Las luchas
Javier González Garza
13 de diciembre de 2008
Este año, en términos legislativos produjo una cantidad grande de cambios. Sin embargo, se puede caracterizar por dos particularidades.
En primer lugar la lucha política y legislativa sobre la llamada reforma energética, y en segundo el gran pendiente: la falta de preparación del Estado mexicano para enfrentar el desafío de la crisis económica global.
Al inicio del periodo legislativo de febrero flotaba en el ambiente la posibilidad de una reforma energética. Nadie la asumía ni la aceptaba, incluso nos acusaban de ver fantasmas. El 24 de febrero advertimos de las pretensiones del gobierno y nuestra determinación de enfrentar cualquier proyecto privatizador. Ahí, frente a miles de hombres y mujeres, denunciamos las corruptelas y los contratos que con Pemex han tenido funcionarios del círculo íntimo de Calderón.
Aunque todavía no había una propuesta legislativa concreta, estaban ya los spots del tristemente célebre "Tesoro Escondido", y se afirmaba mediante un diagnóstico falaz que Pemex no tenía recursos técnicos ni económicos para realizar ese proyecto. Fue hasta abril cuando Calderón reveló su proyecto privatizador. Pedía aprobarlo ese mismo mes.
La respuesta a ello fue una acción legislativa genuina, la toma de tribunas del Congreso. Ello permitió informar a los ciudadanos del país sobre el tema. Hubo movilizaciones masivas de resistencia civil pacífica, organizadas por el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, con lo que se logró el desarrollo de un debate nacional que duró 72 días, hecho nunca visto en la historia legislativa del país. Se enfrentaron ahí dos proyectos contrapuestos, el que alentaba la inversión privada y el que veía a Pemex como una palanca de desarrollo del país. Ese debate lo ganamos con argumentos, razones y posiciones políticas claras.
La mayoría de la sociedad, al estar ya informada, rechazó la privatización. Fue entonces que se posibilitó la otra lucha, en el Legislativo, para llegar a una reforma de Pemex donde se eliminaron los elementos privatizadores, además de dotar de autonomía técnica, presupuestal y de gestión a nuestra empresa más importante. Sin duda hubo aspectos en los que no coincidimos y hasta el último momento hubo intentos de introducir elementos privatizadores.
La posición legislativa y el actuar político se robustecieron con la movilización social y viceversa.
Ésta es la tesis central con la que abordamos la segunda particularidad del año legislativo. El gran pendiente en el país es una política económica contracíclica para enfrentar la crisis económica global.
Para enfrentar el gran desafío de la crisis y defender al pueblo de México es necesario nuevamente articular la movilización popular y la acción legislativa.
Nuestra propuesta a este respecto fue destinar 500 mil millones de pesos para invertir en infraestructura y asegurar fuentes de empleo; disminuir salarios y canonjías de altos funcionarios de los tres poderes; además de acordar un 1 por ciento del PIB de déficit presupuestal el año entrante y dedicarlo al combate de los efectos de la crisis sobre las clases populares.
Hay varias acciones inmediatas que se deben tomar: el gasto del gobierno debe ejercerse sin demoras o pretextos, desde el principio del año; debe concretarse la disminución del precio de las gasolinas y el gas; deben implementarse programas emergentes de empleo, canalizar créditos y promover a las pequeñas y medianas empresas existentes a través de Nacional Financiera. Debemos asumir también una política cambiaria que aliente la producción interna y la exportadora.
Es imperativo destinar fondos para las cosechas en el campo y disponer una política de subsidios e inversión de largo plazo en este sector, garantizando el consumo básico y la soberanía alimentaria del país, al tiempo que se aliente la producción de excedentes para comercio.
Deben implantarse programas de desayunos escolares en todas las escuelas y abrir los hospitales a todos, sin distinción.
La educación es nuestra principal apuesta, es la garantía contra la pobreza, es nuestra opción preferencial en gasto social e inversión, es, por decirlo simple, la mejor herramienta para el futuro. Hemos avanzado en uno de nuestros objetivos centrales, la obligatoriedad del Estado de impartir educación media superior, ahora debemos garantizar condiciones para ejercer ese derecho, debe universalizarse el programa de becas para la educación superior y media superior.
Las leyes, además de expresar una correlación de fuerzas, deben tener legitimidad frente al pueblo, la ley debe poderse obedecer por convicción y proteger al pueblo para hacernos una mejor sociedad. Pero las leyes expresan también luchas, y el derecho presupone un pueblo dispuesto a luchar por ellos. La historia de este país y el devenir legislativo nos muestran que la lucha legítima, la movilización social de las mayorías fortalecen el Estado de derecho y no lo debilitan. La legislación y los derechos son fruto de las luchas populares. Frente a esta gran crisis debemos hacerlo consciente.
Fuente : Grupo Reforma
Javier González Garza
13 de diciembre de 2008
Este año, en términos legislativos produjo una cantidad grande de cambios. Sin embargo, se puede caracterizar por dos particularidades.
En primer lugar la lucha política y legislativa sobre la llamada reforma energética, y en segundo el gran pendiente: la falta de preparación del Estado mexicano para enfrentar el desafío de la crisis económica global.
Al inicio del periodo legislativo de febrero flotaba en el ambiente la posibilidad de una reforma energética. Nadie la asumía ni la aceptaba, incluso nos acusaban de ver fantasmas. El 24 de febrero advertimos de las pretensiones del gobierno y nuestra determinación de enfrentar cualquier proyecto privatizador. Ahí, frente a miles de hombres y mujeres, denunciamos las corruptelas y los contratos que con Pemex han tenido funcionarios del círculo íntimo de Calderón.
Aunque todavía no había una propuesta legislativa concreta, estaban ya los spots del tristemente célebre "Tesoro Escondido", y se afirmaba mediante un diagnóstico falaz que Pemex no tenía recursos técnicos ni económicos para realizar ese proyecto. Fue hasta abril cuando Calderón reveló su proyecto privatizador. Pedía aprobarlo ese mismo mes.
La respuesta a ello fue una acción legislativa genuina, la toma de tribunas del Congreso. Ello permitió informar a los ciudadanos del país sobre el tema. Hubo movilizaciones masivas de resistencia civil pacífica, organizadas por el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, con lo que se logró el desarrollo de un debate nacional que duró 72 días, hecho nunca visto en la historia legislativa del país. Se enfrentaron ahí dos proyectos contrapuestos, el que alentaba la inversión privada y el que veía a Pemex como una palanca de desarrollo del país. Ese debate lo ganamos con argumentos, razones y posiciones políticas claras.
La mayoría de la sociedad, al estar ya informada, rechazó la privatización. Fue entonces que se posibilitó la otra lucha, en el Legislativo, para llegar a una reforma de Pemex donde se eliminaron los elementos privatizadores, además de dotar de autonomía técnica, presupuestal y de gestión a nuestra empresa más importante. Sin duda hubo aspectos en los que no coincidimos y hasta el último momento hubo intentos de introducir elementos privatizadores.
La posición legislativa y el actuar político se robustecieron con la movilización social y viceversa.
Ésta es la tesis central con la que abordamos la segunda particularidad del año legislativo. El gran pendiente en el país es una política económica contracíclica para enfrentar la crisis económica global.
Para enfrentar el gran desafío de la crisis y defender al pueblo de México es necesario nuevamente articular la movilización popular y la acción legislativa.
Nuestra propuesta a este respecto fue destinar 500 mil millones de pesos para invertir en infraestructura y asegurar fuentes de empleo; disminuir salarios y canonjías de altos funcionarios de los tres poderes; además de acordar un 1 por ciento del PIB de déficit presupuestal el año entrante y dedicarlo al combate de los efectos de la crisis sobre las clases populares.
Hay varias acciones inmediatas que se deben tomar: el gasto del gobierno debe ejercerse sin demoras o pretextos, desde el principio del año; debe concretarse la disminución del precio de las gasolinas y el gas; deben implementarse programas emergentes de empleo, canalizar créditos y promover a las pequeñas y medianas empresas existentes a través de Nacional Financiera. Debemos asumir también una política cambiaria que aliente la producción interna y la exportadora.
Es imperativo destinar fondos para las cosechas en el campo y disponer una política de subsidios e inversión de largo plazo en este sector, garantizando el consumo básico y la soberanía alimentaria del país, al tiempo que se aliente la producción de excedentes para comercio.
Deben implantarse programas de desayunos escolares en todas las escuelas y abrir los hospitales a todos, sin distinción.
La educación es nuestra principal apuesta, es la garantía contra la pobreza, es nuestra opción preferencial en gasto social e inversión, es, por decirlo simple, la mejor herramienta para el futuro. Hemos avanzado en uno de nuestros objetivos centrales, la obligatoriedad del Estado de impartir educación media superior, ahora debemos garantizar condiciones para ejercer ese derecho, debe universalizarse el programa de becas para la educación superior y media superior.
Las leyes, además de expresar una correlación de fuerzas, deben tener legitimidad frente al pueblo, la ley debe poderse obedecer por convicción y proteger al pueblo para hacernos una mejor sociedad. Pero las leyes expresan también luchas, y el derecho presupone un pueblo dispuesto a luchar por ellos. La historia de este país y el devenir legislativo nos muestran que la lucha legítima, la movilización social de las mayorías fortalecen el Estado de derecho y no lo debilitan. La legislación y los derechos son fruto de las luchas populares. Frente a esta gran crisis debemos hacerlo consciente.
Fuente : Grupo Reforma
