La Decena trágica, 105 años después. Injerencias americanas

La Decena trágica, 105 años después

José Luis Avendaño C.

Hoy se habla mucho de la intervención rusa en la próxima elección presidencial en México. Hasta aquí vino y nos lo advirtió nada menos que el secretario de Estado Rex Tillerson. Algo sabrá Estados Unidos cuando, después de un año de la propia elección de Donald Trump, todavía se discute sobre una probable mano negra rusa para que ganara el millonario inmobiliario, hasta entonces ajeno a la política de Washington.

No es de extrañar el injerencismo de las grandes potencias en los procesos electorales de otras naciones, buscando cuidar sus propios intereses. Esto fue más claro durante la Guerra Fría, entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, con sus marcadas esferas de influencia. Y México, como vecino y socio comercial, con o sin guerra fría, es parte de la esfera de influencia estadunidense.

Esta condición de subordinación y dependencia, plasmada desde la Doctrina Monroe (1823), quedó formalizada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte –México dejó de ser latinoamericana—, y más aún con la Iniciativa Mérida, con la que Estados Unidos extiende su frontera sur hasta el río Suchiate, a fin de contener in situ las oleadas migratorias.

México ha sido el país más intervenido por EU, antes por la ocupación de su territorio, recién independiente, por la  fuerza de las armas o por el poder de las inva…, de las inversiones. Por eso llama la atención que nos asustemos por la presencia de Rusia –aquí ya por el petróleo—, y no por la omnipresencia de Estados Unidos, que comienza por el lenguaje: donde dice Miami, pronunciamosmayami…

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En estos días, conmemoramos los 105 años de la Decena Trágica (del 9 al 18 de febrero de 1913), diez días en que la ciudad de México fue el escenario de la conspiración, golpe de Estado o cuartelazo, que culminó con el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, y la que la intervención de Estados Unidos fue determinante; concretamente, la del embajador Henry Lane Wilson, para quien “Madero era un loco, un fool, un lunatic, que podía y debía ser legalmente incapacitado para ejercer el cargo; esta situación de la capital es intolerable. ‘I will put order’, nos decía dando un golpe en la mesa”, según el testimonio del embajador español Bernardo J. de Cólogan.

“Ésta es la salvación de México. En lo adelante habrá paz, progreso y riqueza”, le diría Wilson, por otra parte, al embajador cubano Manuel Márquez Sterling. “Por una parte intereses estadounidenses, por otra el grupo de los Científicos, a quienes Madero sacó del gobierno. Éstos eran porfiristas que, bajo Díaz, administraban en gran estilo la extorsión y la explotación de la nación”, escribiría el embajador alemán Paul von Hintze. Todos ellos citados por Adolfo Gilly en Cada quien morirá por su lado. Una historia militar de la Decena Trágica (Ediciones Era. México. México. 2013).

El propio Adolfo Gilly adelanta una conclusión: “Vista de cerca la conspiración para tumbar a Madero –o las múltiples entrecruzadas en esos días, que todas juntas eran una sola— se asemejaba, como tantas otras que en el mundo han sido, a una farsa rocambolesca en la cual los civiles –intelectuales, políticos y metiches— creen desempeñar un gran papel, cuando los que en verdad deciden son los dueños de las armas y, detrás de ellos, los dueños del gran dinero.”

Y la opinión (no pedida) del diario The New York Times, el 15 de febrero de 1913, que al hablar del “alivio que da al gobierno de Estados Unidos el colapso del gobierno de Madero”, remata con el siguiente comentario: “La fuente del peligro no está en el pueblo mexicano, que parece mantenerse bastante indiferente, sino en las ambiciones temerarias de los dirigentes políticos rivales. En una tierra tal no hay Madero que pueda tener las riendas en rienda. México necesita un Porfirio Díaz…”

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Hoy, en México, ya no sería necesaria la intervención armada de Estados Unidos: sólo hace falta dominar un solo hombre: el presidente de la República, como lo dijo, en 1924, el ex secretario de Estado, Robert Lansing. Un presidente formado en las universidades estadunidenses, bajo sus valores; situación que se concretó al llegar la camada de cachorros de la Revolución al poder, encarnada con Carlos Salinas, secretario de Programación y Presupuesto con Miguel de la Madrid (1982), y con el que inauguró el ciclo neoliberal, que todavía campea entre nosotros.

Tenemos seis sexenios en que nuestros gobernantes se comportan más como administradores o gerentes de una empresa llamada Mexico Inc., que como estadistas de una nación soberana e independiente. Ajenos a los intereses del país y de la gran mayoría de la población, están más atentos y son obedientes a los dictados del gran capital. Son como estos jugadores de fútbol, con actitudes de vedettes en el terreno de juego, con sus playeras de marca tricolores, plagados de logos de las empresas que los patrocinan –lo mismo autos que papitas— y donde el escudo nacional se desdibuja o se pierde.

Así como los gobiernos miran con molestia a los entes autónomos que escudriñan sus acciones, de la misma manera, en plena globalización (cuyo signo distintivo es la acumulación por despojo), las potencias no soportan que alguien se rebele y anuncie su independencia del centro hegemónico, al tiempo que establece políticas de manejo soberano de sus recursos, que siempre están en la mira de las aves de rapiña que son las grandes corporaciones, sin bandera ni patria, que no sea el poder.

Terrorismo estatal e impunidad, Carlos Fazio 4 entregas importantes sobre la guerra sucia, terrorismo de estado, limpieza social en el México del PAN

Terrorismo estatal e impunidad, Carlos Fazio /I

Detenido en Atenco

El 14 de octubre, en el alcázar de Chapultepec, ante Felipe Calderón y medio gabinete federal, Javier Sicilia aludió al carácter autoritario del régimen y alertó sobre su rostro más brutal: el militarismo y el fascismo. Sin ambages, tras condenar la estrategia de guerra gubernamental con su lógica de violencia, terror y exterminio, Sicilia afirmó que las decisiones de Calderón provocaron el resurgimiento de grupos paramilitares, y denunció que detrás de las fosas comunes de las estadísticas se encuentran los victimarios, homicidas crueles que saben que mientras las víctimas y ellos carezcan de identidad su impunidad está garantizada.

El desborde autoritario viene de atrás. Aceptando que la naturaleza del Estado consiente el uso de la coacción, ésta comenzó a ser considerada ilegítima por su carácter excesivo con las represiones en Atenco y Oaxaca en la antesala del calderonismo. Las flagrantes violaciones a los derechos humanos, con las vejaciones y torturas a los detenidos –incluida la violencia sexual contra una veintena de prisioneras–, fueron preludio de la peligrosa involución autoritaria de los aparatos del Estado. En su estrategia conservadora, sectores de la derecha política y parlamentaria (y los medios de difusión masiva a su servicio) toleraron el accionar autoritario y violento de los distintos órdenes estatales, demostrando una complicidad institucional.

Tras la imposición de Calderón mediante un fraude patriótico en el marco de una sociedad polarizada, al privilegiarse el recurso de la fuerza para solucionar los conflictos, el antagonismo se transformó en ruptura. Comenzó entonces un larvado proceso de militarización del país de signo fascistoide, que no puede explicarse solamente por el interés de clase de la plutocracia amenazada. Fueron decisivos también otros factores, como la existencia de un tipo de mentalidad y tradiciones ancladas en la contrainsurgencia y la guerra sucia de los años setenta que, en determinados sectores de la policía y las fuerzas armadas, con el sostén de una remozada doctrina de seguridad nacional y una adecuada cobertura ideológica, podían readmitir con facilidad la adopción de actitudes de desprecio por la vida.

Cd Juarez Nacho Ruiz Cd Juarez

Bajo el disfraz de una guerra al narcotráfico planificada por Estados Unidos, el recurso a la violencia en diciembre de 2006 obligó a Calderón a asumir el papel de enemigo. Como dice Paul Gilbert, al tratar a sus opositores como el enemigo interno, el gobierno terminó por reducirse a sí mismo a la condición de enemigo. En 2007, de la mano de operativos policiaco-militares en varias partes del país, se produjo en México un proceso similar al que afectó a los países europeos en la primera posguerra, definido por George L. Mosse como brutalización de la política, fundamento de la expansión del nazismo. En particular, la república de Weimar fue el escenario donde, en medio de la complicidad o impotencia de las fuerzas políticas y el Parlamento, las derechas extremas deshumanizaron alenemigo interno, representado por el comunismo, los judíos, los gitanos y la oposición socialdemócrata y liberal.

Si el acorralamiento contrainsurgente de grupos antisistémicos como el EZLN y el EPR, junto a las represiones en Atenco y Oaxaca, y la estigmatización de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de resistencia civil pacífica como un peligro para México marcaron la transición del foxismo al calderonismo, la brutalización de la política arreció tras la proclamación autojustificatoria del titular del Ejecutivo de que protegía al país con el monopolio del poder (octubre de 2007).

Al asumirse como detentador del monopolio de la fuerza y la violencia estatal en desmedro (y sin el control) de los poderes Legislativo y Judicial, Calderón exhibió entonces su mentalidad autocrática. Mediante una campaña de saturación propagandística e ideológica primitiva, basada en la retórica del enemigo interno –un discurso excluyente y estereotipado que convertía a la oposición político-social y a la delincuencia en potenciales subversivos o cuerpos extraños a exterminar–, se fue creando un clima disciplinador que presentaba como aparentemente ineludible la adopción de medidas cada vez más coercitivas, de legislación especial propia de un régimen de excepción. A la par, se preparó a la población para que aceptara el empleo de técnicas más o menos secretas de guerra sucia, lo que mediante la irrupción de grupos paramilitares y de limpieza social ha derivado en nuestros días en terrorismo de Estado.

Acteal mujeres defendiendose

No está de más repetir que, por naturaleza, el Estado posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza, pero dentro de los límites consentidos por la legislación interna e internacional, porque otro de los cometidos del Estado es la defensa de la ley. En la lucha por preservar su poder y los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos atacados por grupos de la economía criminal, el Estado no puede utilizar cualquier forma de violencia. En ese contexto, huelga decir que desde el momento en que las fuerzas armadas ingresaron en la escena represiva, lo hicieron violando las leyes, también las de la guerra, al practicar la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial, incluso de niños, mujeres y estudiantes indefensos que fueron asimilados a bajas colaterales.

Cincuenta mil muertos y 10 mil desaparecidos después, insistimos en que el terrorismo de Estado es violación de la ley y se caracteriza por el uso del asesinato político, de la tortura y de otras formas de crueldad ejercidas contra quien se le opone. El carácter criminal del terrorismo de Estado está determinado no sólo porque actúa fuera de la ley –apelando incluso a escuadrones de la muerte–, sino porque viola los derechos humanos, incluidos los de presuntos delincuentes. A su vez, la obediencia a las órdenes superiores, si éstas violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal.

Terrorismo estatal e impunidad, Carlos Fazio /II

Manifestaciones en todo el país No Mas Sangre

La violación masiva de derechos humanos por integrantes de las fuerzas armadas y la Policía Federal –a través de prácticas como la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial– tiene una lógica y un responsable. El 21 de septiembre pasado, durante un encuentro con la comunidad mexicana en Los Ángeles, California, Felipe Calderón dijo de manera textual: "Y eso, amigas y amigos, empezó a crecer como un cáncer, como una plaga, como una plaga que se mete a una casa, que si uno no la corta a tiempo, se mete en todas las coladeras, en todas las recámaras, en todos los baños. Y esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tenga que tomar y los recursos que se necesiten" (fuente: Presidencia de la República).

De propia voz, la lógica de Calderón es la del exterminio de presuntos delincuentes. Sin límite de tiempo y utilizando los recursos que sean necesarios. Pero Calderón, al fin abogado, debería al menos respetar la Constitución. Y el Congreso debería obligarlo a que la cumpla; a que no se incline ante la fuerza y defienda, pura y simplemente, el poder civil, del cual presuntamente es el representante, así sea de manera espuria.

A la vez, como apuntábamos en nuestra entrega anterior, la obediencia a órdenes superiores, si esas órdenes violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal. Los soldados, marinos y policías deberían saber que la responsabilidad de las atrocidades es individual, recae sobre quien las cometió. Para la justicia, en especial desde los juicios de Nüremberg, el soldado o policía que recibe órdenes de violar los derechos humanos o las normas de guerra no es un simple súbdito vinculado de manera servil a la obediencia de un mando superior, sino un ciudadano, un ser racional capaz de decidir, responsable de sus actos. Su responsabilidad –que no tiene parangón, dada su función pública, con la de un civil que comete los mismos delitos– se ve acrecentada porque la comunidad le delegó el cometido de garantizar el respeto de la ley. De allí que los militares y policías mexicanos violadores de derechos humanos deberían mirarse en el espejo argentino, donde las condenas a cadena perpetua impuestas a 11 represores el 27 de octubre hacen justicia a las víctimas de la guerra sucia de la dictadura militar.

Conviene recordar que, más allá de la "función" de obtener información, la práctica de la tortura cumple un papel demostrativo, simbólico, al igual que las acciones de los comandos paramilitares y grupos de limpieza social. Mediante el uso de la tortura se busca "quebrar" al prisionero, provocando su muerte moral o física, para demostrar la fuerza del Estado, lo que también opera como mensaje de advertencia y amenaza a toda la población. La experiencia histórica demuestra que la tortura sistemática es el primer paso para la institucionalización del terrorismo de Estado. Y hoy, cuando la tortura reaparece en México de la mano de los “operativos conjuntos” ordenados por el jefe del Ejecutivo, ésta es consentida por los otros poderes del Estado y aplicada sin mayores preocupaciones para su ocultamiento.

A manera de ejemplo, en el marco de las acciones del Ejército en Chihuahua y Michoacán, o de la Marina, en el caso Beltrán Leyva en Morelos, quedó exhibida la voluntad de difundir entre la población la arbitrariedad que ha adquirido el poder de coacción de las fuerzas armadas, un poder casi sin límites ni condicionamientos morales. Una violencia gratuita, además, que no guarda relación entre los objetivos a lograr en el marco de un (pregonado) estado de derecho –donde la misión debería ser disuadir o capturar criminales– y el grado de brutalidad empleado. Las torturas, mutilaciones, asesinatos y desapariciones no mantienen una relación proporcional al fin que el Estado declara perseguir de manera pública –la lucha contra la delincuencia–, volviéndose pura exhibición del poder absoluto, autocrático, del titular del Ejecutivo, a no ser que el Congreso, el Poder Judicial y la clase política parlamentaria avalen también el exterminio de presuntos criminales.

Si bien la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas en las violaciones de la ley y los derechos humanos no es homogénea, todos sus miembros conocen la existencia de tales prácticas ilegales degradantes, y al permanecer en la institución las aceptan y toleran. A la vez, la total impunidad de militares y policías es posible por la complicidad o tolerancia de amplios sectores de la clase política, en llamativo contraste entre el discurso en defensa de la legalidad y la integridad del Estado que realizan los gobernantes y los medios de difusión masiva conservadores y el virtual silencio que mantienen respeto de la ilegalidad estatal.

La retórica del enemigo interno a exterminar (Calderón dixit), que proporciona una falsa legitimidad basada en un seudopatriotismo –que exalta como héroes y representantes de la nación a militares y policías violadores de derechos humanos–, no está exenta de responsabilidades políticas. Una responsabilidad extensiva a los grupos económicos propietarios de los medios de difusión masiva, que aceptan ser vehículos de la propaganda de guerra oficial, y que al preparar a la opinión pública para justificar esa participación aun en condiciones ilegales y anticonstitucionales (incluida la práctica de la tortura como "mal necesario" y el accionar de escuadrones de la muerte) legitiman la violencia estatal indiscriminada y alientan que la legalidad pueda ser violada sin consecuencias. Con un riesgo adicional: el recurso a la violencia ilegal por parte del Estado abre camino al golpismo.

Terrorismo estatal e impunidad, Carlos Fazio /III

Manifestación por la Paz con Justicia y Dignidad

Más allá de la responsabilidad de los militares que han violado de manera flagrante e impune los derechos humanos de cientos de connacionales –como acaba de ratificar el reciente informe de Human Rights Watch–, la responsabilidad mayor recae en el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Felipe Calderón. Fue él quien decidió profundizar la “coadyuvancia” del Ejército y la Marina en la lucha contra la criminalidad y aceptó la estrategia de guerra irregular para combatir delitos del fuero común.

La declaración unilateral de combate a la criminalidad formulada en diciembre de 2006 colocó al país en los parámetros de una guerra civil. Entonces, ese hecho no tuvo una clara determinación jurídica. Pero conviene recordar que las fuerzas armadas no están formadas ni estructuradas para combatir el delito. Están instruidas, organizadas y estructuradas para defender la soberanía y la independencia nacionales, y el orden interno cuando es afectado por circunstancias tales que crean un estado de guerra. Los militares no empuñan las armas para reprimir un delito; para eso está la policía. Cuando el poder político recurre a los militares para “exterminar” a un enemigo interno, está reconociendo tácitamente el estado de guerra. Pero la lucha entre familias mafiosas o cárteles de la economía criminal, o el ataque de organizaciones delictivas a políticos y funcionarios del Estado como forma de presión o represalia, no son considerados actos de guerra.

Desde un inicio, el discurso estatal en la lógica de exterminio de los malos, y las formas equívocas en que fue difundido desde el gobierno y por unos medios masivos disciplinados a los usos y costumbres del poder, generaron ambigüedad, pero Felipe Calderón logró el objetivo de colocar “su” guerra –con la larga estela de ejecuciones sumarias, decapitados, torturados, desaparecidos y fosas comunes– como tema prioritario de la agenda pública.

La confusión deliberada entre esos dos planos de interpretación –guerra y delito– se ha mantenido constante durante sus cinco años de gestión, pero desde la llegada del dúo Obama/Clinton a la Casa Blanca arreciaron las presiones para asimilar las tácticas violentas de la delincuencia a las del terrorismo y la subversión política, como forma encubierta de criminalizar al enemigo como “narcoterrorismo” o “narcoinsurgencia” y preparar las condiciones para justificar la guerra sucia y el terrorismo de Estado. A la vez, el Estado se vio obligado a considerar la lucha contra la criminalidad como una forma de guerra irregular, dada la necesidad de introducir modificaciones jurídicas en la lógica de la seguridad nacional, preservando de paso el fuero militar, garante de la cuasi impunidad e inmunidad del estamento castrense.

A últimas fechas, la reticencia y oscilaciones del Estado a reconocer el carácter bélico del enfrentamiento contra algunas bandas criminales estuvieron determinadas por su naturaleza de exclusivo detentador de la autoridad pública y, por lo tanto, único competente para declarar una guerra, por constituir la autoridad legítima y prexistente sobre el territorio donde se desarrolla el conflicto. A mediados del año pasado, el cambio de “guerra” a “lucha por la seguridad pública” pudo haber estado determinado por la proximidad del fin del sexenio y el riesgo de que, al haber desarrollado una “guerra injusta”, Calderón pueda ser culpado de delitos contra la paz, al haber iniciado un conflicto sin motivos legítimos, o por haber violado las reglas de la guerra, lo que lo haría sujeto de ser juzgado como criminal de guerra.

La calificación de guerra “justa” o “injusta” remite a una antigua doctrina de origen filosófico y religioso, que comprende el jus ad bellum (el derecho de iniciar una guerra en presencia de una causa justa) y el jus in bello (el código de comportamiento bélico). La “guerra injusta” no posee una justa causa, pero no deja de estar sujeta a normas (consuetudinarias o positivas), que por lo general son las aceptadas por la convención de guerra vigente en su periodo histórico. No obstante, con frecuencia una guerra justa, regular o irregular, no respeta las normas. En ese sentido, predomina la visión de Clausewitz de que la guerra es esencialmente una actividad no sujeta a reglas, excepto aquellas que permiten alcanzar la victoria (que es entendida esencialmente como aniquilación del enemigo).

Manifestación Juicio a Calderón: No mas sangre

Los estados debaten esos problemas apoyándose en las teorías de los fines de la guerra, de los medios o instrumentos de guerra y de la proporcionalidad, teorías que forman parte del jus ad bellum y constituyen efectivas vallas de contención contra la “guerra total”. Clausewitz habla de “aniquilación del enemigo”. En la lógica del “exterminio de los malos” de Calderón, subyace no sólo la omisión gubernamental en el momento de definir a priori “la moderación en los fines y en los métodos de la guerra” (verbigracia, la tortura, la desaparición y la ejecución extrajudicial), sino también la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.

Norberto Bobbio agrega a lo anterior que la guerra sea moralmente lícita, lo que no significa que deba ser obligatoria. Y frente a la distinción entre “guerra justa” y “guerra necesaria”, sugiere que hay que apelar a la ética de la responsabilidad, fundada en la previsibilidad de los resultados.

Según Bobbio, “los gobernantes no pueden atenerse a la ética de las buenas intenciones y decir: la razón está de nuestro lado, por tanto, tenemos libertad de acción. Debe obedecer a la ética de la responsabilidad, valorar las consecuencias de sus propias acciones. Y estar preparados para renunciar a ellas, si estas acciones arriesgan producir un mal peor del que se quiere combatir. La reparación de la ofensa no puede volverse una masacre”. En el caso de Calderón, más de 50 mil muertes, 10 mil desaparecidos y miles de torturados lo condenan.

Terrorismo estatal e impunidad IV, Carlos Fazio

México vive una grave crisis humanitaria producto de una deliberada política estatal que busca imponer un nuevo modelo autoritario de seguridad. En el marco de la"guerra" de Felipe Calderón contra grupos de la economía criminal, el tránsito hacia un nuevo Estado de corte policiaco-militar ha estado sustentado, de facto, en medidas propias de un estado de excepción y prácticas de tipo contrainsurgente, mismas que han sido apoyadas y legitimadas desde los medios de difusión masiva bajo control monopólico –en particular los electrónicos– a través de la construcción social del miedo y la fabricación de enemigos míticos y elusivos que operan como distractores, tales como el populismo radical y el narcoterrorismo.

En forma paralela al acelerado proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización del país, y de acuerdo con planes de alcances geopolíticos elaborados por sucesivos gobiernos de la Casa Blanca, el bloque de poder dominante ha venido imponiendo un reordenamiento capitalista del territorio mexicano que, con eje en megaproyectos contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan Puebla-Panamá, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, incluye la tierra como mercancía y el saqueo de recursos (entre ellos petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales) por compañías multinacionales, de capital nacional y extranjero.

La violencia estructural es consustancial al sistema capitalista. Desde sus orígenes el capitalismo ha sido depredador y salvaje. Pero, según Walter Benjamin y Giorgio Agamben, desde la Primera Guerra Mundial el "estado de excepción" devino en la regla. Para ambos, el "estado de excepción" no es el que impone el poder soberano para suspender el estado de derecho y doblegar la rebelión que subvierte el orden establecido; se refieren al estado de excepción "permanente" que sufren los oprimidos y las víctimas de la historia, incluso dentro del estado de derecho, que no de justicia.

Según Agamben, vivimos en el contexto de lo que se ha denominado una "guerra civil legal", forma de totalitarismo moderno que recurre al estado de excepción y que operó tanto para el régimen nazi de Adolfo Hitler como para los poderes de emergencia concedidos por el Congreso de Estados Unidos al presidente George W. Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Una de las tesis centrales de Agamben es que el estado de excepción, ese lapso –que se supone provisorio– en el cual se suspende el orden jurídico, durante el siglo XX se convirtió en forma permanente y paradigmática de gobierno.

Para el filósofo italiano el estado de excepción contemporáneo no tiene como modelo la dictadura de la antigua Roma, sino imita a otra institución romana, el iustitium, suspensión de todo orden legal que creaba un verdadero vacío jurídico. El actual estado de excepción no tiene nada de constitucional, y al suspender toda legalidad deja al ciudadano a merced de lo que Agamben llama "poder desnudo". Estaríamos frente a un cambio de paradigma, donde la excepción hace desaparecer la distinción entre la esfera pública y la privada. En ese esquema, el estado de derecho es desplazado de manera cotidiana por la excepción, y la violencia pública queda libre de atadura legal. El nuevo paradigma de "gobierno" que hace de la excepción la norma elimina toda distinción entre violencia legítima e ilegitima, con lo que queda pulverizada la noción weberiana del Estado.

Guantanamo:Prisioneros

Tras los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, el repliegue democrático en Estados Unidos fue asombroso. Philippe S. Golub señaló que bajo la apariencia de un estado de excepción no declarado pero efectivo, al ordenar la guerra al terrorismo la administración Bush procedió a la demolición sistemática del orden constitucional, mediante un doble movimiento de autonomización y concentración de poder en el Ejecutivo y una marginalización de los contrapoderes. La forma de gobierno por decretos secretos y decisiones presidenciales arbitrarias devino práctica normal del Estado. Bush lanzó operaciones ilegales de espionaje interno y, arrogándose poderes extrajurídicos, pisoteó los tratados internacionales, legalizó la tortura, secuestró-desapareció presuntos terroristas y arrestó de manera indefinida y sin juicio a quienes fueron identificados como "combatientes ilegales", que, como los prisioneros del campo de concentración de Guantánamo, han sido mantenidos en un "limbo" legal hasta el presente, apoyado por un "sistema" judicial paralelo y secreto controlado por el Pentágono y la Casa Blanca.

Igual que en Auschwitz y otros campos nazis, donde lo que ocurría era algo más allá de lo que pudiera considerarse una bestialidad, bajo el estado de excepción permanente instaurado por Bush –y reproducido por Barack Obama y otros gobiernos occidentales en nombre de los imperativos de seguridad– se puede matar sin que signifique delito; por decreto. Agamben dice que en el capitalismo actual estamos sometidos a una nuda vida (vida natural) y expuestos a ser exterminados como"piojos" (tal como decía Hitler respecto de los judíos) por la biopolítica, debido a "la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos y cálculos del poder".

Si el enemigo es tratado como no-persona, como bestia, se le puede exterminar a la manera de "la solución final" nazi. Para Agamben el estado de excepción no es un accidente dentro del sistema jurídico, sino su fundamento oculto.

Hannah Arendt habló de la banalización del mal, en el sentido de una naturalización o normalización de acciones indudablemente criminales. Podríamos concluir que bajo el estado de emergencia permanente no declarado de Felipe Calderón –con sus decapitados, sus muertos torturados semidesnudos y sus fosas comunes– la excepción se convirtió en regla. Y como regla duradera, la excepción hace que todo sea posible.

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encuentro por la Desmilitarizacion Inmediata 11,12,13,

Encuentro Nacional por la Desmilitarización Inmediata
11, 12, 13 de Noviembre de 2011
Ciudad de México

Viernes 11 de noviembre

Sede: Ciudad Universitaria UNAM
Foro: ¿Por qué desmilitarizar el país? 13: 00 hrs.
Auditorio Ho Chi Min ,Facultad de Economía, C.U.
13-15:00 hrs.: Primera parte del Foro (participación de 4 ponentes)
15-16:00 hrs.: Receso-Comida
16-18:00 hrs.:Segunda parte del Foro (con la participación de 4 ponentes)

Sábado 12 de Noviembre

Sede: Sección IX de la CNTE. Belisario Domínguez No. 32 Colonia Centro, DF.
Mesas de discusión, 9:00 – 15: 00 hrs.

Mesas de discusión, a partir de los ejes transversales: Desmilitarización inmediata del país, Abajo la Reforma a la Ley Federal del Trabajo, Abajo el Plan Mérida, Abajo la Reforma a la Ley de Seguridad Nacional, No a la intervención Estadounidense

Reforma a la Ley de Seguridad Nacional
Intervención norteamericana y Plan Mérida
Legalización de drogas
Militarización y violencia
Referentes y experiencias de lucha contra la militarización y la paramilitarización
Seguridad social
Exterminio de grupos vulnerables (feminicidios, juvenicidios y migrantes)

Primer plenaria general:17: 00 hrs. en adelante

Balance, análisis y plan de acción

Domingo 13 de noviembre

Auditorio Escuela Técnica del SME

Segunda plenaria general 10: 00 – 17:00 hrs.

Referente Nacional por la desmilitarización inmediata

Perros de guerra: Narcos, mercenarios y militares en México, por Carlos Fazio

Perros de guerra

Carlos Fazio/BrechaURUGUAY

La matanza del casino Royale, en Monterrey, a fines de agosto, fue aprovechada por el presidente Felipe Calderón para reforzar aun más su estrategia de militarización del país, que ha costado la muerte de 50 mil personas en menos de cinco años.

 Con precisión militar, a media tarde y en sólo dos minutos y medio, el pasado 25 de agosto un comando llevó a cabo el incendio intencional del casino Royale, en la norteña ciudad de Monterrey, provocando la muerte de 52 personas, la mayoría mujeres. Casi de inmediato, la imagen televisada de la acción gansteril, propia de una economía mafiosa que utiliza la "protección extorsiva" y la violencia reguladora para disciplinar los mercados de la ilegalidad, dio la vuelta al mundo. Un par de horas después, en su cuenta de Twitter Felipe Calderón describió el suceso como "un aberrante acto de terror y barbarie".

Al día siguiente, después de una reunión con el Gabinete de Seguridad Nacional, en un discurso tan bien estructurado que parecía haber sido manufacturado con antelación, Calderón afirmó: "No debemos confundirnos ni equivocarnos: fue un acto de terrorismo (...) perpetrado por homicidas incendiarios y verdaderos terroristas". Después pidió apurar la aprobación de la iniciativa de ley sobre seguridad nacional y el mando único policial, congelada en el Congreso, y llamó a la "unidad nacional" y al alineamiento de todos "los mexicanos de bien" detrás de su cruzada contra la criminalidad.

En el marco de lo que Denis Muzet ha denominado la "hiperpresidencia" –en alusión a la forma mediática de gobernar, sazonada en la ocasión por una campaña de intoxicación propagandística con eje en la seguridad–, no puede pensarse que hubo un uso ingenuo o errático de las palabras. Máxime cuando el discurso debió haber sido consultado con los jefes militares de la "guerra" de Calderón, reunidos de urgencia ante la emergencia. Allí se decretó el escalamiento de la confrontación: se decidió enviar 3 mil efectivos federales más a Monterrey, profundizándose su militarización mediante un virtual estado de sitio.

El sábado 27 las ocho columnas de los diarios recogieron sin ambages la consigna presidencial: "Terrorismo". Incluso el semanario Proceso habló de "narcoterrorismo", según la matriz de opinión sembrada por el Pentágono y Hillary Clinton tiempo atrás. Y el lunes 29, el Consejo Coordinador Empresarial –la cúpula de cúpulas de los capitanes de industria– reforzó el llamado a la "unidad" a nombre de "México", como suelen generalizar los amos del país.

TERRORISMO ESTATAL. Conviene aclarar que terrorismo es el uso calculado y sistemático del terror para inculcar miedo e intimidar a una sociedad o comunidad. Es una clase específica de violencia. Como táctica, es una forma de violencia política contra civiles y otros objetivos no combatientes, perpetrada por organizaciones no gubernamentales, grupos privados (por ejemplo, guardias blancas o mercenarios a sueldo de compañías trasnacionales) o agentes clandestinos que pueden ser incluso estatales o paraestatales. El "blanco-instrumento" (víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista) es usado para infundir miedo, ejercer coerción o manipular a una audiencia o un blanco primario a través del efecto multiplicador de los medios.

El término terrorismo puede también abarcar una categoría importante de actos realizados o patrocinados de manera directa o indirecta por un Estado, o implícitamente autorizados por un Estado con el fin de imponer obediencia y/o una colaboración activa de la población. Cargada de connotaciones negativas o peyorativas, la palabra terrorismo es aplicada siempre para el terrorismo del otro, mientras que el propio es encubierto mediante eufemismos.

La acción del comando que incendió el casino Royale generó miedo y desestabilización. En apariencia, el móvil político no formó parte de la trama.

No obstante, en un año preelectoral, la acción fue rápidamente capitalizada por Felipe Calderón, dándole de paso una nueva vuelta de tuerca a la militarización del país. Llamó la atención en la coyuntura que Héctor Aguilar Camín, uno de los soportes ideológicos y argumentativos de la militarización del país, marcara distancia al escribir: "Escalar oratoriamente el conflicto hasta las nubes incendiadas del terrorismo es una forma de hacer terrorismo con las palabras".

Sin caer en teorías conspirativas, sumado a una sucesión de acciones desestabilizadoras (el "secuestro" de empleados de las encuestadoras privadas Parametría y Mitofsky, y de la Sección Amarilla de Teléfonos de México en Michoacán, la explosión de una carta-bomba en el Instituto Tecnológico de Monterrey, el fantasmal tiroteo en el estadio de fútbol Corona), en el caso del casino no se pueden descartar las variables del agente provocador y el acto desestabilizador con bandera falsa.

LA INTERVENCIÓN VA. Estados Unidos ha sido el principal promotor de la matriz de opinión sobre la existencia de "narcoterrorismo" en México, y como reveló en dos ocasiones The New York Times en agosto, agentes clandestinos de la Agencia Central de Inteligencia (cia), del Buró Federal de Investigación (FBI), de la agencia antidrogas dea y del Pentágono, junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz de "contratistas privados", están utilizando las "lecciones" de Afganistán en el territorio mexicano al margen de la Constitución y en detrimento de la soberanía nacional.

Según la versión del New York Times del 7 de agosto, un equipo de 24 agentes de la cia, la dea y militares "jubilados" del Comando Norte del Pentágono estarían dirigiendo labores de inteligencia desde un "centro de fusión" binacional instalado en una base militar en la región norte del país, que el diario no identificó pero podría estar ubicada en la sede del 22º Batallón de Infantería de la séptima zona militar en Escobedo, Nuevo León.

Similar a los que Estados Unidos instaló en Colombia, Afganistán e Irak para vigilar y atacar a grupos insurgentes y presuntos terroristas, el nuevo puesto de inteligencia –que se suma a otros en Ciudad de México, Tijuana y Ciudad Juárez– opera con tecnología de punta que permite interceptar comunicaciones confidenciales y codificadas, bajo estricto control de personal estadounidense. La información complementa la que, según versiones periodísticas no desmentidas, recaban por todo el territorio nacional 1.500 agentes estadounidenses, y la suministrada por aviones espías no tripulados (drones) que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano en virtud de acuerdos secretos con Washington que escapan al control del Congreso local.

El reportaje del New York Times destacaba, además, que Washington planea insertar un equipo de "contratistas privados" estadounidenses de seguridad (ex agentes de la cia, la dea y de las fuerzas especiales del Pentágono), para que brinden "capacitación" dentro de una unidad antinarcóticos mexicana no identificada.

La subcontratación de los llamados "perros de guerra" por el Pentágono y el Departamento de Estado para que realicen tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia, comenzó en México antes de la firma de la carta de intención secreta (octubre de 2007) que oficializó la Iniciativa Mérida. Como se reveló en febrero, la empresa Verint Technology instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Después se supo que la empresa S Y Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea en Veracruz, para proteger instalaciones petroleras de Pemex. Ambas informaciones fueron puestas bajo reserva por 12 y 15 años por razones de seguridad nacional. Con posterioridad, diversas informaciones dieron cuenta de la presencia en México de la firma Blackwater (o Xe Services), una de las favoritas del Pentágono para la mercenarización de conflictos.

El 17 de agosto, en Ciudad Juárez, William Brownsfield, secretario asistente para la Oficina de Narcóticos y Procuraduría de Justicia Internacional de Estados Unidos, declaró que su gobierno capacitará y equipará policías municipales, estatales y federales mexicanos dentro de la "nueva estrategia" de la Iniciativa Mérida. La "nueva etapa" del también llamado Plan México, símil del Plan Colombia, coincidirá con la llegada al país del embajador estadounidense Earl Anthony Wayne. Wayne es un diplomático de carrera pragmático, experto en terrorismo, contrainsurgencia y energía. Su última misión fue en Afganistán, país al que Estados Unidos identificó en enero-febrero de 2009, junto con México, como un "Estado fallido" a punto de colapsar, situación que "justificaba" la intervención militar estadounidense. En mayo siguiente, en Washington, generales del Pentágono revelaron a un grupo de empresarios y líderes políticos conservadores de Florida que soldados del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales ("boinas verdes") venían actuando en México desde 2006, bajo la cobertura de misiones antinarcóticos.

Otra pieza clave en la "transición" será Keith Mines, un ex militar que estuvo en Irak y fungió luego como director de la Sección Antinarcóticos de la misión diplomática en México. Mines monitoreará la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida, que se construye en Amozoc, a 100 quilómetros del Distrito Federal, y que ha sido publicitada como "la primera del mundo en su tipo". Según Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de Seguridad Pública en Puebla y viejo amigo de Wa-shington, la "academia" alojará al consejo de coordinación regional de las policías municipales y estatales, y servirá para el intercambio de información policial preventiva, reactiva y proactiva. Tal vez esa sea la sede antinarcóticos a la que llegarán los mercenarios que, de acuerdo al The New York Times, capacitarán a policías mexicanos.

¿BANANEROS? El 13 de julio, durante una reunión con integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, tres generales y un coronel del Ejército mexicano exigieron a diputados y senadores la aprobación de un marco jurídico que amplíe y legalice la participación de esa rama de las fuerzas armadas en la "guerra sucia" de Calderón. Una guerra que bajo la pantalla de la lucha anticrimen ha cobrado más de 50 mil muertos y 10 mil de-saparecidos, y el desplazamiento forzoso de 250 mil familias. El Ejército y la Armada han sido los principales instrumentos del comandante supremo de las fuerzas armadas en esa confrontación fratricida, definida por el subsecretario de la Defensa, general Demetrio Gaytán Ochoa, como un "conflicto asimétrico" contra un enemigo que no tiene rostro. La jerga militarista denomina "guerra asimétrica" a la que se da entre dos contendientes con una desproporción de los medios a disposición. En la guerra asimétrica no existe un frente determinado, ni acciones militares convencionales. Es un conflicto irregular que se basa en golpes de mano, combinación de acciones políticas y militares, propaganda negra, operaciones encubiertas y psicológicas, implicación de la población civil y operaciones similares.

Tras los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, la potenciación de un "enemigo asimétrico" fue utilizada por la administración de George W Bush para sus operaciones en Afganistán e Irak. Desde entonces, como complemento del "enemigo interno", la noción pasó a formar parte de la doctrina de seguridad nacional estadounidense en su lucha contra el terrorismo.

Según declaraciones de generales del Comando Norte del Pentágono, las operaciones militares en Afganistán e Irak se basan en la contrainsurgencia clásica, lo que implica acciones propias de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, verbigracia, el uso de la tortura sistemática, la ejecución sumaria extrajudicial y la desaparición forzada, combinadas con la utilización de aviones no tripulados (drones) artillados y el ametrallamiento de civiles en retenes, como ha quedado ampliamente documentado.

Dado que desde 2002 México quedó integrado de facto al "perímetro de seguridad" y al Comando Norte de Estados Unidos, y que existen acuerdos militares secretos con ese país en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (aspan, 2005), signados bajo el halo de la "guerra al terrorismo", es lógico concluir que las tácticas utilizadas por Washington en Afganistán e Irak (practicadas antes en Colombia) se han venido utilizando en el territorio nacional. En particular, durante el sexenio de Felipe Calderón, con un crecimiento exponencial de la violencia. n

La Intervención va!. Transicion de nacion soberana a protectorado o peor!

Carlos Fazio/LAJORNADA22 de agosto de 2011

La confirmación, por conducto de The New York Times, de que grupos de tarea del Pentágono, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de otras dependencias del área de seguridad estadunidense –junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz decontratistas privados– operan directamente en territorio nacional al margen de la Constitución Política Mexicana ha convertido al país en la república bananera más grande de Centroamérica.

Según la versión del 7 de agosto en el rotativo neoyorquino, un equipo de 24 agentes de la CIA, la DEA y militaresjubilados del Comando Norte del Pentágono estarían dirigiendo labores de inteligencia (y de espionaje político sobre determinados objetivos, incluidas las misiones diplomáticas acreditadas en México) desde un centro de fusiónbinacional instalado en una base militar en la región norte del país, que el diario no identificó, pero que podría estar ubicada en la sede del 22 batallón de infantería de la séptima zona militar en Escobedo, Nuevo León.

Similar a los que Estados Unidos instaló en Colombia, Afganistán e Irak para vigilar y atacar a grupos insurgentes, el nuevo puesto de inteligencia –que se suma a tres similares ubicados en Reforma 265 (Distrito Federal), Tijuana y Ciudad Juárez– opera con tecnología de punta que permite interceptar comunicaciones confidenciales y codificadas, bajo estricto control de personal estadunidense. La información complementará la que recaban por todo el territorio nacional un millar y medio de agentes estadunidenses, y la suministrada por aviones espías no tripulados (drones) que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano.

El reportaje destacaba, además, que Washington planea insertar un equipo decontratistas privados de seguridad estadunidenses (ex agentes de la CIA, la DEA y de las fuerzas especiales del Pentágono) para que brindencapacitación dentro de una unidad policiaca antinarcóticos mexicana especializada, no identificada.

La subcontratación de los llamadosperros de guerra por el Pentágono y el Departamento de Estado, para que realicen tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia, comenzó en México antes de la firma de la carta de intención secreta (septiembre de 2007) que oficializó la Iniciativa Mérida.

Como se reveló en febrero de ese año, la empresa Verint Technology Inc instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Después se supo que la empresa SY Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea en Veracruz, para proteger instalaciones de Pemex. Ambas informaciones fueron puestas bajo reserva por razones de seguridad nacional. Con posterioridad, diversas informaciones dieron cuenta de la presencia en México de la firma Blackwater (o Xe Services), una de las favoritas del Pentágono para la mercenarización de conflictos.

El 17 de agosto, en Ciudad Juárez, William Brownsfield, secretario asistente para la Oficina de Narcóticos y Procuraduría de Justicia Internacional de Estados Unidos, declaró que su gobierno capacitará y equipará policías municipales, estatales y federales mexicanos, dentro de la nueva estrategia de la Iniciativa Mérida. Según Brownfield, los policías mexicanos serán entrenados en el territorio nacional por agentes del condado Webb, en Texas.

La nueva etapa de la Iniciativa Mérida coincidirá con la llegada al país del embajador estadunidense Earl Anthony Wayne. El relevista de Carlos Pascual es un diplomático de carrera pragmático, experto en terrorismo, contrainsurgencia y energía. Su misión más reciente fue en Kabul, Afganistán, país al que la comunidad de inteligencia y el Pentágono en Washington identificaron en enero-febrero de 2009, junto con México, como un Estado fallido a punto de colapsar, situación que justificaba la intervención militar estadunidense.

En mayo siguiente, en Washington DC, generales del Pentágono revelaron a un grupo de empresarios y líderes políticos de Florida que soldados del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales (boinas verdes) venían actuando en México desde 2006, bajo la cobertura de misiones antinarcóticos.

Wayne se apoyará en el segundo hombre de la embajada, John Feeley, el ex marine que sobrevivió al affaireCalderón-Pascual, pese a haber sido exhibido por las filtraciones de Wikileaks publicadas en La Jornada. Otra pieza clave en la transición será el ex militar Keith W. Mines, quien estuvo en Irak y fungió luego como director de la Sección Antinarcóticos de la misión diplomática en México.

Mines monitoreará la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida, que se construye en Amozoc, y que ha sido publicitada como la primera del mundo en su tipo. Según Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de seguridad pública en Puebla y viejo amigo de Washington, la academia alojará al consejo de coordinación regional de las policías municipales y estatales, y servirá para el intercambio de información policial preventiva, reactiva y proactiva. ¿Será la sede antinarcóticos a la que llegarán los mercenarios que, según The New York Times, capacitarán a policías mexicanos?

En el contexto de la Iniciativa Mérida, los asesores de inteligenciaestadunidenses recolectan información estratégica en tiempo real, guían y participan de manera encubierta en operaciones tácticas, entrenan a oficiales locales en áreas de análisis, interrogatorio e inteligencia técnica. Debido a la asimetría de poder que existe en la colaboración bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, sumada a la debilidad institucional mexicana y al acendrado cipayismo* de Felipe Calderón, la situación derivará en lo que ya John Saxe-Fernández advirtió en estas páginas, a saber, la transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security.

* simpatizante de intereses extranjero, secuaz a sueldo,

Senado y Operativos de Agentes de EU

El senador Ricardo Monreal, se opone completamente a los operativos de E.U. en nuestro país.

http://homozapping.com.mx/author/jenarovillamil/

JenaroVillamil Diez días después que el periódico norteamericano The New York Times revelara en su edición del 7 de agosto la existencia de dos centros de espionaje donde agentes estadounidenses realizan operaciones en nuestro país, sin autorización del Congreso mexicano, los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, confirmaron en una reunión a puerta cerrada con legisladores la presencia de estos funcionarios, pero consideraron que el número exacto y sus atribuciones precisas constituyen “datos confidenciales”.

Incluso, el director del Centro de Información de Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés afirmó durante esa misma reunión con senadores y diputados integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, que el gobierno mexicano realiza “labores de contrainteligencia” para “monitorear las actividades” las actividades de estos agentes.

El senador panista Felipe González, ex gobernador de Aguascalientes, afirmó que, según los funcionarios mexicanos, las actividades de estos agentes consiste en lo siguiente: “se juntan (en una zona militar) para pasar toda la información y cuando terminan regresan a la embajada”.

El ex perredista, ex guerrillero y ahora militante del PRI, el senador René Arce, integrante de la misma Comisión Bicamaral, afirmó al salir de la reunión privada que “no existe ninguna veracidad en las versiones que se han dado a conocer en relación de que estos agentes realicen alguna otra tarea que no sea la que expresamente tienen que ver con las cuestiones pactadas en los tratados”.

“En principio, el número de agentes no se nos dio, sí se nos dijo que existen, por supuesto, agentes de la CIA, del FBI, de la DEA e incluso del ATF (Agencia contra el Tráfico de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), e incluso civiles del Departamento de Estado que están como civiles”, abundó René Arce.

Ni los senadores Felipe González, Carlos Jiménez Macías, del PRI, ni René Arce consideraron que el Ejecutivo federal mexicano haya violado la Constitución mexicana al no informarle al Senado sobre la existencia de estos centros operativos.

Los legisladores avalaron la versión del titular de Gobernación, Francisco Blake Mora, quien afirmó en un comunicado de prensa que la presencia de estos funcionarios extranjeros “se hace conforme al marco constitucional y a los tratados internacionales debidamente suscritos por el Estado mexicano, como la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Trasnacional, entre otros”.

Los funcionarios del Ejecutivo federal rechazaron ante los legisladores que existan convenios o cartas de intención entre el presidente Barack Obama y Felipe Calderón, tal como lo han divulgado distintos medios norteamericanos.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones, también descartó que se violara el marco constitucional y reiteró que “es necesaria una colaboración entre los dos países –México y Estados Unidos- para poder ser más eficaces en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico”.

En contra de estas posiciones, el senador del PT, Ricardo Monreal afirmó que frente a estas revelaciones de la prensa norteamericana el Senado “es como un florero”, reacciona tardíamente ante lo que él considera “no sólo es una invasión a la soberanía, sino prácticamente una ocupación al país”.

En entrevista con Proceso, Monreal afirma que las violaciones a la Constitución son tan claras que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, “es sujeto al juicio político”.

“La situación es tan grave que hay salidas de tropas mexicanas al extranjero, sin autorización del Congreso, a pesar de que el artículo 76 de la Constitución, en su fracción III señala que es una función exclusiva del Senado autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de cuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas”, advierte el ex gobernador de Zacatecas.

Hasta el jueves 18 de agosto,  Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, reiteró que la presencia de agentes extranjeros en México no viola la Constitución y no es exclusiva de la administración calderonista.

“Hay que decir que la presencia de agentes estadounidenses no es exclusivamente durante esta administración. Y que, fundamentalmente, las labores en las que están participando tienen que ver con este intercambio de información y operación técnica, precisamente, para fortalecer las distintas áreas de trabajo del gobierno federal”, defendió Poiré, durante una rueda de prensa en Los Pinos.

“Violación Flagrante” a la Constitución: Monreal

Monreal advierte que la existencia de estas “oficinas de fusión” (OBI, las llama el reportaje de The New York Times) constituyen, en realidad, un “minigabinete de seguridad” en nuestro país que “necesariamente debió haberse decidido por la Cámara de Senadores”.

En estas oficinas opera personal de la Agencia de Inteligencia Militar, de la CIA, del Departamento de Justicia con sus tres agencias: FBI, DEA y ATF; del Departamento de Seguridad Interior con sus dos servicios: el de Inteligencia de Guardia Costera y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio; y el Departamento del Tesoro, con sus agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y de Asuntos Financieros.

“Lo anterior constituye una clara y flagrante violación al artículo 89 constitucional; la presencia y operación en México de un minigabinete de seguridad de los Estados Unidos, vulnera toda noción de soberanía estatal y hace nugatorio el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, y el ejercicio legítimo del uso exclusivo de la fuerza pública por parte del Estado”, argumenta el senador del PT, crítico reiterado de la Iniciativa Mérida.

Además, agrega Monreal, “en clara contravención a los principios de soberanía Calderón ha permitido que un Estado extranjero introduzca innumerables agentes en territorio nacional, sin garantía alguna de que no habrá interferencia en la vida interna y en le libre desarrollo nacional”.

La información publicada en la última edición de Proceso, sobre los planes para incrementar el número de agentes de la CIA y de la DEA en México, constituye violaciones al artículo 73 fracciones XIV, XXI, XXIII y XXIX-M de la Constitución porque es facultad del Congreso expedir leyes en materia de seguridad nacional y también viola el artículo 76 de la Carta Magna que establece como facultades exclusiva del Senado “analizar la política exterior”, “aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba” y autorizar “el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional”.

El gobierno federal “alega que los agentes norteamericanos no tienen armas. No lo sabemos. Por lo pronto, ya reconocieron que sí estén representantes de la DEA, de la CIA, del FBI y de otros organismos internacionales”, abunda Monreal.

“Hay quienes nos dicen que somos trasnochados, de un nacionalismo inexistente o caduco. Entonces, ¡cambiemos la Constitución!”, contrargumenta Monreal.

“Si bien es cierto que el artículo 89 constitucional, fracción X, faculta al titular del Ejecutivo federal para dirigir la política exterior, también lo es que lo obliga a que la conducción de tal política, observe los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, el respeto y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”, abundó el senador del PT.

La Inicitiava Mérida

-La prensa norteamericana y los cables de Wikileaks han confirmado operativos como Rápido y Furioso o sobrevuelos de aeronaves norteamericanas y ahora la presencia de estos “minigabinetes”. ¿En los tres casos se viola la Constitución? –se le cuestiona.

-Los tres son violatorios. Y en los tres casos no fuimos informados.

-¿Ni con la Iniciativa Mérida?

-La Iniciativa Mérida no es sino un instrumento de la injerencia de Estados Unidos. Nosotros fuimos los únicos que votamos en contra de la Iniciativa Mérida. La metieron como un acuerdo, no como un tratado internacional, y se nombró una comisión legislativa palera, de seguimiento, que no informa, que se reúne en privado con la secretaria de relaciones Exteriores.

-En el Senado hubo reuniones con el ex embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual y con sus homólogos del Congreso norteamericano. ¿Ellos han informado?

-Nosotros hemos conocido documentos e informes confidenciales de lo que estaban tratando los Ejecutivos de Estados Unidos y México primero por la embajada norteamericana y luego por la vía directa del Congreso de Estados Unidos, antes que por la vía del Ejecutivo mexicano.

“Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el presupuesto asignado a la Iniciativa Mérida nos dimos cuenta vía el Congreso norteamericano”, abundó.

Sobre el mismo tema, el senador Beltrones, coordinador de la bancada del PRI, admitió también que sobre la Iniciativa Mérida el Senado mexicano ha obtenido “suficiente información con nuestros pares del Congresote los Estados Unidos, quienes nos han dicho los alcances de la misma, los recursos comprometidos, como también lo que nosotros creemos que debe ser una obligada colaboración en materia de inteligencia e intercambio de información”.

Por su parte, el senador y vocero de la bancada del PRI, Carlos Jiménez Macías, reiteró que durante la reunión a puerta cerrada el pasado 17 de agosto, los funcionarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y del CISEN insistieron que la Iniciativa Mérida no conducirá a un Plan Colombia.

“Nos dijeron muy claro, creo que eso sí lo podemos comentar, que de ninguna manera México va a aceptar y ya se los dijo a ellos, a Estados Unidos, un acuerdo con las características del Plan Colombia”, reseñó Jiménez Macías.