COMUNICADO SOBRE AMENAZAS A INTEGRANTE DE NUESTRA ASOCIACIÓN, EL TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO

Al Pueblo de México

Al Pueblo de Guerrero

A la opinión pública

Alertamos a la opinión pública y a nuestros amigos y colaboradores que el día de ayer 28 de marzo del año en curso, siendo las 12:13 del día recibimos una llamada al teléfono de nuestra oficina, de una persona del sexo masculino, identificándose como Marcos Torres de la CTM, del número 7471350172, solicitando hablar con el C. Javier Monroy y preguntando si seguía siendo el presidente de nuestra asociación, lo cual no nos pareció extraño pues por la forma en que se dirigió y pregunto por el compañero nos pareció normal.  

Al contestar el compañero Javier, dicha persona le comento que se encontraba en el Ayuntamiento y que si la dirección donde nos encontrábamos seguía siendo la misma, porque quería platicar con él para comentarle algunos pormenores del motivo de su llamada y que las siglas de CTM correspondían a los Caballeros Templarios de Michoacán, que traía un encargo y que él sabia como se mueve con la gente de su “organización” y quería saber cómo querían que lo trataran si como amigo o enemigo.

Obviamente que el compañero Javier se negó a continuar la conversación ante lo cual recibió diversas amenazas.

Pudiera parecer un intento de extorsión más de las muchas que padecemos los ciudadanos, sin embargo, nos extraña que seamos víctimas de hostigamientos en períodos en los que nos encontramos realizando actividades en favor de las víctimas de la violencia social, pues recientemente realizamos un evento para recordar a nuestro compañero Jorge Gabriel Cerón Silva a 9 años de su desaparición y a nivel nacional nos encontramos participando en el proceso de elaboración de una Ley sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares para el reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas de estos delitos y de sus familiares.

Además cabe recordar que este hecho de hostigamiento no es el primero que ocurre hacia miembros de nuestra Asociación, pues, a partir de que constituimos el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, se dieron una serie de amenazas para que dejáramos de buscar verdad y justicia para nuestras víctimas.

A finales del año 2009 se iniciaron las amenazas y hostigamientos en nuestra contra, lo cual nos llevó a tomar la determinación de interponer una denuncia ante el ministerio público radicada bajo el número DGCAP/1141/2009, recibiendo como respuesta de la Procuraduría de Justicia del Estado, en voz de su entonces titular, “no se preocupen, si quisieran hacerles algo, ya se los hubieran hecho”. Como resultado de esa minimización y omisión por parte de las autoridades, nunca se investigaron los hechos, ni se nos proporcionó información sobre el estado de la denuncia, a pesar de haberla solicitado oficialmente en varias ocasiones, hasta que en el año del 2015 y solo por la intervención de la CODEHUM, de manera indolente se nos dio a conocer que la denuncia ya había prescrito, colocándonos así en un estado de indefensión y riesgo que hasta la fecha prevalece.

En febrero del 2011 fuimos desalojados con violencia del Módulo de Información, Cultura y, Denuncia que teníamos instalado en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac y de lo cual están las recomendaciones de la 066/2011 de la CODEHUM y la 084/2012 de la CNDH, que hasta la fecha no se han cumplido; en el mes de agosto del mismo año nuevamente fuimos amenazados por supuestos integrantes del crimen organizado que “solicitaban cuota” para poder brindar seguridad a la labor que realizamos como resultado del desalojo y en caso de negarnos se llevarían “al jefe y al personal”.

Esta situación de hostigamiento se reactivó en el año 2012 y se mantuvo de manera constante hasta mediados del 2013 cuando fuimos retenidos en una localidad de la Costa Grande y trasladados a una entrevista no deseada con gente extraña y en un lugar apartado, relacionada con nuestras actividades de defensa de los derechos humanos en aquella región.

Nuevamente en el año 2014 alertamos de amenazas veladas de represión, cuando a principios de ese año el periódico Milenio, en una tendenciosa nota del periodista Pascal Beltrán del Río, seguramente pagada por el gobierno en turno, difamó al Coordinador de nuestra Asociación, Javier Monroy, de ser “cabeza de una célula guerrillera en Chilpancingo”.

Posteriormente en el mes de julio del mismo año de manera extraña fuimos agredidos y asaltados en un raro operativo en la Costa; posteriormente el 28 de noviembre del 2014, amaneció en el parabrisas de nuestro vehículo, un mensaje anónimo escrito en un sucio pedazo de cartón, donde nos advertían que por cada marino, militar o policía que cayera derivado de las movilizaciones por verdad y justicia para ayotzinapa, se acortaría un año de vida del compañero Javier y que además nos tenían vigilados.

Es por eso que hoy hacemos de su conocimiento lo sucedido el día de ayer, pues desconocemos el origen de estas amenazas y dado que no es la primera vez, responsabilizamos a las autoridades de la integridad física y moral de nuestro compañero Javier Monroy y demás integrantes de nuestra Asociación, pues desconocemos si son los responsables directos o son omisos y encubren a quienes nos amenazan e intimidan.

Nos preocupa además porque en diversas ocasiones hemos advertido públicamente a las autoridades de violaciones graves de derechos humanos y situaciones de riesgo de ciudadanos y comunidades que se han asumido de manera indolente e irresponsable y han derivado en hechos violentos y tragedias, como fue el caso del asesinato del campesino ecologista Javier Torres Cruz, solo por mencionar uno de tantos casos.

Por lo anterior solicitamos la solidaridad del Pueblo de Guerrero, la intervención de las instituciones de derechos humanos y de las autoridades correspondientes para que se nos otorguen las garantías necesarias y podamos seguir realizando nuestro trabajo de apoyo, orientación, asesoría y acompañamiento de las víctimas de la violencia social y de desarrollo comunitario en la entidad.

Chilpancingo, Guerrero, a 29 de marzo del 2016