EMEEQUIS.México, 30 de agosto.- En la segunda sesión del foro Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad, diputados, académicos y expertos coincidieron en que la guerra no es el camino para combatir al crimen organizado.
Además, negaron que la aprobación de una ley del enemigo sea la solución sino fortalecer las labores de inteligencia, crear policías profesionales y la protección de los derechos humanos.
Este martes en San Lázaro se abordaron los temas: “Importancia de la acción de la justicia internacional y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)”, y “La necesidad del respeto al Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos”.
El juez español Baltasar Garzón expresó que México vive una situación muy delicada en la confrontación que está haciendo frente al crimen organizado.
El impartidor de justicia recordó que en México son “más de 40 mil muertos en poco más de cinco años y unos nueve mil desaparecidos según la información existente.
Frente a esta situación ¿la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tendría competencia en este ámbito o qué escenario debería darse, o si es el Estado mexicano y sus instituciones de justicia las que tienen que dar respuesta?”, se preguntó.
En una videoconferencia, el fiscal de la CPI, Luis Ocampo Moreno, respondió que en principio “la idea es que sí, que el Estado nacional debe dar respuesta”.
Para que pueda intervenir la CPI, puntualizó, se debe probar que existen crímenes contra lesa humanidad, que hay genocidio o crímenes de guerra, además de demostrar que el sistema penal nacional no está funcionando.
“Entonces, para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pueda participar en un caso así, se tienen que encontrar esos elementos”.
Manifestó que pese a que la Cámara de Diputados tiene ‘congelada’ una iniciativa de ley de cooperación con la Corte Penal Internacional, México, por los tratados firmados, está obligado a cooperar fehacientemente respecto a órdenes de aprehensión.
En ese tenor, se sintió contento porque tanto el Congreso como los jueces mexicanos se están comprometiendo para impulsar mayor entendimiento entre los sistemas nacionales y los internacionales, con la finalidad de ser eficaces en la lucha contra el delito.
El director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ruperto Patiño Manffer, subrayó que es tal la urgencia de adoptar medidas para enfrentar o controlar a la delincuencia, que se diseña ya un mecanismo legal llamado ley del enemigo, con menos garantía que la actual legislación.
“Con ella, haríamos una separación de los delincuentes: los que son considerados enemigos y aquellos otros a los que les aplicamos la ley general y los tratados en derechos humanos”.
Eso, dijo, “es muy grave porque los derechos humanos son imprescriptibles, son no discriminatorios, son universales y son para todos”, agregó.
En su oportunidad, el académico de la UNAM y director de la revista Nexos, José Woldenberg, precisó que la democracia está siendo acechada por el crimen organizado y el temor de que los derechos humanos sean erosionados o vulnerados en este combate.
A su vez, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Daniel Barceló Rojas, manifestó que es necesario fortalecer las labores de inteligencia.
Sobre todo, dijo, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como instrumento especializado para la recopilación y análisis de información relevante para la seguridad nacional y como constructor de escenarios para los lectores políticos.
Asimismo, aseveró que se debe fortalecer el papel del Congreso de la Unión como mecanismo de control democrático en las tareas de seguridad.
Además, supervisar en tiempo real, que los fines del Cisen no se desvíen, así como conocer los medios y mecanismos que emplea en el cumplimiento de su deber.
Destacó que el Congreso debe estar igualmente involucrado con el presidente de la República en las tareas de inteligencia nacional, pero no sólo en labores de control sino en la confección de la política de seguridad nacional.
De su lado, la fiscal de la Audiencia Nacional de España, María Dolores Delgado, subrayó que la persecución al crimen organizado debe corresponder a las fuerzas policiales y cuerpos de seguridad del Estado, bajo la dirección de la justicia y siguiendo un control absoluto y riguroso de los derechos humanos.
Expresó que cuando se utiliza el concepto de guerra, se olvida el Estado de derecho, porque no se sabe dónde empieza éste y dónde comienza el crimen.
Por su parte, Baltasar Garzón afirmó que cualquier política de seguridad para que sea respetuosa de los derechos humanos debe hacer partícipe en su diseño a los interesados.
“Si el crimen organizado desarrolla su acción en forma compleja, sin respetar fronteras, no acabo de entender a los responsables políticos que todavía siguen apostando por la existencia de unas fronteras que benefician a los que violan la ley”.
Es necesario crear una policía democrática, la cual, destacó, debe ser una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos, “es imprescindible que la policía se perciba como el vigilante de la seguridad pero como el amigo de la misma”, agregó.
También la diputada del grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, Enoé Margarita Uranga Muñoz, afirmó que México existe una contradicción entre la estrategia convenida y la implementada contra el crimen organizado.
“Desde el inicio del combate no se buscó construir una estrategia desde el Estado y menos desde los distintos niveles de gobierno, además, existe una división dentro de las instituciones del combate a la delincuencia, pues desconfían unas de las otras”, resaltó.
Los resultados no corresponden a la inversión que se ha hecho. “Es importante que se reposicione el tema de la seguridad y establecer un vínculo claro entre la reducción de los gastos militares y el aumento en los gastos sociales”.
Por lo anterior, consideró que el tema no es la seguridad nacional, sino de seguridad humana como responsabilidad de Estado, de obligaciones irrenunciables e indelegables de la autoridad.
En tanto, la diputada del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Diva Hadamira Gastélum Bajo, expresó que los legisladores deben llevar a cabo un trabajo complementario con el Poder Ejecutivo para garantizar los derechos humanos.
“Se ha querido combatir al crimen organizado por sus efectos y no por sus causas, además de que en esta lucha, los defensores de derechos humanos pasan por el peor momento”, explicó.
(Notimex)
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