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martes, 22 de julio de 2014

Enterate lo que @senadores nos hicieron con la #ReformaEnergetica y #leyesSecundarias: Jaime Cárdenas/ @paz_eri

Actualmente se discute en el Congreso de la Unión la legislación secundaria en materia de Energía e hidrocarburos, a través de procedimientos “poco ortodoxos en su dictaminación”. En ella se deciden temas relevantes que, al parecer, terminarán redundando en beneficio y protección financiera y legal para las transnacionales. De ser así, el Estado mexicano asumirá los costos económicos, medioambientales y sociales que traiga consigo la exploración y explotación, así como  las siguientes etapas como lo son refinación, almacenamiento, transporte y comercialización.


Puntos clave de la Reforma Energética: Jaime Cárdenas
RevistaHashtag/Escrito por  Érika Paz / @paz_eri 
  • Empresas transnacionales solicitarán créditos a cualquier institución bancaria de potencias mundiales dejando en garantía los recursos del país.

  • Se engaña a la sociedad y a los empresarios mexicanos con el porcentaje de contenido nacional cuando los tratados internacionales firmados por México, el TLCAN, por ejemplo, lo prohíbe y está por encima de la Constitución.

  • Habrá enajenación y expropiación de tierras comunales, indígenas de usos social porque la reforma pondera la actividad energética por encima de cualquier otra.

  • Los ingresos fiscales que recibirá el Estado  mexicano serán por debajo de los que actualmente se obtienen por PEMEX y CFE, porque las transnacionales no pagarán la misma cantidad de impuestos debido a la protección de doble imposición.

  • Estas leyes no propiciarán la reducción de precios en la electricidad, el gas, la gasolina, turbosina o diesel, sino el incremento de los mismos por la cantidad de agentes económicos que intervendrán

  • Cuando haya un conflicto con las empresas, el gobierno mexicano no tendrá injerencia alguna sobre ellas, todo se resolverá en tribunales extranjeros.

  • Irregularidades en la legislación y dictaminación

Esta  legislación terminará  perjudicando a los mexicanos ya que las tierras de uso social (comunales, ejidatarias dedicadas a la agricultura a la ganadería o cualquier otro uso empresarial), serán concedidas a la inversión extranjera para la sustracción de recursos naturales, como el petróleo o el gas.

En entrevista el Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jaime Cárdenas Gracia, comenta que uno de los temas más importantes es que en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de PEMEX se omite la palabra impuesto, en el caso de la primera se habla de “términos fiscales” y en la segunda se les nombra dividendos estatales.

La Ley de Hidrocarburos

En esta ley se permite la posibilidad de contratos en todas las etapas, iniciando por la exploración y explotación. Si bien es cierto, en ella se establece la “ronda cero” donde “se le entregan a PEMEX ciertos pozos o yacimientos” prioritariamente, en caso de que PEMEX asegure no contar con los recursos materiales o con las capacidades técnicas para tal efecto, puede migrar  a ofrecer contratos en al menos el 40 por ciento de los yacimientos.

Así, desde la llamada ronda cero, las empresas transnacionales estarán habilitadas para explorar y explotar este 40 por ciento de los yacimientos mediante “los contratos de responsabilidad compartida -licencias- todo podrá ser contratable incluyendo los yacimientos que supuestamente están protegidos por la ronda cero para la exploración y explotación”, afirma el autor del libro Transición política y reforma constitucional en México.

Las etapas subsecuentes a la exploración y la explotación de hidrocarburos, como lo son la refinación, almacenamiento, transporte y comercialización, se regulan en dicha ley mediante “permisos, que a diferencia de los contratos, son de manera discrecional. El gobierno a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía es el que otorgará dichos permisos, mediante la discrecionalidad, lo que augura muchos sistemas de corrupción en el país”.

Esto en lo que respecta a los permisos para construir una refinería, obtener acceso a los distintos tipos de ductos (oleoductos, gasoductos) o almacenar, transportar y posteriormente comercializar los hidrocarburos.

Como si esto no fuera suficiente, en esta ley también se establece la figura de “Servidumbre Legal de Hidrocarburos”, mediante la que el Estado pondrá a disposición de las empresas todos los recursos legales e incluso penales para la adquisición de grandes o pequeñas extensiones de tierras. Las cuales incluso podrían ser expropiadas.

Dado que en la reforma constitucional, aprobada en el mes de diciembre de 2013, se “estableció en el artículo 8vo transitorio que la actividad energética es preponderante sobre cualquier otra actividad. Entonces el pueblo no podrá decir: mi actividad agrícola o ganadera o el asentamiento humano es superior. Nada tiene preponderancia sobre la actividad energética”, asegura el especialista en la Constitución.

Esta figura de Servidumbre Legal proviene del derecho civil, “existía desde el derecho Romano. Por ejemplo un propietario de un rancho o de un terreno puede soportar una servidumbre para que el propietario de otro terreno transite por el mismo, que es lo que se conoce como servidumbre de paso. Pero ésta no implica el apoderamiento o la ocupación total de tu propiedad”, explica.


En el caso de extensiones de tierras de uso social de 20 o 50 hectáreas, se buscará negociar, pero si no se llegara a acuerdo alguno con las empresas, el Estado intervendrá a favor de la actividad energética mas no de sus ciudadanos, ya sea para que las megapetroleras instalen una bodega, edifiquen refinerías, instalen zonas de distribución de  ductos para el resto del país y, por supuesto, exploren y exploten el gas y el petróleo.

Es conocido que miles de pueblos originarios e indígenas y mestizos actualmente enfrentan serios problemas de despojo. Hasta ahora han podido impedir –en la medida de lo posible–, por vías legales la enajenación de sus tierras por cumplimiento del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo vinculante que trata “específicamente de los derechos indígenas y tribales”.

Pero “hay que tener en cuenta que no hablamos de 50 hectáreas, sino de bloques de propiedad de terreno muy grandes, por ejemplo todo el norte del país, Coauhuila, Nuevo León, Tamaulipas, donde se supone existen reservas de gas shale, el gas de lutitas. Toda la costa de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco o Campeche que es zona de crudo, hasta ahí pueden llegar. Hasta zonas de asentamiento humano”, asevera el senador por el Partido del Trabajo.

Ley de la Industria Eléctrica.

En este paquete se implementa un modelo que ha fracasado en otros países como Estados Unidos,  específicamente en California, España o Inglaterra “que han probado este esquema. En estos casos se demuestra claramente cómo la desvertebración de la industria eléctrica produce aumento de costos y puede generar más desabasto, porque entre el que genera, el que transmite, el que distribuye o el que comercializa pueden existir conflictos por ser distintos proveedores o actores económicos”.

Los que defienden este modelo de desarticulación, tanto en el ámbito energético como en el eléctrico, son rebatidos por los “teóricos, los ingenieros que establecen que son industrias integradas, es decir que desde que tú exploras y extraes el petróleo o el gas hasta que lo vendes hay una cadena que debe estar controlada por una empresa. En el caso de la Electricidad se trata de un monopolio natural porque el que genera, debe ser después el que la distribuya, la transmita y la comercialice”, aclara Cárdenas Gracia.

En esta ley se dividen todas las etapas (generación, distribución transmisión, comercialización) y todas serán concesionadas a diferentes transnacionales, “es decir se desvertebra toda la industria eléctrica. Quienes defienden este modelo suponen que generará beneficios, habrá mayor competencia, se reducirán los precios de la electricidad, pero la experiencia comparada muestra lo contrario. Dado que hay muchos operadores económicos que participan”.

Hoy la industria eléctrica es vertebral,  integrada. Lo que se pretende esta Ley es reducir el margen de operación de la Comisión Federal de Electricidad CFE, así como de PEMEX “que tendrán que competir con las grandes empresas transnacionales de la electricidad, el gas o el petróleo”, reitera Jaime Cárdenas.

Con las leyes PEMEX y CFE, que actualmente se dictaminan en el Senado, se tiene el objeto de transformarlas en empresas productivas del Estado, lo que significa “que se regirán legalmente bajo la lógica del derecho privado, no del derecho público”, por lo que el especialista proyecta que “dentro de 10 años cuando veamos qué pasó en México daremos cuenta que PEMEX va a ser una empresa más que estará compitiendo con la Chevron, con la Shell, con la Exxon Mobile… O la CFE con Iberdrola o con cualquier empresa española o estadounidense que haya penetrado en el mercado nacional”.

“Esa es la finalidad, acotarlas y que su funcionamiento se rija por el derecho privado”, pero eso no es todo, pues procederán bajo un régimen especial según el cual “en materia de deuda no les aplicarán las reglas para las demás paraestatales u organismos públicos. Con la finalidad de que no haya licitaciones públicas, sino que los contratos se entregarán bajo una lógica empresarial que no es la lógica del Estado”.

Lo que no es un asunto menor, porque la lógica del Estado en términos de derecho debe salvaguardar el interés general, sin embargo esta legislación hará que como cualquier otra empresa compita “para maximizar su beneficio olvidando totalmente el interés público”.

La cereza del pastel es el “Régimen de excepción de responsabilidades”, “si los miembros del Consejo de Administración de PEMEX o de CFE toman determinadas decisiones –con ciertas formalidades– donde cometan alguna irregularidad -un error económico de millones de pesos o de dólares- no tendrán responsabilidad”.

De manera tal que serán los únicos funcionarios o empleados del país “que sean impunes en decisiones” que impliquen pérdidas millonarias.

PEMEX y CFE dejarán de aportar la mayor cantidad del presupuesto de la nación  

El propósito es que paulatinamente PEMEX y CFE dejen de abonar al fisco, “cuando son los principales contribuyentes, la idea es que en 10 años ya no lo sean y … ¿quién va aportar esos recursos fiscales al país?”, plantea Cárdenas y enseguida argumenta: “Solamente lo podemos entender a través de nuevos impuestos o a través de la idea de endeudamiento del país”.

Así es como se planean obtener los recursos perdidos, a partir del incremento de la deuda externa. Esto se verá con la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (en puerta para dictaminación), misma que estipula cuáles son los principales organismos encargados de las tareas de supervisión y relevancia tanto del mercado energético como de hidrocarburos. Se trata de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en materia de petróleo y gas, y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en electricidad.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como la Comisión Reguladora de Energía, “vigilarán” cómo actúan las empresas privadas extranjeras, incluidas también la CFE y PEMEX.

“La duda siempre es que ante la fuerza económica que tienen las transnacionales del petróleo y gas, cómo es posible que un órgano regulador mexicano vaya a ponerse por encima de éstas como autoridad. Se ve difícil que estos órganos reguladores logren poner en cintura a las grandes empresas transnacionales del mundo”, asegura.

Además, Cárdenas apunta que lo que se discute en la Cámara de Diputados es el aspecto fiscal de esta legislación secundaria. En él se establece que las empresas petroleras extranjeras no pagarán el mismo porcentaje del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que PEMEX, sino que será negociado “y lo que paguen de ISR serán cantidades menores, porque además son empresas protegidas por los Tratados Internacionales para evitar la doble imposición”.

Lo que significa que si se pagan impuestos en un país, siendo una empresa considerada nacional en el mismo o teniendo un domicilio fiscal en él,  cuando se realicen actividades económicas en otro lugar no se pagarán impuestos en el segundo país.

“Muchas empresas buscarán los recovecos, los elementos de los tratados para evitar la doble imposición y zafarse del pago de impuestos”, asevera el investigador.


La Ley de Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo  es una de las supuestas estrategias paliativas que se establecen en la iniciativa del Ejecutivo Federal, la cual supone un ahorro de la venta de hidrocarburos y electricidad para administrar recursos en el mediano o largo plazo y emplearlos en la construcción de infraestructuras, un modelo que, como puntualiza Cárdenas, fue imitado de Noruega.

“Pero en Noruega ese fondo no lo tocan, lo ahorran y es lo que le da una gran solidez a ese país, pero aquí en México ese fondo permitirá que no sólo no se guarde para las generaciones futuras, sino que se puede utilizar para el gasto corriente, para pagar la burocracia. Lo que hace que sea falso que sea un fondo para las generaciones venideras”, evidencia Cárdenas.

Porque las autoridades administradoras del fondo no son independientes ni autónomas, sino autoridades de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México.



Ley de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente

En ella se habla de los impactos medioambientales que generan todas las megapetroleras y energéticas, por lo que se plantea una ley que en consideración del doctor Jaime Cárdenas, es “muy débil, muy retórica. Se crea una agencia [Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medios Ambiente del Sector Hidrocarburos], que tendrá atribuciones en la materia, pero ésta no tiene ni las facultades ni las competencias, ni los mecanismos de sanción suficientes para inhabilitar a las empresas”.

Todos recordamos el caso de British Petroleum (BP, una de las megapetroleras que incursionará en México) con el incidente en el  pozo Macondo que provocó el derrame de 4.9 millones de barriles de crudo en el Golfo de México en 2010. En un escenario semejante donde “por accidente o por negligencia ocurra un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, ¿quién va a pagar eso? Las empresas extranjeras tendrán responsabilidades muy limitadas, si hasta los propios funcionarios están exentos de responsabilidades. Al final el Estado mexicano será quien asuma el costo de los daños ecológicos”.

Trampas legislativas, la estrategia del partido del gobierno

Para aprobar todo este proyecto energético el gobierno federal y el Congreso de la Unión dividieron la totalidad de la legislación secundaria en cuatro paquetes. “Algo muy poco ortodoxo. No se vota cada una de las partes, sino que hay una discusión en lo general y en lo particular. En cualquier parlamento del mundo después de la discusión se vota. Aquí no es así, porque hay un acuerdo político entre el PRI y el PAN [mayoría] para establecer la votación. Esa es la explicación”, afirma el académico.

El Partido Acción Nacional (PAN) negocia con la Secretaría de Energía y directamente en Los Pinos los términos de los dictámenes, “porque el PAN quiere una tajada en todo eso, por ejemplo un nombramiento de comisionado o de consejero en PEMEX y CFE, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y en la Reguladora de Energía. Se reparten el pastel: qué le toca a cada quién, qué puestos, qué cargo, qué reglas”.

El sector empresarial, tradicionalmente representado por el PAN, está interesado en cómo se renovarán las franquicias una vez que dejen de existir y PEMEX sea comercializada manifiesta, así se vigila que una parte sea para el sector nacional.

“Están en esa rebatiña viendo qué le corresponde a uno y a otro, por eso se acordó que la votación va a ser hasta el final que se discutan los cuatro paquetes acordados. Un procedimiento muy irregular desde mi punto de vista”, expresa el legislador de oposición.

 Sin seguir el reglamento interno del Senado, sin cumplirse la ley orgánica ni la Constitución, también se encuentra el tema de los tiempos. “El PAN ha quedado muy molesto con el PRI, porque no se han aprobado las reformas electorales de los estados, y  Acción Nacional amenaza con no darles el aval, hasta que se aprueben las leyes secundarias de las entidades”, manifiesta.

Por lo que es muy probable que esta legislación se apruebe hasta los meses de agosto o septiembre “si no se logran los acuerdos de PRI y el PAN, yo veo difícil que en este mes de julio se logre votar”.

En lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática (PRD), probablemente aceptará alguna de las leyes, como en el tema de medio ambiente, “no sabemos cuál va a ser la actitud del PRD”, se supondría que por razones electorales debería de ir en contra, ante el registro de MORENA, “si son inteligentes electoralmente para que la gente no los identifique como partido que negocia con el gobierno, pero no los sabemos”.

La legislación en términos políticos y constitucionales

Para el jurista, Jaime Cárdenas, “son reformas que van en contra de la historia de México, los cuales permiten los contratos, las concesiones que desnacionalizan PEMEX y la CFE. Acaba con los llamados monopolios de Estado. Acaba con la idea de industria integrada”.

Ya que “sepulta totalmente lo que ocurrió después de la expropiación petrolera que prohibió las concesiones en los años 60 para anular los contratos. Década en la que se nacionaliza la industria eléctrica”.

Se viola el artículo 2do, de la Constitución que establece el principio de Rectoría Económica del Estado. “¿Cómo lograr este principio con industrias totalmente desarticuladas, con tantos agentes económicos involucrados? ¿Cómo vas a satisfacer el desarrollo económico de la nación si se van a entregar parte de los beneficios a los extranjeros? Ese principio después de la reforma de Peña en diciembre, con la reforma al artículo 27, no se va a poder satisfacer si se entregará parte de los beneficios a los extranjeros”.

Los defensores de esta reforma auguran incremento en el empleo, pero “eso es falso, porque las empresas petroleras traen a sus ingenieros, a sus técnicos, a sus obreros especializados. El trabajo que se pueda generar va a ser escaso, puestos modestos y muy mal pagados: los señores que hacen la limpieza, los que cargan los fierros, las señoras que hacen la comida ese es el tipo de empleo que se va a producir. Empleo precario”.

Tampoco bajarán los precios de las gasolinas, el gas o la electricidad. “Otra gran mentira es la proveeduría nacional. Que en la Ley de hidrocarburos establece al menos el 25% de los insumos tienen que tener origen nacional; eso está muy bien, pero contradice los tratados internacionales”.

Como el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) que “prohíbe imponer contenidos nacionales porque vulneras el TLC en su artículo 1106. Está por encima de la ley secundaria de Hidrocarburos o de electricidad. Otro artículo es el 1110, que protege a la Inversión Privada, de tal suerte que no puedes afectarla fácilmente con una expropiación. Ello sí van a poder pedir expropiación”.

Otro tema relevante es el booking, un mecanismo por el que las transnacionales podrán solicitar créditos a la banca internacional “y por supuesto bursatilizar esos créditos, previsto en los artículos 45 y 46 del dictamen de la Ley de Hidrocarburos”. Una vez que las empresas extranjeras obtengan los contratos o permisos en México, pondrán en garantía –ante la “banca de Nueva York o la de Londres, cualquier institución de crédito internacional”–, las reservas nacionales.  “Lo que es violatorio de la Constitución porque van a dar en garantía algo que no es de ellos. Los recursos son de la Nación”.

Aún con la reforma del Ejecutivo Federal, se sigue estableciendo que los recursos son de la nación, sin embargo se “van a dar nuestros recursos para obtener esos créditos internacionales y además esos créditos serán parte de la deuda”, subraya Jaime Cárdenas. 

Además faltan los daños del FRACKING!
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 Prohibición de la Fractura Hidráulica

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