Jueza rechaza suspender Ley Alabama

Sharon Lovelace Blackburn dictamina que la mayor parte de los puntos de la norma HB56 podrían entrar en vigor

Birmingham, Alabama | Miércoles 05 de octubre de 2011 Notimex | El Universal La jueza Sharon Lovelace Blackburn rechazó hoy mociones del Departamento de Justicia y de grupos hispanos contra la ley antiinmigrante HB56 de Alabama, en tanto apelan su decisión de aprobar algunos puntos de la legislación.

La semana pasada, Blackburn dictaminó que la mayor parte de los puntos de la ley HB56, considerada por grupos hispanos como la más estricta aprobada hasta ahora en Estados Unidos, podría entrar en vigor, aunque mantuvo la suspensión de algunos puntos.

El Departamento de Justicia, la Coalición para los Intereses Hispanos de Alabama (HICA) y la Unión de Derechos Civiles de América (ACLU) , entre otros grupos, pidieron el domingo a la jueza suspender la ley mientras se presentaba un recurso contra su dictamen ante la Corte Federal de Apelaciones del Onceavo Distrito en Atlanta.

La decisión de Blackburn podría acelerar el éxodo de cientos de indocumentados de Alabama, ante el temor de ser detenidos por la policía, que ahora podrá investigar el estatus migratorio de las personas sospechosas de encontrarse en forma ilegal en el país.

'Todo está ahora en manos de la Corte Federal de Apelaciones', explico a Notimex Jeremy Love, abogado de HICA, la organización que encabeza la demanda para frenar la legislación HB56.

Love reveló que pedirán a la Corte Federal de Apelaciones actuar de manera urgente para frenar las provisiones vigentes de la ley, mientras sus magistrados analizan la apelación.

La Corte de Apelaciones podría decretar la suspensión de la ley en tanto analiza la apelación o permitir que ésta continúe vigente mientras toma una resolución, precisó Love.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y los grupos que pidieron a Blackburn suspender la ley mientras es apelado su fallo, llamaron específicamente a frenar los artículos 10, 12, 27, 28 y 30 de la ley HB56.

Dichos artículos incluyen el requerimiento de que las personas traigan siempre consigo documentación que valide su estatus migratorio.

Además, la legislación concede a la policía la facultad de investigar el estatus migratorio de una persona y prohíbe establecer contratos con inmigrantes indocumentados.

También exige a las escuelas públicas recabar información sobre el estatus migratorio de los nuevos estudiantes, y prohíbe al estado y gobiernos locales realizar 'transacciones comerciales' con los inmigrantes indocumentados.

En su pedido, el gobieno federal y las organizaciones hispanas presentaron asimismo evidencias de los perjuicios que enfrentan los residentes de Alabama por la aplicación de la ley, que entró en vigor el 28 de septiembre pasado.

Tras la entrada en vigor de los artículos de la ley HB56, los maestros de una escuela primaria pública en Montgomery cuestionaron a los estudiantes hispanos sobre su estatus migratorio y el de sus padres, pese a que sólo podían preguntar a alumnos de nuevo ingreso.

En los dos primeros días de aplicación de la ley, un número considerable de niños comenzaron a retirarse de las escuelas públicas de Alabama y otros se quedaron en casa por temor a quedar sujetos a la verificación de los nuevos requisitos de registro.

Este miércoles se informó que al menos dos mil niños abandonaron la escuela en Alabama por temor a ser deportados tras la implementación en forma parcial de la ley, de acuerdo con datos del Centro de Leyes sobre la Pobreza en el Sur (SPLC) .

Asimismo, la empresa Alabama Power notificó el 29 de septiembre pasado a por lo menos una familia que había cortado la electricidad y que no podía restaurar el servicio a menos que el propietario del contrato presentara una prueba de residencia legal en Estados Unidos.