Ellas, marcadas para morir: por luchar por sus derechos y por la preservación de la floresta amazónica.

ADITAL Ismael Machado*

A partir de hoy, Adital reproducirá todos los viernes, notas especiales de Agencia Pública sobre las historias de diez mujeres cuyas vidas están amenazadas por luchar por sus derechos y por la preservación de la floresta amazónica.

En los diversos carteles de señalización vial a lo largo de las carreteras que vinculan los municipios del sudeste y del sur de Pará, raros son los que no ostenten marcas de balas. Tirar a esas señalizaciones puede ser el inusitado pasatiempo de quienes trajinan por aquellas carreteras, sin mayores consecuencias. Pero las marcas también señalizan mucho acerca del espíritu que siempre marcó la colonización de aquella parte del estado, eje de los conflictos agrarios, asesinatos de líderes rurales y número uno en índices de deforestación y trabajo esclavo.

Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), ocurrieron en el estado de Pará, entre 1964 y 2010, 914 asesinatos de trabajadores rurales, religiosos y abogados por cuestiones relacionadas con la tierra. De ese total, 654 ocurrieron en el sur y sudeste de Pará. "De muchos de los trabajadores rurales asesinados, no conocemos sus rostros, ni sabemos sus nombres. En muchos de esos casos la policía negó el registro de las denuncias formalizadas por sindicalistas y familiares de las víctimas, y negó también el rescate de los cuerpos donde fueron asesinados”, dice el abogado de la CPT de Marabá, José Batista Afonso.

La CPT divulgó a comienzos del año una lista con los nombres de 38 personas amenazadas de muerte en el sur y sudeste de Pará a causa de su lucha por la posesión de la tierra. Diez son mujeres.

En un dossier que desmenuza la violencia en el sur y sudeste de Pará, la CPT evalúa la violencia que victimó a cientos de trabajadores rurales, dirigentes sindicales, religiosos, abogados y parlamentarios que luchan por la tierra y por la reforma agraria, y que se remonta principalmente al gobierno militar que, a comienzos de la década de 1970, comenzó a invertir en la ocupación de la Amazonia. El sur y sudeste del estado del Pará, región de gran concentración de riquezas minerales y naturales, fue tal vez donde ese proceso se efectivizó de manera más contundente.

Para explotar las riquezas, el gobierno construyó carreteras, como la Transamazónica, la BR-222, la BR-158, pero construyó también hidroeléctricas, como Tucuruí, y estimuló y financió la implantación de grandes proyectos para explotar las riquezas allí existentes, como el Proyecto Hierro Carajás. "Al mismo tiempo incentivó la llegada de grandes empresas y de pecuaristas del Centro-Sur de Brasil para invertir en la cría de ganado bovino. No sólo concedió tierras, sino también créditos subsidiados por la política de incentivos fiscales de la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia (SUDAM). Esos grupos económicos, especialmente aquellos que invirtieron en la implantación de la pecuaria extensiva, pasaron a expulsar, de manera muy violenta, a los pueblos indígenas y a muchos pequeños agricultores que desde hace mucho tiempo ocupaban la región”, enfatiza el dossier de la CPT.

La novedad de la violencia actual es que las mujeres están cada vez más en la línea de fuego, blanco de amenazas. Algunas conviven con esa marca desde hace más de una década. Otras comenzaron a sentir más recientemente el peso del destino de estar marcadas para morir.

En común, esas mujeres cargan la consciencia de la lucha que entablan; sienten miedo, modificaron hábitos, conviven con la incertidumbre cotidiana. Hubo quienes decidieron alejarse de la lucha sindical, por miedo a las amenazas cada vez más constantes. Otras permanecen, sabiendo que es ése el destino que tienen.

Una de las pocas que consiguieron alguna atención nacional a su periplo fue Laísa Santos Sampaio. Hermana de la extractivista María do Espírito Santo, asesinada en Nueva Ipixuna, a 580 kilómetros de Belem en 2011, Laísa es el "blanco del momento” en el municipio. Ella y su marido, José María Gomes Sampaio, Zé Rondon, están siendo amenazados de muerte desde el asesinato de María y José Claudio Ribeiro da Silva. Laísa ya no duerme tranquila y no puede salir de casa sin acompañamiento. La rutina personal cambió, desorganizando a toda su familia, la relación con los hijos y el trato del cultivo y del extractivismo dentro de su lote de tierra. La Comisión Pastoral de la Tierra cree que las amenazas han sido realizadas por personas que probablemente fueron parte del consorcio de propietarios de tierras, madereros y carboneros que asesinaron a José y María. Las amenazas de muerte se registraron en la Delegación de Conflictos Agrarios del Sudeste de Pará (DECA). Poco cambió.

"No salgo más sin compañía”, dice Regina María Gonçalves Claves. Regina es presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales del municipio de Eldorado dos Carajás. El día 15 de junio de 2012 un grupo de hacendados invadió la sede del Sindicato y la amenazó directamente. "Dejaron un recado: que estarían con grupos armados a la espera de cualquier intento de ocupación por parte de los movimientos sociales”, dice ella. Días después, personas extrañas fueron vistas rondando la sede del sindicato y buscando a Regina en la casa de sus familiares.

En Breu Branco, cerca del municipio de Tucuruí, a 480 kilómetros de la capital, Graciete Souza Machado convive con una bala alojada a sólo dos centímetros de la columna vertebral. El blanco era el padre, Francisco Alves de Macedo, líder comunitario que defendía a propietarios que ocuparon la hacienda Castanheira. Francisco Alves fue muerto por pistoleros "Yo estoy amenazada de muerte desde 2010. No tenemos libertad para salir de casa con nuestros niños. Vivimos totalmente inseguros y con mucho miedo, pues en cualquier momento, como ocurrió con mi padre, puede ocurrir lo mismo conmigo. Tengo mucho miedo”, dice ella.

Cambian los personajes, pero las historias son semejantes.

"Las mujeres se convirtieron en líderes y terminaron quedando al frente de las lucha, muchas veces son responsables del sustento de su familia”, dice la abogada de la Comisión Pastoral de la Tierra, Vania María Santos, 29 años. Ella atribuye la continuidad de los patrones de violencia a la impunidad. "De la amenaza a la concreción es poca cosa”, dice ella.

En los asentamientos, campamentos, periferias de los municipios, en las entidades sindicales, una decena de mujeres sigue su vida, a la espera del asesino, cumpliendo pena forzada. Es su historia que la Agencia Pública, en cooperación con el Diario de Pará, cuenta a partir de esa semana.

• La serie Marcadas para Morir es una asociación de cooperación de Agencia Pública con el Diario de Pará, con reportaje de Ismael Machado y fotos de Antonio Cícero, reproducida con la autorización de Agencia Pública.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com