Desafían Pemex y contratistas defraudadoras a la Función Pública
Con base en investigaciones periodísticas de Contralínea que revelaron el fraude en el saneamiento al Río Nanchital, la Secretaría de la Función Pública inició una averiguación que, según su titular, Salvador Vega, le llevó a confirmar uno de los fraudes más cuantiosos en contra de Pemex; dictó multas e inhabilitaciones y dio a la indagatoria cauce penal; pero la dirección de la petrolera estaría protegiendo a los involucrados
Para funcionarios y contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), defraudar a la paraestatal sigue siendo un negocio redituable, aun cuando el ilícito sea investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ésta sancione o inhabilite a los involucrados. Tal es el caso de las siete compañías y los siete funcionarios inhabilitados por el fraude en la remediación del Río Coatzacoalcos, calificado por el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casilla, como otro Pemexgate, aunque en monto superado: 1 mil 623 millones de pesos, de los cuales 1 mil 64 se pagaron ilegalmente, bajo la dirección general de Luis Ramírez Corzo, y Juan Bueno Torio en Pemex Refinación (PR).
La indagación de la SFP confirmó las investigaciones de Contralínea sobre el fraude maquinado por las compañías Saint Martín Construcciones (SMC), Garner Servicios Ambientales, Aquapress, Construcciones y Reparaciones del Sur, ADT Petroservicios, Grupo Preservare y Lico Ambiental, en el proceso para biorremediar el desastre ecológico provocado por la industria petrolera al verter más de 5 mil barriles de crudo en el Río Coatzacoalcos tras la ruptura de oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica, en el municipio de Nanchital, Veracruz, en diciembre de 2004.
La SFP comprobó que el fraude no es un hecho aislado, sino que fue ejecutado por una red de funcionarios de alto nivel de Pemex (jefes de departamento, superintendentes y subgerentes, varios de ellos inhabilitados), cuyos salarios van de los 44 mil a los 99 mil pesos.
La SFP comprobó que Pemex contrató a empresas de portafolio; otras, que usan prestanombres; también, que la petrolera dio por buenas pruebas y dictámenes de remediación falsas; que el área contable validó pagos cobrados con facturas apócrifas, y que los funcionarios acreditaron y validaron los costos de los precios unitarios inflados estratosféricamente.
De 558 millones 755 mil 469 pesos, que según la SFP debió pagar Pemex, se infló a 1 mil 623 millones 725 mil 81 pesos, es decir, un sobreprecio de 1 mil 64 millones 969 mil 629 pesos, cantidad de la que difiere la aseguradora de la paraestatal, GNP Charles Taylor Energy. Ésta sostiene que el costo real de los trabajos es de 293 millones 275 mil pesos, por lo que el quebranto asciende a 1 mil 330 millones de pesos, y le notificó a la petrolera que sólo cubrirá el costo real del accidente.En consecuencia, la SFP ordenó a la paraestatal iniciar los juicios civil y mercantil para recuperar el pago en demasía, lo cual no se ha hecho. A través de su área de prensa, Pemex se negó a explicar a Contralínea la inmovilidad en el caso, que involucra por lo menos a un exfuncionario de su área jurídica, Jorge Humberto Castañeda Solís, representante legal de una de las compañías implicadas.
En las investigaciones realizadas por este semanario, diversas fuentes detallaron la supuesta implicación del exdirector de PR, Juan Bueno Torio, y su vinculación directa por lo menos con dos de las siete firmas: SMC y Aquapress. Algunos documentos prueban la reticencia de los supervisores a dar visto bueno a los trabajos de SMC y las peticiones de los directivos de dicha compañía para que destrabara los pagos. La firma obtuvo 450 millones de pesos, casi el 30 por ciento del monto defraudado.
Hasta ahora, la SFP ha fincado responsabilidades a los subalternos de Bueno Torio: José Fernando Algarra Muñoz, subgerente de Transporte por Ducto en la región Sureste; Jorge Manuel Fragoso Sarabia, superintendente general de Mantenimiento; Arturo Díaz Arzola, superintendente del Sector Minatitlán; Celedonio Hernández García, jefe del Departamento de Seguridad Industrial del Sector Minatitlán; Pedro Calzada Juárez, tecnólogo de Contratos, Obras y Servicios; Octavio Rodolfo Soto Castillo, de la Superintendencia de Transporte por Ducto Sureste; Jorge Federico Reyes Guerrero, superintendente del Sector Minatitlán. Y dos más, aún bajo investigación por su posible implicación: Luis Roberto García Blas y Enrique Colorado Acosta, ambos residentes de obra.
conozco al ing. jorge federico reyes desde que llego a pemex sector cárdenas es un hombre honesto me sorprende esta información saludos ing. de sus sub.de la estación 1
ResponderEliminarNada que ver, como siempre los pobres empleados de abajo (los mencionados) ni de donde agarraron nada, eso quedo en los altos niveles con las contratistas sino preguntenle a su mega produccion de granos, enlatados marca BUENO, siempre a los más jodidos les cae "la justicia mexicana" que devuelvan los que cobraron esas cantidades, yo tambien los conosco y son gente honrada que nada tienen que ver, ni tienen ahora ni empleo, mejor vean la pelicula que todo mexicano debe de ver.
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