Advierten sobre presencia de compañías militares privadas para resguardar energía eléctrica: lease MERCENARIOS

Israel Rodríguez/LaJornada/México, DF La seguridad en las instalaciones privadas que, en territorio nacional, sean autorizadas para operar los servicios de producción y distribución de energía eléctrica así como los de extracción de hidrocarburos como resultado de la recientemente promulgada Reforma Energética, son algunos de los temas soslayados por el Gobierno Federal y los Legisladores del Congreso de la Unión, en la discusión de las leyes secundarias, aseguró Victoria Livia Unzueta Reyes, especialista en temas de seguridad nacional y asesora parlamentaria. 

En entrevista con este diario, advirtió sobre el peligro de la presencia de compañías militares privadas –catalogadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como mercenarios—compitiendo, a la par con el crimen organizado y con el Estado en el monopolio del ejercicio de la violencia. 

Unzueta Reyes, alertó que podríamos regresar a los tiempos de las guardias blancas, represoras y delincuentes, al servicio de las grandes compañías petroleras que tanto daño hicieron al país. 

La especialista estimó que los consorcios de seguridad privada militarizada que podrían, por cercanía y capacitación, resguardar estas instalaciones son empresas norteamericanas que han surgido del proceso de reducción del ejército norteamericano, como subcontratistas de las tareas de seguridad mundial. Han actuado en guerras como las de Irak, Afganistán y en el Congo.

"Es más, existe información relativa a que la empresa norteamericana SY Coleman Corporation ya brinda estos servicios a Pemex, a partir de julio de 2007, cuando se le encomendó la creación y operación de un centro de vigilancia aérea para monitorear instalaciones estratégicas, incluyendo las energéticas, según información de la propia compañía de seguridad”.

Recordó, que la seguridad institucional de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha visto comprometida en diversas ocasiones. Desde las explosiones ocurridas en la Torre de Pemex el 31 de enero de 2013, hasta el gravísimo problema que constituye la ordeña de ductos para el robo de combustibles. 

La situación actual que, en materia de seguridad, enfrenta la paraestatal y la situación que deberán enfrentar las empresas privadas que entren a competir en el sector se puede ejemplificar con las siguientes cifras: El robo de hidrocarburos, entre los años de 2000 y 2005, se mantuvo focalizado en ochenta municipios, sin embargo, a partir del 2006 –primero de la gestión de Felipe Calderón—se extendió hasta 233 municipios, situándose principalmente en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Coahuila y el Estado de México, entidades que concentran los mayores índices de violencia generada por el crimen organizado.

Pemex informó que las tomas clandestinas eran 213, en 2006, incrementándose mil 127 por ciento, para llegar a las 2 mil 614, en 2013, refirió.

El gasto que se destina en servicios de vigilancia y patrullaje realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) creció en 122 por ciento en términos reales, al pasar de 134 millones de pesos, en 2006 a 298 millones de pesos, en 2013. 

Adicionalmente , Pemex destinó, en 2013, 6 mil 330 millones de pesos para la reparación de los ductos y sus consecuencias. Adicionalmente, las pérdidas reportadas por el robo de hidrocarburos se situaron, en 2012, en los dos mil 300 millones de pesos y, entre enero y septiembre de 2013, superaron los 7 mil 605 millones de pesos. 

Victoria Livia Unzueta Reyes, ejemplificó el caso específico de la empresa Blackwater, que se ha conformado como una “guardia pretoriana de élite para la guerra global contra el terror, con su propia base militar, una flota de veinte aviones y veinte mil contratistas privados listos para entrar en acción” y que cuenta con un centro de entrenamiento “a unos quinientos metros de la primera de dos mallas metálicas que dividen a California de la ciudad mexicana de Tijuana”, debemos señalar que su actuación en la guerra de Irak ha sido por demás lamentable.

El que grupos de seguridad privada fuertemente armados y altamente entrenados en técnicas militares, como éstos, supone un grave riesgo para las débiles instituciones del Estado Mexicano que ya no detentaría el monopolio legítimo de la fuerza en nuestro territorio. 

Por lo anterior, en las leyes reglamentarias de la Reforma Energética, debe establecerse con claridad, la prohibición de la operación de las compañías militares privadas en territorio nacional y la implementación de un servicio federal de protección con la capacidad de prestar estos servicios a las compañías energéticas, u otorgar a la Sedena la facultad de establecer un registro de personal operativo, equipamiento e instalaciones de las compañías militares privadas con la posibilidad de supervisión efectiva y control de estos cuerpos junto con la responsabilidad solidaria de las compañías que los contraten respecto a las violaciones a los derechos humanos que sus efectivos cometan.