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martes, 18 de julio de 2017

Comunicado del PDPR - EPR

AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

A diez años de la desaparición forzada de nuestros camaradas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya más evidencias confirman que este crimen de lesa humanidad fue perpetrado por el Estado mexicano a través de su aparato represivo, múltiples son las pruebas que dan cuenta de este crimen perpetrado el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

La participación directa de agentes del Estado en la detención desaparición forzada de nuestros compañeros, al igual que en los cientos de miles de víctimas que existen en el país es regla, por ser política de Estado.

Son diez años de impunidad en donde por todos los medios e instituciones al servicio del Estado mexicano se ha tratado de ocultar este crimen; de acallar las voces que exigen justicia con infinidad de medidas represivas y actos de terrorismo de Estado; de obstrucción institucional para evitar que se desenmascare a los responsables de este crimen de lesa humanidad, sin embargo, la realidad se impone, hoy está demostrado que fue el Estado mexicano quien desapareció de manera forzada por motivos políticos a nuestros militantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Los responsables directos son Felipe de Jesús Calderón Hinojosa jefe supremo de las Fuerzas Armadas del 2006 al 2012, Ulises Ruíz Ortiz Gobernador del Estado de Oaxaca y jefe de los grupos policíacos y parapolicíacos que operaron bajo su mandato, así como todos aquellos quienes personificaron la cadena de mando de las diferentes estructuras policíacas y militares.

El actual ejecutivo federal es copartícipe de este crimen por continuar la política dilatoria y burocrática con la que se garantiza impunidad a los responsables materiales e intelectuales; por seguir instrumentando medidas dictatoriales que se proponen anular resoluciones de instancias de procuración de justicia y revictimizar a los familiares de los desaparecidos, lo cual comprueba una vez más que en México la desaparición forzada por motivos políticos o sociales es política de Estado que se aplica de manera transexenal.

Los múltiples actos de represión, los cientos de miles de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas a lo largo y ancho de todo el país develan que: en México el terrorismo de Estado va en ascenso; es el proceder y práctica de los cuerpos represivos; la cúpula militar aparte de ser responsable es mentirosa y criminal; la detención-desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales las cometen los agentes del Estado, prácticas inhumanas y crímenes de lesa humanidad que independientemente de quien las perpetre es con la aquiescencia del Estado.

A diez años de la detención-desaparición forzada de nuestros camaradas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya reiteramos nuestra exigencia de su presentación con vida y en libertad, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad. Gabriel y Edmundo son revolucionarios, hijos del pueblo, que aún en las mazmorras del aparato represivo y la tortura física y psicológica mantienen en alto la causa de la emancipación popular.

También en diez años ha sido generosa la solidaridad del pueblo mexicano al hacer suyas las banderas de la presentación con vida de los desaparecidos de ayer y hoy, a pesar de la dictadura de opinión, la represión y el constante hostigamiento. Nuestro sincero agradecimiento a quienes han brindado la solidaridad a los familiares de nuestros compañeros y aquellos que han coadyuvado en pro de la verdad y justicia para el caso de estos dos revolucionarios.

Son cientos de miles las víctimas del terrorismo de Estado, sin embargo, los propósitos de tal política criminal no se han consumado, hoy a lo largo y ancho del país la protesta popular en la exigencia de la presentación de sus seres queridos no cesa, resuena por doquier.

Hasta ahora los esfuerzos por la justicia y la verdad son dispersos, cada cual clama justicia por sus víctimas a pesar de que los responsables tienen una misma matriz, el Estado y su aparato represivo, quien aplica el terror al pueblo como forma de gobernar, realidad que exige marchar en unidad.

Si las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, la solidaridad entre hermanos de clase debe ser incondicional, punto de partida para poder arribar a la unidad que es fundamental para hacer frente a la violencia institucional que impone la junta administrativa a petición de la oligarquía.

Si el terrorismo de Estado es un cáncer que aqueja a todo el pueblo, debe ser erradicado de raíz con la combinación de todas las formas de lucha, con el desarrollo de combate y resistencia popular. A mayor violencia institucional mayor dinamismo con creatividad en la autodefensa popular.

Si la justicia es negada por las instituciones burguesas, el pueblo y sus organizaciones tienen el inalienable derecho de procurarla y ejercerla por todos los medios y formas que él disponga, porque crímenes como estos atentan contra la humanidad.

No olvidamos ni cejamos en nuestra exigencia y motivos de lucha, desde la trinchera de la lucha armada revolucionaria el PDPR-EPR seguiremos desplegando iniciativa y fuerzas por la presentación con vida y en libertad de nuestros camaradas, por todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy, por las causas populares, la emancipación total de los oprimidos y explotados para garantizar el futuro de la humanidad con el socialismo.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR

Año 53.

República mexicana, a 25 de mayo de 2017.

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