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| Peña-Azcarraga: Colusión foto Mario Vazquez |
Se cumplieron con creces los malos augurios que advertimos cuando publicamos en Procesoque desde enero de 2014 hubo un pacto entre el presidente Enrique Peña Nieto y Grupo Televisa.
El dictamen que finalmente hoy dieron a conocer las comisiones –que
nunca discutieron pública y abiertamente– es un ejemplo del peor modelo
de legislación para telecomunicaciones y radiodifusión.
La complejidad técnica y jurídica del tema no tiene por qué
ensombrecer el asunto fundamental: no se van a democratizar las
estructuras de los medios de comunicación, no habrá diversidad y
pluralidad de contenidos, no se combate a los monopolios, por el
contrario, se les fortalece, y en lugar de ser una ley convergente mantiene
por separada la posibilidad de que México entre a una legislación
moderna en materia de contenidos, de libertad de internet y de acceso de
la población a las nuevas tecnologías.
Son cinco ejes fundamentales que pueden explicar esta clara contrarreforma:
1.-Restringe derechos.- La reforma
constitucional del 2013 estableció claramente derechos nuevos como los
derechos de las audiencias –el máximo derecho es tener acceso a diversidad, pluralidad y calidad de
contenidos audiovisuales–, los derechos de los usuarios –evitar el uso y
abuso del monopolio telefónico-, los derechos de acceso a universal al
internet, y los derechos a los comunicadores comunitarios e indígenas.
Estos derechos se conculcan para privilegiar los intereses de los monopolios, pero sobre todo, el interés de Televisa y su socio TV Azteca en
su proyecto de expansión hacia la telefonía, de controlar más de 90%
del mercado de contenidos y de publicidad en televisión abierta y en
televisión restringida.
No habrá ninguna medida eficaz para frenar la expansión del negocio
de Grupo Televisa en televisión restringida. Mucho menos existirán
mecanismos eficaces para hacer respetar los derechos de las audiencias.
Y, por si fuera poco, la Secretaría de Gobernación mantendrá un control
nada velado sobre los contenidos, tanto de la televisión, como de la
radio y hasta de la televisión restringida.
2.-No hay autonomía del órgano regulador.- La
reforma constitucional se construyó con la idea de que la regulación de
este poderoso sector se hiciera desde un organismo autónomo a las
ambiciones de control político del gobierno federal y a las ambiciones
de “captura” y manipulación de los grandes monopolios.
Esta aspiración se tira por la borda. En los hechos, el papel del IFT
en este proceso de legislación secundaria ha sido vergonzoso, por
ponerle un adjetivo suave. Los comisionados y su comisionado presidente
prefirieron alienarse a los intereses de la “línea dura” gubernamental,
representada en esta negociación por el consejero jurídico de la
presidencia Humberto Castillejos, y con el gran cabildero de Televisa, el señor Javier Tejado Dondé.
Por si fuera poco, en la última versión del dictamen se permite, de
nuevo, la influencia de la SCT para “opinar” en materia de prórroga de
concesiones. De nuevo, el uso político de las concesiones. Y la
Secretaría de Gobernación mantiene 11 funciones.
A este IFT debilitado le quedarán las funciones más incómodas y
discrecionales como hacer los “lineamientos” para los defensores de
audiencia; estará subordinada a la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) –una institución pensada para otro tipo de servicios– en
materia de derechos de los usuarios; y sus atribuciones quedarán
envueltas en esta demostración de presidencialismo faccioso que se
impondrá en el Senado de la República.
3.-No es una legislación convergente.- Tampoco
se avanza hacia una legislación que garantice condiciones de equidad y
de competencia en el proceso de convergencia entre los medios
audiovisuales (televisión abierta, televisión restringida) y los de
telecomunicaciones (internet, telefonía fija, telefonía móvil) y la
posibilidad de que los medios públicos puedan acceder a esta
convergencia.
La ley secundaria mira al pasado para prevalecer los privilegios políticos, económicos y de facto
de la única empresa que ha sido inalterada en sus intereses durante la
fallida “transición” o “alternancia” a la democracia: Grupo Televisa.
El gobierno federal y el Congreso harán el ridículo internacional al
aprobar una ley caduca, facciosa, beneficiaria sólo a los intereses
preponderantes. La promesa de que México, “ahora sí”, entraría a la
sociedad de la información y pondría límites a los monopolios quedará
como pura demagogia.
4.-Discriminación y censura.- Lo peor de la
última versión de este dictamen de telecomunicaciones es que cierra
toda posibilidad a que los medios comunitarios e indígenas se vuelvan
alternativas viables. No habrá una reserva del espectro digna. No habrán
condiciones de competencia. Se les restringe a un radio de
transmisiones de 20 watts de potencia y torres de 30 metros máximo.
En otras palabras, cualquier radio religiosa o parroquial tendrá
más potencia. A las emisoras dependientes de las universidades se les
restringirán los recursos. Los medios públicos no serán tales sino
extensiones de las oficinas del gobierno federal o de los gobernadores.
Todo esto alentará la doble censura: por un lado, la que impondrán el modelo de monopolio de la opinión pública (sólo Televisa y TV Azteca podrán ofrecer sus contenidos en todas las plataformas posibles) y, por otro, la que ejercerá el gobierno federal.
Imaginemos a una cobertura informativa donde todos naden sincronizadamente para criminalizar al doctor Mireles –como está sucediendo ahora- e imponer una comunicación facciosa.
En el internet son muy vagos los avances. Ciertamente cambiaron los
artículos más represores del capítulo de “Colaboración con la Justicia”,
pero se mantiene esta posibilidad de que las autoridades ministeriales
violen la privacidad de las comunicaciones en internet.
5.-Se impone el plan de negocios de Televisa.- No
hay vuelta de hoja en esta ruta: la ley secundaria no frenará la
creciente concentración en televisión de paga. Al contrario, la
alentará, porque así está decidido desde junio del año pasado en el
“plan de negocios” de Grupo Televisa.
Y si es posible, se prolongará lo más que se pueda la licitación de
las dos cadenas de televisión abierta digital. De todas maneras, ambas
cadenas llegarían, a lo máximo, a cubrir 16% del mercado en cinco años.
Mientras tanto, Televisa podrá mantener su 70% de dominio en
televisión abierta y crecer más en su dominio de la publicidad, de los
contenidos, de adquirir más empresas de televisión de paga (sólo quedará
como “competencia” relativa un consorcio como Megacable, en televisión
por cable; y Grupo Dish, en televisión vía satelital, con múltiples
barreras de entrada).
Bienvenidos a un sexenio más de Televisa con el Grupo Atlacomulco como principal cliente y defensor.
Twitter: @JenaroVillamil
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