De Aguas Blancas a los normalistas, el mismo guión

Tomás Tenorio Galindo
OTRO PAÍS
El Sur Acapulco

En sus casi 22 años de vida, el PRD se había movilizado en numerosas ocasiones en defensa de causas sociales; hoy, por primera vez, lo hace en contra de una causa social y en defensa de un gobernador. En defensa de un gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, se movilizó el PRI en 1995 para tratar de impedir que le fuera atribuida alguna responsabilidad por la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas.
El artífice de la defensa partidista de Figueroa Alcocer fue el ahora gobernador Ángel Aguirre Rivero, que por esos días encabezaba al PRI.

En aquella movilización priísta destacó por su activismo –que le sería muy bien retribuido– Héctor Vicario Castrejón, conocido a partir de entonces como el hombre del maletín negro, repleto de dinero destinado a comprar apoyos para su jefe. Hoy empiezan a destacarse Carlos Reyes Torres, dirigente estatal del PRD, y Víctor Aguirre Alcaide, el subsecretario de Gobierno al que se acusa de haber intentado corromper con cien mil pesos a los dirigentes del movimiento normalista.

Como hizo entonces el PRI, el guión puesto en marcha ahora por el PRD para defender al gobernador Ángel Aguirre tiene el objetivo de desacreditar a los estudiantes con el método del linchamiento moral. Ramón Almonte Borja, el ex secretario de Seguridad Pública, los llamó “terroristas”. David Jiménez Rumbo, prototipo de la corrupción perredista y de quien se ignora si aún trabaja como secretario de Desarrollo Social o cumplió su anunció de renunciar con el fin del año, de plano pidió desaparecer la Normal de Ayotzinapa, que es lo que siempre ha querido hacer el PRI y ahora también el PAN. Y es por eso que está en marcha una profusa campaña de medios para estigmatizar a los estudiantes normalistas como “vándalos”. Se ha empleado para esa descalificación el incendio de una las bombas despachadoras de la gasolinería, que finalmente causó ayer la muerte de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, el trabajador que quiso apagar el fuego. Pero todo indica que el incendio no fue provocado por estudiantes, como ellos mismos han desmentido, sino por provocadores que, casualmente, iban vestidos con playeras rojas que decían “Ayotzinapa”.

Figueroa Alcocer resistió ocho meses antes de caer ante el empuje de la indignación social que suscitó la revelación del video de Aguas Blancas, dado a conocer por Televisa en un inusitado gesto periodístico. Ese video mostró al mundo la brutalidad de la Policía Motorizada figueroísta, antecesora de la actual Policía del Estado, y dejó al descubierto la farsa montada por el gobernador Figueroa para esconder su responsabilidad en el alevoso asesinato de los 17 campesinos, a quienes ya muertos se les sembraron armas para simular que ellos habían disparado primero. Durante ocho largos meses el gobierno figueroísta mantuvo esa que fue la versión oficial, en la que tuvo un papel estelar el ahora gobernador Ángel Aguirre. El sistema político priísta, con el presidente Ernesto Zedillo a la cabeza y con el vergonzoso asentimiento del Congreso de la Unión, sostuvo esa versión y respaldó a Figueroa Alcocer. Sólo la fuerza de las imágenes de la matanza sacó a Figueroa del gobierno.
Pero luego ni la Suprema Corte de Justicia fue capaz de someter a ese distinguido miembro de la nomenclatura priísta al rigor de la justicia. Las resoluciones de la Corte, que explícitamente y con abundancia de pruebas responsabilizan a Figueroa por la matanza de Aguas Blancas, yacen en los archivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a donde fue enviado por el gobierno de Zedillo para que el gobierno estatal cerrara el expediente. Era gobernador y recibió ese expediente Ángel Aguirre Rivero.

No es sorpresivo que Aguirre recurra al mismo plan figueroísta para sortear el conflicto derivado del asesinato de los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, y para evadir la eventual responsabilidad que le corresponde en esos acontecimientos. Responsabilidad política, como la que la Corte le atribuyó en su momento a Figueroa. Lo sorpresivo y decepcionante es que la dirigencia estatal del PRD asuma con manifiesta complacencia el papel de encubridor que Aguirre Rivero le asignó en este episodio. La dirigencia, no las bases del PRD.
Pues tiene razón el presidente del perredismo chilpancingueño, Aniceto Espinobarros, al advertir que la postura que ha asumido la casi totalidad de los dirigentes perredistas, de dar la espalda a los normalistas agraviados y ponerse al servicio del gobierno de Aguirre, no es compartida por las bases de ese partido. El respaldo al gobierno de Aguirre no puede ser incondicional, dijo. (El Sur, 24 de diciembre de 2011).

Es cierto: el comportamiento de Aguirre Rivero en busca de su salvación personal ante las consecuencias del asesinato de los dos jóvenes no ha reparado en algunos perniciosos efectos colaterales. Uno de esos efectos es la división del PRD. Al contrario de la inercia que infesta al PRI, o que predominaba en la época de la matanza de Aguas Blancas, la militancia del PRD tiene una naturaleza rebelde que explica su pertenencia a un partido que nació con la bandera del cambio. La creencia de que esa militancia puede ser manipulada en contra de los principios mismos del partido al que pertenece es un indicio de lejanía entre los dirigentes y las bases.

Por lo demás, Aguirre debería saber que la campaña desatada contra los estudiantes normalistas y la campaña política que ha movilizado al PRD están inevitablemente condenadas al fracaso. Figueroa no tuvo éxito en imponer la farsa que montó, porque ya para entonces la sociedad estaba más alerta. Gustavo Díaz Ordaz en 1968 y Luis Echeverría en junio de 1971 pudieron imponer su versión de las matanzas porque el autoritarismo priísta era total. En tiempos de transición es una terquedad proceder con criterios del pasado autoritario. Por otra parte, la abierta y desesperada campaña para proteger a Aguirre no concuerda con la premisa de que los policías ministeriales y policías del estado no dispararon contra los estudiantes, como sostiene la versión del ex procurador Alberto López Rosas. Si esto último es verdad, ¿por qué el exacerbado temor de Aguirre y su grupo político?

La Comisión Nacional de Derechos Humanos dará a conocer esta semana los resultados preliminares de su investigación. Debido al involucramiento de intereses políticos de los gobiernos federal y estatal, es la investigación de la CNDH la que ofrece mayor credibilidad, y mientras más pronto genere resultados mejor, pues de esa manera se ataja el riesgo de que la PGR y la PGJE fabriquen culpables y una versión falsa de los hechos. En la probabilidad de esa operación evasiva parece haber pensado el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, cuando hace ocho días anunció que en los primero días de enero daría ese primer informe. Es posible que se sepa en ese momento hasta dónde son responsables las corporaciones policiacas locales por el asesinato de los normalistas, hasta dónde los funcionarios involucrados y hasta dónde el gobernador. Al margen de ello, no parece viable una exoneración de Aguirre Rivero, pues para eso sería preciso que no fuera gobernador.
De manera que quizás debería dejar de reírse al hablar de los temblores y los sismos políticos.

Asimismo, los dirigentes del PRD deberían preguntarse con toda seriedad que harán cuando Andrés Manuel López Obrador, su virtual candidato presidencial, venga a Guerrero y condene el asesinato de los estudiantes. ¿O acaso alguien cree que López Obrador defenderá a Ángel Aguirre?