UNA VIOLENCIA CON ALCANCES TRANSEXENALES de Jose Reveles

 En sus primeros 100 días Peña Nieto no atina a definir el rumbo
UNA VIOLENCIA CON ALCANCES TRANSEXENALES

José Reveles*

    En los primeros cien días de su retorno al poder, el teóricamente renovado Partido Revolucionario Institucional –con su cauda de dinosaurios camaleónicos- no da visos todavía de poder corregir el rumbo extraviado de violencia e inseguridad que tanto castigó al país en el sexenio de Felipe Calderón.
 

Para colmo, en medio del desconcierto de arranque de sexenio, a Enrique Peña Nieto literalmente le estalló una tragedia en pleno corazón emblemático de la industria petrolera nacionalizada, cuyas puertas ya se disponía a abrir de par en par a la inversión privada nacional y extranjera.
Esos 37 muertos y más de 100 heridos son un escollo duro de salvar para la credibilidad extraviada, porque las causas de la explosión no alcanzaron explicaciones convincentes. La versión de un estallido accidental por acumulación de gas que  hizo volar tres pisos de la Torre B-2 aledaña al edificio principal de Pemex, estuvo lejos de ser una respuesta puntual e irrefutable para convencer a una sociedad mexicana aún muy agraviada por el sexenio que hizo de la guerra contra el narco su razón de ser entre 2006 y 2012.
 

Ya en el terreno de la inseguridad generalizada, aunque se intente ocultar la información existe la terca realidad del “ejecutómetro” que publican muchos medios de comunicación, donde se constata que, en los primeros meses de este priismo que volvió, aún no existen variantes que apunten a la disminución de la violencia extrema. Mil 524 ejecutados en dos meses son lo mismo que si continuara la política belicista del sexenio anterior, según los conteos del diario Reforma. Pero si prestamos oídos a otra estadística, la que difundió Acción Nacional, seguramente interesada en demostrar que lo de antes sigue siendo lo de hoy, pero empeorado, hubo más de 2 mil homicidios dolosos en dos meses de gobierno de Enrique Peña Nieto: mil 139 en diciembre y mil 104 en enero, más que en los dos últimos meses de Calderón.
Si no puedes cambiar las cifras, entonces concéntrate en disminuir la percepción social, parece que alguien le aconsejó a Peña Nieto, pues ya pactó con gobiernos estatales (en realidad fue imposición de ley mordaza) para que “no se informe sobre hechos violentos” a los medios y a la sociedad y de esa manera disminuir la percepción de inseguridad en todo el país, reveló el gobernador de Colima Mario Anguiano.
Textualmente este fue su galimatías revelador:
“Estaba demostrado, por estudios que nos han estado mostrando a nivel federal, que en la medida en que nosotros, tanto gobierno federal como estatales, estemos poniendo (a la vista de todos) el tema de la inseguridad, estemos informando cada vez que se detiene a un delincuente, entonces en lugar de ir contribuyendo a la armonía que se está aspirando, lograr tranquilidad, por el contrario estábamos fomentando más inseguridad”.
Nadie desmintió al gobernador de Colima, pero además de la operación “en boca cerrada no entran daños ni directos ni colaterales” pactada con gobiernos estatales, las dependencias federales dejaron de publicar comunicados sobre detenciones, enfrentamientos, operativos de seguridad y emboscadas. Los más optimistas calculan que pasarán meses y años para que comience, si es que así ocurre, a descender esa violencia en la que avanzamos demasiado en el sexenio ido. Esto me recuerda el implacable humor mexicano cuando cita al optimista diciendo: “por como están las cosas, todos vamos a terminar comiendo mierda”. A lo que el pesimista corrige meneando la cabeza: “no va a alcanzar…”.
Hay prometedores anuncios, cambios de táctica y estrategia verbales por parte del equipo de Peña Nieto, pero no acaban de aterrizar en lo cotidiano verificable:
-El fin del arraigo y de los testigos protegidos fue una promesa del procurador de la República Jesús Murillo Karam. Aún no ocurre. En cambio ya lo aplicó, sin mayor aspaviento, el gobierno capitalino, en un loable intento por cerrar fábricas de culpables.
-Se consensó y publicó la ley de víctimas que Calderón había impugnado. Llegaron ya propuestas de ajustes por parte del Movimiento por la Justicia de Javier Sicilia.
-Por fin se otorga prioridad a la prevención de la violencia sobre la represión. Y “ahora sí” habrá coordinación de las dependencias responsables contra el crimen, dijo en un discurso en que mostró músculo el secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong. “No todo es sacar más policías ni comprar más armamento… estamos con una estrategia diferente a partir de una coordinación plena… no se ha atacado (desde el ámbito federal) a los gobernadores y eso puede ser la diferencia… se cuenta con el mapa completo de la delincuencia, porque no llevamos dos meses cruzados de brazos”.
El monto global para la seguridad ronda los 120 mil millones de pesos anuales. Eso no varía sustancialmente. En cambio, se etiquetan recursos por unos 3 mil 500 millones de pesos para prevenir violencia en escuelas y en el seno familiar, atacar las adicciones, identificar problemas de inadaptación. Esa cantidad triplica lo que en el sexenio anterior se destinaba a prevención y cura de adicciones.
Es demasiado pronto para saber si lo que se planea corresponderá a la realidad. Mientras eso ocurre, vamos a citar aquí algunos datos duros de la realidad salvaje que amenaza quedarse entre nosotros por largo tiempo y los sitios emblemáticos en los que se evidencia cada vez más la ausencia de gobierno. Ello solo para ejemplificar un presente que preocupa, pues podría surtirse una enciclopedia completa con la iniquidad, con la insania criminal, con el entramado de protección y corrupción oficial en muchos sitios de la república durante estas pocas semanas del priismo redivivo:
 

1.- Estado de México. La tierra del presidente está que hierve de ejecuciones. Ahí llegó ya el “equipo de transición del narco” para intentar expulsar a la gente de Edgar Valdés Villarreal “La Barbie” y de Sergio Villarreal Barragán “El Grande” del territorio que dominaron durante los años recientes. Arribaron, se presume que con permiso oficial y gracias a un nuevo pacto, sus antiguos aliados del Cártel de Sinaloa, pero también se apuntaron Los Zetas, la Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y remanentes todavía leales a los Beltrán Leyva para intentar quedarse con una plaza que cuenta con aeropuerto internacional, el de Toluca, a donde llegaron durante años enormes cargas de cocaína y fueron embarcados precursores químicos por toneladas, además de millones de dólares, según declaraciones de testigos y acusados que se pueden constatar en actas ministeriales y judiciales. Paso obligado hacia Guerrero, Michoacán y Jalisco, el territorio es vía de acceso de los precursores químicos que llegan por Lázaro Cárdenas y por Manzanillo para un creciente negocio de fabricación y trasiego de drogas sintéticas. El cambio de jefes de plaza y de paradigma por parte de las mafias ha provocado más de un centenar de asesinatos dolosos en esta región.
2.- Guerrero. El abuso sexual en contra de seis turistas españolas y el robo de las pertenencias de ellas y sus compañeros varones, a cargo de un grupo de encapuchados armados en Acapulco, no hizo sino evidenciar la descomposición que se enseñoreó en la plaza. Se posaron así los ojos atónitos del mundo sobre el horror que reina en el que fuera destino turístico internacional por excelencia durante años. Antes del escándalo, agravado por torpes declaraciones del alcalde Luis Walton de que este tipo de violaciones “sucede en cualquier parte del mundo”, ya había menguado drásticamente el arribo de cruceros extranjeros a ese y otros puertos mexicanos a causa de la inseguridad. El grupo criminal “La Barredora” y su “Comando del Diablo” prácticamente ha sido barrido por el llamado Cártel Independiente de Acapulco, que domina a sangre y fuego esta plaza y en particular la franja costera de unos 20 kilómetros que va del aeropuerto hacia el poblado Lomas de Chapultepec y Barra Vieja, en donde ocurrió la agresión a las extranjeras, muy similar a otras violaciones colectivas denunciadas por mexicanas, pero que no han recibido la misma atención mediática y policial. Tercer lugar en número de ejecutados, Acapulco sumaba más de medio centenar de asesinatos dolosos en el nuevo gobierno. Alcaldías de Guerrero, con sus policías comunitarias armadas, evidenciaron la falta de gobernabilidad que las dejó a merced de bandas organizadas. La “justicia vigilante” –así la llamó Enrique Peña Nieto en entrevista con Der Spiegel, de Alemania- a la larga conduce a más violencia.
Morelos.- La cartulina y corona de flores en contra el gobernador Graco Ramírez no dejan lugar a dudas. El asesinato de tres escoltas del procurador morelense Rodrigo Dorantes fue directo y no producto de una confusión entre estos guardaespaldas y policías municipales. “La delincuencia intenta generar terror con supuestos mensajes, avisos de bomba y homicidios para frenar acciones en materia de seguridad”, interpreta el gobernante. La alternancia en Morelos no ha producido beneficio alguno en materia de seguridad. Igual o peores resultados en el gobierno perredista que cuando estaba el panista Marco Antonio Adame. No menos de 50 ejecuciones al mes, 24 feminicidios solamente en enero. Viejas estrategias presentadas como nuevas, tipo el Mando Único y la policía acreditable, ideas de Calderón aplicadas a destiempo en un gobierno supuestamente de izquierda. Cada fin de semana hay entre 6 y 10 asesinatos violentos. Cuernavaca sigue siendo “la ciudad de la eterna balacera”, como la bautizó la ironía popular hace años.
 

La Laguna.- En el cuento de nunca acabar, apenas en enero de 2013 fueron detenidos 158 policías de Lerdo y Gómez Palacio, en la Comarca Lagunera, por presunta pertenencia o protección al narco. Cruce de rutas de la droga, cercanía de dominios duranguenses de Joaquín “El Chapo” Guzmán, apetencia del Cartel de “Los Zetas” desde Coahuila y grupos de empresarios que aceptan extorsión y lavar dinero del tráfico de drogas, todo se combina para hacer de La Laguna uno de los puntos más conflictivos de la república. A eso se agrega que, en el pasado reciente, las policías federales contribuyeron a la descomposición social por su proclividad a la corrupción, que ya se había apoderado de las corporaciones locales, y se encimaron competencias de regiones y zonas militares para que soldados aposentados en Durango y Sinaloa fueran enviados a Coahuila. El caos reinante propicia la violencia, que contamina a Zacatecas, a Nuevo León, a Chihuahua. Si La Laguna no se compone, el país se pudre, concluye un experto.
Pero es más revelador el desplegado de página entera que pagaron autoridades de Ciudad Juárez y Chihuahua (asesoradas por el ex presidente colombiano Alvaro Uribe) este lunes 11 de febrero:
“Enero 2013, el mes con menos homicidios en Ciudad Juárez”, reza la propaganda, y presume que las ejecuciones bajaron 90 por ciento “en relación con el mes más alto, enero de 2011: un total de 26 ahora contra 269 de hace dos años”. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ubicó a Juárez como la urbe más violenta del mundo durante los años 2008, 2009 y 2010, pero ya está en el sitio 19, presume la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez.
Valiente consuelo propagandístico alentado por autoridades que recibieron en el sexenio anterior más de 3 mil millones de pesos para el programa “Todos somos Juárez”, gracias a ese cargo de conciencia de Felipe Calderón que había llamado delincuentes a los 18 jóvenes victimados en Villas de Salvárcar en enero de 2010. Los gobiernos priistas recibieron esos recursos millonarios y ahora vuelven a reclamar –no tienen llenadera, diría mi abuela-, por voz del gobernador César Duarte Jáquez:
“Estos resultados permiten solicitar el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, quien ha anunciado que la eficiencia debe ser incentivada por la administración federal”.

* Periodista coloborador de Excélsior, Proceso, El Financiero, entre otros medios.Especializado periodismo de investigaciónen los temas de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, Represión  Seguridad Nacionaly Crimen organizado