Castigo a militares, exigen en Gobernación los campesinos ecologistas Cabrera y Montiel

En acto “de compromiso” para acatar fallo de la CIDH, piden salida del Ejército de áreas rurales


Víctor Ballinas y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 22 de junio de 2011, p. 23

“Justicia y castigo a los militares que nos torturaron”, exigieron en la Secretaría de Gobernación los campesinos ecologistas guerrerenses Teodoro Cabrera –presente en el acto para manifestar el compromiso oficial de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, y Rodolfo Montiel –vía telefónica–, ante los subsecretarios de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la dependencia, Felipe Zamora, y de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo.

“Exigimos el retiro de militares de las comunidades rurales de Guerrero porque se emborrachan y disparan contra todos. Justicia y castigo para el juez y los ministerios públicos que aceptaron como válidas las declaraciones obtenidas bajo tortura”.

Desde el podio, Teodoro Cabrera destacó: “Me siento nervioso; sólo contento por verlos a todos. Les pido que hagan justicia contra el Ejército por las torturas (que sufrimos); ya llevo dos operaciones y no ando bien de mi cuerpo; que sientan lo que sentimos nosotros en la cárcel.

“Los militares quieren quedarse con las manos limpias y nos echan la culpa; querían que firmáramos y nos torturaron. La familia sufrió mucho; llegaron disparando; quieren que quedemos debajo de sus zapatos. Los caciques les dieron dinero, los compraron, y fueron a detenernos. Ellos (los soldados) van a las comunidades y matan, torturan, detienen. “No quieren que hablemos, el dinero se lo echan en el bolsillo, se van enriqueciendo”.

En tanto, Rodolfo Montiel, quien se encuentra asilado en Estados Unidos, vía telefónica pidió que se guardara un minuto de silencio por “los compañeros caídos: Aniceto Martínez, Elena Borja, Salomé Sánchez, Digna Ochoa y Plácido. Creo que ya la justicia está regresando; se nos había ausentado, se había ido a Costa Rica, espero que se cumpla toda la recomendación”.

Asimismo, hizo un reconocimiento a los abogados Mario Patrón y Jorge Fernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes tomaron su caso; a Édgar Cortez, quien en esas fechas era director de dicho centro, y a otros personajes como la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y a las legisladoras Nancy Pelón e Hilda Solís, que apoyaron su causa.

Montiel preguntó al subsecretario Zamora: “¿Cuándo puedo volver a México? Quiero que nos brinde seguridad para nosotros, para las familias, para todos”.

El subsecretario Castro le respondió: “Le informó que esta es una ceremonia para manifestar el compromiso del Estados mexicano de cumplir en todos sus términos la sentencia de la CIDH. Usted podrá regresar o permanecer en el lugar que decida; nosotros respetaremos su libertad y sus decisiones”.

Presente en el acto, Ubalda Cortés, esposa de Rodolfo Montiel, dijo a los funcionarios: “Quiero pedir al gobierno que cumpla con todo lo comprometido, que ya no sigan las torturas. Yo me siento mal, estoy lejos de la familia, y ahorita que mi mamá está enferma no puedo estar con ella, y quiero pedirle que los militares ya no vayan a las comunidades”.

El subsecretario Gómez Robledo aseveró: “Este es un acto de justicia. Hay que recordar que fueron detenidos por militares, después entregados al Ministerio Público, un juez los halló culpables, y por razones humanitarias el presidente Vicente Fox los dejó en libertad, sin hacer justicia. La CIDH nos ordenó reparación del daño y que se investiguen en la justicia civil las torturas. El gobierno reafirma dar cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones de la CIDH”.

En tanto, Zamora Castro dijo que se acatará la sentencia dictada por el organismo internacional en favor de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel: “Se asume el deber de cumplir en tiempo y forma”.

Refirió que en octubre de 2010 el Ejecutivo envió al Congreso la reforma al Código de Justicia Militar en materia de violaciones a los derechos humanos, por lo que exhortó al Senado a discutir esa reforma.