Molinos de viento: el rostro del despojo

Luis Hernández Navarro

Al maestro Rodrigo Flores Peñaloza lo quieren acusar de la muerte de Reynaldo Ordaz Velásquez. Reynaldo falleció el pasado 28 de octubre en el tramo La Ventosa-La Venta de la carretera Panamericana, en Oaxaca. Era empleado de la empresa eólica Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex, filial de la española Renovalia Energy). Participaba en la represión a un grupo pacífico de indígenas zapotecos que protestaban contra la empresa.

Pero da la casualidad que ese día Rodrigo Flores, que es dirigente del Frente por la Defensa de la Tierra y los Territorios del Istmo de Tehuantepec, e integrante de la Comisión Política de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, se encontraba a muchos kilómetros del lugar de los hechos.

El hostigamiento a Rodrigo no es nuevo. Desde hace meses, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los empresarios andan tras él. Apenas en junio se le acusó de ser probable responsable en la comisión del delito de amenazas, lesiones y demás contra una empleada de seguridad de la empresa Demex. El Ministerio Público Federal, con sede en Matías Romero, le giró una orden de presentación por su participación en las manifestaciones contra las altas tarifas eléctricas.

A mediados de junio de este año, indígenas del municipio Unión Hidalgo bloquearon la entrada del parque eólico Piedra Larga, construido en ese municipio por Demex. En junio, al grito de “¡Aquí está la ley!”, empresarios españoles acompañados de policías estatales intentaron desalojar a campesinos de sus propias tierras. Según Flores Peñaloza, “los campesinos se dieron cuenta de que los españoles les hicieron firmar un contrato leonino de renta de tierras y ahora están exigiendo que las autoridades judiciales anulen el convenio”.

Pero Demex quiere las tierras de Unión Hidalgo. Y ante los intentos de los empleados de la empresa por apoderarse de ellas, diferentes organizaciones sociales de la región, entre ellas el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec y la sección 22 del SNTE iniciaron una jornada de movilización el pasado 24 de octubre, con protestas en Unión Hidalgo, Juchitán y Zanatepec.

Como parte de esta jornada, el 28 de octubre la coalición opositora bloqueó la carretera Panamericana. Un grupo de 50 policías municipales, golpeadores, líderes de la CTM y caciques, pertrechados con armas de fuego y machetes, y dirigidos por Ventura Ordaz Santiago, los atacó con lujo de violencia. Durante 45 minutos los machacaron a golpes y patadas. Faltando 15 minutos para las 5 de la tarde, los agredidos lograron escapar. Poco después, cerca de las 5 de la tarde, se reportó la muerte de Reynaldo Ordaz.

Las protestas en Unión Hidalgo son parte de un amplio movimiento social que rechaza la construcción de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec. Sin tener la menor idea de lo que sucede en la región, a finales de 2010 la secretaria de Energía de México, Georgina Kessel Martínez, expresó que la oposición a los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, específicamente en Unión Hidalgo, “son cosas del pasado”. (La Jornada, 3/12/10).

El parque eólico, que se construirá sobre una superficie de mil hectáreas de tierras ejidales, comunales y de pequeños propietarios y tendrá capacidad de 90 megavatios, no abastecerá de electricidad a los pobladores del municipio, sino a 65 centros de las empresas Bimbo y Femsa.

Los habitantes de Unión Hidalgo se oponen a que se construya el parque eólico Piedra Larga en sus tierras, “por la total ausencia del consentimiento previo, libre e informado, los contratos de arrendamiento fraudulentos y las afectaciones ambientales no remuneradas en nuestras tierras”. Según ellos, el proyecto no garantiza “condiciones de desarrollo sustentable, ni protección de los derechos humanos, ni del medio ambiente”.

El proyecto eólico del istmo de Tehuantepec ha convulsionado la región y precipitado un enorme número de conflictos sociales. Desde 1999 grupos de ejidatarios iniciaron un movimiento de protesta motivado por los bajos precios que pagaba la CFE por la ocupación de las tierras y por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra pública hechos al ejido. Las comunidades indígenas han sufrido el despojo “legal” de más de 12 mil hectáreas de su propiedad, en lo que constituye una contrarreforma agraria de largo aliento. El uso del suelo ha cambiado y se ha abandonado la producción de alimentos. A cambio, un grupo de empresas trasnacionales, en su mayoría españolas, se han beneficiado con el respaldo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno de Felipe Calderón y de los caciques del Partido Revolucionario Institucional.

El despojo y privatización se opera por conducto de contratos de arrendamiento de tierras amañados y leoninos, que favorecen a las empresas trasnacionales, con duración de 30 años, renovables automáticamente por otros 30, y por los que, con frecuencia, se paga a los dueños de las tierras 150 pesos anuales por hectárea. Se trata, sin más, de un proyecto de despojo disfrazado de renta, de usufructo y de servidumbre de paso.

Esos contratos se firmaron acompañados de promesas de desarrollo y bienestar para los campesinos y la región. Sin embargo, con el paso de los años los campesinos se han encontrado con la destrucción de sus tierras, engaños, afectaciones, abusos, amenazas, intimidación, enfrentamientos intercomunitarios y problemas entre pueblos.

Por muchas comunidades están convencidas de que el Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto del capital privado nacional y trasnacional que despoja a los pueblos de su patrimonio biocultural, en beneficio únicamente de las empresas que generan energía eléctrica con su viento y sobre su tierra.