrado por Felipe Calderón, a quien ahora consideran un mandatario políticamente debilitado. En EE. UU. se ha llegado a usar, en tiempos recientes, el término “Estado fallido” para hablar de la situación inestable de México.

Más intervencionismo

“En el concepto de Estado fallido, EE. UU. engloba debilidad política así como corrupción e ineficacia de las fuerzas federales, y por eso ha enviado cada vez más agentes de diversas corporaciones, Drug Enforcement Administration (DEA), Federal Bureau of Investigation (FBI), y están dispuestos a incrementar la presencia militar en territorio mexicano, porque teme una balcanización (territorios autónomos presuntamente manejados por el crimen organizado) y una toma del poder nacional por parte de las organizaciones delictivas. Por eso están dispuestos a enviar tropas y marines”, comentó a buzos el especialista en asuntos de Seguridad Nacional en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Guillermo Garduño Valero.

No sólo les preocupa que la violencia se traspase a su territorio, sino que pudiera surgir una especie de narcogobierno mexicano (ahora califican a las organizaciones delictivas como insurgentes, interesadas en tomar el poder); por lo que, de entrada, quizá como acción de advertencia, en los próximos meses instalarán en su línea fronteriza una fuerza de tarea militarizada contra el tráfico de drogas, en tanto negocian la profundización de la estrategia de seguridad con el gobierno de Felipe Calderón.

“Desde luego, el problema no se reduce solamente a permitir la eventual entrada de tropas de las fuerzas armadas de EE. UU. a territorio nacional para poder combatir a las organizaciones del narcotráfico; después, ¿cómo los sacamos?.... Con un plan de militarización así, estaríamos condenados a convertirnos en víctimas de un imperio; nos urge el trabajo de un verdadero hombre de Estado para defender la soberanía”, aseveró Garduño.

No a la IM: Fuerzas Armadas Mexicanas

El general de división Diplomado de Estado Mayor, Guillermo Galván Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se reunió en privado durante más de tres horas con senadores de las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y Reforma del Estado, el miércoles 13 de octubre de 2010, para alertar que la IM permite a EE. UU. intervenir con mayor profundidad en asuntos internos y hasta erigirse en supervisor del Ejército Mexicano.

Uno de los participantes en ese encuentro, el senador del PRI, Francisco Labastida Ochoa, afirmó después que “la IM nunca debió haberse firmado, porque van a entregar la soberanía nacional de México a cambio de un plato de lentejas”. El senador del PRD, Graco Ramírez Garrido Abreu, presidente de la Comisión de Reforma del Estado, explicó que el general Galván rechazó tajantemente rendirle cuentas a autoridades de otro país.

Cambiar la IM de inmediato

Entrevistado en el Senado el 16 de febrero de 2011, Francisco Labastida dijo que como consecuencia de aquel encuentro con el general Galván, el Senado prepara por estos días la expedición de un exhorto al presidente Felipe Calderón a fin de que se renuncie a la IM y se proponga en sustitución un acuerdo marco de obligaciones y responsabilidades para la lucha antidrogas de los dos gobiernos, las cuales serían aplicables en sus propios territorios.

“Porque cuando un país recibe ayuda de otro tiene que rendirle informes, en este caso, al Senado de EE. UU., y eso significa someternos a otra nación y abrir las puertas a la injerencia en asuntos que sólo le competen al país; por eso debemos renunciar a la IM”, expuso Labastida, quien dijo que el referido exhorto ya cuenta con el apoyo de legisladores de todos los partidos.

En conversación con esta revista, Alejandro Villamar, especialista de la Red Mexicana de Acción Contra el Libre Comercio (RMALC), dijo: “yo creo que no es de extrañarse, la IM es el brazo operativo del Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, un añadido (en 2005) sobre seguridad nacional y energéticos, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se aplica, de manera paulatina, con base en objetivos estadounidenses encaminados a ampliar su control hegemónico. Ellos están en lo suyo; en realidad, es momento de exigir a la clase gobernante mexicana explicaciones sobre los compromisos asumidos con EE. UU. en materia de seguridad, que involucran esta guerra contra los cárteles de la droga”.

El 2 de diciembre de 2006, investido ya como presidente, Felipe Calderón lanzó el primer operativo del sexenio; fue en Michoacán. Hoy la violencia está presente en al menos 14 entidades y es atribuida oficialmente a los ajustes entre carteles. A la fecha, ha dejado cerca de 35 mil muertos, entre ellos muchos civiles, y se estima que para finales del sexenio sean al menos 50 mil los decesos. Las bajas reconocidas por la parte gubernamental son de unos 2 mil efectivos entre soldados y policías.

En cinco años de guerra antinarco los estadounidenses han puesto un muerto: Jaime Jorge Zapata, agente de la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales (ICE), abatido el pasado 15 de febrero. Su deceso derivó en una declaración de “agravio nacional” el 16 de febrero por cuenta de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Janet Napolitano, y la integración de un equipo especial del FBI para asesorar la investigación que la Procuraduría General de la República realiza con apoyo del Departamento de Justicia. En el estado de Texas, el 31 de enero pasado, Napolitano advirtió: “hoy les digo a los cárteles: no se les ocurra llevar su violencia y sus tácticas a través de esta frontera, porque serán recibidos por una respuesta abrumadora”.

Nueva etapa de la IM

La IM firmada entre los gobiernos de México y Estados Unidos en 2008, “para fortalecer la seguridad y el Estado de Derecho” en nuestro país, se inspira en los objetivos de seguridad nacional de EE. UU., fijados de manera extraterritorial en el ASPAN, hoy Consejo de Líderes de las Américas. A partir del 1º de octubre de 2011, cuando se inicie el año fiscal 2012 en EE. UU., y se cumplan los primeros tres años de la IM, iniciará una nueva etapa de ejecución, porque los estadounidenses estiman que no se han cumplido los objetivos con el tipo de “ayuda” otorgada inicialmente, consistente en transferencia de dinero, equipos y capacitación.

El pasado 15 de febrero el presidente estadounidense, Barack Obama, anunció que para el año fiscal 2012 solicitará al Congreso de su país 355 millones de dólares para la IM, y 9.3 millones de dólares para la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado que se instalará (inicialmente) en la zona fronteriza con México. Esa cantidad representa 250 millones menos en relación con 2010, en virtud de que el programa cambiará con menores requerimientos de equipo y “mayor apoyo institucional”, lo cual lo hará menos caro, porque se relaciona con el uso de recursos presupuestados para la seguridad nacional de EE. UU., corporaciones policiacas y fuerzas armadas.

Letras chiquitas de la IM

Las acciones directas de EE. UU. en la lucha contra el crimen organizado tienen base en el Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) aprobada en el Congreso en 1991, en cuya sección 1033 específica que el Pentágono será “estratega líder” de las operaciones de lucha contra el narcotráfico en el extranjero (como en Colombia), siempre y cuando el gobierno correspondiente así lo solicite y el Congreso de EE. UU. sea notificado.

La solicitud mexicana de apoyo al Pentágono está contenida en la IM firmada el 3 de diciembre de 2008 por el presidente Felipe Calderón y el entonces mandatario de EE. UU., George W. Bush. La notificación al Congreso de EE. UU. se hizo el 11 de abril de 2010, cuando se presentó el informe del Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS), fechado el 8 de marzo del mismo año, elaborado por la analista de asuntos internacionales, especialista en narcotráfico y crimen organizado, Liana Sun Wyler. En el documento se señala que “el tráfico de narcóticos de México representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y por ello se necesita y se debe ampliar el papel del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico en ese país”.

Con su investigación presentada ante los 100 senadores y 435 representantes del Congreso, la referida analista puso de manifiesto la necesidad de ampliar la participación directa en México de personal militar y servicios de inteligencia de EE. UU. porque, según resalta, “no se observan avances de fondo en la lucha militar contra el narcotráfico lanzada por el presidente Felipe Calderón”.

Revela que el problema de la violencia se ha intensificado, particularmente en los estados del norte del territorio mexicano, “lo que implica serios riesgos de que ésta traspase la frontera y llegue a territorio estadounidense”. En este marco recomienda modificar y profundizar la IM.

Guillermo Garduño, especialista en Seguridad Nacional en la UAM, indicó a este semanario que “el riesgo de una mayor injerencia de EE. UU. en México es un hecho; en los últimos años se ha incrementado el número de efectivos de diversas corporaciones estadounidenses; incluso, como lo constatamos recientemente, hay agentes de Aduanas e Inmigración, trabajando aquí. El siguiente paso, debido a la profundización de la violencia y el argumento del Estado fallido que tienen los estadounidenses, es que puedan enviar un mayor número de efectivos para realizar operaciones en territorio nacional”.

En septiembre de 2010 la secretaria de Estado, Hillary Clinton, insistió en el uso de la palabra narcoinsurgencia en relación con México, aunque poco tiempo después dejó de hacerlo. El 7 de enero pasado, el subsecretario de la Defensa (encargado del Ejército regular) Joseph Westphal dijo que el gobierno de su país debía prepararse para responder ante el narcotráfico mexicano, ahora convertido en insurgencia, porque de lo contrario podría tomar hasta el poder.

Durante un foro organizado en el Instituto de Política Hinckley de la Universidad de Utah, aseguró: “como todos ustedes saben, hay una forma de insurgencia en México en los cárteles de la droga, que está justo en nuestra frontera”.

Luego, en un comunicado, matizó: “en mi respuesta a una pregunta sobre la política de defensa de EE. UU., inadecuadamente caractericé a América Latina como un punto ciego estratégico; mi declaración también caracterizó erróneamente el desafío que suponen los cárteles de la droga mexicanos como una forma de insurgencia”.

Pero concretó: “lo que no quiero es que nos veamos en la situación de enviar soldados estadounidenses a México”.