Luis Javier Garrido
La Jornada
El fracaso estrepitoso de la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón está movilizando a amplios sectores del país para lograr un cambio radical de la estrategia oficial en materia de seguridad nacional.
1. La escalada de la violencia en el cuarto año de la experiencia gubernamental de Felipe Calderón ha colmado a los mexicanos, pero en particular a los sectores empresariales, nacionales y extranjeros, que en 2006 respaldaron la estrategia que desde Washington se impuso al nuevo gobierno panista –en el marco de la crisis de ilegitimidad en la que asumió ilegalmente el poder–, asumiendo entonces la tesis absurda de que con las fuerzas armadas imponiendo el orden y amedrentando a los mexicanos florecerían los negocios.
2. La evaluación que se está haciendo en todos los sectores del fracaso de las políticas de seguridad nacional de Felipe Calderón, y en particular en los círculos del capital privado, está constituyendo una condena absoluta al gobierno panista de ultraderecha, que es visto como un lastre para el país y también para sus intereses, por lo que se sostiene cada vez más la tesis de que es imprescindible rectificar las actuales políticas de seguridad nacional e impedir a toda costa que los panistas sigan en el gobierno en 2012.
3. El baño de sangre al que Calderón y sus colaboradores han llevado al país es calificado cada vez más como una responsabilidad suya, por lo que muchos no dudan ya en calificarlos como un gobierno genocida, lo que ellos están confirmando con sus actos. Tras las últimas matanzas del 22 en Ciudad Juárez (14 muertos, todos jóvenes), del 23 en Tijuana (13 muertos), del 27 en Tepic (16 muertos) y de ayer en el Distrito Federal (seis muertos), José Francisco Blake (titular de Gobernación) no tuvo más respuesta que sostener que el gobierno panista no ha hecho más que reafirmar la autoridad del Estado y que tiene y promueve la cultura de la legalidad, cuando todo el país sabe que el gobierno de Calderón pisotea y viola todos los días la Constitución y las leyes de la República, en particular con su guerra contra el narcotráfico, y que su única cultura es la del autoritarismo presidencialista.
4. La paradoja de lo que acontece es que mientras el gobierno de Felipe Calderón se halla empeñado en una campaña ridícula de autoelogio en los medios (que no se sabe si él mismo y sus allegados la creen), pretendiendo que la economía va mejor, que las necesidades sociales de los mexicanos están cada vez más satisfechas y que su gobierno va ganando la guerra contra el crimen organizado, desde aquí y desde el exterior se le dice que no es así. La inconformidad social no deja de aumentar en el país y la militarización de amplias regiones no ha logrado amedrentar al pueblo pobre de México, pero los únicos que no parecen darse cuenta de ello son quienes están haciendo como que gobiernan. Los indicadores internacionales señalan a México como un país cada vez más injusto y corrupto.
5. El fracaso de la “guerra contra el narco”, si es que ésta alguna vez existió (y ha sido otra cosa que la evidente tentativa de las agencias estadunidenses por reordenar el mercado), es manifiesto tan sólo con las cifras sobre el incremento de la producción y del consumo que se ha producido en México en estos cuatro años, junto con el saldo de más de 30 mil muertos y con un factor nuevo que ahora empieza a ser denunciado: la penetración en nuestro país de cárteles rusos, chinos y colombianos, que actúan libremente en nuestro país.
6. La utilización que ha intentado hacer Felipe Calderón de la supuesta “guerra contra el narco” como arma política para hacer prevalecer al PAN, al acusar a políticos de otros partidos (PRI o PRD) e incluso del suyo propio (los foxistas) de colusión con los cárteles, no ha tenido tampoco éxito. Desde el michoacanazo hasta la campaña permanente en los medios para hacer creer que sólo Acción Nacional tiene la honestidad y el know how para dirigir esta guerra, que según él debe ser a largo plazo, ha fracasado por completo porque los mexicanos no creen en la honestidad ni en la capacidad del gobierno panista, y advierten cada vez con mayor claridad que las políticas de seguridad nacional no han servido más que como instrumento de manipulación del pueblo.
7. La insistencia con la que los funcionarios calderonistas, a pesar de su nula credibilidad, pretenden sin embargo vender al exterior –en especial a Estados Unidos– la tesis de que sólo un gobierno que sea heredero del suyo puede enfrentar el crimen organizado, no hace más que enrarecer aún más el ambiente, ya turbio por tantos crímenes, atribuidos sin pruebas al narco, y que no han sido esclarecidos. El hecho no aclarado de que empiecen a producirse en el Distrito Federal, de manera sospechosa, el mismo tipo de matanzas cometidas en el norte del país, no parece fortuito y confirma la tesis de múltiples analistas, quienes han sugerido que los grupos paramilitares del gobierno pueden estar atrás de estos hechos sangrientos.
8. La pretensión, en fin, de Calderón y de la ultraderecha mexicana de crear un nuevo marco constitucional y legal en el país, semejante al que se impuso a Colombia en estos años de lucha contra la guerrilla, para hacer viable el papel policial y político de las fuerzas armadas en un escenario de impunidad y de suspensión de hecho de las garantías individuales, no parece tener tampoco viabilidad alguna por la oposición de muchos priístas en el Congreso al que es un proyecto abiertamente fascista, por mucho que algunos hayan avalado el primer paso que se dio en esa dirección con la aprobación de las anticonstitucionales políticas panistas de mando único, que están tratando de implantarse y son absolutamente violatorias de la autonomía de municipios y estados, sin olvidar que crean las condiciones para una mayor penetración de los cárteles en los aparatos de seguridad del Estado.
9. El afán de Calderón de congraciarse con los sectores más conservadores de Estados Unidos al intensificar el escenario de violencia en México en este cuarto año de su desastroso gobierno tampoco le está redituando allá en términos políticos. Para los grupos más derechistas del país vecino, México ya está considerado un Estado fallido y los cárteles son según ellos organizaciones terroristas, lo que le da a su juicio a Estados Unidos la prerrogativa de intervenir militarmente en nuestro país en defensa de sus intereses estratégicos. La secretaria de Estado Hillary Clinton insistió el sábado 16 en que los cárteles mexicanos están organizados como paramilitares, y el jueves 21 la Casa Blanca ordenó a seis agencias desplegar sus asesores de inteligencia en Ciudad Juárez (Milenio Diario, 22 de octubre). Las campañas de los candidatos del Tea Party en vistas a las cruciales elecciones legislativas y de gobernadores del martes 2 han evidenciado por lo mismo un desprecio de esa corriente ultraconservadora a Calderón, a quien, según su propaganda, ven como un político inepto hundido en un escenario de corrupción, en contra de lo que esperaban los aprendices de brujos de Los Pinos.
10. La “guerra contra el narco” de Calderón ha conducido a un fortalecimiento de los cárteles y a un incremento de la violencia y de la producción y el consumo, pero también ha fracasado en alcanzar los objetivos panistas de amedrentar al pueblo, de distraer a los mexicanos de la instauración de nuevas medidas antipopulares y antinacionales, de redituarle políticamente a Acción Nacional y de garantizarle la elección de otro presidente panista en 2012, así como sus objetivos hacia el exterior, de congraciar a Calderón con la ultraderecha estadunidense y de mejorar la imagen de México y de su gobierno.
El éxito de esta guerra se halla en otro lado: ha propiciado que se comprometa aún más la soberanía nacional, que agentes del exterior operen en México y que nuestro país pueda ser un objetivo militar de Washington.
