El Ejército mexicano, en riesgo de persecución

Entrevista a Edgardo Buscaglia/Experto en seguridad nacional
Antonio Cerda Ardura

A diferencia del discurso alegre del presidente Felipe Calderón, en el que ensalza los logros de su administración contra la delincuencia organizada, hay una percepción generalizada de que su política de seguridad ha fracasado y los 50 mil muertos, resultado de su estrategia contra el crimen, representan una tragedia no sólo nacional, sino internacional, que necesita ser frenada antes de que aumente esa cifra, asegura el doctor Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y profesor de Derecho y Economía visitante del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

En la segunda parte de una entrevista exclusiva para Siempre!, Buscaglia, experto en temas de seguridad nacional, indica que México debe ser declarado escenario de un conflicto armado en donde el derecho internacional humanitario debe aplicarse, supervisado por la Organización de las Naciones Unidas.

El también presidente del Instituto de Acción Ciudadana advierte que la denuncia interpuesta contra el presidente Calderón ante la Corte Penal Internacional en La Haya no es tan relevante como el que la comunidad internacional exija la aplicación rigurosa de los convenios de Ginebra y las medidas y protocolos de protección a la población civil que se dan en escenarios de guerra, lo que implica la persecución y sanción a militares que violen esas disposiciones o que sean acusados de crímenes de guerra.

Terrorismo, una posibilidad

En los últimos años, particularmente por afirmaciones de Estados Unidos, el tema de la seguridad nacional en México está teniendo un sesgo muy importante en el sentido de que nuestro país es un territorio que pudiera ser usado como trampolín para ataques terroristas contra aquella nación. ¿Qué tan factible es esto?

En el año 2005, mi coautor, Andrés Roemer, y yo publicamos, a través de la UNAM, un libro titulado: Terrorismo y delincuencia organizada. Un enfoque de derecho y economía, en el cual afirmábamos que dado el ambiente de ingobernabilidad que se advertía en México, podíamos pronosticar en ese momento la debacle, el descontrol y la violencia que venían. En ese libro también vaticinábamos que si se producía ese escenario de inseguridad humana en México, lo que iba a ocurrir es que el país se iba a convertir en terreno fértil para los grupos criminales mexicanos y extranjeros que quisieran atacar objetivos en suelo norteamericano. Esa es una posibilidad que hay que prever. Como parte de su trabajo esencial, las agencias de inteligencia a menudo manejan escenarios de riesgo y tienen que presentar esa consideración al Presidente. Por más que no tengamos información judicialmente verificada, el presidente mexicano está obligado legalmente a considerar la presencia de grupos terroristas extranjeros en suelo nacional, dada la situación de descontrol de algunos territorios hacia el norte y el noroeste.

No hay que poner esa posibilidad en saco roto.

No hay que descartar ese escenario de riesgo. La experiencia internacional señala que en ambientes en donde existe mucha ingobernabilidad, mucha corrupción política, mucha ausencia de Estado, como sucede en varios bolsones territoriales de México, normalmente se anidan  grupos terroristas de distintos países, y en especial cuando se tiene una frontera con la nación más poderosa del mundo. La presencia de terroristas en México no se puede determinar todavía, pero es algo que se tiene que investigar.

¿Cuál sería su diagnóstico sobre los cinco años del gobierno de Calderón? ¿Avala su estrategia contra el crimen?

La administración de un gobierno es muy compleja y uno no la puede simplificar solamente con los temas de seguridad. Hay políticas, por ejemplo, de salud, que yo quiero pensar que habrán tenido algún nivel de éxito. Debe haber políticas de regulación bancaria que no sé si fueron exitosas o no, pero, en temas de seguridad humana, en lo que compete al ejercicio de derechos económicos, políticos, civiles, culturales y sociales, México está peor que antes. Así lo indican los 22 índices de criminalidad organizada, que siguen aumentando. Como lo he venido advirtiendo desde hace años, el Presidente pudo haber tenido la mejor de las intenciones, pero con simples intenciones no vamos hacia ningún lado. Sus políticas de seguridad humana han sido un fracaso, han sido fallidas, por una simple razón que no es de arte expresionista alemán: los indicadores de delincuencia siguen aumentando. El Presidente puede alegar que esos índices se han reducido en Tijuana o en el Distrito Federal, pero en promedio, en el país, siguen aumentando.

Esto, por supuesto, tiene impacto en la calidad de vida.

La delincuencia organizada no comete homicidios como negocio esencial. En los países en los que se consolida una alianza de grupos criminales, el índice de homicidios se reduce. Por eso no hay que tomar los homicidios como indicador de éxito o de fracaso de una política. Hay que tomar, en cambio, los delitos económicos que al ciudadano mexicano de a pie le afectan en su calidad de vida diaria: secuestros, fraudes electrónicos, o pagos de extorsiones por parte de comerciantes en Campeche, Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas, etcétera. Esto no es un problema que se limita sólo al norte de México. La calidad de vida de los mexicanos ha disminuido a un punto tal, que si usted pasa por ciertos lugares cercanos a Tampico, son pueblos fantasmas, como si esto fuese un conflicto armado en Africa.

Hay comunidades donde la inseguridad ha provocado éxodos de habitantes.

Por eso, aunque el Presidente haya tenido o no la mejor de las intenciones, sus políticas han sido un fracaso en cuanto a seguridad humana y eso nadie lo puede negar. El Presidente no puede seguir dando discursos hablando de que si él hubiese o no hubiese hecho tal o cual cosa la situación estaría peor. Eso es especulativo. La situación está peor ahora que en el año 2004 o 2005. Es obvio que el Presidente no tiene toda la culpa de esta falta de eficacia del Estado. Parte de esa corresponsabilidad les toca a los jueces y a otros actores, como a los miembros del Poder Legislativo. Pero si el Presidente sigue afirmando que sus políticas han funcionado, sólo hace el ridículo, y nadie quiere que el presidente de un país como México esté haciendo el ridículo. Las tasas de criminalidad siguen aumentando y ése es el único indicador que ha hecho de Colombia un éxito relativo, comparado con México, y que está haciendo de México un fracaso relativo comparado con Italia y Colombia. Es muy simple.

Escenario de guerra

¿De nada han servido, entonces, casi 50 mil muertos?

No. Los 50 mil muertos son una tragedia nacional e internacional. La pérdida de vidas siempre es una tragedia y un gran desperdicio para la humanidad. Por eso México debe ser declarado como escenario de un conflicto armado en el que debería hacerse presente, con más firmeza, la Organización de las Naciones Unidas, cuyos representantes se han dedicado, hasta ahora, a dar discursos y generar reportes que pocos leen, y a disfrutar de la dolce vita en México. Las agencias de la ONU deberían tener un rol mucho más importante, haciendo, por ejemplo, lo que hacían en Colombia, que era proponer el monitoreo y la aplicación de las cláusulas de los acuerdos de Ginebra. Como todos los criterios jurídicos indican que lo que ocurre en México es un conflicto armado, aquí tienen que ser aplicados la Convención de Ginebra y los acuerdos del derecho internacional humanitario que protegen la vida de los que no participan en el conflicto, la población civil, y la de los que dejaron de participar, como los arrepentidos que entregan sus armas. En México no se están implementando estas convenciones, como ocurrió en Colombia, donde la ONU tenía un papel muy honroso y positivo. En México la ONU está, digámoslo así, capturada por el gobierno federal, y poco está haciendo y diciendo. Sus reportes no son leídos por nadie y no tienen ningún impacto en la seguridad y en la vida de los mexicanos. Es por eso que tenemos que contemplar y prever que la comunidad internacional tenga que exigir la aplicación rigurosa de los convenios de Ginebra, que son cuatro, y de los protocolos y pactos posteriores, para que no se pierdan más vidas a futuro. La comunidad internacional va a demandar que se proteja a la población civil, que se garantice que las fuerzas de seguridad y el Ejército no se mezclen en territorios donde la población civil reside, para que no sea atacada, y de que se provea de tratamiento médico y psicológico no sólo a los civiles, sino a los prisioneros, que generalmente son llevados a cuarteles en forma extrajudicial. Eso es una primicia para la revista Siempre!, que México podría estar sujeto a un escenario de conflicto armado en donde el derecho internacional humanitario tenga que aplicarse para evitar que esos 50 mil muertos se conviertan en más. Lo que tenemos que hacer los vivos es asegurarnos de que no haya más muertos, y eso se hace con acciones, no con palabras.

¿Puede México evitar esa declaración de conflicto armado?

La implementación y aplicación de la Convención de Ginebra es responsabilidad del Estado mexicano. Pero, de acuerdo con la jurisprudencia internacional, no está en las manos del Estado mexicano decidir si el país está transitando por un conflicto armado o no. La comunidad internacional, desde La Haya, tiene que decidir eso.

¿Qué hay de la acusación al presidente Calderón ante la Corte Penal Internacional? A usted se le señala como uno de los firmantes.

Yo no he sido firmante de esa queja. Además,  no sé si los firmantes lo tienen entendido, pero yo sí tengo entendido que cuando existen crímenes de guerra en un territorio, como se alega en la demanda, lo que implica es la aplicación de los cuatro convenios de Ginebra y los protocolos de protección a la población civil, que dentro del derecho internacional humanitario, se da en escenarios de guerra. Todo el mundo, incluida la prensa mexicana, se ha concentrado en el tema de si el presidente Calderón va o no a La Haya, pero ése no es el punto esencial. El punto es que cuando se presenta una queja de que se están cometiendo crímenes de guerra en un territorio, el Estado de ese territorio está obligado a implementar los convenios de Ginebra y, por lo tanto, se tienen que aplicar todas las medidas que hoy se aplican, por ejemplo, en Líbano o en Afganistán. El alegar que existen crímenes de guerra cometidos en territorio mexicano, ya sea por actores estatales o no estatales, implica la persecución no sólo de los grupos criminales mexicanos, sino de quienes hayan participado en esos crímenes, lo que incluye a miembros o mandos del Ejército.

Se enciende un cerillo.

Esta es una primicia mucho más importante que si el Presidente va o no a La Haya. Uno nunca quiere que un jefe de Estado sea acusado ante La Haya, ni tampoco creo que sea el deseo del ciudadano promedio mexicano. Pero la aplicación de las cláusulas de los convenios de Ginebra involucra medidas operativas que hoy el gobierno mexicano no está adoptando, como el entrenamiento a las policías y a las fuerzas militares en la aplicación del derecho humanitario. Si uno habla con un capitán que lleva adelante operativos, y si le pregunta cuáles son las medidas que se tienen que aplicar, no lo sabe. Las fuerzas del Estado no están entrenadas, como sí lo está el ejército colombiano. En Colombia hay miembros de la Cruz Roja monitoreando que la población civil esté a salvo. Aquí se tienen que aplicar los principios de limitación de la fuerza pública para que la población civil no sea dañada, o el principio de distinción entre grupos actores no estatales armados y la población civil. Se tiene que ejercer también el principio de proporcionalidad para que no se aplique fuerza excesiva en áreas donde existe población civil. Esas medidas no se están tomando en México y eso va a tener un efecto directo sobre el proceso electoral del 2012. Hay que prevenir que no existan más de esos 50 mil muertos que usted menciona.