Terrorismo estatal e impunidad, Carlos Fazio 4 entregas importantes sobre la guerra sucia, terrorismo de estado, limpieza social en el México del PAN

Terrorismo estatal e impunidad, Carlos Fazio /I

Detenido en Atenco

El 14 de octubre, en el alcázar de Chapultepec, ante Felipe Calderón y medio gabinete federal, Javier Sicilia aludió al carácter autoritario del régimen y alertó sobre su rostro más brutal: el militarismo y el fascismo. Sin ambages, tras condenar la estrategia de guerra gubernamental con su lógica de violencia, terror y exterminio, Sicilia afirmó que las decisiones de Calderón provocaron el resurgimiento de grupos paramilitares, y denunció que detrás de las fosas comunes de las estadísticas se encuentran los victimarios, homicidas crueles que saben que mientras las víctimas y ellos carezcan de identidad su impunidad está garantizada.

El desborde autoritario viene de atrás. Aceptando que la naturaleza del Estado consiente el uso de la coacción, ésta comenzó a ser considerada ilegítima por su carácter excesivo con las represiones en Atenco y Oaxaca en la antesala del calderonismo. Las flagrantes violaciones a los derechos humanos, con las vejaciones y torturas a los detenidos –incluida la violencia sexual contra una veintena de prisioneras–, fueron preludio de la peligrosa involución autoritaria de los aparatos del Estado. En su estrategia conservadora, sectores de la derecha política y parlamentaria (y los medios de difusión masiva a su servicio) toleraron el accionar autoritario y violento de los distintos órdenes estatales, demostrando una complicidad institucional.

Tras la imposición de Calderón mediante un fraude patriótico en el marco de una sociedad polarizada, al privilegiarse el recurso de la fuerza para solucionar los conflictos, el antagonismo se transformó en ruptura. Comenzó entonces un larvado proceso de militarización del país de signo fascistoide, que no puede explicarse solamente por el interés de clase de la plutocracia amenazada. Fueron decisivos también otros factores, como la existencia de un tipo de mentalidad y tradiciones ancladas en la contrainsurgencia y la guerra sucia de los años setenta que, en determinados sectores de la policía y las fuerzas armadas, con el sostén de una remozada doctrina de seguridad nacional y una adecuada cobertura ideológica, podían readmitir con facilidad la adopción de actitudes de desprecio por la vida.

Cd Juarez Nacho Ruiz Cd Juarez

Bajo el disfraz de una guerra al narcotráfico planificada por Estados Unidos, el recurso a la violencia en diciembre de 2006 obligó a Calderón a asumir el papel de enemigo. Como dice Paul Gilbert, al tratar a sus opositores como el enemigo interno, el gobierno terminó por reducirse a sí mismo a la condición de enemigo. En 2007, de la mano de operativos policiaco-militares en varias partes del país, se produjo en México un proceso similar al que afectó a los países europeos en la primera posguerra, definido por George L. Mosse como brutalización de la política, fundamento de la expansión del nazismo. En particular, la república de Weimar fue el escenario donde, en medio de la complicidad o impotencia de las fuerzas políticas y el Parlamento, las derechas extremas deshumanizaron alenemigo interno, representado por el comunismo, los judíos, los gitanos y la oposición socialdemócrata y liberal.

Si el acorralamiento contrainsurgente de grupos antisistémicos como el EZLN y el EPR, junto a las represiones en Atenco y Oaxaca, y la estigmatización de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de resistencia civil pacífica como un peligro para México marcaron la transición del foxismo al calderonismo, la brutalización de la política arreció tras la proclamación autojustificatoria del titular del Ejecutivo de que protegía al país con el monopolio del poder (octubre de 2007).

Al asumirse como detentador del monopolio de la fuerza y la violencia estatal en desmedro (y sin el control) de los poderes Legislativo y Judicial, Calderón exhibió entonces su mentalidad autocrática. Mediante una campaña de saturación propagandística e ideológica primitiva, basada en la retórica del enemigo interno –un discurso excluyente y estereotipado que convertía a la oposición político-social y a la delincuencia en potenciales subversivos o cuerpos extraños a exterminar–, se fue creando un clima disciplinador que presentaba como aparentemente ineludible la adopción de medidas cada vez más coercitivas, de legislación especial propia de un régimen de excepción. A la par, se preparó a la población para que aceptara el empleo de técnicas más o menos secretas de guerra sucia, lo que mediante la irrupción de grupos paramilitares y de limpieza social ha derivado en nuestros días en terrorismo de Estado.

Acteal mujeres defendiendose

No está de más repetir que, por naturaleza, el Estado posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza, pero dentro de los límites consentidos por la legislación interna e internacional, porque otro de los cometidos del Estado es la defensa de la ley. En la lucha por preservar su poder y los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos atacados por grupos de la economía criminal, el Estado no puede utilizar cualquier forma de violencia. En ese contexto, huelga decir que desde el momento en que las fuerzas armadas ingresaron en la escena represiva, lo hicieron violando las leyes, también las de la guerra, al practicar la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial, incluso de niños, mujeres y estudiantes indefensos que fueron asimilados a bajas colaterales.

Cincuenta mil muertos y 10 mil desaparecidos después, insistimos en que el terrorismo de Estado es violación de la ley y se caracteriza por el uso del asesinato político, de la tortura y de otras formas de crueldad ejercidas contra quien se le opone. El carácter criminal del terrorismo de Estado está determinado no sólo porque actúa fuera de la ley –apelando incluso a escuadrones de la muerte–, sino porque viola los derechos humanos, incluidos los de presuntos delincuentes. A su vez, la obediencia a las órdenes superiores, si éstas violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal.

Terrorismo estatal e impunidad, Carlos Fazio /II

Manifestaciones en todo el país No Mas Sangre

La violación masiva de derechos humanos por integrantes de las fuerzas armadas y la Policía Federal –a través de prácticas como la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial– tiene una lógica y un responsable. El 21 de septiembre pasado, durante un encuentro con la comunidad mexicana en Los Ángeles, California, Felipe Calderón dijo de manera textual: "Y eso, amigas y amigos, empezó a crecer como un cáncer, como una plaga, como una plaga que se mete a una casa, que si uno no la corta a tiempo, se mete en todas las coladeras, en todas las recámaras, en todos los baños. Y esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tenga que tomar y los recursos que se necesiten" (fuente: Presidencia de la República).

De propia voz, la lógica de Calderón es la del exterminio de presuntos delincuentes. Sin límite de tiempo y utilizando los recursos que sean necesarios. Pero Calderón, al fin abogado, debería al menos respetar la Constitución. Y el Congreso debería obligarlo a que la cumpla; a que no se incline ante la fuerza y defienda, pura y simplemente, el poder civil, del cual presuntamente es el representante, así sea de manera espuria.

A la vez, como apuntábamos en nuestra entrega anterior, la obediencia a órdenes superiores, si esas órdenes violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal. Los soldados, marinos y policías deberían saber que la responsabilidad de las atrocidades es individual, recae sobre quien las cometió. Para la justicia, en especial desde los juicios de Nüremberg, el soldado o policía que recibe órdenes de violar los derechos humanos o las normas de guerra no es un simple súbdito vinculado de manera servil a la obediencia de un mando superior, sino un ciudadano, un ser racional capaz de decidir, responsable de sus actos. Su responsabilidad –que no tiene parangón, dada su función pública, con la de un civil que comete los mismos delitos– se ve acrecentada porque la comunidad le delegó el cometido de garantizar el respeto de la ley. De allí que los militares y policías mexicanos violadores de derechos humanos deberían mirarse en el espejo argentino, donde las condenas a cadena perpetua impuestas a 11 represores el 27 de octubre hacen justicia a las víctimas de la guerra sucia de la dictadura militar.

Conviene recordar que, más allá de la "función" de obtener información, la práctica de la tortura cumple un papel demostrativo, simbólico, al igual que las acciones de los comandos paramilitares y grupos de limpieza social. Mediante el uso de la tortura se busca "quebrar" al prisionero, provocando su muerte moral o física, para demostrar la fuerza del Estado, lo que también opera como mensaje de advertencia y amenaza a toda la población. La experiencia histórica demuestra que la tortura sistemática es el primer paso para la institucionalización del terrorismo de Estado. Y hoy, cuando la tortura reaparece en México de la mano de los “operativos conjuntos” ordenados por el jefe del Ejecutivo, ésta es consentida por los otros poderes del Estado y aplicada sin mayores preocupaciones para su ocultamiento.

A manera de ejemplo, en el marco de las acciones del Ejército en Chihuahua y Michoacán, o de la Marina, en el caso Beltrán Leyva en Morelos, quedó exhibida la voluntad de difundir entre la población la arbitrariedad que ha adquirido el poder de coacción de las fuerzas armadas, un poder casi sin límites ni condicionamientos morales. Una violencia gratuita, además, que no guarda relación entre los objetivos a lograr en el marco de un (pregonado) estado de derecho –donde la misión debería ser disuadir o capturar criminales– y el grado de brutalidad empleado. Las torturas, mutilaciones, asesinatos y desapariciones no mantienen una relación proporcional al fin que el Estado declara perseguir de manera pública –la lucha contra la delincuencia–, volviéndose pura exhibición del poder absoluto, autocrático, del titular del Ejecutivo, a no ser que el Congreso, el Poder Judicial y la clase política parlamentaria avalen también el exterminio de presuntos criminales.

Si bien la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas en las violaciones de la ley y los derechos humanos no es homogénea, todos sus miembros conocen la existencia de tales prácticas ilegales degradantes, y al permanecer en la institución las aceptan y toleran. A la vez, la total impunidad de militares y policías es posible por la complicidad o tolerancia de amplios sectores de la clase política, en llamativo contraste entre el discurso en defensa de la legalidad y la integridad del Estado que realizan los gobernantes y los medios de difusión masiva conservadores y el virtual silencio que mantienen respeto de la ilegalidad estatal.

La retórica del enemigo interno a exterminar (Calderón dixit), que proporciona una falsa legitimidad basada en un seudopatriotismo –que exalta como héroes y representantes de la nación a militares y policías violadores de derechos humanos–, no está exenta de responsabilidades políticas. Una responsabilidad extensiva a los grupos económicos propietarios de los medios de difusión masiva, que aceptan ser vehículos de la propaganda de guerra oficial, y que al preparar a la opinión pública para justificar esa participación aun en condiciones ilegales y anticonstitucionales (incluida la práctica de la tortura como "mal necesario" y el accionar de escuadrones de la muerte) legitiman la violencia estatal indiscriminada y alientan que la legalidad pueda ser violada sin consecuencias. Con un riesgo adicional: el recurso a la violencia ilegal por parte del Estado abre camino al golpismo.

Terrorismo estatal e impunidad, Carlos Fazio /III

Manifestación por la Paz con Justicia y Dignidad

Más allá de la responsabilidad de los militares que han violado de manera flagrante e impune los derechos humanos de cientos de connacionales –como acaba de ratificar el reciente informe de Human Rights Watch–, la responsabilidad mayor recae en el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Felipe Calderón. Fue él quien decidió profundizar la “coadyuvancia” del Ejército y la Marina en la lucha contra la criminalidad y aceptó la estrategia de guerra irregular para combatir delitos del fuero común.

La declaración unilateral de combate a la criminalidad formulada en diciembre de 2006 colocó al país en los parámetros de una guerra civil. Entonces, ese hecho no tuvo una clara determinación jurídica. Pero conviene recordar que las fuerzas armadas no están formadas ni estructuradas para combatir el delito. Están instruidas, organizadas y estructuradas para defender la soberanía y la independencia nacionales, y el orden interno cuando es afectado por circunstancias tales que crean un estado de guerra. Los militares no empuñan las armas para reprimir un delito; para eso está la policía. Cuando el poder político recurre a los militares para “exterminar” a un enemigo interno, está reconociendo tácitamente el estado de guerra. Pero la lucha entre familias mafiosas o cárteles de la economía criminal, o el ataque de organizaciones delictivas a políticos y funcionarios del Estado como forma de presión o represalia, no son considerados actos de guerra.

Desde un inicio, el discurso estatal en la lógica de exterminio de los malos, y las formas equívocas en que fue difundido desde el gobierno y por unos medios masivos disciplinados a los usos y costumbres del poder, generaron ambigüedad, pero Felipe Calderón logró el objetivo de colocar “su” guerra –con la larga estela de ejecuciones sumarias, decapitados, torturados, desaparecidos y fosas comunes– como tema prioritario de la agenda pública.

La confusión deliberada entre esos dos planos de interpretación –guerra y delito– se ha mantenido constante durante sus cinco años de gestión, pero desde la llegada del dúo Obama/Clinton a la Casa Blanca arreciaron las presiones para asimilar las tácticas violentas de la delincuencia a las del terrorismo y la subversión política, como forma encubierta de criminalizar al enemigo como “narcoterrorismo” o “narcoinsurgencia” y preparar las condiciones para justificar la guerra sucia y el terrorismo de Estado. A la vez, el Estado se vio obligado a considerar la lucha contra la criminalidad como una forma de guerra irregular, dada la necesidad de introducir modificaciones jurídicas en la lógica de la seguridad nacional, preservando de paso el fuero militar, garante de la cuasi impunidad e inmunidad del estamento castrense.

A últimas fechas, la reticencia y oscilaciones del Estado a reconocer el carácter bélico del enfrentamiento contra algunas bandas criminales estuvieron determinadas por su naturaleza de exclusivo detentador de la autoridad pública y, por lo tanto, único competente para declarar una guerra, por constituir la autoridad legítima y prexistente sobre el territorio donde se desarrolla el conflicto. A mediados del año pasado, el cambio de “guerra” a “lucha por la seguridad pública” pudo haber estado determinado por la proximidad del fin del sexenio y el riesgo de que, al haber desarrollado una “guerra injusta”, Calderón pueda ser culpado de delitos contra la paz, al haber iniciado un conflicto sin motivos legítimos, o por haber violado las reglas de la guerra, lo que lo haría sujeto de ser juzgado como criminal de guerra.

La calificación de guerra “justa” o “injusta” remite a una antigua doctrina de origen filosófico y religioso, que comprende el jus ad bellum (el derecho de iniciar una guerra en presencia de una causa justa) y el jus in bello (el código de comportamiento bélico). La “guerra injusta” no posee una justa causa, pero no deja de estar sujeta a normas (consuetudinarias o positivas), que por lo general son las aceptadas por la convención de guerra vigente en su periodo histórico. No obstante, con frecuencia una guerra justa, regular o irregular, no respeta las normas. En ese sentido, predomina la visión de Clausewitz de que la guerra es esencialmente una actividad no sujeta a reglas, excepto aquellas que permiten alcanzar la victoria (que es entendida esencialmente como aniquilación del enemigo).

Manifestación Juicio a Calderón: No mas sangre

Los estados debaten esos problemas apoyándose en las teorías de los fines de la guerra, de los medios o instrumentos de guerra y de la proporcionalidad, teorías que forman parte del jus ad bellum y constituyen efectivas vallas de contención contra la “guerra total”. Clausewitz habla de “aniquilación del enemigo”. En la lógica del “exterminio de los malos” de Calderón, subyace no sólo la omisión gubernamental en el momento de definir a priori “la moderación en los fines y en los métodos de la guerra” (verbigracia, la tortura, la desaparición y la ejecución extrajudicial), sino también la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.

Norberto Bobbio agrega a lo anterior que la guerra sea moralmente lícita, lo que no significa que deba ser obligatoria. Y frente a la distinción entre “guerra justa” y “guerra necesaria”, sugiere que hay que apelar a la ética de la responsabilidad, fundada en la previsibilidad de los resultados.

Según Bobbio, “los gobernantes no pueden atenerse a la ética de las buenas intenciones y decir: la razón está de nuestro lado, por tanto, tenemos libertad de acción. Debe obedecer a la ética de la responsabilidad, valorar las consecuencias de sus propias acciones. Y estar preparados para renunciar a ellas, si estas acciones arriesgan producir un mal peor del que se quiere combatir. La reparación de la ofensa no puede volverse una masacre”. En el caso de Calderón, más de 50 mil muertes, 10 mil desaparecidos y miles de torturados lo condenan.

Terrorismo estatal e impunidad IV, Carlos Fazio

México vive una grave crisis humanitaria producto de una deliberada política estatal que busca imponer un nuevo modelo autoritario de seguridad. En el marco de la"guerra" de Felipe Calderón contra grupos de la economía criminal, el tránsito hacia un nuevo Estado de corte policiaco-militar ha estado sustentado, de facto, en medidas propias de un estado de excepción y prácticas de tipo contrainsurgente, mismas que han sido apoyadas y legitimadas desde los medios de difusión masiva bajo control monopólico –en particular los electrónicos– a través de la construcción social del miedo y la fabricación de enemigos míticos y elusivos que operan como distractores, tales como el populismo radical y el narcoterrorismo.

En forma paralela al acelerado proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización del país, y de acuerdo con planes de alcances geopolíticos elaborados por sucesivos gobiernos de la Casa Blanca, el bloque de poder dominante ha venido imponiendo un reordenamiento capitalista del territorio mexicano que, con eje en megaproyectos contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan Puebla-Panamá, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, incluye la tierra como mercancía y el saqueo de recursos (entre ellos petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales) por compañías multinacionales, de capital nacional y extranjero.

La violencia estructural es consustancial al sistema capitalista. Desde sus orígenes el capitalismo ha sido depredador y salvaje. Pero, según Walter Benjamin y Giorgio Agamben, desde la Primera Guerra Mundial el "estado de excepción" devino en la regla. Para ambos, el "estado de excepción" no es el que impone el poder soberano para suspender el estado de derecho y doblegar la rebelión que subvierte el orden establecido; se refieren al estado de excepción "permanente" que sufren los oprimidos y las víctimas de la historia, incluso dentro del estado de derecho, que no de justicia.

Según Agamben, vivimos en el contexto de lo que se ha denominado una "guerra civil legal", forma de totalitarismo moderno que recurre al estado de excepción y que operó tanto para el régimen nazi de Adolfo Hitler como para los poderes de emergencia concedidos por el Congreso de Estados Unidos al presidente George W. Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Una de las tesis centrales de Agamben es que el estado de excepción, ese lapso –que se supone provisorio– en el cual se suspende el orden jurídico, durante el siglo XX se convirtió en forma permanente y paradigmática de gobierno.

Para el filósofo italiano el estado de excepción contemporáneo no tiene como modelo la dictadura de la antigua Roma, sino imita a otra institución romana, el iustitium, suspensión de todo orden legal que creaba un verdadero vacío jurídico. El actual estado de excepción no tiene nada de constitucional, y al suspender toda legalidad deja al ciudadano a merced de lo que Agamben llama "poder desnudo". Estaríamos frente a un cambio de paradigma, donde la excepción hace desaparecer la distinción entre la esfera pública y la privada. En ese esquema, el estado de derecho es desplazado de manera cotidiana por la excepción, y la violencia pública queda libre de atadura legal. El nuevo paradigma de "gobierno" que hace de la excepción la norma elimina toda distinción entre violencia legítima e ilegitima, con lo que queda pulverizada la noción weberiana del Estado.

Guantanamo:Prisioneros

Tras los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, el repliegue democrático en Estados Unidos fue asombroso. Philippe S. Golub señaló que bajo la apariencia de un estado de excepción no declarado pero efectivo, al ordenar la guerra al terrorismo la administración Bush procedió a la demolición sistemática del orden constitucional, mediante un doble movimiento de autonomización y concentración de poder en el Ejecutivo y una marginalización de los contrapoderes. La forma de gobierno por decretos secretos y decisiones presidenciales arbitrarias devino práctica normal del Estado. Bush lanzó operaciones ilegales de espionaje interno y, arrogándose poderes extrajurídicos, pisoteó los tratados internacionales, legalizó la tortura, secuestró-desapareció presuntos terroristas y arrestó de manera indefinida y sin juicio a quienes fueron identificados como "combatientes ilegales", que, como los prisioneros del campo de concentración de Guantánamo, han sido mantenidos en un "limbo" legal hasta el presente, apoyado por un "sistema" judicial paralelo y secreto controlado por el Pentágono y la Casa Blanca.

Igual que en Auschwitz y otros campos nazis, donde lo que ocurría era algo más allá de lo que pudiera considerarse una bestialidad, bajo el estado de excepción permanente instaurado por Bush –y reproducido por Barack Obama y otros gobiernos occidentales en nombre de los imperativos de seguridad– se puede matar sin que signifique delito; por decreto. Agamben dice que en el capitalismo actual estamos sometidos a una nuda vida (vida natural) y expuestos a ser exterminados como"piojos" (tal como decía Hitler respecto de los judíos) por la biopolítica, debido a "la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos y cálculos del poder".

Si el enemigo es tratado como no-persona, como bestia, se le puede exterminar a la manera de "la solución final" nazi. Para Agamben el estado de excepción no es un accidente dentro del sistema jurídico, sino su fundamento oculto.

Hannah Arendt habló de la banalización del mal, en el sentido de una naturalización o normalización de acciones indudablemente criminales. Podríamos concluir que bajo el estado de emergencia permanente no declarado de Felipe Calderón –con sus decapitados, sus muertos torturados semidesnudos y sus fosas comunes– la excepción se convirtió en regla. Y como regla duradera, la excepción hace que todo sea posible.

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LIBIA: Alfredo Jalife Julio Escalona VENEZUELA Artillería del Pensamiento

Cronograma:// Este evento se realizó los días 4, 5 y 6 de septiembre, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), ubicado en Caracas, a propósito del segundo aniversario del diario venezolano, Correo del Orinoco.// Se presentó como un espacio para la reflexión y el debate sobre la Comunicación y el trabajo periodístico en el marco de los conflictos de “baja intensidad” (como los que sufre Venezuela, Ecuador y Bolivia), y ocupaciones abiertas como la invasión a Libia.

Hoy en día "la guerra es la primera instancia en las relaciones diplomáticas internacionales", denunció Escalona, y aseguró que la decisión de invadir Libia estaba tomada desde hace mucho tiempo. Dijo que el papel de la política es justificar tales intervenciones bélicas// El representante alterno de Venezuela ante este organismo internacional dijo que hoy en día "la guerra es la primera instancia en las relaciones diplomáticas internacionales"// A la Organización de Naciones Unidas (ONU) hay que quitarle el manto de respetabilidad que le queda porque ha sido colonizada por Estados Unidos (EE.UU), sostuvo este lunes el representante alterno de Venezuela ante este organismo internacional, Julio Escalona.// Entrevistado en el programa Contragolpe, que transmite Venezolana de Televisión, Escalona indicó que lo que hace el actual secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, es inédito, ya que a juicio de Escalona éste viola las resoluciones y se coloca al margen de la legalidad de la propia ONU.

Agente de transito detiene a joven regiomontano por "actitud sospechosa" hace 8 meses y desapareció

Violan garantías civiles

Un agente de tránsito detuvo al joven regiomontano por su actitud sospechosa, hace ocho meses

El último rastro de Jehú Abraham quedó en un cuartel de la Marina, en Nuevo León

Sin mostrar ningún papel, la Armada negó que lo tenía, luego aceptó, y ahora otra vez lo niega

                      Las hermanas y la esposa de Jehu Abraham... Foto: Sanjuana Martínez

 

Periódico La Jornada
Domingo 17 de julio de 2011, p. 10

El rastro que dejó el joven Jehú Abraham Sepúlveda Garza antes de desaparecer termina en un cuartel de la Marina instalado en un gimnasio de la Unidad Deportiva Oriente, en la avenida López Mateos de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue hace ocho meses y la Armada de México negó, aceptó la detención, y volvió a negarla.

El caso de este joven regiomontano muestra de manera paradigmática la forma recurrente en que las policías locales, en colaboración con la Marina o el Ejército, violan las garantías individuales de los ciudadanos bajo la llamada guerra contra elnarco.

El 12 de noviembre del año pasado, Jehú Abraham salió de su trabajo en la constructora MGM en su camioneta Chevrolet Tornado tipo pick up, y se detuvo en una tienda para comprar un refresco. Al salir, un agente de tránsito del municipio de San Pedro Garza García lo paró argumentando que tenía actitud sospechosa. El joven no traía su licencia de conducir y sólo llevaba su credencial de trabajo, por lo que el oficial decidió llevarlo detenido en la patrulla número 441. En lugar de llamar una grúa, un segundo policía se subió a la camioneta y se la llevó.

Jehú Abraham estuvo unas horas en las oficinas de Policía y Tránsito. Sin orden de aprehensión, los oficiales lo entregaron posteriormente a unos policías de la Ministerial de Monterrey: Tenemos el video donde los policías ministeriales Javier Rangel y el comandante Miguel Ángel Escobedo se llevan a mi hermano esposado y lo suben a un automóvil tipo Malibú. El video nos lo proporcionó el director de Policía y Tránsito de San Pedro, Camilo Cantú. Las cámaras instaladas allí son municipales y el alcalde Mauricio Fernández autorizó que nos entregaran el video, dice su hermana Verónica Sepúlveda Garza.

La Policía Ministerial retuvo a Jehú Abraham durante tres días para investigarlo. El agente Javier Rangel dice en su declaración que mi hermano tenía mucha hambre. Estuvimos yendo tres días seguidos a visitarlo y él nos dijo que no nos preocupáramos, que estaba bien, tranquilo y comiendo.

Al día siguiente volvieron a las oficinas de la corporación y la sorpresa de las hermanas y la esposa de Jehú Abraham fue monumental: “La policía nos dijo como si nada que la Marina se los quitó y se lo llevó a su campamento, sin mostrarnos ningún papel. Fuimos a investigar al lugar que tienen instalado en San Nicolás y en un principio la Marina negó los hechos, pero 15 días después dos marinos –sin ser identificados– se presentaron ante la procuraduría a declarar y aceptaron que habían tenido a mi hermano. Dijeron que como no le encontraron delito lo dejaron ir, y se fue en un taxi. Pero no nos mostraron ningún papel. Es algo que no creemos, porque los marinos dicen que lo tuvieron 15 minutos bajo investigación y luego lo dejaron ir. Es mentira. Eso de que se fue en un taxi, ni un niño se la cree. No sabemos qué intentan tapar”.

La familia de Jehú Abraham empezó una búsqueda que continúa. Presentaron denuncias ante la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), la Armada de México, y las contradicciones empezaron a surgir: Lo peor es que 15 días después de que los dos marinos aceptaron que tenían a mi hermano, declaran lo contrario, negando sus propia versión y cayendo en múltiples contradicciones. Estamos muy consternados. Son muchos meses y la pista de mi hermano se queda en la Marina. Desde que ellos se lo llevaron no sabemos nada de él. Tienen que investigar. Que nos den la cara, pero sin mentiras .

No contestó más el teléfono

El día que fue detenido, a las 19:30 horas Jehú Abraham llamó por teléfono a su esposa, Janeth Olazarán Balderas, y le dijo que estaba detenido en Policía y Tránsito de San Pedro, que lo tenían unos ministeriales. Le comentó que no le habían permitido hacer ninguna llamada. La esposa se comunicó entonces con el jefe de Jehú Abraham, quien también logró hablar con él. Dice que le comentó:Todo está bien; de hecho, me dicen que ya me van a dejar ir. Luego no contestó más el teléfono”.

Janeth y Jehú Abraham estaban recién casados; su hija Ximena apenas tenía cinco meses cuando su padre desapareció. Janeth tiene esperanza de que pronto vuelva y exige explicaciones a la Armada de México: Los últimos que tuvieron a mi esposo fueron los marinos. No han querido darnos información, todos se avientan la pelotita, a pesar de que tenemos pruebas y nombres. Queremos saber por qué lo detuvieron si no cometió ningún delito, por qué se lo llevaron sin orden de detención. No hay ni un papel. ¿Por qué no lo llevaron con un juez calificador? Nadie hace nada. ¿Dónde está?

En mayo acudieron a la Armada de México y hablaron con un teniente que les dijo que se requerían 45 días hábiles para investigar la denuncia, tiempo que ya pasó y siguen sin recibir respuesta. Luego, su visita a la Siedo tampoco dio resultados, porque de entrada les señalaron que no podían hacer nada tratándose de la Marina.

Janeth tiene los documentos con las declaraciones de dos marinos que afirman haber tenido en sus instalaciones a Jehú Abraham. “Yo les dije: ‘si tuviste 15 minutos a mi esposo debes tener un papel donde diga que lo tuviste y lo dejaste ir’. Eso es lo que no quieren enseñarnos, lo cual nos hace pensar mal de la Marina. Si lo dejaron ir en un taxi, que comprueben que lo hicieron”.

La camioneta Chevrolet Tornado fue retenida durante más de seis meses sin motivo alguno, y apenas se las acaban de entregar. Tenemos suficientes pruebas y no hacen nada. Exigimos la verdad. Ya no confiamos en la Marina; se supone que está en Monterrey para combatir la delincuencia, y es al contrario. Me quitaron a mi esposo. Lo secuestraron. No se de qué lado esta la Marina, si hace algo ilícito. No creo que sean delincuentes, pero parecen. Lo que hicieron con mi esposo es un delito. ¿A dónde vamos a parar? Se supone que los marinos eran el consuelo que nos quedaba, y resulta que desaparecen personas.

La esperanza

Blanca Nelly, Verónica y Yadira Sepúlveda Garza, hermanas de Jehú Abraham, están afuera de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León junto a Janeth Olazarán. Las cuatro llevan camisetas blancas con su fotografía. Acudieron con Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza a una reunión con el procurador del estado, Adrián de la Garza, y Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, para conocer los avances de la investigación en torno a la desaparición del joven regiomontano.

En el encuentro constataron que las autoridades ni siquiera se han tomado la molestia de estudiar el expediente. Álvarez Icaza calificó la reunión dedecepcionante por la falta de resultados en este y otros nueve casos de desaparición forzada: Hay expedientes de hace cuatro años y otros más recientes. Las víctimas dieron información y evidencias, pero parece que cuentan con más datos que ellos. Nos preocupan los desaparecidos de Nuevo León y la autoridad tiene que dar resultados.

El caso de Jehú Abraham fue incluido en el reciente informe de Human Rights Watch (HRW) con el título: Ausencia de justicia por asesinatos y desapariciones en Monterrey, donde critica al gobierno de Felipe Calderón por la impunidad que cubre a las fuerzas armadas.

El director de HRW para las Américas, José Manuel Vivanco, fue enfático:La decisión de no llevar ante la justicia a soldados y policías responsables de asesinatos, desapariciones forzadas y otro tipo de violaciones graves envía el mensaje de que estos crímenes son tácticas aceptables para combatir el crimen organizado.

Verónica llora y comenta que su corazón le dice que su hermano está vivo:Quisiéramos tener una señal, una esperanza. Siento que lo van a liberar. Siento que va a regresar.

La JBG de Roberto Barrios denuncia las agresiones del mal gobierno a través de los grupos armados paramilitares en la zona norte.

Caracol V que habla para todos Roberto Barrios Chiapas México
Junta de buen gobierno, nueva semilla que va a producir
14 de noviembre del 2009.

Ala sociedad civil nacional e internacional
A los adherentes de la otra campaña
A la Zesta internacional.
A los medios alternativos.
A la prensa nacional e internacional

Denuncia.

La Junta de Buen Gobierno denunciamos publica y enérgicamente las constantes amenazas y agresiones que sufren nuestros compañer@s autoridades, miembros de la Junta de Buen Gobierno que cumplen su función de autoridad civil, asi tambien como los alumn@s que estudian en esta escuela autónoma instalado dentro del Caracol, por grupos de personas adiestrados por las instituciones represivas del mal gobierno, para provocar tenciones y violencias dentro de nuestro territorio zapatista. Principalmente en el Caracol V de la zona norte de Chiapas. Desde 1994 el mal gobierno está aplicando la estrategia de la guerra de baja intensidad en contra de los pueblos zapatistas en resistencia, con el fin de dividirnos, para rendirnos y aniquilarnos.

En los últimos meses el mal gobierno ha intensificado sus acciones de intimidación y provocación de violencia, a traves de los grupos armados paramilitares que operan en la zona norte, responsables de las desapariciones, violencias, asesinatos, desalojos en contra de sus mismos hermanos indígenas, encubiertos y protegidos por el mismo mal gobierno. Ante esta situación denunciamos los hechos ocurridos.

1.- El 20 de Octubre de 2009, a las 6 horas de la tarde llegaron al Caracol, 2 personas, de nombre: Carlos Méndez Méndez, Luciano Méndez Méndez, amenazó a los alumnos cortando cartucho de una pistola escuadra calibre 9 milímetros apuntando a la dirección donde se encontraban los alumnos, estas personas portan uniforme del ejército federal y siempre pasan portando pistolas en la cintura visiblemente, el mismo comandante supremo de las fuerzas armadas manda a sus militares para adiestrar a la misma gente de las comunidades que se dejan engañar y convencer para crear la violencia y la desintegración de la convivencia comunitaria.

2.- El 26 del mismo mes de Octubre de 2009, personas no identificadas entraron a robar en la tienda de artesanía de las compañeras bases de apoyo de la comunidad de Roberto Barrios ubicado frente al portón del Caracol

3.- Meses atrás, del mes de Septiembre de 2009, en algunas noches se a escuchado a grupos de personas marchando a paso corto al estilo militar gritando consignas militares en la oscuridad de la noche a unos 50 metros del Caracol. A habido constantes disparos en las cercanías del Caracol con armas calibre 22 y de grueso calibre.

4.- Otros hechos de antes, el día 8 de Enero del 2007 un grupo de priístas radicales y violentos encabezados por José Méndez Méndez, Adiel Pérez Martínez y Carlos Méndez Hernández tomaron violentamente la escuela autónoma de la comunidad Roberto Barrios, desalojando y asustando a los niñ@s y promotoras de educación que en ese momento estaban recibiendo sus clases en los salones de la escuela, los agresores iban armados con machetes.

5.- El día 27 de Agosto del 2008 a las 9 de la mañana tomaron por segunda ocasión la escuela autónoma de la misma comunidad, encabezado por, José Méndez Méndez, Adiel Pérez Martínez Antonio Pérez Cruz, Comisariado Ejidal priísta, Sebastián Cruz Hernández, Consejo de Vigilancia priísta, Arturo Hernández Cruz, agente rural priísta, con la participación de 3 maestros de la escuela oficial telesecundaria Librado Ríos Santos, Héctor Pérez Nango, y Érica Natividad Coello Trujillo, los que sufrieron directamente estas agresiones fueron los alumnos y las promotoras de educación, aguantando insultos, un sin fin de groserías que lanzaban los agresores en contra de los compañeros padres y madres de l@s alumn@s zapatistas.

Las intenciones del desalojo del centro educativo autónomo es por el proyecto de ecoturismo para poner negocios, ya que el terreno de la escuela se ubica en la entrada a las cascadas del río Bascan, está planeado por el interés económico de las empresas turísticas, y el mismo mal gobierno está metido en todo esto actuando a través de los empleados del mal gobierno, Luis H. Álvarez, Hugo García y Jesús Caridad.

Desde que se instaló la Junta de Buen Gobierno en este Caracol, empezaron las agresiones más constantes en contra de los compañer@s que nos encontramos aquí cumpliendo nuestro deber que nos mandan nuestros pueblos.

También los y las alumnos son agredidos, hostigados constantemente durante sus clases, cuando van a bañarse en el río, en las horas de su alimentación en horas de su educación física en la cancha deportiva, los techos de los salones de la escuela a sido roto por las pedradas que le avientan, igual con los dormitorios.

Los tres niveles del mal gobierno tiene información de todo lo que está sucediendo, ya que tienen informantes pagados y equipado con cámaras fotográficas de video y celular, llega diario a Palenque para dejar las informaciones y traer instrucciones de sus jefes, la persona más visible que hace este trabajo sucio es Humberto Balcázar Mendoza, las oficinas de la Junta de Buen Gobierno, los alumnos autónomos y personales que trabaja en este centro son fotografiados filmados por esta persona.

Por todos estos actos delitos ya mencionados y lo que pueda pasar, responsabilizamos al gobierno federal Felipe Calderón Hinojosa, al gobierno del estado Juan Sabines Guerrero, al Presidente Municipal de Palenque Alfredo Cruz Guzmán, porque la situación está cada vez más peor y están preparando lo que tienen planeado para hacer.


A T E N T A M E N T E
MANDAR OBEDECIENDO
JUNTA DE BUEN GOBIERNO
Semilla que va a Producir
Roberto Barrios, Chiapas, México

FRANCO RAMIREZ PEREZ AURELIA JIMENEZ PEÑATE
DANIEL GOMEZ PEREZ LAURA SALAS ACOSTA
MARIANA MERTINEZ TRUJILLO EFRAIN GOMEZ PEREZ

Guerra de Baja intensidad en Chiapas. Agresion al Centro de Derechos Humanos, Envia cartas de protesta!

ACCION URGENTE:
Riesgos a la integridad de defensores de derechos humanos en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos manifiesta que la reciente acción, perpetrada por integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC)[2], forma parte de la estrategia contrainsurgente[3] implementada por el gobierno estatal y federal en su intento por neutralizar a organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos que acompañan a quienes defienden y reivindican distintos derechos en Chiapas.
aqui el texto completo: http://www.frayba.org.mx/archivo/acciones_urgentes/090922_au_07_agresion_frayba_jotola_bachahon.doc

El ataque a nuestro compañero Ricardo Lagunes Gasca perpetrado por integrantes de la OPDDIC, en el Ejido Jotolá municipio de Chilón, es prueba de la impunidad con que los grupos civiles armados de corte paramilitar continúan actuando en Chiapas en complicidad con grupos policiacos y militares en donde elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) horas antes se reunieron con los agresores, y por la cercanía en que se encuentra un puesto de revisión militar.
Aunado a distintas denuncias y advertencias de riesgo expresadas públicamente, la acción de agentes estatales y la omisión de autoridades competentes pone de manifiesto la complicidad del gobierno estatal[4] de Juan Sabines Guerrero y el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa por favorecer los planes contrainsurgentes en el estado.

De abril a Septiembre el periódico Péndulo de Chiapas, mediante distintas columnas y notas de prensa, ha publicado[14] información tergiversada que pone en riesgo la integridad de los integrantes de este Centro de Derechos Humanos, sin fundamento ni fuente sustentada ha tratado temas estigmatizando la labor de defensa integral que se realiza en distintas comunidades.

Los hechos documentados durante este año son tan solo algunos eventos que han ido configurando el escenario de contrainsurgencia en Chiapas, contexto en el que este Centro desarrolla su trabajo de defensa de derechos humanos.
Centro de Derechos Humanos exige:
1.- El cese a la guerra de baja intensidad implementada en Chiapas.
a) Salida del Ejército del territorio indígena.
b) El desmantelamiento de los grupos paramilitares, que actúan bajo el cobijo del gobierno mexicano federal y estatal en las Zonas Altos, Norte y Selva de Chiapas.
c) El alto a la censura, control e instrumentalización de los medios de comunicación para denostar el trabajo de los defensores de derechos humanos y criminalizar de la protesta social.

2.- Detención inmediata de los autores materiales e intelectuales de la agresión perpetrada en el Ejido Jotolá, hacia los ejidatarios de San Sebastián Bachajón y Jotolá adherentes a la Otra Campaña y en contra de nuestro compañero Ricardo Lagunes Gasca.

3.- Que cesen las acciones de polarización y estigmatización, operadas por funcionarios del gobierno estatal, hacia el trabajo de defensa de derechos humanos que realizan los integrantes de este Centro.

4.- Se garanticen las condiciones básicas en la entidad y en el país, para hacer cumplir el respeto y ejercicio de los derechos humanos conforme a la Declaración de las Naciones Unidas Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos, y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.

Solicitamos su apoyo para terminar con esta represión Favor de enviar sus llamamientos a:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: Presidencia de la República, Residencia Oficial de los Pinos
Casa Miguel Alemán Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF Tel: (52.55) 2789.1100 Fax: (52.55 ) 5277.2376
Correo: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. Fernando Gómez Mont: Secretario de Gobernación Bucareli 99, 1er. Piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,
C.P. 06600 México D.F. Fax: (52.55) 50933414
Correo: secretario@segob.gob.mx

Lic. Juan José Sabines: Guerrero: Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas ,Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056
Correo-electrónico: secparticular@chiapas.gob.mx

Dr. Noé Castañòn León: Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría General de Gobierno Palacio de Gobierno, 2o. piso, Colonia Centro, C.P. 29000. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Conmutador: + 52 (961) 61 2-90-47, 61 8-74-60

Alberto Brunori: Rpte. En México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dirección: Alejandro Dumas #165, Col. Polanco Delegación Miguel Hidalgo. C.P 11560 México D.F
Tel: + 52 (01 55) 5061-6350 Fax: 5061-6358
Correo electrónico: oacnudh@ohchr.org

Sr. Santiago A. Cantón: Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Correo: cidhoea@oas.org

Enviar copia a:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Calle Brasil 14, Barrio Méxicanos, 29240 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Tel: 967 6787395, 967 6787396, Fax: 967 6783548
Correo: accionurgente@frayba.org.mx

Comunicado de la Misión Civil de Observación que acudió a las comunidades de Puerto de Las Ollas y Las Palancas, Guerrero, el día 13 de junio del 2009

Puerto de Las Ollas, Guerrero a 13 de Junio del 2009

ANTECEDENTES :

Con los antecedentes de la información brindada por habitantes de la comunidad del Puerto de Las Ollas y Las Palancas(Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero) respecto a una incursión militar en la zona, el día 13 de junio se realizó una Misión de Observación Civil, (MCO) en la que participaron: Taller de Desarrollo Comunitario TADECO, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, Red Manglar Internacional Sección México RMIM, Frente Cívico de Chilapa, Centro de Derechos Humanos Morelos y Pavón, Centro de Derechos Humanos de La Montaña TLACHINOLLAN, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos CODDEHUM, y la Unión Campesina Democrática UCD; también se sumaron corresponsales de diferentes medios de comunicación. Quedando la misión integrada por 22 personas La MCO se llevó a cabo a bordo de 5 vehículos , 4 camionetas tipo pick up y una camioneta tipo suburban con el objetivo de constatar la presencia de elementos del ejército Mexicano en las siguientes comunidades: Puerto de las Ollas y las Palancas, así como verificar las condiciones de seguridad y estado de salud de los habitantes.

Aproximadamente a 36 km del tramo Vallecitos-Camalote se encontraron 2 VEHICULOS del ejército, 1 tipo Dodge ram doble rodada y otro Dodge ram charger pick up con 17 elementos (LOS 17 IBAN EN LOS DOS VEHICULOS) cada uno; un militar preguntó cuantos integraban la misión “¿Cuántos son los que van para la sierra?”, respondiendo la MCO que éramos entre 17 y 20 personas.

Minutos más tarde, a casi 1 km de la comunidad Puerto de las Ollas se encontraron 11 vehículos Tipo Humvee del ejército, de los cuales 4 iban con ametralladora montada arriba(de artillería) con los siguientes números: 0840142, 0840146, 0840150, 0840149, 0840144, 0840147, 0840242, 0840243, 0840145, 0840031, 0840148 con aproximadamente 15 soldados en cada vehiculo que llevaban pasamontañas e iban camuflados . En uno de ellos, un militar iba video grabando a los integrantes de la MCO.

Se arribó al Puerto de las Ollas a las 14:40 horas, y agrupándose en torno a los integrantes de la MCO mujeres y menores de edad(en su mayoría niños), que al ver llegar la caravana comenzaron al mismo tiempo a denunciar y relatar los actos vividos desde el pasado martes 9 hasta este día 13 del presente.

Minutos más tarde se llevó a cabo una entrevista colectiva en la cual estuvieron diversos medios de prensa, participando 12 mujeres y 22 menores quienes de manera individual fueron dando la descripción de los hechos a la MCO. No se encontró la presencia de los varones en el Puerto de Las Ollas puesto que huyeron a esconderse por temor a los soldados.

En la supervisión a las viviendas afectadas se hallaron destrozos, como testimoniales de saqueo a varias de estas. La encargada de la tienda CONASUPO, mujer de aproximadamente 30 años y en estado de embarazo relata como fue que saquearon y revolvieron la mercancía guardada en dicha tienda , con lujo de violencia, y dejando perdidas al dañar cajas con víveres, a su vez, le gritaron, ofendieron, y agredieron físicamente empujandola violentamente entre ellos y contra las paredes de madera de la tienda

Una habitante reportó que a su hijo Omar García de 14 años de edad, fue torturado el día Martes 9 en que arriban los soldados dándole toques eléctricos en el cuerpo, vendado de ojos, tapado de la cabeza con bolsa de plástico, golpes en diversas partes del cuerpo, amenazas de castración, dejándolo en estado convulsivo por la tortura efectuada, cabe enfatizar el joven aún herido huyó al monte con los demás hombres por temor a seguir siendo herido y torturado.

En la tercera casa relataron que pernoctaron durante los 4 días militares, destrozando y revisando muebles y cajas de ropa y llevándose objetos de uso personal (joyas, cosméticos, etc). Se encontró una cuatrimoto destrozada, la cual fue arrollada con las camionetas doble rodada propiedad del ejército.

Se recabó la denuncia de civiles armados y encapuchados jugando pelota con los militares sin ser de la comunidad. A pesar de encontrarse armados no fueron molestados por los militares. Los habitantes dijeron que iban con los militares para señalar gente.

LAS PALANCAS:

En esta comunidad un hombre de 30 años de edad la cual sufre secuelas de un derrame cerebral desde hace 2 años, reporta tortura y golpes (piquetes de agujas debajo de las uñas de los dedos de la mano, golpes con ambas palmas de mano en sus oídos, le cubrieron rostro con bolsa de plástico, golpes en las sienes, costillas, amenazas de toques eléctricos en pezones).

Un civil de aproximadamente 50 años, fue perseguido en las afueras del poblado, en repetidas ocasiones siendo balaceado logrando huir ileso, posteriormente, al regresar al lugar rescató 6 casquillos de arma calibre 7.62 mm.

En voz del pastor y secretario del Consejo de Administración Ejidal Modesto Rauda Wences atestiguó que su hermano fue herido y balaceado teniendo que huir.

Cabe remarcar que en las dos comunidades se constató el hecho de la ausencia de casi todos los hombres ante la llegada de elementos del ejército.

En base a las observaciones y testimonios de los habitantes de las comunidades La Palanca y Puerto de Ollas, consideramos que el ejército incurrió en actos anticonstitucionale s y violó los derechos humanos de los habitantes de dichos lugares.

Conforme a lo anterior comprobamos que con esta acción anticonstitucional del ejercito mexicano fueron suspendidas ilegalmente las garantías constitucionales de los ciudadanos y en particular)

No se respetaron las siguientes Garantías:

Garantía de libertad personal,

Garantía de inviolabilidad del domicilio, propiedad y persona,

Garantía de libre transito.

Se cometieron actos de tortura: amenazas-. Disparos con armas de fuego de alto poder hacia las comunidades y las personas; amenazas de muerte y torturas amenazas apuntando con arma de fuego y preparando el arma para disparar. Humillaciones: ofensas y discriminació n a las mujeres y menores. Toques eléctricos en el abdomen Impedir tomar alimentos a los habitantes de las comunidades. Impedir que entraran a sus casas a cambiarse. Los soldados robaron alimentos y dinero y pertenencias de uso personal.

Y ante lo anterior descrito :

-Consideramos que es grave la presencia del Ejército en comunidades campesinas de la Sierra de Guerrero, en lugar de ser garante de la seguridad y de los derechos fundamentales de la población, se transforma en un factor armado que atenta contra la vida y la seguridad de la población rural y sobre todo generar terror entre mujeres y niños. Se trata de una estrategia de guerra preventiva donde al Ejército se la ha permitido suspender garantías de facto , destruir el tejido comunitario y desterrar a la población para apropiarse de sus territorios.

-Como organismos civiles de Derechos humanos no podemos permitir que el gobierno mexicano defienda el fuero militar ante la ONU como sucedió en el Examen Periódico Universal realizado en Ginebra y no intervenga en casos graves de violaciones a los derechos humanos para proteger a la población más vulnerable del país como es el caso que nos ocupa.


Ante los hechos exigimos:

-Salida inmediata del Ejército de las comunidades de Las Palancas y Puerto de las Ollas y la zona.

-Que el Ejército se limite a cumplir únicamente con las facultades que tiene plenamente establecidas en la constitución, evitando de esta manera la intervención y los abusos que hasta el momento ha realizado en las comunidades serranas .

-Pleno respeto del mandato constitucional del ejército que define las facultades y responsabilidades del mismo

-Pleno respeto de los Derechos humanos por parte de los integrantes del ejército.

-Que se lleve a cabo una investigación pronta e imparcial de las violaciones cometidas por miembros del ejército y en su caso el castigo de los responsables, incluyendo los mandos militares que dieron las órdenes para dichas acciones.

-Respeto irrestricto a la integridad de las comunidades y sus habitantes de la sierra de Guerrero. Exigimos que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la sierra de Guerrero.

- Se finquen responsabilidades a los culpables de la violación a las garantías constitucionales

-Investigació n inmediata contra elementos militares que atentaron directamente contra los derechos fundamentales de los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas

-Seguimiento por parte de la CODDEHUM de manera oficiosa, a las denuncias de los habitantes de dichas comunidades.

-Reparación, integral, física, moral y económica de los daños generados a los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas.

-Respeto al Derecho Internacional Humanitario y protección a la población civil.

-Se otorguen medidas cautelares a las familias que han sido victimas de abusos militares.

MISION CIVIL DE OBSERVACION 13 de Junio de 2009

Responsables de la publicación

Taller de Desarrollo Comunitario A.C- Javier Monroy

Comité Contra la Tortura y la Impunidad A.C – Raymundo Díaz Taboada

Red Manglar Internacional Sección México-Hercilia Castro Balderas

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C – Abel Barrera

Unión Campesina Democrática -Bernardo Solís Radilla