/18 de agosto de 2012
Felipe Calderón demuestra que no sólo llevó el país al desastre
en materia de seguridad, sino también en competencia y en libertades
básicas como la de expresión e información. Para ello, no le importó
hacer que dependencias como Hacienda y la SCT se contradijeran, con tal
de anotar su personal doble play: utilizar la banda de 2.5 Ghz
como instrumento de castigo para MVS por recontratar a la periodista
Carmen Aristegui el año pasado, y al mismo tiempo congraciarse aún más
con Televisa otorgándole prácticamente todo lo que exigió para
consolidar su dominio en el ramo de las telecomunicaciones.
En
el ocaso del sexenio de Felipe Calderón, tras la decisión de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de “rescatar” el
espectro de la banda 2.5 Ghz, el presidente del Grupo MVS, Joaquín
Vargas, decidió romper el pacto de silencio entre concesionarios y
gobierno para revelar que desde 2008 la administración panista optó por
favorecer los intereses de Televisa y negarle a su grupo el refrendo de
sus concesiones para impulsar un proyecto de internet en banda ancha.
“La
decisión hoy nos indica que la decisión (de decretar el “rescate” de la
banda) ya estaba tomada y que al final del camino fuimos engañados”,
sentenció Vargas en la rueda de prensa multitudinaria que ofreció el
miércoles 15.
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| 1 de las muchas fotos que corren en redes sociales sobre alcoholismo de calderon |
No sólo las presiones de Televisa explicarían la
medida que la SCT anunció el miércoles 8. Joaquín Vargas relató los
intentos de censura y presión ejercidos no sólo desde Los Pinos y la
SCT, sino también a través del que fuera secretario del Trabajo, Javier
Lozano Alarcón, para que no recontratara a la periodista Carmen
Aristegui como conductora de su noticiario matutino porque el 4 de
febrero de 2011 lanzó al aire una pregunta relacionada con el supuesto
problema de alcoholismo de Felipe Calderón.
“Minutos después
–afirmó Joaquín Vargas–, recibí una llamada de la señora Alejandra Sota,
coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República,
quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista”.
Sostuvo
que también el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, con quien se
reuniría ese 4 de febrero, le advirtió: “Tengo instrucciones del señor
presidente de no gestionar asunto alguno con MVS, y en especial de la
2.5, en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el
comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del
presidente”.
La advertencia más directa, dijo, provino del
secretario del Trabajo, Javier Lozano, que en un encuentro realizado el
13 de febrero y en medio del escándalo internacional generado por la
salida de Aristegui del aire, le soltó: “Hemos encontrado que tu
proyecto de la 2.5 Ghz tiene méritos propios, pero si recontratas a la
periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este
gobierno hasta el último día”.
Aunque Lozano ha negado la versión,
su amenaza se cumplió: La SCT tomó la decisión que paraliza inversiones
por más de 500 millones de dólares, según informó Joaquín Vargas, luego
de que MVS recontrató a Carmen Aristegui, quien se negó a leer una
disculpa pública redactada desde Los Pinos.
Todavía el 3 de junio
pasado, en vísperas de que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco)
autorizara la fusión de Televisa y Iusacell tras una intensa presión de
Los Pinos a los tres comisionados que originalmente votaron en contra,
Alejandra Sota volvió a advertirle a Joaquín Vargas que esta resolución
“ofrecía a MVS una ventana de oportunidad para destrabar el proyecto de
la 2.5, siempre que MVS accediera a no impugnar ni jurídica ni
mediáticamente la resolución del gobierno”.
Antes de iniciar su rueda de prensa en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México, Joaquín Vargas confirmó a Proceso que
la decisión de anunciar el “rescate” de los 190 mhz de la banda 2.5, la
mayoría concesionados a MVS, fue una “venganza” de Felipe Calderón y
que contaba con documentos para sustentarlo.
“Esto fue muy similar
a lo que le hicieron al general Tomás Ángeles”, comentó Vargas, en
referencia al arresto y la acusación contra el militar por presuntos
vínculos con el crimen organizado.
Airada respuesta
La
reacción de los funcionarios aludidos fue inmediata e irascible. Javier
Lozano y Dionisio Pérez Jácome reviraron la acusación de Joaquín
Vargas, quien según ellos quiso “chantajear” al gobierno calderonista
con el posible despido de Aristegui.
La oficina de Comunicación
Social de los Pinos emitió un comunicado que en sus últimos párrafos
contiene una amenaza nada velada:
“Cuando no son los principios
los que rigen el proceder de cualquier institución, sea privada o
pública, se corre el gran riesgo de hacer lo que el señor Vargas hace:
calumniar, difamar, tergiversar y engañar con el simple objeto de
alcanzar sus metas económicas.
“El intento de imponer intereses
financieros por encima de los de México es inadmisible para el gobierno
federal. No se cederá frente a la presión y el chantaje, al tiempo que
nos reservamos la valoración de proceder conforme a derecho”.
El
Grupo Televisa también decidió hacerse oír. En un breve comunicado
afirmó que “es ajena a esas decisiones” de la SCT y que el tema central
de confrontación es el monto de la contraprestación.
Como si se
tratara de un guión, una vez que Televisa emitió su boletín cambiaron
las versiones de la SCT y de la Secretaría de Hacienda. Ya no
“rescataron” la banda 2.5 Ghz por estar “subutilizada”, como
originalmente afirmó Dionisio Pérez Jácome, sino porque MVS pretendía
pagar “una bicoca” como contraprestación.
En su comunicado del
jueves 16, Hacienda argumentó que MVS ofreció pagar sólo 104 millones de
pesos por el uso de un bien que, de acuerdo con la valoración
gubernamental, asciende a 27 mil millones. En otras palabras, la empresa
ofreció “menos del 1%” de lo que pedía el gobierno, remató la SCT.
Las
autoridades negaron rotundamente haber tenido alguna injerencia en la
salida de Aristegui del 5 al 11 de febrero de 2011, pero el pasado
jueves 16, en su espacio informativo, la periodista confirmó que no sólo
fue una petición de disculpa pública sino la orden de que leyera un
texto redactado desde Los Pinos. “Las presiones fueron escalando”,
afirmó Aristegui en MVS Radio.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1868, ya en circulación)
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