Terrorismo estatal e impunidad, Carlos Fazio 4 entregas importantes sobre la guerra sucia, terrorismo de estado, limpieza social en el México del PAN

Terrorismo estatal e impunidad, Carlos Fazio /I

Detenido en Atenco

El 14 de octubre, en el alcázar de Chapultepec, ante Felipe Calderón y medio gabinete federal, Javier Sicilia aludió al carácter autoritario del régimen y alertó sobre su rostro más brutal: el militarismo y el fascismo. Sin ambages, tras condenar la estrategia de guerra gubernamental con su lógica de violencia, terror y exterminio, Sicilia afirmó que las decisiones de Calderón provocaron el resurgimiento de grupos paramilitares, y denunció que detrás de las fosas comunes de las estadísticas se encuentran los victimarios, homicidas crueles que saben que mientras las víctimas y ellos carezcan de identidad su impunidad está garantizada.

El desborde autoritario viene de atrás. Aceptando que la naturaleza del Estado consiente el uso de la coacción, ésta comenzó a ser considerada ilegítima por su carácter excesivo con las represiones en Atenco y Oaxaca en la antesala del calderonismo. Las flagrantes violaciones a los derechos humanos, con las vejaciones y torturas a los detenidos –incluida la violencia sexual contra una veintena de prisioneras–, fueron preludio de la peligrosa involución autoritaria de los aparatos del Estado. En su estrategia conservadora, sectores de la derecha política y parlamentaria (y los medios de difusión masiva a su servicio) toleraron el accionar autoritario y violento de los distintos órdenes estatales, demostrando una complicidad institucional.

Tras la imposición de Calderón mediante un fraude patriótico en el marco de una sociedad polarizada, al privilegiarse el recurso de la fuerza para solucionar los conflictos, el antagonismo se transformó en ruptura. Comenzó entonces un larvado proceso de militarización del país de signo fascistoide, que no puede explicarse solamente por el interés de clase de la plutocracia amenazada. Fueron decisivos también otros factores, como la existencia de un tipo de mentalidad y tradiciones ancladas en la contrainsurgencia y la guerra sucia de los años setenta que, en determinados sectores de la policía y las fuerzas armadas, con el sostén de una remozada doctrina de seguridad nacional y una adecuada cobertura ideológica, podían readmitir con facilidad la adopción de actitudes de desprecio por la vida.

Cd Juarez Nacho Ruiz Cd Juarez

Bajo el disfraz de una guerra al narcotráfico planificada por Estados Unidos, el recurso a la violencia en diciembre de 2006 obligó a Calderón a asumir el papel de enemigo. Como dice Paul Gilbert, al tratar a sus opositores como el enemigo interno, el gobierno terminó por reducirse a sí mismo a la condición de enemigo. En 2007, de la mano de operativos policiaco-militares en varias partes del país, se produjo en México un proceso similar al que afectó a los países europeos en la primera posguerra, definido por George L. Mosse como brutalización de la política, fundamento de la expansión del nazismo. En particular, la república de Weimar fue el escenario donde, en medio de la complicidad o impotencia de las fuerzas políticas y el Parlamento, las derechas extremas deshumanizaron alenemigo interno, representado por el comunismo, los judíos, los gitanos y la oposición socialdemócrata y liberal.

Si el acorralamiento contrainsurgente de grupos antisistémicos como el EZLN y el EPR, junto a las represiones en Atenco y Oaxaca, y la estigmatización de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de resistencia civil pacífica como un peligro para México marcaron la transición del foxismo al calderonismo, la brutalización de la política arreció tras la proclamación autojustificatoria del titular del Ejecutivo de que protegía al país con el monopolio del poder (octubre de 2007).

Al asumirse como detentador del monopolio de la fuerza y la violencia estatal en desmedro (y sin el control) de los poderes Legislativo y Judicial, Calderón exhibió entonces su mentalidad autocrática. Mediante una campaña de saturación propagandística e ideológica primitiva, basada en la retórica del enemigo interno –un discurso excluyente y estereotipado que convertía a la oposición político-social y a la delincuencia en potenciales subversivos o cuerpos extraños a exterminar–, se fue creando un clima disciplinador que presentaba como aparentemente ineludible la adopción de medidas cada vez más coercitivas, de legislación especial propia de un régimen de excepción. A la par, se preparó a la población para que aceptara el empleo de técnicas más o menos secretas de guerra sucia, lo que mediante la irrupción de grupos paramilitares y de limpieza social ha derivado en nuestros días en terrorismo de Estado.

Acteal mujeres defendiendose

No está de más repetir que, por naturaleza, el Estado posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza, pero dentro de los límites consentidos por la legislación interna e internacional, porque otro de los cometidos del Estado es la defensa de la ley. En la lucha por preservar su poder y los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos atacados por grupos de la economía criminal, el Estado no puede utilizar cualquier forma de violencia. En ese contexto, huelga decir que desde el momento en que las fuerzas armadas ingresaron en la escena represiva, lo hicieron violando las leyes, también las de la guerra, al practicar la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial, incluso de niños, mujeres y estudiantes indefensos que fueron asimilados a bajas colaterales.

Cincuenta mil muertos y 10 mil desaparecidos después, insistimos en que el terrorismo de Estado es violación de la ley y se caracteriza por el uso del asesinato político, de la tortura y de otras formas de crueldad ejercidas contra quien se le opone. El carácter criminal del terrorismo de Estado está determinado no sólo porque actúa fuera de la ley –apelando incluso a escuadrones de la muerte–, sino porque viola los derechos humanos, incluidos los de presuntos delincuentes. A su vez, la obediencia a las órdenes superiores, si éstas violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal.

Terrorismo estatal e impunidad, Carlos Fazio /II

Manifestaciones en todo el país No Mas Sangre

La violación masiva de derechos humanos por integrantes de las fuerzas armadas y la Policía Federal –a través de prácticas como la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial– tiene una lógica y un responsable. El 21 de septiembre pasado, durante un encuentro con la comunidad mexicana en Los Ángeles, California, Felipe Calderón dijo de manera textual: "Y eso, amigas y amigos, empezó a crecer como un cáncer, como una plaga, como una plaga que se mete a una casa, que si uno no la corta a tiempo, se mete en todas las coladeras, en todas las recámaras, en todos los baños. Y esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tenga que tomar y los recursos que se necesiten" (fuente: Presidencia de la República).

De propia voz, la lógica de Calderón es la del exterminio de presuntos delincuentes. Sin límite de tiempo y utilizando los recursos que sean necesarios. Pero Calderón, al fin abogado, debería al menos respetar la Constitución. Y el Congreso debería obligarlo a que la cumpla; a que no se incline ante la fuerza y defienda, pura y simplemente, el poder civil, del cual presuntamente es el representante, así sea de manera espuria.

A la vez, como apuntábamos en nuestra entrega anterior, la obediencia a órdenes superiores, si esas órdenes violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal. Los soldados, marinos y policías deberían saber que la responsabilidad de las atrocidades es individual, recae sobre quien las cometió. Para la justicia, en especial desde los juicios de Nüremberg, el soldado o policía que recibe órdenes de violar los derechos humanos o las normas de guerra no es un simple súbdito vinculado de manera servil a la obediencia de un mando superior, sino un ciudadano, un ser racional capaz de decidir, responsable de sus actos. Su responsabilidad –que no tiene parangón, dada su función pública, con la de un civil que comete los mismos delitos– se ve acrecentada porque la comunidad le delegó el cometido de garantizar el respeto de la ley. De allí que los militares y policías mexicanos violadores de derechos humanos deberían mirarse en el espejo argentino, donde las condenas a cadena perpetua impuestas a 11 represores el 27 de octubre hacen justicia a las víctimas de la guerra sucia de la dictadura militar.

Conviene recordar que, más allá de la "función" de obtener información, la práctica de la tortura cumple un papel demostrativo, simbólico, al igual que las acciones de los comandos paramilitares y grupos de limpieza social. Mediante el uso de la tortura se busca "quebrar" al prisionero, provocando su muerte moral o física, para demostrar la fuerza del Estado, lo que también opera como mensaje de advertencia y amenaza a toda la población. La experiencia histórica demuestra que la tortura sistemática es el primer paso para la institucionalización del terrorismo de Estado. Y hoy, cuando la tortura reaparece en México de la mano de los “operativos conjuntos” ordenados por el jefe del Ejecutivo, ésta es consentida por los otros poderes del Estado y aplicada sin mayores preocupaciones para su ocultamiento.

A manera de ejemplo, en el marco de las acciones del Ejército en Chihuahua y Michoacán, o de la Marina, en el caso Beltrán Leyva en Morelos, quedó exhibida la voluntad de difundir entre la población la arbitrariedad que ha adquirido el poder de coacción de las fuerzas armadas, un poder casi sin límites ni condicionamientos morales. Una violencia gratuita, además, que no guarda relación entre los objetivos a lograr en el marco de un (pregonado) estado de derecho –donde la misión debería ser disuadir o capturar criminales– y el grado de brutalidad empleado. Las torturas, mutilaciones, asesinatos y desapariciones no mantienen una relación proporcional al fin que el Estado declara perseguir de manera pública –la lucha contra la delincuencia–, volviéndose pura exhibición del poder absoluto, autocrático, del titular del Ejecutivo, a no ser que el Congreso, el Poder Judicial y la clase política parlamentaria avalen también el exterminio de presuntos criminales.

Si bien la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas en las violaciones de la ley y los derechos humanos no es homogénea, todos sus miembros conocen la existencia de tales prácticas ilegales degradantes, y al permanecer en la institución las aceptan y toleran. A la vez, la total impunidad de militares y policías es posible por la complicidad o tolerancia de amplios sectores de la clase política, en llamativo contraste entre el discurso en defensa de la legalidad y la integridad del Estado que realizan los gobernantes y los medios de difusión masiva conservadores y el virtual silencio que mantienen respeto de la ilegalidad estatal.

La retórica del enemigo interno a exterminar (Calderón dixit), que proporciona una falsa legitimidad basada en un seudopatriotismo –que exalta como héroes y representantes de la nación a militares y policías violadores de derechos humanos–, no está exenta de responsabilidades políticas. Una responsabilidad extensiva a los grupos económicos propietarios de los medios de difusión masiva, que aceptan ser vehículos de la propaganda de guerra oficial, y que al preparar a la opinión pública para justificar esa participación aun en condiciones ilegales y anticonstitucionales (incluida la práctica de la tortura como "mal necesario" y el accionar de escuadrones de la muerte) legitiman la violencia estatal indiscriminada y alientan que la legalidad pueda ser violada sin consecuencias. Con un riesgo adicional: el recurso a la violencia ilegal por parte del Estado abre camino al golpismo.

Terrorismo estatal e impunidad, Carlos Fazio /III

Manifestación por la Paz con Justicia y Dignidad

Más allá de la responsabilidad de los militares que han violado de manera flagrante e impune los derechos humanos de cientos de connacionales –como acaba de ratificar el reciente informe de Human Rights Watch–, la responsabilidad mayor recae en el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Felipe Calderón. Fue él quien decidió profundizar la “coadyuvancia” del Ejército y la Marina en la lucha contra la criminalidad y aceptó la estrategia de guerra irregular para combatir delitos del fuero común.

La declaración unilateral de combate a la criminalidad formulada en diciembre de 2006 colocó al país en los parámetros de una guerra civil. Entonces, ese hecho no tuvo una clara determinación jurídica. Pero conviene recordar que las fuerzas armadas no están formadas ni estructuradas para combatir el delito. Están instruidas, organizadas y estructuradas para defender la soberanía y la independencia nacionales, y el orden interno cuando es afectado por circunstancias tales que crean un estado de guerra. Los militares no empuñan las armas para reprimir un delito; para eso está la policía. Cuando el poder político recurre a los militares para “exterminar” a un enemigo interno, está reconociendo tácitamente el estado de guerra. Pero la lucha entre familias mafiosas o cárteles de la economía criminal, o el ataque de organizaciones delictivas a políticos y funcionarios del Estado como forma de presión o represalia, no son considerados actos de guerra.

Desde un inicio, el discurso estatal en la lógica de exterminio de los malos, y las formas equívocas en que fue difundido desde el gobierno y por unos medios masivos disciplinados a los usos y costumbres del poder, generaron ambigüedad, pero Felipe Calderón logró el objetivo de colocar “su” guerra –con la larga estela de ejecuciones sumarias, decapitados, torturados, desaparecidos y fosas comunes– como tema prioritario de la agenda pública.

La confusión deliberada entre esos dos planos de interpretación –guerra y delito– se ha mantenido constante durante sus cinco años de gestión, pero desde la llegada del dúo Obama/Clinton a la Casa Blanca arreciaron las presiones para asimilar las tácticas violentas de la delincuencia a las del terrorismo y la subversión política, como forma encubierta de criminalizar al enemigo como “narcoterrorismo” o “narcoinsurgencia” y preparar las condiciones para justificar la guerra sucia y el terrorismo de Estado. A la vez, el Estado se vio obligado a considerar la lucha contra la criminalidad como una forma de guerra irregular, dada la necesidad de introducir modificaciones jurídicas en la lógica de la seguridad nacional, preservando de paso el fuero militar, garante de la cuasi impunidad e inmunidad del estamento castrense.

A últimas fechas, la reticencia y oscilaciones del Estado a reconocer el carácter bélico del enfrentamiento contra algunas bandas criminales estuvieron determinadas por su naturaleza de exclusivo detentador de la autoridad pública y, por lo tanto, único competente para declarar una guerra, por constituir la autoridad legítima y prexistente sobre el territorio donde se desarrolla el conflicto. A mediados del año pasado, el cambio de “guerra” a “lucha por la seguridad pública” pudo haber estado determinado por la proximidad del fin del sexenio y el riesgo de que, al haber desarrollado una “guerra injusta”, Calderón pueda ser culpado de delitos contra la paz, al haber iniciado un conflicto sin motivos legítimos, o por haber violado las reglas de la guerra, lo que lo haría sujeto de ser juzgado como criminal de guerra.

La calificación de guerra “justa” o “injusta” remite a una antigua doctrina de origen filosófico y religioso, que comprende el jus ad bellum (el derecho de iniciar una guerra en presencia de una causa justa) y el jus in bello (el código de comportamiento bélico). La “guerra injusta” no posee una justa causa, pero no deja de estar sujeta a normas (consuetudinarias o positivas), que por lo general son las aceptadas por la convención de guerra vigente en su periodo histórico. No obstante, con frecuencia una guerra justa, regular o irregular, no respeta las normas. En ese sentido, predomina la visión de Clausewitz de que la guerra es esencialmente una actividad no sujeta a reglas, excepto aquellas que permiten alcanzar la victoria (que es entendida esencialmente como aniquilación del enemigo).

Manifestación Juicio a Calderón: No mas sangre

Los estados debaten esos problemas apoyándose en las teorías de los fines de la guerra, de los medios o instrumentos de guerra y de la proporcionalidad, teorías que forman parte del jus ad bellum y constituyen efectivas vallas de contención contra la “guerra total”. Clausewitz habla de “aniquilación del enemigo”. En la lógica del “exterminio de los malos” de Calderón, subyace no sólo la omisión gubernamental en el momento de definir a priori “la moderación en los fines y en los métodos de la guerra” (verbigracia, la tortura, la desaparición y la ejecución extrajudicial), sino también la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.

Norberto Bobbio agrega a lo anterior que la guerra sea moralmente lícita, lo que no significa que deba ser obligatoria. Y frente a la distinción entre “guerra justa” y “guerra necesaria”, sugiere que hay que apelar a la ética de la responsabilidad, fundada en la previsibilidad de los resultados.

Según Bobbio, “los gobernantes no pueden atenerse a la ética de las buenas intenciones y decir: la razón está de nuestro lado, por tanto, tenemos libertad de acción. Debe obedecer a la ética de la responsabilidad, valorar las consecuencias de sus propias acciones. Y estar preparados para renunciar a ellas, si estas acciones arriesgan producir un mal peor del que se quiere combatir. La reparación de la ofensa no puede volverse una masacre”. En el caso de Calderón, más de 50 mil muertes, 10 mil desaparecidos y miles de torturados lo condenan.

Terrorismo estatal e impunidad IV, Carlos Fazio

México vive una grave crisis humanitaria producto de una deliberada política estatal que busca imponer un nuevo modelo autoritario de seguridad. En el marco de la"guerra" de Felipe Calderón contra grupos de la economía criminal, el tránsito hacia un nuevo Estado de corte policiaco-militar ha estado sustentado, de facto, en medidas propias de un estado de excepción y prácticas de tipo contrainsurgente, mismas que han sido apoyadas y legitimadas desde los medios de difusión masiva bajo control monopólico –en particular los electrónicos– a través de la construcción social del miedo y la fabricación de enemigos míticos y elusivos que operan como distractores, tales como el populismo radical y el narcoterrorismo.

En forma paralela al acelerado proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización del país, y de acuerdo con planes de alcances geopolíticos elaborados por sucesivos gobiernos de la Casa Blanca, el bloque de poder dominante ha venido imponiendo un reordenamiento capitalista del territorio mexicano que, con eje en megaproyectos contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan Puebla-Panamá, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, incluye la tierra como mercancía y el saqueo de recursos (entre ellos petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales) por compañías multinacionales, de capital nacional y extranjero.

La violencia estructural es consustancial al sistema capitalista. Desde sus orígenes el capitalismo ha sido depredador y salvaje. Pero, según Walter Benjamin y Giorgio Agamben, desde la Primera Guerra Mundial el "estado de excepción" devino en la regla. Para ambos, el "estado de excepción" no es el que impone el poder soberano para suspender el estado de derecho y doblegar la rebelión que subvierte el orden establecido; se refieren al estado de excepción "permanente" que sufren los oprimidos y las víctimas de la historia, incluso dentro del estado de derecho, que no de justicia.

Según Agamben, vivimos en el contexto de lo que se ha denominado una "guerra civil legal", forma de totalitarismo moderno que recurre al estado de excepción y que operó tanto para el régimen nazi de Adolfo Hitler como para los poderes de emergencia concedidos por el Congreso de Estados Unidos al presidente George W. Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Una de las tesis centrales de Agamben es que el estado de excepción, ese lapso –que se supone provisorio– en el cual se suspende el orden jurídico, durante el siglo XX se convirtió en forma permanente y paradigmática de gobierno.

Para el filósofo italiano el estado de excepción contemporáneo no tiene como modelo la dictadura de la antigua Roma, sino imita a otra institución romana, el iustitium, suspensión de todo orden legal que creaba un verdadero vacío jurídico. El actual estado de excepción no tiene nada de constitucional, y al suspender toda legalidad deja al ciudadano a merced de lo que Agamben llama "poder desnudo". Estaríamos frente a un cambio de paradigma, donde la excepción hace desaparecer la distinción entre la esfera pública y la privada. En ese esquema, el estado de derecho es desplazado de manera cotidiana por la excepción, y la violencia pública queda libre de atadura legal. El nuevo paradigma de "gobierno" que hace de la excepción la norma elimina toda distinción entre violencia legítima e ilegitima, con lo que queda pulverizada la noción weberiana del Estado.

Guantanamo:Prisioneros

Tras los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, el repliegue democrático en Estados Unidos fue asombroso. Philippe S. Golub señaló que bajo la apariencia de un estado de excepción no declarado pero efectivo, al ordenar la guerra al terrorismo la administración Bush procedió a la demolición sistemática del orden constitucional, mediante un doble movimiento de autonomización y concentración de poder en el Ejecutivo y una marginalización de los contrapoderes. La forma de gobierno por decretos secretos y decisiones presidenciales arbitrarias devino práctica normal del Estado. Bush lanzó operaciones ilegales de espionaje interno y, arrogándose poderes extrajurídicos, pisoteó los tratados internacionales, legalizó la tortura, secuestró-desapareció presuntos terroristas y arrestó de manera indefinida y sin juicio a quienes fueron identificados como "combatientes ilegales", que, como los prisioneros del campo de concentración de Guantánamo, han sido mantenidos en un "limbo" legal hasta el presente, apoyado por un "sistema" judicial paralelo y secreto controlado por el Pentágono y la Casa Blanca.

Igual que en Auschwitz y otros campos nazis, donde lo que ocurría era algo más allá de lo que pudiera considerarse una bestialidad, bajo el estado de excepción permanente instaurado por Bush –y reproducido por Barack Obama y otros gobiernos occidentales en nombre de los imperativos de seguridad– se puede matar sin que signifique delito; por decreto. Agamben dice que en el capitalismo actual estamos sometidos a una nuda vida (vida natural) y expuestos a ser exterminados como"piojos" (tal como decía Hitler respecto de los judíos) por la biopolítica, debido a "la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos y cálculos del poder".

Si el enemigo es tratado como no-persona, como bestia, se le puede exterminar a la manera de "la solución final" nazi. Para Agamben el estado de excepción no es un accidente dentro del sistema jurídico, sino su fundamento oculto.

Hannah Arendt habló de la banalización del mal, en el sentido de una naturalización o normalización de acciones indudablemente criminales. Podríamos concluir que bajo el estado de emergencia permanente no declarado de Felipe Calderón –con sus decapitados, sus muertos torturados semidesnudos y sus fosas comunes– la excepción se convirtió en regla. Y como regla duradera, la excepción hace que todo sea posible.

fto

Perros de guerra: Narcos, mercenarios y militares en México, por Carlos Fazio

Perros de guerra

Carlos Fazio/BrechaURUGUAY

La matanza del casino Royale, en Monterrey, a fines de agosto, fue aprovechada por el presidente Felipe Calderón para reforzar aun más su estrategia de militarización del país, que ha costado la muerte de 50 mil personas en menos de cinco años.

 Con precisión militar, a media tarde y en sólo dos minutos y medio, el pasado 25 de agosto un comando llevó a cabo el incendio intencional del casino Royale, en la norteña ciudad de Monterrey, provocando la muerte de 52 personas, la mayoría mujeres. Casi de inmediato, la imagen televisada de la acción gansteril, propia de una economía mafiosa que utiliza la "protección extorsiva" y la violencia reguladora para disciplinar los mercados de la ilegalidad, dio la vuelta al mundo. Un par de horas después, en su cuenta de Twitter Felipe Calderón describió el suceso como "un aberrante acto de terror y barbarie".

Al día siguiente, después de una reunión con el Gabinete de Seguridad Nacional, en un discurso tan bien estructurado que parecía haber sido manufacturado con antelación, Calderón afirmó: "No debemos confundirnos ni equivocarnos: fue un acto de terrorismo (...) perpetrado por homicidas incendiarios y verdaderos terroristas". Después pidió apurar la aprobación de la iniciativa de ley sobre seguridad nacional y el mando único policial, congelada en el Congreso, y llamó a la "unidad nacional" y al alineamiento de todos "los mexicanos de bien" detrás de su cruzada contra la criminalidad.

En el marco de lo que Denis Muzet ha denominado la "hiperpresidencia" –en alusión a la forma mediática de gobernar, sazonada en la ocasión por una campaña de intoxicación propagandística con eje en la seguridad–, no puede pensarse que hubo un uso ingenuo o errático de las palabras. Máxime cuando el discurso debió haber sido consultado con los jefes militares de la "guerra" de Calderón, reunidos de urgencia ante la emergencia. Allí se decretó el escalamiento de la confrontación: se decidió enviar 3 mil efectivos federales más a Monterrey, profundizándose su militarización mediante un virtual estado de sitio.

El sábado 27 las ocho columnas de los diarios recogieron sin ambages la consigna presidencial: "Terrorismo". Incluso el semanario Proceso habló de "narcoterrorismo", según la matriz de opinión sembrada por el Pentágono y Hillary Clinton tiempo atrás. Y el lunes 29, el Consejo Coordinador Empresarial –la cúpula de cúpulas de los capitanes de industria– reforzó el llamado a la "unidad" a nombre de "México", como suelen generalizar los amos del país.

TERRORISMO ESTATAL. Conviene aclarar que terrorismo es el uso calculado y sistemático del terror para inculcar miedo e intimidar a una sociedad o comunidad. Es una clase específica de violencia. Como táctica, es una forma de violencia política contra civiles y otros objetivos no combatientes, perpetrada por organizaciones no gubernamentales, grupos privados (por ejemplo, guardias blancas o mercenarios a sueldo de compañías trasnacionales) o agentes clandestinos que pueden ser incluso estatales o paraestatales. El "blanco-instrumento" (víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista) es usado para infundir miedo, ejercer coerción o manipular a una audiencia o un blanco primario a través del efecto multiplicador de los medios.

El término terrorismo puede también abarcar una categoría importante de actos realizados o patrocinados de manera directa o indirecta por un Estado, o implícitamente autorizados por un Estado con el fin de imponer obediencia y/o una colaboración activa de la población. Cargada de connotaciones negativas o peyorativas, la palabra terrorismo es aplicada siempre para el terrorismo del otro, mientras que el propio es encubierto mediante eufemismos.

La acción del comando que incendió el casino Royale generó miedo y desestabilización. En apariencia, el móvil político no formó parte de la trama.

No obstante, en un año preelectoral, la acción fue rápidamente capitalizada por Felipe Calderón, dándole de paso una nueva vuelta de tuerca a la militarización del país. Llamó la atención en la coyuntura que Héctor Aguilar Camín, uno de los soportes ideológicos y argumentativos de la militarización del país, marcara distancia al escribir: "Escalar oratoriamente el conflicto hasta las nubes incendiadas del terrorismo es una forma de hacer terrorismo con las palabras".

Sin caer en teorías conspirativas, sumado a una sucesión de acciones desestabilizadoras (el "secuestro" de empleados de las encuestadoras privadas Parametría y Mitofsky, y de la Sección Amarilla de Teléfonos de México en Michoacán, la explosión de una carta-bomba en el Instituto Tecnológico de Monterrey, el fantasmal tiroteo en el estadio de fútbol Corona), en el caso del casino no se pueden descartar las variables del agente provocador y el acto desestabilizador con bandera falsa.

LA INTERVENCIÓN VA. Estados Unidos ha sido el principal promotor de la matriz de opinión sobre la existencia de "narcoterrorismo" en México, y como reveló en dos ocasiones The New York Times en agosto, agentes clandestinos de la Agencia Central de Inteligencia (cia), del Buró Federal de Investigación (FBI), de la agencia antidrogas dea y del Pentágono, junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz de "contratistas privados", están utilizando las "lecciones" de Afganistán en el territorio mexicano al margen de la Constitución y en detrimento de la soberanía nacional.

Según la versión del New York Times del 7 de agosto, un equipo de 24 agentes de la cia, la dea y militares "jubilados" del Comando Norte del Pentágono estarían dirigiendo labores de inteligencia desde un "centro de fusión" binacional instalado en una base militar en la región norte del país, que el diario no identificó pero podría estar ubicada en la sede del 22º Batallón de Infantería de la séptima zona militar en Escobedo, Nuevo León.

Similar a los que Estados Unidos instaló en Colombia, Afganistán e Irak para vigilar y atacar a grupos insurgentes y presuntos terroristas, el nuevo puesto de inteligencia –que se suma a otros en Ciudad de México, Tijuana y Ciudad Juárez– opera con tecnología de punta que permite interceptar comunicaciones confidenciales y codificadas, bajo estricto control de personal estadounidense. La información complementa la que, según versiones periodísticas no desmentidas, recaban por todo el territorio nacional 1.500 agentes estadounidenses, y la suministrada por aviones espías no tripulados (drones) que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano en virtud de acuerdos secretos con Washington que escapan al control del Congreso local.

El reportaje del New York Times destacaba, además, que Washington planea insertar un equipo de "contratistas privados" estadounidenses de seguridad (ex agentes de la cia, la dea y de las fuerzas especiales del Pentágono), para que brinden "capacitación" dentro de una unidad antinarcóticos mexicana no identificada.

La subcontratación de los llamados "perros de guerra" por el Pentágono y el Departamento de Estado para que realicen tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia, comenzó en México antes de la firma de la carta de intención secreta (octubre de 2007) que oficializó la Iniciativa Mérida. Como se reveló en febrero, la empresa Verint Technology instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Después se supo que la empresa S Y Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea en Veracruz, para proteger instalaciones petroleras de Pemex. Ambas informaciones fueron puestas bajo reserva por 12 y 15 años por razones de seguridad nacional. Con posterioridad, diversas informaciones dieron cuenta de la presencia en México de la firma Blackwater (o Xe Services), una de las favoritas del Pentágono para la mercenarización de conflictos.

El 17 de agosto, en Ciudad Juárez, William Brownsfield, secretario asistente para la Oficina de Narcóticos y Procuraduría de Justicia Internacional de Estados Unidos, declaró que su gobierno capacitará y equipará policías municipales, estatales y federales mexicanos dentro de la "nueva estrategia" de la Iniciativa Mérida. La "nueva etapa" del también llamado Plan México, símil del Plan Colombia, coincidirá con la llegada al país del embajador estadounidense Earl Anthony Wayne. Wayne es un diplomático de carrera pragmático, experto en terrorismo, contrainsurgencia y energía. Su última misión fue en Afganistán, país al que Estados Unidos identificó en enero-febrero de 2009, junto con México, como un "Estado fallido" a punto de colapsar, situación que "justificaba" la intervención militar estadounidense. En mayo siguiente, en Washington, generales del Pentágono revelaron a un grupo de empresarios y líderes políticos conservadores de Florida que soldados del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales ("boinas verdes") venían actuando en México desde 2006, bajo la cobertura de misiones antinarcóticos.

Otra pieza clave en la "transición" será Keith Mines, un ex militar que estuvo en Irak y fungió luego como director de la Sección Antinarcóticos de la misión diplomática en México. Mines monitoreará la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida, que se construye en Amozoc, a 100 quilómetros del Distrito Federal, y que ha sido publicitada como "la primera del mundo en su tipo". Según Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de Seguridad Pública en Puebla y viejo amigo de Wa-shington, la "academia" alojará al consejo de coordinación regional de las policías municipales y estatales, y servirá para el intercambio de información policial preventiva, reactiva y proactiva. Tal vez esa sea la sede antinarcóticos a la que llegarán los mercenarios que, de acuerdo al The New York Times, capacitarán a policías mexicanos.

¿BANANEROS? El 13 de julio, durante una reunión con integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, tres generales y un coronel del Ejército mexicano exigieron a diputados y senadores la aprobación de un marco jurídico que amplíe y legalice la participación de esa rama de las fuerzas armadas en la "guerra sucia" de Calderón. Una guerra que bajo la pantalla de la lucha anticrimen ha cobrado más de 50 mil muertos y 10 mil de-saparecidos, y el desplazamiento forzoso de 250 mil familias. El Ejército y la Armada han sido los principales instrumentos del comandante supremo de las fuerzas armadas en esa confrontación fratricida, definida por el subsecretario de la Defensa, general Demetrio Gaytán Ochoa, como un "conflicto asimétrico" contra un enemigo que no tiene rostro. La jerga militarista denomina "guerra asimétrica" a la que se da entre dos contendientes con una desproporción de los medios a disposición. En la guerra asimétrica no existe un frente determinado, ni acciones militares convencionales. Es un conflicto irregular que se basa en golpes de mano, combinación de acciones políticas y militares, propaganda negra, operaciones encubiertas y psicológicas, implicación de la población civil y operaciones similares.

Tras los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, la potenciación de un "enemigo asimétrico" fue utilizada por la administración de George W Bush para sus operaciones en Afganistán e Irak. Desde entonces, como complemento del "enemigo interno", la noción pasó a formar parte de la doctrina de seguridad nacional estadounidense en su lucha contra el terrorismo.

Según declaraciones de generales del Comando Norte del Pentágono, las operaciones militares en Afganistán e Irak se basan en la contrainsurgencia clásica, lo que implica acciones propias de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, verbigracia, el uso de la tortura sistemática, la ejecución sumaria extrajudicial y la desaparición forzada, combinadas con la utilización de aviones no tripulados (drones) artillados y el ametrallamiento de civiles en retenes, como ha quedado ampliamente documentado.

Dado que desde 2002 México quedó integrado de facto al "perímetro de seguridad" y al Comando Norte de Estados Unidos, y que existen acuerdos militares secretos con ese país en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (aspan, 2005), signados bajo el halo de la "guerra al terrorismo", es lógico concluir que las tácticas utilizadas por Washington en Afganistán e Irak (practicadas antes en Colombia) se han venido utilizando en el territorio nacional. En particular, durante el sexenio de Felipe Calderón, con un crecimiento exponencial de la violencia. n

La falsa guerra contra el Narco, Carlos Fazio, Video, IMPERIDIBLE! explicación para entender la violencia

La guerra a las drogas impuesto por EUA en la zonas de producción y tránsito, pero NO al interior de EUA donde se consume y comercializa, Esta supuesta guerra no es más que  el intento de controlar, en el mundo un negocio de los carteles de la economia criminal (trata de personas, venta de armas, drogas etc).

Carlos Fazio Habla sobre EL Plan Mexico simil del Plan Colombia. de la Iniciativa Mérida. la

ALianza para la Seguridad y Presperidad de America del Norte (ASPAN) QUE es EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (1994) MILITARIZADO

El ascenso de Calderón, candidato surgido del Sector Energético, hacia los pinos mediante un fraude, fué impuesto con el objetivo de generar caos, violencia y condicionar el MIEDO en la sociedad,  para llevar país a un ESTADO DE EXCEPCION.  va generando acciones irregulaes que despues pasa al ámbito legal para institucionalizarlas, (ejem Ley de Seguridad Nacional).

Han venido generando Acciones de Contrainsurgencia, siguiendo un patrón que es continuación del de Fox, hay un eje que es Cd Juarez es el laboratorio de una guerra urbana de un proyecto contrainsurgente, mismo experimento que se aplicó en la Comuna 13 en Medellin Colombia, y que ahora se esta desparramando en varios escenarios de la República

Negroponte desnuda la fallida entrega de Pemex a EUA por Salinas,

Alfredo Jalife-Rahme

Antecedentes. Llama la atención ahora el silencio sepulcral de tres expresidentes de México frente a la locuacidad de otros dos. Echeverría acaba de salir de los cuidados intensivos después de haber sido forzado legalmente a un arraigo domiciliario; De la Madrid, con un pie en el más allá, fue silenciado por Salinas como consecuencia de su inesperada diatriba en la que se autocritica por su inexpiable equivocación en haber seleccionado a su sucesor (Salinas, conocido en ese entonces como la Hormiga Atómica) quien, a su decir, resultó el jefe familiar de una mafia criminal; y Zedillo, tan apátrida (en el doble sentido de la palabra, porque hasta la fecha se ignora la identidad de su padre biológico), como siempre optó por la política del avestruz.

Dos del total de cinco expresidentes de México, Fox y Salinas, se han dado rienda suelta y han dado la nota en fechas recientes con sus polémicas declaraciones que llenan el vacío vigente de poder y la ausencia de rumbo del actual ocupante de Los Pinos, quien se ha vuelto a pelear con China y admite anticipadamente el fracaso de la Cumbre sobre Cambio Climático a finales de año en Cancún.

Fox, habiéndose entrometido en la vida política interna de Estados Unidos, perdió metafóricamente las elecciones en California, donde apoyó abiertamente (incluso, con plegarias al Creador) la Propuesta 19 de legalización de la marihuana recreativa, que fue rechazada por una diferencia apabullante de 12 puntos (que en Estados Unidos es todo un mundo).

Excesivamente hiperquinético, contra los usos y costumbres para cualquier exmandatario en cualquier parte del mundo, Fox se ha dado el tiempo en querellarse públicamente con su sucesor, a quien critica sus ínfulas autoritarias como “mamá de Tarzán” (¡qué niveles!).

Ha sido lo proferido por Salinas en Madrid lo que ha sacudido a los hacedores de la política internacional a grado tal que, dos días después, fue señalado desde Toluca por John Dimitri Negroponte –exembajador de Estados Unidos en México y, más que nada, exzar del espionaje en la etapa bushiana– de haber deseado incorporar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la entrega del petróleo mexicano.
Hechos

A través de la Fundación Marcelino Botín, el banco Santander convocó a un debate en Madrid sobre el futuro de México “entre el Norte y el Sur”. De entrada, Santander, uno de los bancos más rapaces en Iberoamérica que se ha dedicado a saquear a Latinoamérica, donde obtiene sus mayores ganancias, no es el foro adecuado para un debate sobre el destino de México –mucho menos con los invitados (varios de ellos connotados entreguistas, como Francisco Gil Díaz y José Woldenberg Karakowski)–. En mi página web (www.alfredojalife.com) coloqué “El lado oscuro de José Woldenberg Karakowski” a través de su cuñado Isaac Chertorivski Shkoorman, exmandamás de Rón Bacardí, presuntamente vinculado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

 

Naturalmente que dejaremos de lado las alucinaciones de Salinas en su ponencia ante el muy desprestigiado Instituto Federal Electoral, pero lo expresado en Madrid sobre el TLCAN merece un escrutinio somero. Sus respuestas fueron muy defensivas y hasta elusivas ante un público español que increpó el TLCAN y su conducta política. El TLCAN fue, a su juicio, “un instrumento, no una panacea (sic), por lo que todavía falta (sic) llevar a cabo las reformas que el país necesita”.

Sofista como nadie, Salinas aseveró que, “para México, toda política es geopolítica”, y explicó la “gran transformación mundial” que marcó el desarrollo de las políticas internas y externas de su Ejecutivo.
Es cierto: desde el punto de vista geopolítico, a Salinas le toca la caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el inicio de la unipolaridad estadunidense, los cuales –dígase lo que se diga– no le daban ningún margen de maniobra al país y, mucho menos, al polémico expresidente, quien se había encumbrado al poder mediante un sonoro fraude electoral (reconocido por el propio De la Madrid al The New York Times).
Así las cosas, durante el sanguinario sexenio de Salinas, México fue atrapado por una doble debilidad, que es el peor veneno para cualquier país: la externa, que sumió a México en la orfandad geopolítica y cuyo vecino era el supremo triunfador unipolar; y la interna, la falta de legitimación en el poder, sumada de la fractura tectónica electoral de la que no se ha podido recuperar México (desde el asesinato de Colosio hasta el enésimo fraude electoral que instaló a Calderón).
El proyecto de Salinas nunca fue el TLCAN; todo lo contrario: fue la alucinante asociación con Japón (totalmente “antigeopolítica”, porque Estados Unidos la hubiera torpedeado).
Es evidente que la ilegitimidad electoral de Salinas fue aprovechada por daddy Bush, exdirector de la CIA más que expresidente, quien se valió de su extrema debilidad para obligarlo a firmar el Tratado. Así las cosas, el TLCAN de Salinas no fue ni “instrumento” ni “panacea”: fue un acto obligatorio que convenía a Estados Unidos para expandirlo al Área de Libre Comercio de las Américas.
Sale sobrando debatir la calamidad que aportó el TLCAN a México. Desde 2004, el National Bureau of Economic Research, un conglomerado de prominentes economistas de Estados Unidos (quienes dictaminan si existe o no “recesión”), publicó que el Tratado había tenido “un desempeño menos que estelar”. Se nota que ni Salinas ni sus secuaces a sueldo lo han leído. En corto: el tema del TLCAN está caduco, a fortiori, después de la debacle de la globalización financierista, de lo que tampoco está actualizado Salinas.
Con 30 millones de “migrantes ilegales” a cuestas, Salinas todavía perora sobre el “aumento del salario” en los rubros exportadores, pero oculta perversamente, cual su costumbre, que el producto interno bruto de México (una medición tangible y más integral, sin adentrarnos al lastimoso Índice Gini) permaneció mediocremente estancado durante su sexenio y cuyo declive fue legado por De la Madrid y continuó ininterrumpidamente con Salinas, Zedillo, Fox y Calderón: México no crece desde 1982 y su mediocre promedio, alrededor de un intratablemente incoercible 2 por ciento, es el más bajo de toda Latinoamérica.
Peor aún: el Tratado de Libre Comercio, que, en su momento, bautizamos como el “Tratado de Libre Cocaína”, inició la bidireccionalidad de drogas y armas en la transfrontera. De eso no habla cómodamente Salinas.
Todavía Salinas pudiera defender su fase sumamente difícil (desde 1988 hasta 1994), incluyendo la bidireccionalidad transfronteriza referida, para justificar la adopción del TLCAN (un modelo neoliberal de Estados Unidos). Pero en ese lapso, su gravísima equivocación fue no haber colocado el libre paso de personas en el TLCAN –que nos hubiera evitado 22 años de ultrajes de parte de Estados Unidos, además de la erección de un ignominioso muro en la transfrontera (mucho peor en muertes y dimensiones que el oprobioso Muro de Berlín de la Guerra Fría).
Nos saltaremos los ataques reiterativamente fastidiosos de Salinas a su sucesor Zedillo, a quien le echa la culpa compartida del desastre mexicano por no haber profundizado, supuestamente, “la segunda generación de reformas estructurales” y, sobre todo, de la exacerbación masiva de la migración a partir de la crisis financiera de 1995. Nos olvidaremos del “videodedazo” de ultratumba inducido por Salinas para ungir a Zedillo, quien, por cierto, inició el desmantelamiento de la banca nacional (la madre de todos los desastres, a nuestro juicio).
Salinas nunca entendió los alcances de las “ventajas comparativas” de David Ricardo –una teoría obsoleta de inicios del siglo XIX para beneficiar a Gran Bretaña cuando Europa se encontraba en una situación relativamente de desarrollo similar–. Más allá de que David Ricardo –inglés de origen sefardí-portugués– haya sido un especulador financiero en su vida real, su teoría caduca es inoperable en la globalización financierista anglosajona, donde México se despojó demencialmente de su banca nacional.
Salinas se quedó anclado mentalmente a los inicios del siglo XIX con tratados mercantiles libre cambistas de exportaciones (sin servicios de alta tecnología) y no entendió nada de la globalización financierista donde México decidió claudicar al ceder prácticamente toda su banca (para beneficiar al banco Santander, entre otros).
Lo más grave consiste en que Salinas insista en “la segunda generación de reformas” –que nunca define con diafanidad– y se pase por el arco del triunfo que Estados Unidos subsidie a su sector agrícola, altamente tecnificado, lo cual desmanteló al campo mexicano (la mayoría de la población) que no tuvo otra opción más que la de migrar.
En un análisis integral de costo beneficio, el TLCAN –adoptado por Salinas y continuado en forma necia y nihilista por Zedillo, Fox y Calderón– acabó demoliendo más que construyendo a México.
A Salinas –cada vez más anquilosado y desactualizado y, a final de cuentas, un clon del ancien régime neoliberal– se le pasa soberanamente por alto que parte del éxito de China y Brasil, entre otros factores relevantes, radica en que ambas potencias emergentes conservaron su banca nacional: todo lo contrario de México.
En las reseñas de la ponencia de Salinas que leí en Europa Press y La Jornada, no viene ninguna solución al falso dilema de México, planteado artificialmente por el banco Santander, de tener que escoger “entre Norte y Sur”, pero se infiere que opta por el “Norte”.

En síntesis, Salinas elude el debate nodal de crear una banca nacional –no de consumismo trasnacional como la que practica el banco Santander para beneficiar a España, sino de fomento y desarrollo de nuestro país– y no dice nada sobre el destino del petróleo ni de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya respuesta provino extrañamente desde Toluca de parte de John Dimitri Negroponte, el bushiano exzar del espionaje estadunidense, es decir, un peso pesado que desnudó feamente a Salinas durante un congreso empresarial.
La Jornada (27 de septiembre de 2010) reseña textualmente que “en el proceso de negociación del TLCAN, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari ofreció a su contraparte de Estados Unidos, George Bush padre, abrir la industria petrolera mexicana a la inversión extranjera, reveló este martes John Dimitri Negroponte, entonces embajador de Washington y testigo del ofrecimiento”.
Esta estrujante revelación llamó poderosamente la atención ya que Salinas, muy proclive a la mendacidad consuetudinaria (además de ocultar la verdad, que no es lo mismo), había escrito, en sus voluminosas memorias, que cuando daddy Bush le solicitó el petróleo de México, él pidió a cambio el libre paso de personas en la transfrontera. Alguno de los dos miente: Negroponte o Salinas.
¿Cuál habrá sido el papel de Adrián Lajous Vargas –exdirector de Pemex y hoy director de la depredadora petrolera trasnacional Schlumberger– en planificar la entrega del petróleo mexicano?
Hasta el momento de escribir, Salinas había guardado un silencio ensordecedor ante tamaña declaración que realizó significativamente el exzar del espionaje bushiano que participó en un panel junto al israelí-venezolano Andrés Rosental Gutman –medio hermano del filosionista Jorge Castañeda Gutman y, más que nada, cuñado del israelí-argentino Andrés Holzer Newman, propietario del célebre Edificio Omega de Paseo de la Reforma (donde tiene su asiento el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales) y presunto operador del infame Irán-Contras (contrabando y trueque triangulados de cocaína y armas entre Estados Unidos, Israel y los Contras de Nicaragua)–. Pocos conocen el tema Irán-Contras como Negroponte.
Cuando los espías hablan, se pasan de tueste. Imperturbable, Negroponte agregó que la propuesta de Salinas “ocurrió durante una conversación que los mandatarios tuvieron en San Diego, California, en momentos en que se negociaba el TLCAN. Había testigos de ambas delegaciones, entre ellos Herminio Blanco Mendoza, jefe del equipo negociador mexicano”. ¡Entre Negroponte y Blanco! ¡Que dios nos agarre confesados!
Ya nadie podía detener las revelaciones de Negroponte: “Hubo una conversación en San Diego. El presidente Salinas dijo: ‘¿Por qué no incluimos, o permitimos como parte del TLC, inversión extranjera en el sector energético?’”.
Negroponte “aseguró haber asistido a todas las pláticas que tuvieron durante sus mandatos los presidentes Carlos Salinas y George Bush padre”.
Viene lo mejor: “Negroponte abundó sobre la eventual ampliación al área energética del TLCAN. Es algo delicado y muy político. Cuando en México haya más importación que exportación de petróleo, quizá haya una discusión interna sobre cómo enfrentar el problema. Por el momento, nosotros tenemos que respetar que éste es un tema que los mexicanos tienen que discutir antes de abordar la cuestión en un plano bilateral, concluyó”.
Guste o disguste, Negroponte está en su papel. Podemos estar de acuerdo o desacuerdo con él, pero no ocultó sus cartas sobre el apetito de Estados Unidos por los energéticos mexicanos. Estamos jugando al póker abierto: Estados Unidos desea sin tapujos los hidrocarburos de México –que paulatinamente ha cercado, para no decir hipotecado, mediante la extensión del TCLAN a la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, luego la desnacionalización de la banca (sin la cual no se pueden conseguir créditos para explorar, perforar y extraer petróleo; quizá el punto más exquisitamente sensible de todos), el Plan México (rebautizado Iniciativa Mérida) y próximamente la deglución militar de México mediante el Comando Norte de Estados Unidos y Canadá.
Lo más peligroso de todo no radica en la legendaria relación sadomasoquista que se ha consolidado entre Estados Unidos y México –sean quienes fueren sus gobernantes en turno cronológico desde la instauración de la unipolaridad estadunidense a la que sucumbió el locuaz exmandatario mexicano un año antes de la caída del Muro de Berlín–, sino en la necedad de parte de Salinas –quien goza de gran influencia en México debido a su enorme poder financiero, multimediático y político– de proseguir en el Titanic de Estados Unidos cuando el mundo ha entrado en la era multipolar.
Si toda “política es geopolítica”, como perora Salinas, entonces no se ha enterado de que el mundo volvió a cambiar mas dramáticamente ahora que en 1989. Han pasado 22 años y Salinas no evoluciona, sino, peor aún, involuciona.
Nadie está exigiendo la absurda ruptura de relaciones con Estados Unidos, pero en la nueva fase multipolar de regionalizaciones complejas y traslapes creativos a México se le han abierto ventanas de oportunidad para repensar el TLCAN (sobre todo el rubro agrícola) en términos menos desventajosos, así como explotar mas autónomamente sus riquísimos yacimientos de petróleo y plata.
“Entre el Norte y el Sur”, Salinas y sus hijos putativos (desde el punto de vista neoliberal) que le siguieron en el poder, Zedillo, Fox y Calderón, se equivocaron al haber apostado todo en el “Norte” y haber abandonado el “Sur” (lo cual alcanzó niveles sicóticos con la dupla Fox-Castañeda. Curiosamente, hoy el “Sur” es libre, innovativo y creativo, cuyos mandatarios, en particular los de Suramérica, entendieron antes y mejor los alcances de la nueva era multipolar (ejemplo, el BRIC, Brasil, Rusia, India y China).
Baste comparar al exitoso Lula, un anterior obrero metalúrgico, con Salinas, ya no se diga con cualquiera de los vivientes expresidentes de México (para no irnos tan atrás).
En contraste e independientemente de los intereses bursátiles del banco Santander, México pertenece, por su poder cultural y su intrínseca latinidad, al “Sur”.
Ha fracasado la idea peregrina de pretender “deslatinizar” y “norteamericanizar” a México de parte de los propagandistas filoestadunidenses y filosionistas Jorge Castañeda Gutman, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze Kleinbort y Andrés Oppenheimer, por citar a los más conspicuos.
Como consecuencia colateral de los 30 millones de “migrantes ilegales” a Estados Unidos, también México se ha posicionado en el “Norte”, paradójica y demográficamente cada vez más “latinizado”, ya no se diga la región canadiense de Quebec.
El punto nodal es que, con el advenimiento multipolar, la “geopolítica” ha convertido a México en “el puente civilizatorio” entre el Norte y el Sur, con o sin Salinas, con o sin el banco Santander, con o sin Negroponte.
*Catedrático de geopolítica y negocios internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México
Fuente: Contralínea 208 / 14 de Noviembre de 2010

Ofensiva antimexicana de Washington: anexión subordinada a EUA.

Teixitiani 284. www.mexteki.org

Pablo Moctezuma Barragán

En los últimos días se ha agudizado la crisis política, y social en México e intensificado la ruta hacia la violencia y el caos. Las matanzas en México se suceden y ya se habla de “narcoterrorismo”. El 15 de julio estalla un carro bomba en Ciudad Juárez y de inmediato intervinieron las agencias gringas en México, el FBI y la ATF; el 18 se realiza la matanza en Torreón de 17 personas. Una más, pues a partir de la masacre del día del Grito en Morelia en 2008, se han sucedido las matanzas, en Ciudad Juárez, Ocoyoacac, Yucatán, Guerrero, Morelos, Tamaulipas, los decapitados, los colgados en los puentes y los recados en los cadáveres, exactamente igual que sucedió en Colombia como preámbulo del Plan Colombia.

Desde el año 2002 el gobierno de Washington presiona para que México se integre al Comando Norte y se supedite al Pentágono en su guerra contra el terrorismo. En México no había terrorismo, pero ahora ya cuentan con todos los argumentos para avanzar en sus planes de integración militar de nuestro país a sus intereses en aras de la “seguridad de Norteamérica”. Si los gobiernos del PRI apoyaron en todo a la integración económica y política hacia el imperio con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la violación a la Constitución a favor de las corporaciones extranjeras, los del PAN, aceptaron la integración militar a través del ASPAN (Alianza para la Prosperidad de América del Norte), la integración de facto al Comando Norte y la aceptación de la “interoperatibilidad” de acción de las fuerzas armadas de EEUU y México.

Ahora quieren dar otro paso y volvernos como Colombia, ese país que es actualmente el “Israel” de Latinoamerica y cuenta con siete bases militares a disposición de EEUU. Al hablar de que México debe tomar como modelo el “Plan Colombia” se infiere que quieren bases militares de EEUU en nuestro territorio y la presencia de miles de mariners. En Colombia tienen bases en Arauca, Larandia (dos bases), Tres esquinas e instala nuevas bases en Malambó, que está en el Caribe, Palanqueros, en el centro del país, y Apiay en el Oriente. Buscan incluirnos en la lista de países latinoamericanos, que cuentan con bases de EEUU, como son las bases de Comalapa en El Salvador, Soto Cano en Honduras, Liberia en Costa Rica, Guantánamo en Cuba, Roosevelt Roads en Puerto Rico, Reina Beatriz en Aruba, Hatos en Curacao, en toda la isla de Haiti y también en Iquitos y Nanau en Perú, Estigarribia en Paraguay, en Panamá funciona la tristemente celebre “Escuela de las Américas”, que actualmente se llama Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. Actualmente Venezuela está rodeada por 13 bases de EEUU, por el norte Guantánamo, las de Puerto Rico, las de Aruba y Curazao, por el noreste las de Centroamérica, por el oeste las de Colombia y sólo por el Océano Atlántico no tiene bases.

La campaña para integrar a México a la maquinaria imperial está en marcha, buscan la anexión subordinada a EEUU. Nos “integran” pero primero nos criminalizan. “Hey hey Obama don't deport my momma!" “Obama no deportes a mi mamá”, exclamaban los niños el 27 de julio frente a la Casa Blanca en Washington, en los últimos 8 meses, el gobierno de Barack Obama, ha deportado a 227 mil migrantes, el democrata no ha cumplido su promesa de una reforma migratoria en su primer año de gobierno. Si Obama quiere parar la separación de familias, lo puede hacer pues la migración es facultad federal y puede dejar de depositar en los estados y localidades la colaboración en esta tarea. Pero aún así en Arizona entra en vigor la ley SB1070 – aunque “suspendida parcialmente” de última hora, ante la enorme movilización que generó en su contra. Por otra parte Obama anuncia el envío de 1,200 tropas adicionales de la Guardia Nacional a la frontera con México, y los crímenes en la frontera como el de Anastacio Hernández y el de Sergio Adrián Hernández en México, asesinados por la Border Patrol, continúan.

En medio de éste clima antimigrante y antimexicano, los corifeos de Washington acusan y escandalizan: ¡¡Narcoterrorismo en México”.William F. Weschsler, subsecretario de Defensa adjunto para Asuntos Antinarcóticos y Amenazas Globales, confirmó ante el Congreso la vinculación del Comando Norte en el ámbito de las fuerzas de seguridad mexicanas y que vienen entrenando a militares mexicanos en contrainsurgencia, con tácticas utilizadas en Afganistán e Irak. Avanzan paso a paso en sus planes, el Embajador Carlos Pascual pidió “ajustar” la Iniciativa Mérida, ahora quieren declararla disfuncional para escalar a un símil del Plan Colombia en México.

Todo lo necesario para justificar la creciente integración policiaco-militar de EEUU-México, que es la continuación del proceso de décadas de integración económica y política - a la anexión - que han promovido el PRI y el PAN al servicio de la oligarquía proyanqui .Quieren como en Colombia bases militares en nuestro país y tropas mexicanas para sus guerras en el extranjero. La semana pasada, Magdy Martínez-Soliman, coordinador de la ONU en México, informó el 22 de julio que el Secretario General Ban Ki-Moon ha insistido en sus dos visitas a México que nuestro país mande cascos azules y que esto hará el gobierno de Calderón. Quieren sangre mexicana para sus guerras que califican como "misiones de paz", lo que viola el artículo 89 y el 76 de la Constitución. Por lo pronto México ya votó en el Congreso de Seguridad junto con EEUU, para intensificar las sanciones contra Irán.

La integración militar avanza, ha sido admitido por autoridades del Pentágono y el Departamento de Estado, que 20 grupos de tarea integrados por fuerzas especiales estadunidenses, vienen actuando en Juárez y otras ciudades como parte de la interoperatividad militar entre los dos países, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Con alarma nos enteramos que Alan Bersin, informó que se está negociando el empleo de drones del lado mexicano de la frontera (Fazio 26 de julio) estos aviones no tripulados son los mismos que bombardean la frontera de Pakistán ocasionando “daños colaterales”, civiles inocentes asesinados por el ejército de EEUU. ¿Presenciaremos el vuelo de drones bombardeando Ciudad Juárez?

El descontento en México crece cada día, sin embargo todavía no existe una amplia conciencia en la mayoría del pueblo del peligro de la integración militar EEUU-México, ya que el monopolio de medios de “información” se encarga de desinformar, el país está sumido en una profunda crisis que afecta a la población en general. Y es un hecho que todos los ángulos del deterioro económico, político, social, cultural, ambiental y en seguridad que sufrimos, son producto del modelo de capitalismo salvaje o neoliberalismo impuesto por Washington y sus Organismos Financieros Internacionales. El modelo ha sido impuesto a “sangre y fuego”. Las matanzas que se suceden en México son consecuencia directa del rumbo neoliberal y anexionista que emprendió el PRIAN desde hace décadas.

Sin embargo es ingenuo pensar que el pueblo va a aguantar todo. Estamos en pie de lucha en pos de la Soberanía política, económica, militar, cultural, científica y tecnológica y vamos a conquistar la plena soberanía.

¡Anexión No, Soberanía SI!

Soberania: que sabes sobre el ASPAN, Plan Mexico 2030,? intervenciones de EUA en Mexico? hoy 19hrs, ENTRADA LIBRE NO FALTES en la ROMA!

En el siglo XXI nos quieren desoberanizar quien logre  desoberanizarnos sera un perverso neoliberalizador...
El Dr. Moctezuma explica de manera coloquial temas como:
Cronología histórica de las intervenciones de EUA, en México, America Latina (Haití), y el mundo.
El plan Merida, EL ASPAN,¿anexion militar?¿neocolonialismo?
Integración México-EUA-Canada: políticas e instituciones compartidas, incluyendo un espacio de seguridad común y una relación profunda en materia de migración, comercio e inversión”. ¿Anexión disfrazada?
De acuerdo al Plan de Gran Alcance: "México 2030" se debe abandonar la concepción de la soberanía: “Se deben reconsiderar conceptos considerados como ‘sacrosantos’, como el de la soberanía, ya que detonan debates que puedan llegar a contaminar la agenda internacional del país”.

Brújula Metropolitana, 

invita a la conferencia y presentación del libro:

 "32 Apuntes sobre el devenir de la soberania"

basados en el Libro "Soberanía"

Dr. Pablo Moctezuma Barragán

Miércoles 21 de abril 19hrs

Lugar: Alvaro Obregón 240,  "Edif. Mercurio"

a unos metros de Insurgentes, col. Roma Cd. Mexico

(parada de metrobus Alvaro Obregón)

ENTRADA LIBRE

INFORMACION: kakumei2006@gmail.com tel: 04455-3568-5200
 (si no lo han dado de baja porque NO lo registre)

Para que vayas conociendo los sucesos te invito a leer: CLICK EN el VINCULO

AQUI 2010: a recuperar la plena Soberanía (ultimo articulo de 3, de nuestro Dr.invitado.Ahi mismo los anteriores)

La visita: La sesión relámpago en México del gabinete de seguridad estadunidense tuvo como "misión" salvaguardar los intereses patrióticos, geopolíticos y rentables del imperio.

La visita

Carlos Fazio

lA JORNADA

La primera reunión extraterritorial del gabinete de guerra de la administración Obama-Clinton, aquí, el pasado 23 de marzo, abrió una nueva fase en el plan de absorción política y militar de México, plasmado en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005) e instrumentado en la Iniciativa Mérida (2007), como brazo operativo de las grandes corporaciones estadunidenses que quieren apoderarse de los recursos geoestratégicos del país.

Para que no quedara ninguna duda, después de la visita el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, experto en situación de crisis y estados fallidos, exhibió su papel de procónsul, cuando en entrevista con Televisa dijo sin tapujos que la actual estrategia militar de Felipe Calderón la hemos diseñado los dos juntos. La afirmación genera interrogantes acerca de si se trata de una estrategia fallida, como afirman muchos, o si el plan estadunidense consistía en generar un estado de caos y violencia reguladora irracional, en el contexto de una política contrainsurgente, para colocar a México en una fase de colombianización y, de paso, debilitar y desgastar a las fuerzas armadas mexicanas para penetrarlas y subordinarlas aún más a los lineamientos del Pentágono.
La sesión relámpago en México del gabinete de seguridad estadunidense tuvo como misión salvaguardar los intereses patrióticos, geopolíticos y rentables del imperio. Vinieron, giraron órdenes e instrucciones a los personeros nominales del Estado cliente denominado México y se fueron. Combinando el poder duro y blando, aprovecharon al máximo la corruptibilidad y las vulnerabilidades e incompetencias de los administradores bananeros del país –al servicio de una clase política y económica en relación simbiótica con la economía criminal–, que ya no controlan parte del territorio nacional.
La aparición en bloque de los halcones de Washington fue el mensaje. Un mensaje público de espaldarazo a un régimen en extremo débil. ¿Pero un mensaje a quién? ¿Qué sabrá Washington que los mexicanos no sabemos, y que lo obligó a mandar a sus pesos pesados para impedir o postergar la caída de Calderón? Porque para anunciar el giro social de la guerra bastaba con enviar a la cara amable del imperio, Hillary Clinton, y seguir utilizando las formas encubiertas de la dominación vía sus agentes clandestinos en México.
A corto plazo nada sabremos de la agenda oculta de Washington. Lo divulgado antes, durante y después de la visita fueron simples cortinas de humo distractivas. Como tantas veces antes, hicieron un uso consciente de los medios como difusores de la estrategia de propaganda de guerra estadunidense. Por razones tácticas o de oportunidad, postergaron el anuncio sobre la institucionalización de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), ubicada en algún punto secreto del Distrito Federal, desde donde operan hace casi un año expertos de inteligencia del Pentágono, la CIA, la DEA, la FBI y otras agencias estadunidenses, en coordinación con el embajador Pascual. La propia Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior, reconoció en un programa de la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) que a pedido de Calderón miembros del Ejército de Estados Unidos trabajan en forma limitada en México, poniendo a punto técnicas de inteligencia militar utilizadas en Irak y Afganistán (y antes en Colombia), en el marco de una guerra que según el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, general Víctor Renuart, se prolongará 10 años.

Así como la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy fue el brazo social de la contrainsurgencia que en los años 70 derivó en la Doctrina de Seguridad Nacional que introdujo el terrorismo de Estado en varios países del área, la nueva fase de militarización de México combinará el control territorial y social (guerra sucia urbana) con esporádicas acciones de inteligencia operativa y financiera para golpear de manera selectiva a algunos cárteles de la economía criminal.
En realidad, con la excusa de combatir a la delincuencia organizada, se aplican las directrices básicas de la guerra de baja intensidad, que combina labores de inteligencia, acción cívica, guerra sicológica y control de población. Esa doctrina cambia la naturaleza de la guerra, la hace irregular y la convierte en un embate político-ideológico. Se trata de un conflicto prolongado de desgaste, no convencional. El centro de gravedad ya no es el campo de batalla per se, sino la arena político-social.
En la nomenclatura militar, el concepto de operaciones sicológicas está relacionado, generalmente, con objetivos y herramientas que buscan influir en la conducta de la población civil, del enemigo y la propia fuerza. La guerra sicológica trata de explotar las vulnerabilidades del enemigo y sus bases de apoyo: miedos, necesidades, frustraciones. El terror paralizante (la tortura y las ejecuciones paramilitares propias de la guerra sucia) se utiliza como un instrumento político de control de las mayorías, que busca generar dependencia, intimidación e incapacitar toda proyección hacia el futuro de manera autónoma.
La propaganda (empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas) es consustancial a la guerra sicológica, que mediante la sugestión compulsiva y técnicas afines busca alterar y controlar opiniones, ideas y valores, y en última instancia cambiar las actitudes según líneas predeterminadas. Las distintas tonalidades de la propaganda bélica (blanca, gris y negra) persiguen el ocultamiento sistemático de la realidad para imponer la verdad oficial, distorsionando o falseando datos, o bien inventando otros. Así ocurrió con los juvenicidios de Ciudad Juárez, la ejecución ejemplar de Beltrán Leyva en Cuernavaca, el asesinato de los dos estudiantes del Tec de Monterrey y en el caso del presunto narcomenudista capturado, torturado y ejecutado en Santa Catarina, Nuevo León.