Ex fiscal implica a Zedillo como responsable por masacre de Acteal

Telenews Ciudad de México.- Un ex fiscal federal mexicano, en testimonio bajo juramento, ha implicado al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León como responsable directo de la masacre de 45 niños y adultos en Acteal, México, ocurrida en 1997.

El ex fiscal Ariel Jesús Maldonado Leza dio dos declaraciones juradas a Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, PA, la firma de abogados con sede en Miami que representa a 10 sobrevivientes de la masacre en un juicio presentado ante la Corte federal de Connecticut en septiembre de 2011. Las declaraciones de Leza se registraron ante la Corte ayer, en el caso No. 11-CV-1433-AWT de Jane Doe v Zedillo.

Las víctimas buscan una indemnización por el asesinato de sus familiares y por sus propias heridas, y desean que el tribunal de los Estados Unidos declare a Zedillo responsable de la planificación de la masacre, su ejecución y encubrimiento.

Zedillo, quien fue presidente de México de 1994 a 2000, vive ahora en New Haven, Connecticut, donde tiene una cátedra en la Universidad de Yale. La demanda se basa en la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claim Act) y la Ley de Protección a Víctimas de la Tortura (Torture Victim Protection Act), que otorga jurisdicción a los tribunales federales estadunidenses sobre tales afirmaciones.

La demanda acusa a Zedillo de supervisar un plan para suprimir la insurgencia a través de medios ilegales, abuso de poder y recursos gubernamentales, por medio de representaciones no gubernamentales, para permitir una negación plausible de la masacre de civiles desarmados e inocentes. Los asaltantes ––grupos paramilitares armados y entrenados por militares mexicanos–– atacaron o dispararon a muerte a 45 civiles indígenas desarmados y causaron la muerte de cuatro fetos no nacidos, al tiempo que hirieron a decenas de personas más en el pueblo de Acteal, en el remoto sur de México.

“El señor Leza corrobora otros documentos y cuentas que implican a funcionarios del más alto nivel del gobierno de Zedillo con conocimiento y participación directos en la masacre de Acteal”, dijo el abogado de los demandantes, Roger Kobert.

“Dadas estas discusiones al más alto nivel, incluyendo el conocimiento previo del procurador general de México, esta operación ––por no mencionar su seguro encubrimiento–– posiblemente no podría haber tenido lugar sin la participación y aprobación del señor Zedillo”. Según la demanda, la masacre de Acteal surgió de la implementación por parte del gobierno de Zedillo del “Plan de Campaña Chiapas 1994”, un documento secreto del gobierno mexicano que esbozaba un plan para aplastar el movimiento insurgente zapatista de los 90. Como parte central de ese plan se encontraba la creación y el despliegue de fuerzas paramilitares y civiles para ayudar a las operaciones militares, incluyendo civiles armados ilegalmente con armamento militar. La demanda también alega que Zedillo conspiró posteriormente con el procurador general Jorge Madrazo para encubrir el papel del entonces Presidente, antes y durante la masacre de Acteal.

Al momento de la masacre, Leza era director general de Coordinación Interinstitucional, representando a la Oficina del Procurador General en reuniones interdepartamentales con la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el servicio de seguridad de México, con relación en el levantamiento zapatista en Chiapas, que comenzó varios meses antes del inicio del mandato de Zedillo en noviembre de 1994.

Leza confirma en sus declaraciones juradas que asistió a dos reuniones en el Cisen y en la Secretaría de la Defensa Nacional, unas dos o tres semanas antes de la masacre de Acteal. Altos funcionarios de ambas dependencias se encontraban allí, incluyendo el director general del Cisen, Jorge Tello Peón; el director de Protección del Cisen, contralmirante Wilfrido Robledo Madrid; el secretario personal del secretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dahuare, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Juan Heriberto Salinas Altes.

En ambas reuniones, con la presencia de Leza, representantes de la Secretaría de Defensa declararon que era inaceptable un puesto de control carretero establecido por rebeldes zapatistas en Polhó, cerca de Acteal. Los representantes consideraron que era necesaria la eliminación del puesto de control de Polhó y las supuestas “bases de apoyo social” en Acteal, a pesar de ser conscientes de que el pueblo de Acteal albergaba refugiados. Los informes de Leza sobre estas reuniones fueron entregados directamente al procurador general Madrazo antes de la masacre.

Después de la masacre de Acteal, Leza informó a sus superiores sobre la conexión aparente entre la masacre de Acteal y los planes de la Secretaría de la Defensa para eliminar el puesto de control de Polhó. Leza también expresó su preocupación por la participación de la Secretaría de Defensa en la investigación posterior. Los superiores de Leza en la Oficina del Procurador General le dieron instrucciones de no involucrarse en la investigación. En sus declaraciones, Leza confirma además la existencia y la aplicación del “Plan de Campaña Chiapas 1994”, que aboga por el uso de paramilitares en la campaña antizapatista. La Secretaría de la Defensa ha negado la existencia de dicho plan.