Gloria Leticia Díaz / Agencia Proceso
Ciudad de México
La dirigente indígena y defensora de derechos humanos, Obtilia Eugenio Manuel, vive en zozobra permanente, pues “nomás estoy esperando a qué hora van a venir por mí”.
Obtilia, una de las 107 personas beneficiadas por las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al Estado mexicano, debió dejar su comunidad en Ayutla, Guerrero, después de amenazas contra ella y su esposo, Cuauhtémoc Ramírez.
El acoso contra ambos dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) se incrementó luego de los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), que fueron detenidos por hombres armados que dijeron que son policías, el 13 de febrero, y una semana después la Policía Investigadora Ministerial localizó sus cuerpos enterrados en un paraje apartado del municipio de Tecoanapa.
En entrevista durante la presentación del informe anual de Amnistía Internacional (AI), en la ciudad de México este jueves 28 de mayo, la dirigente indígena cuenta que desde que salió de su comunidad vive “muy preocupada y desesperada; no puedo dormir pensando en que estamos luchando por un cambio en mi pueblo y el gobierno nos hace daño, no quiere que hablemos”.
Este jueves, el director ejecutivo de Amnistía Intenacional-México, Alberto Herrera Aragón, presentó el análisis correspondiente a este país, que forma parte del Informe Mundial Anual 2009. Ahí, el directivo de la prestigiosa organización afirmó que los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y del preso político en Ayutla integrante de la OPIM, Raúl Hernández, son ejemplos de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en México.
Obtilia Eugenio Manuel prevé que en la conmemoración de la matanza de once campesinos en El Charco, el 7 de junio, OPIM y OFPM “nuevamente se van a juntar en una sola organización, porque tenemos que estar juntos para buscar justicia”.
Convencida que en México “no va a haber justicia” para la estela de crímenes que ha dejado la lucha que emprendieron los pueblos indígenas en Guerrero, Obtilia asegura que a pesar del hostigamiento del que ha sido objeto, no va a cejar en denunciar los abusos contra su comunidad.
“Sé que después de hablar acá en México, va a haber quién avise y quieran venir a buscarme para matarme, pero no me voy a callar. Ellos (los que la han amenazado) quieren cansarme, que deje de hablar y de denunciar. Quizá me dejarán loca, pero yo no dejaré mi lucha”, dice Obtilia.
En su discurso, la joven indígena recordó que desde 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares al Estado mexicano por las constantes amenazas que ha sufrido por defender a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, de quienes ha sido traductora en su largo litigio en contra de elementos del Ejército mexicano, quienes las agredieron sexualmente en 2002.
A pesar que identificó plenamente a quienes la amenazaron de muerte y los denunció, dice en entrevista que “nunca hubo interés” de parte de las autoridades judiciales para atender su caso.
Sostiene que sus agresores, Alfonso Morales y Onésimo Rendón, fueron vistos días antes de los crímenes de Raúl Lucas y Manuel Ponce y después de sus asesinatos la siguieron en una camioneta, a pesar que sobre ellos hay una orden de presentación.
Por eso, agrega, “nunca va a haber justicia” para los indígenas que deciden alzar la voz y organizarse.
“Estoy segura porque lo he vivido. ¿Cuántos años han pasado después de la matanza de once indígenas en El Charco (1998) y de las violaciones a las mujeres (2002)? Lo único que ha pasado es que nos han mandado al Ejército a robarnos nuestras cosechas y a meterse a nuestras casas”, denuncia Obtilia.
No obstante, considera un logro de la OPIM y su comunidad el que la Coidh analice el caso de Inés y Valentina después que el gobierno de Felipe Calderón desdeñara las recomendaciones de la CIDH.
“Es un logro para mí, la comunidad y la organización, ahí ya se va a ver, porque es a un nivel internacional, que en México no hay justicia; si la Corte toma el caso, es porque encontraron elementos de que sí hubo violaciones a las mujeres”, agregó.
“Aquí dijeron que no porque se fue a la justicia militar, y quienes cometieron el delito fueron los mismos del gobierno”, acusa.
Acompañada por integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz, Obtilia insiste en que su única esperanza de justicia está en el plano internacional, sobre todo para poner en evidencia las agresiones de militares hacia mujeres indígenas.
“Lo vi cuando era niña, varias mujeres fueron violadas por el Ejército, pero no denunciaban porque tenían miedo, pero ahora se va a saber, por eso es un logro para la gente del pueblo”, que el caso de Inés y Valentina se litigue en la Corte Interamericana.
Después de ser felicitada por asistentes a la presentación del informe de Amnistía, Obtilia se retiró como llegó, en sigilo y resguardada por sus acompañantes de las Brigadas de Paz.
“Me han quitado la confianza en la gente, a nadie le digo dónde voy, siempre estoy volteando para todos lados, esperando la hora en que vengan por mí. Pero no me van callar, voy a seguir denunciando las injusticias contra mi pueblo”, concluye Obtilia.