Zongolica- Jorge Galindo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO En plena era de la modernidad y un Estado donde
se promulga con los derechos de igualdad, equidad de género y justicia,
tres menores de edad, acompañadas de sus madres decidieron denunciar a
policías municipales como responsables de encarcelarlas, esposarlas y
bajarles los pantalones para que realizaran sus necesidades
fisiológicas.
En hechos diferentes, las tres adolescentes denunciaron la tarde del viernes ante la Agencia Investigadora Especializada en Delitos contra la Integridad y Seguridad Sexual y la Familia, a policías municipales que aprovechando la restricción o “toque de queda” que impuso el ayuntamiento a partir de las 22:00 horas, abusaron de su cargo.
A pesar de que los hechos quedaron asentados en la averiguación ministerial 18/2013, los policías plenamente identificados por las menores continúan en funciones y ahora las amenazan para que desistan de las acusaciones.
Ante la procuradora de la defensa del menor y la familia, María del Rosario Carrasquedo Martínez, se presentaron las amas de casa para acompañar a sus hijas de 12 y 14 años de edad respectivamente.
Otra menor también se presentó a interponer formal denuncia en contra de los policías, por los hechos ocurridos semanas antes de registrarse la última agresión, y dar testimonio de que estas agresiones se vienen cometiendo continuamente.
En su caso, expuso que eran las 20:00 horas cuando acompañada de una amiga fueron intervenidas por los mismos policías que ahora son denunciados; tras ser trasladadas a los separos les bajaron los pantalones e incluso sus padre tuvieron que pagar 600 pesos de multa por cada una.
Representando la defensa social de las víctimas, Román Vásquez González, dirigente de la agrupación civil Movimiento Indígena Liberal, Popular y Autónomo de la Sierra de Zongolica, MILPAZ, solicitó la directa intervención del gobernador Javier Duarte para que bajo su mando se instruya una eficiente investigación y se finque responsabilidad a los policías.
En declaración por separado, las agraviadas, quienes son vecinas del lugar conocido como La Quinta, explicaron que la semana pasada salieron de sus casas para comprar cerillos y jabón y a la altura del campo se detuvo una patrulla, de la cual descendieron elementos para interrogarlas.
“Nos subieron por la fuerza a la patrulla y bajo amenazas y golpes nos lanzaron en la batea de la patrulla, yo me pegue en el hocico y de ahí nos llevaron a la cárcel donde nos tuvieron sin comer hasta el día siguiente; estaban con ellos unas mujeres policías, a una escuche que le decían Amelia”, precisó una de las menores.
Durante ese lapso, los policías les ofrecieron dejarlas en libertad a cambio de acostarse con ellos, las ofendieron e incluso las restringieron para realizar sus necesidades fisiológicas, hechos que quedaron asentados en el expediente.
Una de las menores citó en declaración que al estar esposada y tener la necesidad de orinar, un policía le bajó los pantalones, la tocó y observó, mientras le ofrecía dejarla en libertad a cambio de acostarse con él.
Con la aportación de datos, la titular de la Agencia Especializada estará en condiciones de girar el oficio de presentación a los policías, a fin de que sean identificados y declaren en torno a los hechos; se buscó la declaración de una autoridad municipal en el ayuntamiento pero no se localizó a ningún funcionario.
Es de mencionar que se abrió la averiguación ministerial en la Agencia Especializada al haber de por medio actos deshonestos en agravio de menores y por privación ilegal de la libertad, amenazas y lesiones se desglosará al Ministerio Público del fuero común bajo el mismo número de expediente.
En hechos diferentes, las tres adolescentes denunciaron la tarde del viernes ante la Agencia Investigadora Especializada en Delitos contra la Integridad y Seguridad Sexual y la Familia, a policías municipales que aprovechando la restricción o “toque de queda” que impuso el ayuntamiento a partir de las 22:00 horas, abusaron de su cargo.
A pesar de que los hechos quedaron asentados en la averiguación ministerial 18/2013, los policías plenamente identificados por las menores continúan en funciones y ahora las amenazan para que desistan de las acusaciones.
Ante la procuradora de la defensa del menor y la familia, María del Rosario Carrasquedo Martínez, se presentaron las amas de casa para acompañar a sus hijas de 12 y 14 años de edad respectivamente.
Otra menor también se presentó a interponer formal denuncia en contra de los policías, por los hechos ocurridos semanas antes de registrarse la última agresión, y dar testimonio de que estas agresiones se vienen cometiendo continuamente.
En su caso, expuso que eran las 20:00 horas cuando acompañada de una amiga fueron intervenidas por los mismos policías que ahora son denunciados; tras ser trasladadas a los separos les bajaron los pantalones e incluso sus padre tuvieron que pagar 600 pesos de multa por cada una.
Representando la defensa social de las víctimas, Román Vásquez González, dirigente de la agrupación civil Movimiento Indígena Liberal, Popular y Autónomo de la Sierra de Zongolica, MILPAZ, solicitó la directa intervención del gobernador Javier Duarte para que bajo su mando se instruya una eficiente investigación y se finque responsabilidad a los policías.
En declaración por separado, las agraviadas, quienes son vecinas del lugar conocido como La Quinta, explicaron que la semana pasada salieron de sus casas para comprar cerillos y jabón y a la altura del campo se detuvo una patrulla, de la cual descendieron elementos para interrogarlas.
“Nos subieron por la fuerza a la patrulla y bajo amenazas y golpes nos lanzaron en la batea de la patrulla, yo me pegue en el hocico y de ahí nos llevaron a la cárcel donde nos tuvieron sin comer hasta el día siguiente; estaban con ellos unas mujeres policías, a una escuche que le decían Amelia”, precisó una de las menores.
Durante ese lapso, los policías les ofrecieron dejarlas en libertad a cambio de acostarse con ellos, las ofendieron e incluso las restringieron para realizar sus necesidades fisiológicas, hechos que quedaron asentados en el expediente.
Una de las menores citó en declaración que al estar esposada y tener la necesidad de orinar, un policía le bajó los pantalones, la tocó y observó, mientras le ofrecía dejarla en libertad a cambio de acostarse con él.
Con la aportación de datos, la titular de la Agencia Especializada estará en condiciones de girar el oficio de presentación a los policías, a fin de que sean identificados y declaren en torno a los hechos; se buscó la declaración de una autoridad municipal en el ayuntamiento pero no se localizó a ningún funcionario.
Es de mencionar que se abrió la averiguación ministerial en la Agencia Especializada al haber de por medio actos deshonestos en agravio de menores y por privación ilegal de la libertad, amenazas y lesiones se desglosará al Ministerio Público del fuero común bajo el mismo número de expediente.
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