La acusación

Luis Javier Garrido

El gobierno de facto de Felipe Calderón ha comprometido seriamente en cuatro años y medio la seguridad nacional de México, y es esta la acusación principal que se le hace a él en los críticos momentos actuales, sin que en su irresponsabilidad se percate de ello, y es la acusación más grave que habrá de enfrentar al dejar el cargo y la que lo situará ante el juicio de la historia: haber hundido a los mexicanos en la mayor inseguridad de su historia.

1. En una entrevista acordada a Proceso (Núm. 1803), el constitucionalista Diego Valadés, de la UNAM, señalaba esta semana que a Calderón le aguarda un proceso penal para cuando abandone Los Pinos ya que el Tribunal Electoral lo ha responsabilizado de violar sin equívocos la Constitución en materia electoral en los últimos dos años, a lo que se debería agregar, añadía, su responsabilidad por los 40 mil muertos de su equivocada guerra contra las drogas, que ha producido efectos contrarios a los pregonados. Valadés se quedó sin embargo corto, muy corto, pues a Calderón le aguardan otras acusaciones penales de enorme gravedad. Las principales: la de haberse apoderado en 2006, mediante presuntas acciones delictivas, de la Presidencia de la República, sin haber ganado las elecciones; y sobre todo: la de haber comprometido, en estos años, por intereses personales y de grupo, la seguridad nacional de México.

2. La seguridad nacional de un país entraña algo muy distinto a lo que entienden los extremistas de derecha que se hallan en el poder en México, pues es universalmente aceptado que este concepto supone la responsabilidad del gobierno de crear mecanismos para salvaguardar: a) los derechos individuales de las personas (a la vida, a la integridad domiciliaria, a las libertades básicas), y b) los derechos sociales (al trabajo, la educación, la salud y la seguridad social, entre otros), así como, de la misma manera, c) los derechos de la nación a su integridad soberana y a sus riquezas estratégicas (en el subsuelo, el mar territorial, el espacio aéreo), y desde luego d) la integridad de las instituciones republicanas (los Poderes de la Unión, las fuerzas armadas, la administración pública).

3. La mayor parte de los países así lo entienden en el siglo XXI, salvo México, pues incluso Estados Unidos ha construido en tiempos recientes, con instrumentos seudojurídicos como la llamada Acta Patriótica de 2001, toda su doctrina en materia de seguridad nacional sustentada en su fuerza militar (haciendo caso omiso de que ésta es violatoria del derecho internacional), con el argumento de que todos los recursos del Estado han de ser utilizados para garantizar los derechos individuales y colectivos de los estadunidenses y defender los recursos estratégicos de su nación y sus instituciones básicas.

4. El gobierno de Calderón, por el contrario, luego de sus acuerdos inconfesables de 2006 con la administración Bush, asumió que para privilegiar, por sobre los derechos de los mexicanos y de la nacion, los intereses económicos y políticos de la mafia panista-yunquista, y con un criterio servil a la potencia que lo mantenía en el cargo, debería establecerse como principio rector de su desquiciada “guerra contra el narco”, que de lo que se trataba era de hacer prevalecer los intereses estratégicos de Estados Unidos en el marco de la llamada Iniciativa Mérida, y no le importó atentar gravemente contra la seguridad individual y colectiva de los mexicanos, contra la de la nación y sus recursos estratégicos y contra la de las instituciones públicas, que se empeñó ferozmente en destruir con el argumento de que habían sido creadas durante los años del Estado benefactor priísta.

5. Los hechos de estos cuatro años y medio no dejan lugar a dudas. Al crear una parafernalia de fuerzas policiacas y militares impreparadas para su guerra privada, a las que se sumaron los grupos paramilitares oficiales, a Calderón y a los panistas no les importó la vida de los mexicanos, que fueron muriendo por cientos y luego por miles en lo que se justificó como fuego cruzado o daños colaterales, atribuyéndole siempre esas muertes, ocasionadas por fuerzas oficiales, al que se bautizó como el crimen organizado. El gobierno calderonista asumía, conforme a los manuales del Pentágono que seguía obsecuentemente, que de lo que se trataba era de generar un clima de miedo –y de terror– en el país, y especialmente entre los más pobres, para advertir a los movimientos sociales que serían criminalizados si alzaban la voz, como en efecto fue aconteciendo.

6. Las fuerzas de seguridad nacional no iban tampoco en este deplorable sexenio a velar por los derechos colectivos del pueblo, sino que por el contrario iban a garantizar su violación. Los derechos sociales de los mexicanos lejos de ser protegidos fueron violentados de continuo para hacer viable el modelo capitalista neoliberal, con el proyecto de hacer de México una gran maquila y, sobre todo, de entregar los recursos estratégicos del país a las trasnacionales aliadas al panismo, y así fueron pisoteados, con ayuda de las fuerzas de seguridad, los derechos de los maestros, de los mineros, de los electricistas, de los jóvenes y de los niños, y los del pueblo en general a la salud, a la educación, a la seguridad social, al trabajo.

7. Porque otro de los mayores despropósitos fue que el concepto panista de seguridad suponía la seguridad de los intereses de las trasnacionales y los del gobierno de Washington, y se estableció el principio aberrante de que las fuerzas mexicanas de seguridad nacional, subordinadas a las agencias estadunidenses, deberían velar en territorio mexicano por la seguridad alimenticia de Estados Unidos y no la de México, por la seguridad energética de Estados Unidos y no la de México.

8. La seguridad de las instituciones de la República fue también comprometida, como en el caso del Ejército y la Marina, que en vez de cumplir con su tarea constitucional de velar por la seguridad del país frente a las amenazas del exterior, fueron subordinados a las agencias policiales estadunidenses para servir a los intereses estratégicos de ese país, y dedicados a esta tarea. A nadie sorprendió por lo mismo que en los papeles del Departamento de Estado difundidos por Wikileaks a través de La Jornada se publicara el miércoles 25 que Genaro García Luna (titular de Seguridad Nacional) ofreció a Estados Unidos en 2007 pleno acceso a todos los datos de inteligencia de México, en un acto de abierta traición a nuestro país. ¿O qué acaso en correspondencia Washington iba a dar a los funcionarios mexicanos pleno acceso a todos sus datos de inteligencia?

9. En medio del desastre al que Calderón y los panistas han llevado a México destaca la complicidad del PRI, coadyuvando con cinismo, al menos hasta los inicios de 2011, al proceso de desmantelamiento de la nación, del Estado y de los derechos de los mexicanos operado con el respaldo de las fuerzas mexicanas de seguridad. Resulta por ello patética la imagen del senador priísta Manlio Fabio Beltrones acudiendo en 2009, no a la PGR sino a la embajada estadunidense, para que le informe sobre el operativo de la Marina en el que se asesinó al presunto capo Arturo Beltrán Leyva (cable 09MÉXICO3624).

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks