Durante la sesión estuvieron presentes familiares de personas asesinadas y secuestradas
Aprueba el Senado en comisiones ley general de víctimas del crimen
La legislación fija un monto de 500 veces el salario mínimo mensual para reparación del daño
Confían afectados en que el Estado asuma cabalmente su responsabilidad en estos hechos
Confían afectados en que el Estado asuma cabalmente su responsabilidad en estos hechos
Miércoles 25 de abril de 2012, p. 5
El Senado de la República aprobó ayer en
comisiones la Ley General de Víctimas. Durante la sesión estuvieron
presentes familiares de jóvenes desaparecidos y asesinados, quienes
confiaron en que con esa legislación el Estado mexicano asuma su
responsabilidad y establezca un conjunto de medidas para asistir a los
afectados y reparar de manera integral el daño provocado por el crimen
organizado o por autoridades que incurrieron en violaciones de derechos
humanos.
El dictamen fue presentado casi al final de la sesión –en primera
lectura– y hoy se votará ante el pleno, ya que la intención es turnarlo
de inmediato a la Cámara de Diputados.
Nueve de los 189 artículos que conforman la nueva ley fueron
modificados y se adicionó uno. El cambio principal fue al artículo 71,
para fijar un monto de 500 veces el salario mínimo mensual para reparar
el daño.
Los integrantes de las comisiones de Justicia, de Gobernación y de
Estudios Legislativos consideraron que no se podía dejar de establecer
un tope, porque de lo contrario el Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral quedaría vacío con el pago a una sola víctima.
La reunión de las comisiones dictaminadoras comenzó muy temprano y en
principio no se permitía la entrada a las víctimas y a sus familiares.
Margarita Pérez, madre de una joven desaparecida en Oaxaca, se coló al
lugar donde sesionaban y a gritos denunció que el personal de seguridad
del Senado la había
golpeadoe impedía el paso a otros de sus compañeros.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam
(PRI), pidió que se revisara la denuncia y que esas personas ingresaran
al recinto de Reforma e Insurgentes. De esa forma, el sacerdote Miguel
Concha Malo y Emilio Álvarez Icaza, del Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad, acompañados por una veintena de familiares de
víctimas, pudieron atestiguar las más de dos horas de discusión.
Al final, cuando se aprobó la ley en lo general y en lo
particular, la mayoría de familiares de víctimas rompió en lágrimas.
Saúl Armando Romo recordó a su hijo de 29 años, que se llama igual que
él y desapareció en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en julio del año pasado.
Dijo que confía en que la legislación sirva para evitar más casos como
el suyo.
Teresa García Carmona, con el rostro de su hijo, Joaquín García,
pintado en la camiseta que vestía, señaló que un día antes el joven
habría cumplido 23 años. Lo asesinaron hace
un año, ocho meses y tres semanas, y las investigaciones no avanzan. Confió en que la nueva legislación permita que haya justicia para ella y los demás familiares de las miles de víctimas.
Álvarez Icaza dijo que se trataba de lágrimas de dolor.
–¿Habrá tiempo?La razón por la que estamos aquí es que no haya más víctimas y que esta legislación sea un piso para que el Estado mexicano tenga un poco de solidaridad. Tanto él, como el sacerdote Miguel Concha, consideraron que la ley es buena y ahora falta el compromiso de la Cámara de Diputados.
–Confiamos en que sí. La legislatura termina el 28 de agosto. Sabemos que el tiempo político hace difícil que se apruebe después del 30 de abril, porque tendría que ser en un periodo extraordinario. Quedan seis días, ojalá se pueda lograr –comentó Álvarez Icaza.
El senador perredista Pablo Gómez Álvarez consideró que se trata de
un instrumento completo de nueva generación, con atribuciones necesarias para garantizar la protección de los agraviados.
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