Foro “A 20 años de la Masacre del Charco” (Junio 1 de 2018)

Conferencia de prensa a 20 años de la Masacre del Charco (Mayo de 2018)

Sin castigo, las atrocidades del ejército en El Charco.

 

 

Ayutla de los Libres, Guerrero 7 de junio de 2021.– La masacre del El Charco perpetrada por el ejército es uno de los crímenes más pérfidos y cobardes que han perpetrado los militares contra padres de familia que pernoctaban en uno de los salones de la escuela primaria indígena Caritino Maldonado Pérez. Los gritos del general Oropeza Garnica de “salgan perros” condensaron el odio y la acción irracional del uso de la fuerza que ha utilizado el ejército contra la población pobre del estado de Guerrero. Estos hechos atroces se focalizaron contra indígenas del pueblo Na Savi que han pagando con su sangre la lucha contra la pobreza y la discriminación racial.

En la madrugada del 7 de junio de 1998 elementos castrenses de la XXVII zona militar arremetieron cobardemente contra los indígenas. De acuerdo con los testimonios de las víctimas y otros datos de prueba, los militares dispararon 284 municiones y lanzaron dos granadas de fragmentación. El saldo fue de 10 indígenas y un estudiante asesinado, 4 adultos y un niño, heridos de gravedad y posteriormente detenidos ilegalmente, mientras que otros 22 indígenas, cuatro de ellos niños y una estudiante, fueron detenidos ilegalmente y torturados.

Por estos hechos las autoridades nunca investigaron a los militares, por el contrario, los indígenas de El Charco fueron sometidos a proceso por diferentes cargos penales como rebelión, sabotaje entre otros. Algunos de ellos fueron privados de su libertad. Para acallar este crimen el gobierno señaló a los indígenas como subversivos para garantizar impunidad a los militares y encubrir las ejecuciones arbitrarias, torturas, lesiones y detenciones ilegales que arrancaron la vida de los indígenas.

A la fecha el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha emitido un informe de admisibilidad, mientras en el plano interno las autoridades se han mostrado indolentes ante el asunto.

Como centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, condenamos la impunidad en la que se encuentra el presente caso. Es inconcebible que a 23 años no se haya iniciado alguna indagatoria ni que las autoridades locales y federales realicen investigaciones objetivas e independientes para esclarecer el caso y brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Pese a estas acciones deleznables, las víctimas y las comunidades Na Savi sobreviven en la pobreza y marginación, sin que los gobiernos atiendan las demandas históricas de los pueblos indígenas de Ayutla. Desde aquella fecha funesta quedaron en la orfandad 44 hijas e hijos de los indígenas que fueron ejecutados, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de concluir la primaria y de encontrar un trabajo digno. El gobierno los ha condenado a sobrevivir en condiciones deshumanizantes. Su fortaleza como hombres y mujeres de la lluvia que se forman en el campo, ha sido la fuente de su salvación. Siguen dando la batalla contra el oprobio y resistiendo los embates de gobiernos racistas y etnocidas. Pese a los nuevos cambios en el gobierno federal, no se ha iniciado un proceso de justicia transicional para el esclarecimiento de estos crímenes.

No se puede mantener en la impunidad hechos cruentos catalogados como graves violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones arbitrarias de los 10 indígenas y un estudiante, porque en los hechos los militares tienen licencia para matar. Esta herida abierta se desangra a lo largo y ancho del estado con los crímenes atroces de la guerra sucia, las matanzas y masacres perpetradas por el instituto castrense y las corporaciones policiacas.

A 23 años de la masacre de El Charco, exigimos que se abran las investigaciones prontas e imparciales para dilucidar estos hechos y ofrecer verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas.  Es impostergable la implementación de políticas públicas orientadas a resarcir los daños y proteger los derechos fundamentales de la población indígena de Ayutla de los Libres.

ATENTAMENTE.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El Charco. (del 7 de junio de 1998).

El Ejército Mexicano manchado de sangre y sin Gloria.

En El Charco,

un amanecer de sangre y balas

fue la repuesta a un pueblo hambriento.

Tiros certeros

disparados al corazón de los famélicos cuerpos,

enflaquecidos por discursos y promesas incumplidas.

Un Charco de sangre indígena,

mezclada con las lágrimas de las viudas

debe convertirse en lucha contra la impunidad.

¿EL EJÉRCITO MEXICANO

SE HA CUBIERTO DE GLORIA

EN LA DEFENSA DE LA PATRIA?

Después, los mixtecos fueron saliendo

libres nuevamente a compartir su miseria.

¡Casi dos años de prisión!

Sus familias abandonadas,

sus heridas abiertas,

el recuerdo de los muertos

y los dos sobrevivientes aún presos

en un penal de máxima seguridad.

La esperanza en que algún día no habrá impunidad

y sus hijos sonreirán llenos de vida

les sigue invitando a caminar.

EL PODER JUDICIAL SE CUBRE DE

LEGALIDAD.

¿’ÓNDE QUEDA LA JUSTICIA?

Tomado de Poemas Disonantes, Adrián Ramírez Limeddh Ac,

Plaza y Valdes Editores, México

Durante la gestión de Ángel Heladio Aguirre Rivero, como Gobernador del Estado de Guerrero, la madrugada del 7 de junio de 1998, en una escuela en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, un grupo de elementos del ejército mexicano comandados por el General Alfredo Oropeza Garnica, masacró a 11 indígenas e hirió a 5 mas.

Disparos de armas fuego en dirección a la población de los ejidos Río Florido y El Carrizal

 

Ocosingo, Chiapas a 25 de mayo de 2021

 

A los medios de comunicación

 

A los organismos defensores de los derechos humanos

 

A las organizaciones hermanas y solidarias

 

Al pueblo en general

 

Denuncia urgente:

Disparos de armas fuego en dirección a la población de los ejidos Río Florido y El Carrizal

 

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denuncia que desde las 10:30 de la mañana el grupo paramilitar Los Petules comenzó a realizar disparos con armas de fuego en dirección al poblado de nuestros compañeros de Río Florido y El Carrizal. De último momento, sabemos de la presencia policíaco-militar en ejido Cuxulja quienes dan cobertura al grupo paramilitar.

 

Hechos:

 

En el marco de la Jornada Nacional Contra la Impunidad y el Olvido los compañeros de las comunidades Rio Florido y El Carrizal desde las 8 am del día de hoy realizan un volanteo informativo cuya esencia es la exigencia de justicia y presentación con vida de los detenidos desaparecidos ante la persistencia de la impunidad y la continuidad de la práctica de la desaparición forzada y al mismo tiempo, exigir la libertad inmediata e incondicional de nuestros compañeros presos políticos.

 

Desde las 10:30 de la mañana comenzaron los disparos del grupo paramilitar los Petules con dirección a Río Florido y El Carrizal.

 

A las 10:40 a.m. pobladores circunvecinos informan de la concentración de más de una treintena de paramilitares.

 

11:30 de la mañana aproximadamente, hubo presencia del ejército mexicano procedentes del municipio de Altamirano. Mientras la policía se encuentra ubicada a la altura del campamento paramilitar.

 

12:00 p.m. Continúa la actividad de denuncia de nuestros compañeros, porque exigir justicia no es un delito, protestar no es un delito es el derecho legítimo de las masas para denunciar todo atropello que se comete contra el pueblo oprimido y explotado.

12:33 p.m. hostigamiento militar donde nuestros compañeros realizan volanteo y denuncia.

 

Lo hechos denuncian:

 

El carácter represivo, impune y autoritario del gobierno estatal presidido por Rutilio Escandón Cadenas.

 

Reafirma su carácter demagógico. Mientras habla de respetar su estado de derecho, de respetar los derechos humanos, de abogar la paz para el pueblo chiapaneco, en la vía de los hechos es éste y su séquito de políticos de oficio, de policías y militares, violan su propio marco jurídico al dotar de impunidad a los paramilitares, de atentar contra el derecho a la manifestación y exigencia de justicia para las víctimas.

 

A través de las balas, el Estado mexicano pretende silenciar y detener toda acción política de masas cuyo contenido es desenmascarar la retórica del Ejecutivo federal y estatal, porque éste perpetúa un mutismo indignante ante la exigencia de justicia de los familiares cuyos seres queridos padecen del cáncer de la desaparición forzada.

 

Es un ejemplo de la persistencia de la violencia de clase a través de las fuerzas represivas contra el pueblo que se organiza de manera independiente y con carácter combativo. De esta manera se materializa el modus operandi del gobierno Chiapaneco y su “cuarta transformación”, cobertura para los paramilitares como punta de lanza para continuar con los crímenes de lesa humanidad.

 

De todo acto que lastime, agreda o atente contra la integridad de los compañeros será responsabilidad del gobierno municipal del municipio de Ocosingo Jesús Oropeza, del gobierno estatal Rutilio Escandón Cadenas y por omisión, al Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador.

 

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

¡DENUNCIA URGENTE! LOS ARDILLOS INCURSIONAN EN COMUNIDADES DEL CIPOG-EZ Y HIEREN A COMPAÑERO.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red Nacional contra la Represión

A los medios de comunicación libre

25 de mayo de 2021.

Cuando la lucha por la vida se sostiene, la muerte acecha todo el tiempo pues desprecia la vida y por tanto la ataca con brutalidad.

Así nos ha pasado una y otra vez; lo hicimos saber y lo sabíamos el día que se presentó en la Ciudad de México el Informe "Crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos en la Montaña Baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ" el pasado 16 de mayo. Se los dijimos a los malos gobiernos y lo sabía la prensa nacional e internacional.

Les dijimos que los grupos narco-paramilitares nos estaban matando y que a cada acción de denuncia contra estos ataques que hacemos, "Los Ardillos" nos responden con ataques y que lo seguirán haciendo mientras los malos gobiernos sigan siendo cómplices de los grupos delincuenciales.

Hoy martes 25 de mayo de 2021 a plena luz del día a las 11:50 am, el grupo narcoparamilitar que desde 2015 violenta a nuestras comunidades lo han hecho de nuevo. "Los Ardillos" desde la comunidad de Zelocotitlán, descendieron a Zacapexco, disparando contra la comunidad. Resultando herido de bala un compañero de nuestras comunidades.

Cabe resaltar que el mal gobierno no nos ha escuchado, al contrario, se ha burlado de nosotros y nosotras, programa reuniones para después cancelarlas y nos quiere ofrecer migajas. En este caso la Guardia Nacional, la Marina y la Policía estatal llegaron hasta las 4 de la tarde, aproximadamente 4 horas después del ataque. Por lo tanto, responsabilizamos a Andrés Manuel Lopez Obrador, a Hector Astudillo gobernador del estado de Guerrero, a Daniel Machaca Portillo jefe de la policía Estatal del estado de Guerrero y al fiscal del estado Jorge Zuriel por el ataque y las consecuencias que éste acarree.

No nos silenciarán, seguiremos denunciando y resistiendo al crimen organizado y a los malos gobiernos.

Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata.

Justicia para Pedro Luna Pérez

Desde la Red contra la Represión y por la Solidaridad denunciamos el asesinato de Pedro Luna Pérez de 24 años, ocurrido el día 8 de mayo de este año mientras se encontraba al interior de su casa ubicada en la comunidad Coco, municipio de Aldama, en el estado de Chiapas. La causa de su muerte fueron los disparos que realizó el grupo paramilitar que opera con total impunidad desde el territorio de Santa Martha, Chenalhó.

La situación que se vive en la zona es sumamente grave, misma que diversos organismos de derechos humanos, grupos, colectivos, organizaciones y personas a título individual han señalado y denunciado de manera pública. Estos grupos paramilitares atentan cotidianamente contra la vida de más de cien personas y a las autoridades locales, estatales y nacionales parece no importarles.

Denunciamos y señalamos que los principales responsables de este crimen de lesa humanidad, son quienes cobijan, promueven y dan financiamiento a estos grupos paramilitares, los cuales son los mismos quienes administran las estructuras e instituciones del Estado que por años los han utilizado en su estrategia de contrainsurgencia y de represión hacia la población civil, teniendo como pilar al Ejército Federal para la realización de estas tareas.

Sentimos como propio el dolor de la familia de Pedro y del pueblo tsotsil, por ello hacemos un llamado a tod@s nuestr@s compañer@s de esta Red, a l@s adherentes a la Sexta y toda persona que sienta la misma indignación; a que, de acuerdo con sus tiempos, modos y formas, manifiesten su apoyo y solidaridad para las comunidades mayas que en estos momentos están siendo agredidas y denunciemos que el Estado mexicano es cómplice de las mismas.

Contra el despojo y la represión: ¡la Solidaridad!

Red contra la Represión y por la Solidaridad

(RvsR)

FUUNDEC en La Resistencia

Comunicado del PDPR - EPR

AL PUEBLO DE MÉXICO

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

Las víctimas directas e indirectas del terrorismo de Estado en México se cuentan por millones, todas con una característica en común, miembros de la clase trabajadora en su mayoría jóvenes, que han sido arrancados violentamente de sus hogares, de su familia, de su trabajo, de su comunidad, su colonia y de su organización. Todos sin distinción son hijos del pueblo y por ellos hay que seguir luchando y levantar en alto las banderas de la lucha contra el terrorismo de Estado.

Víctimas que conforman tanto a familiares como a todo su entorno social, violencia gubernamental que constituye una política generalizada y sistemática que busca detener toda expresión de voluntad popular de combatir y toda crítica al régimen; violencia exponenciada que afecta a diferentes sectores del pueblo, en específico a la fuerza de trabajo joven sin importar sexo, en resumen y a excepción del entorno burgués la mayoría de los mexicanos somos víctimas de la violencia burguesa.

Ninguno de los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y demás crímenes de Estado son casos aislados, son producto de una política que responde a los intereses de la oligarquía para mantener el régimen económico y político que condena a la mayoría de los mexicanos a vivir en condiciones infrahumanas, sujetos a las cadenas de la sobrexplotación y de la opresión política.

El dolor que se vive por la ausencia de los familiares, por ser presa del Estado policíaco-militar, no es un dolor individual, es ante todo un sentimiento colectivo, de indignación que poco a poco se transforma en convicción y disposición para hacerle frente al gobierno antipopular y represivo. A las víctimas del terrorismo de Estado nos identifica nuestro origen de clase, nos une la explotación y la opresión que a diario vivimos, nos hermana la convicción por alcanzar la justicia social, pero ésta pasa necesariamente por comprender la necesidad de luchar de forma conjunta contra el capitalismo, que representa la lucha por el socialismo.

Los millones que a diario sufren la violencia de clase y el odio que destilan las instituciones burguesas no pueden quedar pasivas ante este Estado criminal, nuestro enemigo común queda al desnudo por las innumerables evidencias que se han recolectado, que se han arrebatado del Estado a través de la organización fuera de los marcos coorporativizantes.

La lucha nos enseña que cada víctima del terrorismo de Estado no está sola, somos muchos los que sentimos el dolor en carne propia de la violencia contra el pueblo, sin embargo, es una necesidad entender el fenómeno en su exacta dimensión, y las motivaciones políticas que lo alimentan.

Desarrollar la lucha, es elevar las formas de organización para llegar a la actitud decisiva y combativa de superar el aspecto emotivo, individual y espontáneo que debe ser transformado en voluntad y convicción de luchar unitariamente contra el enemigo común.

Construir organismos de combate popular significa no dejarnos quebrar por los mecanismos que el Estado nos impone como "solución", medidas burocráticas, desgastantes, dilatorias, revictimizantes y demagógicas que nos arrebatan la dignidad y nos sumen en mayores mecanismos de opresión para ahogar el recuerdo de nuestros familiares y la capacidad de organizarnos para exigir juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad.

El Estado busca que aceptemos resignadamente la violencia que emanan de sus instituciones, que callemos por unas envilecedoras monedas, que se normalice el terror de Estado como un mal necesario, e incluso que cuestionemos y criminalicemos a las víctimas, familiares y organizaciones que a diario libran batallas populares por todas las víctimas del terrorismo de Estado.

La lucha de familiares y amigos de las víctimas del terrorismo de Estado, de organismos defensores de derechos humanos, personalidades comprometidas con la justicia social y organizaciones populares independientes por medio de la resistencia popular han evidenciado el fenómeno del terrorismo de Estado, éste ya es más que evidente e inocultable por su magnitud. Sin embargo, no es suficiente, porque a diario se siguen cometiendo nuevos crímenes de lesa humanidad, nuevas víctimas se suman a la interminable estadística de la violencia que sostiene al régimen neoliberal.

No basta con saber el paradero de las víctimas, no basta reclamar a un solo familiar, no sólo es "aceptar" la ausencia o pérdida de un ser querido; postrarnos ante el conformismo individual es renunciar a la memoria de las víctimas, representa dar la espalda a los millones de hermanos de clase que son tocados por las garras criminales de las fuerzas represivas.

La táctica gubernamental se ve reforzada con nuevas maniobras, buscan distorsionar la esencia del fenómeno al hacer esfuerzos ingentes por reducir la desaparición forzada de personas a figuras jurídicas que diluyen el carácter político de los crímenes de lesa humanidad. Al endosar perversamente los crímenes de lesa humanidad a la mítica "delincuencia organizada", no obstante, éstos sólo los comente el Estado, sus instituciones y sus agentes.

Reproducir el discurso del Estado es negar nuestra propia condición de oprimidos y explotados, es reproducir el síndrome de Estocolmo, es renunciar a nuestra dignidad y es aceptar resignadamente la degradación humana que lleva implícita la perdida de voluntad de combatir contra los enemigos de clase, éstos se acuerpan y cierran filas para salvar sus intereses, que son los intereses de la clase burguesa.

Desde el Estado, los hombres del régimen y cancerberos del capital presentan a las víctimas del terrorismo de Estado como delincuentes, como consumados criminales o individuos presentes en el "lugar y hora equivocada"; y desbordan sapiensa al cerrar los casos con el manotazo autoritario de que "en algo malo andaban".

Su objetivo es desmovilizar a todos aquellos que luchan por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, evitar la solidaridad entre familiares, víctimas y hermanos de clase, promueven una ideología antropófaga que destruye el grito de unidad por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. Por ese mismo cauce empuja a la corporativización de organismos y organizaciones que luchan contra la violencia del régimen; confronta a familiares con falsas esperanzas y promesas que nunca se cumplirán, porque ambas constituyen también violencia de Estado.

Expresión de lo anterior es la ley contra la desaparición forzada, que nació muerta y contraria a las exigencias populares, vacía con relación a la justicia que exige el pueblo; por todo su entramado jurídico ahogan la voluntad de exigir la presentación con vida, busca la fractura política y organizativa de la lucha contra el terrorismo de Estado y envilece en cauces individuales la lucha por reivindicar a las víctimas del terrorismo de Estado.

A tal grado llega la táctica del Estado y su perversidad es tal que induce a mendigar la presentación con vida de los desaparecidos, a renunciar a ella y degradarla a tal grado de luchar sólo, conformarse con una "evidencia" mortal de la víctima. Sin embargo, para quienes estamos comprometidos con las víctimas y sus familiares la lucha transciende lazos sanguíneos, militancia política y origen geográfico.

En correspondencia la lucha por exigir la verdad, la presentación con vida y el juicio y castigo a responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad debe continuar, pero expresada en nuevos cauces, nuevas iniciativas y formas de lucha que expresen ante todo unidad y voluntad de combatir; ésta es una lucha que demanda a todos aquellos que luchamos contra el régimen a redoblar nuestro compromiso de luchar al lado del pueblo y de fortalecer la convicción de organizar y generalizar la autodefensa armada de las masas para poder hacer frente a la violencia del Estado burgués.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR-EPR

República mexicana, a 17 de mayo de 2018

Foro sobre Ley de Seguridad Interior y Derechos Humanos.

Foro “El año que vivimos en peligro, Ley de Seguridad Interior y Derechos Humanos”. Dr. Enrique González Ruiz y Dr. Adrián Ramírez en Brújula Metropolitana. Enero de 2018.

VII Marcha de la Dignidad Nacional. 10 de Mayo de 2018

Desaparecida en la Guerra Sucia

Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo

Saludo desde la Universidad de Milán

FPDT

Familiares de Víctima de Feminicidio en el Estado de México

Centro de Derechos Humanos de la Mujer

Red de Madres Buscando a sus Hijos

Pase de Lista Familiares María Herrera de Poza Rica y participación de FUNDEC

Buscando a Nuestros Desaparecidos Veracruz

Pase de Lista Desaparecidos en Coahuila

Justicia y Esperanza

Caso de asesinado en la Facultad de Odontología

Familiares de Desaparecidos en Paracho Michoacán

Cierre de evento y muestra fotográfica

Aristegui en CNN: Ley de Seguridad Interior

Tertulia MX Seguridad Nacional ¿Militares en la calle? video

Comunicado del ERPI Guerrero

COMUNICADO ESTATAL # 22.

A los medios de comunicación.

A la opinión pública.

El próximo 20 de agosto se cumplen 8 años del asesinato de Armando Chavarría Barrera, diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que fue ejecutado en Chilpancingo en un contexto político de enfrentamiento con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo en la disputa de la candidatura del PRD al ejecutivo estatal.

Torreblanca Galindo señalado por la opinión pública de ser el autor intelectual del asesinato del dirigente perredista trató de desviar la atención filtrando información a la prensa sobre una línea pasional y otra que señalaba al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente ERPI como responsable del homicidio.

En lo que corresponde a la línea de la guerrilla, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), actualmente Fiscalía General del Estado, y el CISEN armaron una mala novela policiaca integrada por la declaración de Raúl Jiménez García el “miliciano Pedro” supuesto ex guerrillero, notas periodísticas, informantes anónimos y comunicados del ERPI publicados en la página del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema).

Según la narrativa del supuesto ex guerrillero Jiménez García, se habría planeado el asesinato de Armando Chavarría en una reunión del ERPI que se llevó a cabo en Tlapa en la casa de Roberto Ángel García, encabezada por el comandante Ramiro, el 19 de agosto de 2009 (un día antes del crimen) a la que supuestamente asistieron miembros del ERPI, políticos del PRD, así como Dolores Padierna y René Bejarano.

De acuerdo con esta mentira, antes de retirarse de la reunión el Comandante Ramiro encargó la ejecución de Armando Chavarría a Miguel Ángel Serafín identificado como “el comandante Beto” y a Roberto Ángel García. En el expediente de la declaración, el “miliciano Pedro” dice que los autores materiales fueron Camerino Florentino Cayetano y Miguel Díaz Escobar, originarios de Tepecoacuilco y Quechultenango respectivamente.

Además, “el miliciano Pedro” -supuesto informante del CISEN- refiere que al día siguiente, el 20 de agosto acompañó a Miguel Ángel Serafín a un recorrido por varios municipios de la región de la Montaña y que escuchó cuando durante la mañana de ese día le informaron vía telefónica al “comandante Beto” que ya había sido ejecutado Chavarría Barrera en la capital del estado.

En otros capítulos del expediente se acusa al ex comandante Antonio del ERPI de tener un viejo conflicto desde cuando eran estudiantes, versión que el mismo refutó en entrevistas.

El testimonio del “miliciano Pedro” que acusa al ERPI del asesinato de Armando Chavarría fue desestimado por el Poder Judicial de la Federación mediante el Juzgado Séptimo de Distrito que no concedió las órdenes de aprehensión contra Miguel Ángel Serafín “comandante Beto”, Camerino Florentino, Roberto Ángel García y Miguel Díaz Escobar.

Esta versión de febrero de 2010 desechada por el Poder Judicial de la Federación ha sido retomada una y otra vez en los gobiernos de Zeferino Torreblanca, Ángel Aguirre y Héctor Astudillo para desviar la atención de la opinión pública y proteger al mismo Torreblanca Galindo en un pacto de silencio e impunidad.

Esta historia es falsa incluso a los ojos del Poder Judicial de la Federación, este testimonio y toda la trama ideada para culpar al ERPI se ha convertido en una herramienta útil al gobierno del estado para criminalizar al movimiento social y a políticos del PRD, al acusarlos de tener relación con la guerrilla y de estar involucrados en el asesinato del líder perredista.

En fechas recientes el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez dijo en su comparecencia ante el Congreso local que ya sabía quiénes son los responsables del homicidio del diputado Armando Chavarría Barrera y que pronto daría más datos. En este contexto se hace preciso decir nuestra verdad.

1.- Rechazamos que el ERPI estuvo involucrado en el asesinato del diputado Armando Chavarría, esa reunión entre guerrilleros y políticos del PRD jamás existió. El Comandante Ramiro fue ampliamente reconocido como uno de nuestros militantes, pero nunca estableció algún tipo de relación ni personal ni política con el diputado asesinado.

2.- Rechazamos contundentemente que Raúl Jiménez García, “miliciano Pedro”, haya sido miembro de nuestra organización. Él se identifica con credencial del IFE JMGRRL85033012H80, es originario de Zacacoyuca, pero con domicilio en Iguala y cuya fotografía se aprecia en el expediente.

3.- Tampoco militan en nuestras filas Miguel Ángel Serafín “comandante Beto”, Roberto Ángel García, Miguel Díaz Escobar, Camerino Florentino, Demetrio Rosendo y una larga lista de personas que se mencionan en el expediente. Nos deslindamos y alertamos al movimiento social, a las organizaciones que defienden los derechos humanos a estar pendientes de las acciones de hostigamiento y represión que pueda llevar a cabo el gobierno fascista de Héctor Astudillo en su intento de encubrir a Zeferino Torreblanca y culpar a mujeres y hombres inocentes.

4.-En lo que se refiere a Jacobo Silva Nogales conocido como ex comandante Antonio cabe decir que tras su detención en las calles de la CDMX el 19 de octubre de 1999 y su posterior encarcelamiento a la fecha no participa en actividad alguna del ERPI por lo que tampoco pudo haber planeado ni haber participado de forma alguna en ese homicidio.

5.- Si Héctor Astudillo quiere reivindicarse que su fiscal Javier Olea Peláez detenga a Zeferino Torreblanca, Ignacio Rendón Romero y Carlos Álvarez Reyes entre otros, así como a los autores materiales, es decir, policías ministeriales según la versión del comandante Trinidad Zamora Rojo ante Alberto López Rosas, entonces procurador de la PGJE.

Exigimos que el gobierno de Héctor Astudillo no continúe con la versión en la que se acusa a la guerrilla del asesinato de Chavarría Barrera para engañar a la opinión pública. Afirmamos que el asesinato del entonces diputado es un crimen de Estado, como las masacres de Aguas Blancas, El Charco, Acteal y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

¡Libertad a los presos políticos del país!

“CON EL PODER POPULAR EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ”

COMITÉ ESTATAL DE GUERRERO DEL EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE ERPI.

9 DE JULIO DEL 2017.

Acto de Memoria A 9 Años de la Desaparicion de Jesus Salvador y Raul Trujillo Herrera

43 Aniv Desaparición de la Familia Guzmán Cruz de Tarejero Michoacán

43 Aniv Desaparición de la Familia Guzmán Cruz de Tarejero Michoacán Julio 22 de 2017

Marcha mitin a 35 meses de la Desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa. Ciudad de México, Agosto 26 de 2017.

Marcha

Mitin

Comunicado del FNLS en el Día Internacional del Detenido Desaparecido

Sierra de Zongolica y sus valles a 30 agosto de 2017

A los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.

A las organizaciones independientes, ambientalistas, defensores de los derechos humanos.

A los medios de comunicación nacional e internacional

Al pueblo en general:

Desde la zona centro del estado de Veracruz, integrantes del frente nacional de lucha por el socialismo (FNLS) denunciamos:

En el marco del 30 de agosto día internacional del detenido desaparecido, como cada año no olvidamos esta fecha histórica, donde cada vez se suman organizaciones solidarias y personalidades progresistas, que retoman el planteamiento como eje rector, donde al principio nadie quería gritar por los detenidos desaparecidos, hoy el pueblo ha perdido el miedo, decide organizarse para exigir la presentación con vida de sus seres queridos víctimas de desaparición forzada. Esta lucha en México tiene sus antecedentes desde los años 70 del siglo pasado, tiempo en el que se cometieron miles de desapariciones forzadas, cuya responsabilidad es del Estado mexicano, de ahí su política transexenal, independientemente de quien ocupe la silla presidencial no han dejado de cometerlas.

En sus orígenes esta fecha se empezó a reivindicar por los esfuerzos de familiares latinoamericanos que impulsaron la exigencia de presentación con vida de sus seres queridos desde 1981, uno de ellos son la Federación Latinoamericana de Comités de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM). Este esfuerzo de familiares reivindicó el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, por los más de 810 casos documentados y posteriormente retomados y reconocidos por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre del 2010, quienes a base de movilizaciones y acciones políticas exigieron el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos aberrantes crímenes.

La detención-desaparición forzada se objetiva contra el pueblo en general en particular contra el pueblo organizado, las víctimas son activistas políticos, periodistas críticos y honestos, luchadores sociales, defensores de derechos humanos y toda persona que cuestione la ignominia que emana del Estado.

La detención desaparición forzada como política de Estado tiene un origen de clase y un objetivo, infundir el terror para que el pueblo organizado no desenmascare los efectos de la dictadura del capital, donde la barbarie de las fuerzas represivas se profundiza. Mientras el Estado mexicano y sus políticos de oficio son indolentes, su cinismo e inhumanidad se materializa cuando la dilación y omisión se antepone a las exigencias del pueblo y familiares de las víctimas.

A la fecha en México son más de 300 mil los detenidos desaparecidos, entre ellos están, los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, el activista Teodulfo Torres Soriano, Francisco Paredes Ruiz, las hermanas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el señor Lauro Juárez, el periodista Ramón Ángeles Salpa.

La detención-desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, por su aberrante naturaleza ofende, agravia e injuria a la humanidad en su conjunto. No sólo dañan a la persona o víctima directa, familiares y conocidos del desaparecido, sino que afecta y lesiona a la especie humana.

Es una práctica constante en México para frenar la denuncia de los crímenes de Estado, es el hostigamiento permanente a familiares de detenidos-desaparecidos a través de amenazas, seguimiento policíaco-militar hasta la detención desaparición forzada y la ejecución extrajudicial para que desistan de su lucha.

Esta política, pese a la magnitud del fenómeno, desde las institu¬ciones existe el empecinamiento de extender el halo de impunidad para los perpetradores y no para establecer un marco jurídico que sancione y enjui¬cie a los autores materiales e intelectuales de estos aberrantes crímenes.

Es más fácil discutir sobre “lavado de dinero”, “corrupción”, “prepa¬rarnos para el 2018” que hablar sobre las personas detenidas-desapa¬recidas; en algunos medios de comunicación hablan de garantizar el proceso jurídico a las personas, pero ¿Por qué a los detenidos-desapa¬recidos, no les garantizó ese proceso?, ¿por qué los sometieron a ese flagelo? La respuesta es sencilla, las leyes burguesas están hechas para garantizar impunidad e inmunidad a los responsables del baño de sangre en el pueblo mexicano.

Razón por la que ningún militar, funcionario o policía son juzgados y sancionados por los crímenes de Estado y de lesa humanidad. Hacerlo sería evidenciar la responsabilidad del gobierno mexicano en las más de 300 mil desapariciones forzadas, que el clima de terror tiene un se¬llo de clase, porque a todas las víctimas las identifica su condición de pobreza y miseria de pertenecer a las masas trabajadoras.

La urgencia de aprobar una Ley sobre Seguridad Interior, está intrín¬secamente relacionada con el terrorismo de Estado en nuestro país, porque esta medida legislativa es con la intención de garantizar la total impunidad a las fuerzas federales, en los hechos legaliza el Estado policíaco-militar y con ellos el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad, cuyos saldos deleznables campean en todo el territo¬rio nacional.

Estos argumentos son la comprobación de que en nuestro país se impone de manera paulatina un Estado policíaco-militar, es la manifestación más nítida de la militarización no sólo de las calles, sino de toda la vida pública. En los hechos es la expresión de la violencia institucional con el objetivo de apuntalar una oleada represiva y una ofensiva neoliberal que devela un panorama aún más adverso para el pueblo mexicano.

En una desaparición forzada participan varios agentes y funciona¬rios, no son actos esporádicos o aislados, desde el que planea la acción, considerado como el autor intelectual, hasta el que las ejecu¬ta, como el responsable material, ambos son el binomio que obje¬tiva las desapariciones forzadas en México, quienes con el actual estado de derecho tienen total discrecionalidad para cometer di¬chos crímenes.

En la actualidad existen serias di¬ficultades para que los familiares de las víctimas sepan el paradero de las víctimas, se investigue el caso y se castigue a los responsables; ahora con una ley como la que pretenden aprobar sería garantizar un marco jurídico a modo, que no permitiría conocer la verdad de los hechos, no investigaría ni castigaría a los auto¬res materiales e intelectuales y no abonaría en lo absoluto a la erradi¬cación esta práctica deleznable.

En el marco del Día Internacional del Detenido-Desaparecido la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy, continúa, porque es un crimen imprescriptible; la solidaridad con las víctimas y familiares es un acto de humanismo proletario, significa asumir el compromiso con nuestros hermanos de clase y con la humanidad misma.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, se pronuncia por la presentación con vida de los luchadores sociales y revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes desde el 25 de mayo de 2007 están en esta condición inhumana, son 10 años de estar en las mazmorras del Estado mexicano, bajo tortura; exigimos al gobierno mexicano que acate la resolución 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Federal Colegiado que indica su búsqueda en campos y cuarteles militares.

Nos pronunciamos por la presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, detenido-desaparecido el 5 de marzo del año 2016 en Ocosingo, Chiapas; de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, detenidas-desaparecidas el 5 de julio del año 2007 en Oaxaca; del activista político Teodulfo Torres Soriano; del Sr. Lauro Juárez; de Francisco Paredes Ruiz, detenido-desaparecido el 26 de septiembre del año 2007; Ramón Ángeles Zalpa, detenido- desaparecido el 6 de abril de 2010; así como el juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad, y la erradicación de flagelo en el país y el mundo.

La actitud del gobierno mexicano ante la desaparición forzada es de omisión, aquiescencia, impunidad, es indiferente a las recomendaciones del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desaparición forzada, rechaza por la vía de los hechos la promulgación de una ley general que sancione en su justa dimensión la ejecución de este crimen atroz.

El 30 de agosto no debe pasar desapercibido porque representa una conquista popular, es una de las fechas que expresa la memoria histórica del pueblo, esencialmente la importancia de la unidad del pueblo, de unir la exigencia de más familias, organizaciones populares y de toda persona sensible con esta exigencia.

Es una bandera de lucha para denunciar y desenmascarar al Estado como el único responsable de este crimen de lesa humanidad, es una necesidad política inaplazable la exigencia de presentación con vida, así como la erradicación de este cáncer que lacera la humanidad del pueblo.

Las consignas de ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! ¡DESAPARECIDOS PRESENTACIÓN! ¡AHORA SE HACE INDISPENSABLE, PRESENTACIÓN CON VIDA Y CASTIGO A LOS CULPABLES!... resuenan con mayor fuerza en las calles, la creatividad e iniciativa del pueblo debe brillar en la exigencia de justicia por cada una de las víctimas ante un Estado policíaco-militar que incrementa su letalidad contra el pueblo organizado y no organizado.

Reiteramos que los detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales, son del pueblo, a ¡EXIGIR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DEL PAÍS! A exigir ¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA!, el silencio y la indiferencia no es opción ante un Estado antipopular, pro-fascista, sino la organización y resistencia popular combativa.

FRATERNALMENTE Y COMBATIVAMENTE

¡POR PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!, ¡30 DE AGOSTO NO ES DE FIESTA, ES DE LUCHA Y DE PROTESTA? ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! ¡ALTO A LA MILITARIZACIÓN Y PARAMILITARIZACIÓN!

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA!

¡POR LA UNIDAD, OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

FNLS

Comunicado conjunto del CNI y el EZLN denunciando la represión contra la comunidad Purépecha de Arantepacua, Michoacán.

A la Comunidad Purépecha de Arantepacua, Michoacán,

A los medios alternativos de comunicación,

A los pueblos del mundo.

El Congreso Nacional Indígena, los pueblos, naciones y tribus que lo conformamos, manifestamos nuestra indignación por el cobarde ataque del mal gobierno en contra de la comunidad purépecha de Arantepacua, Michoacán, los días 4 y 5 de abril del presente año.

Mientras una comisión de comuneros buscaba tener diálogo en una mesa con el mal gobierno del estado de Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo los traicionó. Primero obstruyéndoles el paso con cientos de granaderos y decenas de camiones cuando se dirigían a Morelia para tratar de llegar a acuerdos que deriven en la resolución de un añejo conflicto agrario. Después, mientras la comisión mantenía una negociación con el gobierno, cuando numerosos contingentes de la Policía de Michoacán y de la Policía Ministerial del Estado atacaron junto con fuerzas federales a la comunidad, sembrando el terror, entrando en las viviendas para detener a los comuneros y abriendo fuego indiscriminadamente, arrebatando la vida de tres comuneros de Arantepacua:

·         José Carlos Jiménez Crisóstomo (25 años)

·         Luis Gustavo Hernández Cuenete (15 años)

·         Francisco Jiménez Alejandre (70 años aproximadamente).

 Además hubo una cantidad no precisada de heridos, de los cuales dos se encuentran graves, mientras que 38 comuneros fueron detenidos por el gobierno de Michoacán el día 4 de abril y 18 más el día 5 de abril, acusándolos de delitos fabricados para criminalizar la exigencia de sus derechos.

Hermanos y hermanas de Arantepacua, su dolor por el asesinato de los compañeros es nuestro. Luchamos pues tenemos la certeza de que el castigo a los culpables surgirá de la dignidad, la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos. Sembrar verdad y justicia en la destrucción que nos traen los poderosos es lo que sabemos hacer los pueblos.

Los malos gobiernos piensan que esparciendo el terror en los territorios indígenas de Michoacán, y en gran parte de la geografía nacional, es cómo van a acallar a los pueblos y su palabra, pero eso no pasará, pues la palabra que hoy gritan en colectivo los pueblos originarios nace justamente de la indignación, el hartazgo y la decisión de no dejarse matar, despojar, dividir o comprar.

Nos pronunciamos junto con la asamblea comunal de Arantepacua por:

1. Que cese de inmediato la escalada represiva en contra de Arantepacua y las comunidades purépechas de la región.

2. La libertad inmediata de los compañeros detenidos por el mal gobierno.

3. Justicia para las víctimas de la cobarde agresión y reparación de todos los daños causados.

4. Castigo al gobernador Silvano Aureoles y a todos los responsables, materiales e intelectuales, de los crímenes cometidos.

5. Que sean retiradas las fuerzas policiacas y militares de Arantepacua, pues mientras estén presentes no cesará el hostigamiento hacia los comuneros.

Atentamente

A 6 de abril de 2017

Justicia para Arantepacua

Justicia para el Pueblo Purépecha

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Mitin del Sindicato de Estudiantes en apoyo a Arantepacua

Mitin del Sindicato de Estudiantes en apoyo a Arantepacua Abril 8 2017 Hemiciclo a Juarez.