En la batalla por la Sedena se vale todo/Los generales que quieren dirigir, Proceso

PROCESO/Jorge Carrasco Araizaga 

De arriba a la izquierda, Moisés Augusto García Ochoa; Luis Arturo Oliver Cen; Salvador Cienfuegos Zepeda; Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. Fotos: Especial

Atrincherados en el seno de la institución castrense, los militares que aspiran a sustituir al general Guillermo Galván Galván en la Secretaría de la Defensa Nacional urden sus estrategias. Asesinado Mario Arturo Acosta Chaparro y detenido y puesto bajo arraigo el divisionario Tomás Ángeles Dauahare,  los generales Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, Salvador Cienfuegos Zepeda, Augusto Moisés García Ochoa y Luis Arturo Oliver Cen toman posiciones en una batalla de intrigas donde se valen de todo. Los patrones de sucesión en la Sedena cambiaron ante el enorme poder que los militares adquirieron a partir de la decisión presidencial que los puso al frente de la guerra contra el narcotráfico.

Desde la época revolucionaria el relevo en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no había sido tan costoso para el Ejército. Aún faltan cuatro meses para la llegada del sucesor del secretario Guillermo Galván Galván y los divisionarios candidatos a sustituirlo ya fueron testigos del asesinato de un general de brigada, el encarcelamiento de uno de sus pares y la filtración de información de seguridad nacional para descarrilar a un tercero.

El ambiente sucesorio en la fuerza armada más poderosa del país puede todavía ser peor. El general detenido –Tomás Ángeles Dauahare– sigue en la mira de sus detractores dentro del Ejército y algunos de sus familiares han sido amenazados. Aunque dice no temer por su vida, el divisionario arraigado desde hace dos meses por la Procuraduría General de la República (PGR) se convirtió en un elemento incómodo para algunos militares por su relación con el asesinado general de brigada Mario Arturo Acosta Chaparro.

La disputa por la Sedena es intensa por la creciente importancia política y económica que representa. A pesar de haber sido desplazada parcialmente por la Marina ante la desconfianza hacia algunos mandos del Ejército debido a su supuesta relación con el narcotráfico, la Sedena se convirtió en el sexenio que termina en una de las dependencias con más recursos.

En los seis años del gobierno de Felipe Calderón recibió 268 mil 930 millones de pesos, casi la mitad del gasto del gobierno saliente en seguridad nacional.  Entre otros oficiales de alto rango, aspiran al poder que representa la Sedena los generales  Salvador Cienfuegos Zepeda, Augusto Moisés García Ochoa, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa y Luis Arturo Oliver Cen.

En perspectiva de un gobierno de Enrique Peña Nieto, el Ejército puede adquirir aún más fuerza al convertirse en el proveedor de los 50 mil hombres para la Gendarmería Nacional, el proyecto con el que el candidato priista prevé el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas del combate al narcotráfico.

“En la sucesión de la Sedena, desde 2010 los patrones de comportamiento institucional se modificaron. Los generales en retiro que en el priismo autoritario ya no figuraban, ahora participan en el esquema sucesorio. Juegan y se dejan ver”, dice el investigador Erubiel Tirado, coordinador del diplomado en seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana.

Es el caso de los generales Acosta Chaparro y Ángeles Dauahare. Desde fines de 2010 y hasta el asesinato del primero, el pasado 20 de abril, ambos se encaminaban a participar en el juego sucesorio de la Sedena. A su favor, de acuerdo con distintas fuentes consultadas por Proceso, tenían una estrecha relación con la Administración Antidrogas de Estados Unidos, (DEA, por sus siglas en inglés), información sobre la penetración del narcotráfico en el Ejército y el acercamiento con Peña Nieto.

Otro factor los identificaba: su separación crítica del Ejército y de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Acosta Chaparro incluso estaba compartiendo información con la Marina.

Pero ambos generales tuvieron también un mal común: Mateo, el apelativo con el que la PGR identificó a Sergio Villarreal Barragán, El Grande, exintegrante del cártel de los hermanos Beltrán Leyva que en noviembre de 2010 declaró contra Acosta Chaparro y en mayo pasado contra Ángeles Dauahare.

A las pocas horas de declarar contra el general de división en retiro, El Grande fue extraditado por la PGR a Estados Unidos. La DEA mandó un avión al hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para llevarlo a Texas.

Las acusaciones de Mateo sobre la supuesta protección de ambos generales al cártel de los Beltrán Leyva no han sido probadas. En una declaración ministerial del 26 de noviembre de 2010 dijo haber conocido a Acosta Chaparro desde 2006 por medio de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, quien supuestamente le pagó 500 mil dólares al general de brigada para que le diera protección y lo pusiera en contactos con oficiales del Ejército.

En esa declaración ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Villarreal habló de una segunda reunión a mediados de 2007 entre El Barbas y Miguel Ángel Treviño, El Z-40, uno de los cabecillas de Los Zetas, para que Acosta Chaparro se reuniera con Heriberto Lazcano, El Lazca, principal jefe de esa organización. Pero en ambas fechas el general de brigada todavía estaba detenido, acusado de proteger al Cártel de Juárez.

El desacato de la SIEDO

En el caso del general Ángeles Dauahare la SIEDO enfrenta ahora una acusación de desacato judicial por negarle a la defensa del general retirado Tomás Ángeles la posibilidad de desacreditar la acusación de Mateo y de otro testigo protegido identificado como Jennifer sobre la supuesta protección del divisionario a los Beltrán Leyva.

El abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana logró que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal resolviera que la SIEDO cometió el desacato judicial de corroborar las acusaciones contra el divisionario. El fallo, que fue impugnado por la PGR, señala que la SIEDO violó una suspensión definitiva que la obligaba a verificar las imputaciones contra Ángeles.

“La resolución es una muestra clara de la parcialidad con la que se ha conducido la representación social al no contestar a las peticiones de la defensa ni desahogar los escritos de ofrecimiento de pruebas. Cuando el juez decida sobre una eventual orden de aprehensión, sólo tendrá los elementos de cargo de la autoridad y no los de descargo, que demuestran la falsedad de las acusaciones”, dice a Proceso Sánchez Reyes Retana.

Conforme se acerca el 3 de agosto, fecha límite para mantener bajo arraigo al general en retiro y consignarlo ante la justicia o liberarlo por falta de elementos, las presiones se incrementan. El sábado 14 el periódico Reforma dio a conocer amenazas y hostigamiento contra la familia del militar por parte de la SIEDO y del propio Ejército.

Este semanario confirmó amenazas no sólo contra familiares, sino el temor de una agresión contra Ángeles Dauahare, como ocurrió con el general Acosta Chaparro.

(Extracto del reportaje que aparece esta semana en la revista Proceso 1864, ya en circulación)