Comunicado del PDPR-EPR

 

AL PUEBLO DE MÉXICO

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

 

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

 

La desaparición forzada de personas en México es aún práctica recurrente a pesar de la promesa y discurso presidencial; tres años del actual gobierno y el fenómeno registra día a día nuevas víctimas.

Como en el pasado, desde el gobierno se pretende diluir la responsabilidad en la supuesta delincuencia; para los familiares de las víctimas de este flagelo no hay justicia y se les niega el acceso a la verdad.

El 25 de mayo de 2007 fueron detenidos desaparecidos nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya en la Cd. de Oaxaca, Oaxaca, desde esa fecha han transcurrido 14 años de injusticia, impunidad, dilación y de ignominia, tiempo durante el cual las desapariciones forzadas en México se cifran en cientos de miles.

Catorce años han transcurrido con administraciones distintas, con el denominador común de asumir la misma política de gobierno en torno a la desaparición forzada de personas por motivos políticos o sociales; ambas, por comisión u omisión son responsables al darle continuidad a la política de gobierno que ejerce violencia contra el pueblo.

En el caso de nuestros camaradas, Gabriel y Edmundo, se comprobó que el autor material e intelectual es el Estado mexicano a través de sus agentes y el aparato policíaco militar; las instituciones, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son parte del entramado para impedir que se haga justicia y se conozca la verdad, así como el paradero de nuestros militantes.

El actuar de la SCJN, como el máximo representante del poder judicial, respecto al caso de nuestros compañeros denota el carácter de clase por el que se conduce, es decir, le da vida al estado de derecho oligárquico; al aplazar de manera indefinida asumir una posición sobre el caso actúa como ente político, en los hechos se traduce en protectora del Estado mexicano y las estructuras criminales que se encargan de planificar y ejecutar los crímenes de lesa humanidad.

Mientras los poderes del Estado mexicano se consumen en las diatribas político electorales, las víctimas del terrorismo de Estado continúan sometidas al desgate, la revictimización y en la indiferencia tanto del poder Judicial como del Ejecutivo; para la maquinaria político electoral de la democracia burguesa todos los recursos y atención de Estado, mientras que para las víctimas de desaparición forzada desdén y apatía.

La omisión es corresponsabilidad en la comisión de un crimen de lesa humanidad, la SCJN ha sido omisa en garantizar justicia y verdad a las víctimas de la violencia de Estado; el Ejecutivo federal también incurre en dicha responsabilidad por guardar silencio, ser omiso ante el clamor popular de la presentación de los detenidos desaparecidos, e incluso, con la agravante de negar públicamente la existencia de la desaparición forzada en nuestro país.

La desaparición forzada de personas en México y la violencia de Estado que azota al país tiene explicación en el origen criminal del Estado mexicano, éste fue construido sobre cimientos de la traición, el asesinato político, la demagogia, el robo; su origen está en el pasado violento, traidor, oportunista y de clase de los Madero, los Carranza, los Obregón... amparados en el constitucionalismo burgués para imponer sus intereses de clase.

¡Basta de simulación institucional! ¡Basta de maniobras jurídicas! El pueblo exige justicia y verdad; las víctimas exigen juicio y castigo a los criminales de Estado; ¡PERDÓN, NUNCA! ¡OLVIDO, JAMÁS!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

Año 57

República mexicana, a 25 de mayo de 2021