Impunidad en caso Ayotzinapa
El Estado al servicio del crimen
Arsinoé Orihuela/Rebelión
A
seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y la ejecución de otras
seis personas cuyas historias pocas veces figuran en la trama, cabe la
conjetura de que el gobierno federal administró exitosamente el inicuo
episodio de barbarie. El propósito era superar la “crisis” con el menor
costo político para los poderes involucrados: gobiernos municipal,
estatal, federal; ejército; policías municipal y estatal. Es interesante
–aunque no menos indignante– observar la fortaleza del Estado en
materia de fuero e impunidad: en una operación que intervinieron casi
todos los niveles de mando de la autoridad pública, el costo para los
poderes constituidos se redujo a la reubicación de un procurador en otro
cargo público, la aprehensión de un alcalde (que es la única figura de
mediano-alto rango que enfrenta un proceso penal) y la destitución de un
gobernador que continua su carrera política caciquil desde las
comodidades del anonimato. Eso desde el punto de vista institucional
doméstico. En el ámbito de las relaciones internacionales, el crimen de
Estado no tuvo más efectos que la reprensión pública del Parlamento
Europeo y la emisión de recomendaciones de las acomodaticias Comisiones
de Derechos Humanos Nacional e Interamericana. Y claro, cabría agregar
–sin afán de minimizarlo– la movilización ciudadana que encabezan los
padres de familia de los normalistas, que por cierto es algo que está
administrando el gobierno también con relativo éxito. Bien podría
argüirse que ya pasó la tormenta. En la lógica cortoplacista de la
política pragmática, el régimen solventó satisfactoriamente el lapsus de
crisis. Pero sin duda las consecuencias políticas latentes para el
Estado no son todavía visibles. Por ahora, priva la impunidad total.
Y
esta es la cuestión en torno a la cual se hace urgente reflexionar.
Ayotzinapa es un crimen que involucra a la totalidad del Estado, porque
es el Estado el que suministra la trama de condiciones para la comisión
de esos delitos de lesa humanidad. En la “razón de Estado”, Ayotzinapa
es un procedimiento rutinario. Cuando ciertas organizaciones no
gubernamentales o civiles exigen “reparación de daños” o justicia al
Estado, no hacen más que refrendar la autoridad de ese Estado, y delegar
a ese centro de poder (a veces involuntariamente) la facultad
extraordinaria de juzgar sus propios actos delictuosos. Este es el
principio de la impunidad.
En
el fondo de esos reclamos persiste la idea de que una autoridad es
legítima por el sólo hecho de ser una autoridad formal. Pero esta idea
se traiciona en los contenidos. La presunta legitimidad del Estado
mexicano es esencialmente coacción revestida de simulacros de consenso
pobremente montados. Es preciso comenzar a virar la relación
Estado-población con base en ese precepto que enuncia Noam Chosmky: “El
poder es siempre ilegítimo hasta que no demuestre lo contrario”.
Especialmente en un régimen tan desquiciadamente corrupto, este es el
principio que debe guiar la acción ciudadana. Pero el problema no es de
un régimen: es de un Estado. Cabe hacer notar que en este país los
últimos gobiernos han alcanzado el mando del Estado a través de golpes
de Estado constitucionales (1988, 1994, 2006, 2012). Golpes que, por
otro lado, la intelligentsia mexicana llama elecciones democráticas.
Pero que ponen al descubierto una realidad incontrovertible: la
constitutiva ilegalidad e ilegitimidad de las instituciones de Estado.
La
corrupción, en este sentido, es un asunto de Estado, y no una anomalía.
Reclamar justicia a la fuente de corrupción es, otra vez, el principio
de la impunidad.
Con estas ideas en mente, cabe hacer una última reflexión.
La
impunidad no es un signo de debilidad institucional, ni de “captura”
del Estado por parte de algún agente extraestatal. No se puede admitir
esta tesis en un país donde las máximas figuras de autoridad
contravienen sistemáticamente las leyes, e incurren en actos o
decisiones anticonstitucionales. Parece más bien que todo está
dispuesto, incluido el aparato de justicia, para imponer un orden de
excepción. Ayotzinapa es presa de esa excepcionalidad.
El
segundo ciclo de reformas neoliberales, que abarcó áreas económicas
estratégicas, es una desposesión de facto de patrimonios y derechos, y
en este sentido una profundización de la excepcionalidad.
El
uso del ejército para combatir un enemigo interno, con facultades y
prerrogativas de policía, pero con el goce de fuero militar, es una
invitación a transgredir derechos básicos e instalar un manto de
opacidad que se traduce en impunidad.
La
ausencia de justicia es una acción de Estado, no un síntoma de
inoperancia. Dawn Paley, periodista independiente, dice: “La impunidad
no es el resultado de un Estado débil o deficiente, sino que se
proporciona de forma activa a la pléyade de grupos armados que cometen
crímenes y actos de terror contra ciudadanos, migrantes y pobres. La
provisión de impunidad a actores armados que están políticamente
alineados con el capitalismo es parte de la razón de ser de un moderno
Estado-nación”.
Es la impunidad la que fortalece el control estatal. Del Estado no se pude esperar justicia para Ayotzinapa.
Es la hora de la rebelión ciudadana.
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Las batallas en México de Vera, Solalinde y la Teología de la Liberación
Pedro Echeverría V.
Rebelión
1.
El pasado jueves 26, al cumplirse seis meses de la criminal
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, nos
impartió en Mérida, Yucatán, a obreros, profesionistas, estudiantes, una
larga charla el obispo de Coahuila Raúl Vera y fue claro al sostener
que actualmente las autoridades tienen un plan estratégico para
privatizar la educación y salud, ya que con eso controlarán por completo
al pueblo. Por ello es urgente que se dé cuanto antes la desaparición
forzada del gobierno actual de México, el cual está compuesto por gente
estúpida y podrida. Su plática fue de más de una hora y sus palabras
emocionadas lograron un fuerte apoyo de la concurrencia. Pero en lo que
puso el acento es en la construcción de una nueva Constitución o Carta
Magna con la directa participación por el pueblo.
2.
Los sacerdotes católicos Raúl Vera y Alejandro Solalinde han tenido una
fuerte presencia en los últimos 10 años; no se han cansado de dar
conferencias, realizar declaraciones y como hormiguitas cumplen con sus
actividades religiosas y de servicio a los pobres. Son dos curas de la
llamada Teología de la Liberación que se extendió desde los años sesenta
por todo México y el mundo. Por sus posiciones religiosas y políticas
ante la injusta situación de opresión que se vive en México, veo a Vera y
Solalinde como los seguidores y sustitutos de otros religiosos de
enorme valor: Sergio Méndez Arceo, párroco de Cuernavaca, Morelos en los
años 70 y de Samuel Ruiz García, párroco de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas durante 30 años, particularmente en los años 90, a raíz del
levantamiento zapatista indígena del EZLN.
3.
No puedo olvidar los radicales sermones de Méndez Arceo en la catedral
de Cuernavaca y en la iglesia de Cuautla contra Fidel Velázquez y los
líderes vendidos de la CTM que sojuzgaban a los obreros y campesinos de
México. Muchos excursionamos domingos a esos templos para escuchar los
razonamientos de Méndez Arceo; pero también leíamos en Excélsior los
lunes las violentas respuestas de Fidel Velázquez y corifeos a las
palabras de don Sergio. ¿Quién ha olvidado a don Samuel Ruiz y su
maravilloso papel de apoyo a las necesidades de los indígenas y de paso
al levantamiento zapatista? Aunque yo desde los 19 años me independicé
de todas las religiones, no dejo de admirar la corriente de la Teología
de la Liberación, particularmente a decenas de curas que conozco que
tomaron la opción por los pobres.
4.
La realidad es que con gran respeto he leído y seguido a la llamada
“Teología de la Liberación” que nació en los sesenta con la protección
del papa Juan XXXIII. Fui entendiendo que la iglesia católica está
dividida entre curas millonarios que ocupan los más altos cargos en el
Vaticano y en los países más poderosos y los curas o sacerdotes que
están en pequeñas ciudades y poblados que obedecen fielmente, por
disciplina y por miedo, a ese alto, rico y privilegiado clero. La
Teología de la Liberación nació para servir al pueblo pobre de las
pequeñas comunidades, para ayudarlo a soportar con menor sufrimiento sus
miserias y también para librar una lucha interna en la propia iglesia
que desde que nació ha estado penetrada por la corrupción y la jerarquía
autoritaria. Por eso todas sus batallas –la más importante en México la
que libró el obispo Samuel Ruiz en Chiapas, paralela el levantamiento
zapatista- lograron mucho reconocimiento del pueblo.
5.
“¿Qué queda de la Constitución de 1917–preguntan muchos curas e
intelectuales convencidos de la necesidad de hacer otra- emanada de un
movimiento social armado que pretendió beneficiar a las masas populares,
cuando hoy la nación está puesta más que nunca al servicio de las
élites locales y extranjeras? ¿Cómo conmemorar lo hecho por un
Constituyente que tenía un intransigente mandato social tras de sí,
cuando ahora tres pandillas de aprovechados cambiaron cuanta letra
constitucional importante pudieron, todo a su contentillo y a título de
un "pacto" tejido en las penumbras? ¿Sigue siendo la Constitución la
"Carta Magna" del país, el contrato social que permite a los mexicanos
medio aspirar a vivir en paz, con armonía, seguridad y progreso?”.
6.
Se sabe que “Nuevas Constituciones” fueron elaboradas en Cuba,
Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, después que nuevos gobiernos
asumieron el máximo cargo en esos países. Esas nuevas “cartasmagnas”
echaron abajo todos aquellos artículos o leyes que beneficiaban al
antiguo régimen para aprobar otros que beneficien al pueblo. Sin duda se
lograron y siguen poniéndose en práctica enormes avances; sin embargo
en tanto siga existiendo la poderosa fuerza del imperio de los EEUU
todos los avances siempre estarán amenazados o serán muy limitados
porque el capitalismo imperialista nunca permitirá que se consoliden.
Pero como consigna de lucha: “Una nueva Constitución”, seguirá siendo
válida.
7.
El pasado 21 de marzo, la Constituyente Ciudadana Popular reunida en la
ciudad de México señaló que “la solución a la crisis actual, a la
catástrofe humanitaria, está más allá de las elecciones del 7 de junio.
Que hay que elaborar un pacto social o proceso constituyente. Debemos
discutir la ruta o rutas que desde a resistencia y la desobediencia
civil pacífica entre quienes votan o no para que se vayan los
responsables del desastre nacional, la pobreza, la violencia, la
inseguridad; reflexionar sobre la estrategia para dar paso a la solución
de los problemas nacionales, la construcción de un nuevo gobierno y
ponerles un hasta aquí a los criminales que lucran con la tragedia
nacional y humana”.
8.
Todas las estrategias de lucha contra la explotación y la miseria en el
capitalismo son válidas. Si por probada resulta imposible el triunfo de
la lucha armada en un país y asciende al poder –por la vía electoral-
un gobierno socialdemócrata puede aceptarse siempre que garantice la
plena libertad de protesta para el pueblo. Pero si ese gobierno –para
congraciarse con los grandes empresarios, con los medios de información-
comienza a legislar y a prohibir las manifestaciones del pueblo
explotado y oprimido, entonces debe combatírsele como un gobierno de la
burguesía. Por ello siempre debemos contar con un nuevo gobierno, una
nueva constitución y concepciones anticapitalistas.
9.
Hace algunas semanas se reunieron en el CUC (centro con más de 50 años
influido por la Teología de la liberación) varias personalidades que han
sustituido con sus acciones en defensa de los oprimidos, a muchos
pedantes “intelectuales”, políticos y artistas que por sus ligas o
compromisos con el poder gubernamental, empresarial o de los medios de
información, no se atreven a abrir la boca. Los curas Solalinde, Vera,
(como lo hubiese hecho otros curas Méndez Arceo o Samuel Ruiz) así como
la mayoría de los asistentes, han planteado la elaboración de una nueva
Constitución que eliminé todas las reformas privatizadoras que han
beneficiado a los grandes ricos. ¿Podrían ser estas personas factor de
unidad?
La crisis social y la lucha en Guerrero
Sandra Celis
Rebelión
En
Guerrero, como en todo el país, hay una grave crisis social. Pero en
ese estado una sublevación popular ha seguido a dicha crisis y amenaza
con no permitir las elecciones de la desprestigiada clase política.
Grandes sectores movilizados, guiados por la lucha de los padres de los
43 normalistas de Ayotzinapa, se han propuesto evitar que se lleven a
cabo las elecciones de junio de este año. En Guerrero ya no se tolera a
los políticos ni a sus familias; no pueden entrar a decenas de
comunidades, ni son bienvenidos en eventos públicos. Bajo la conciencia
de lo que significan ellos y sus familias (políticos ladrones, asesinos,
entreguistas y corruptos), los guerrerenses, 31.7% de ellos en pobreza
extrema [1], son también uno de los pueblos que tiene mayor abstención
del voto.
Pero
para caracterizar lo que está pasando en Guerrero y, más importante
aún, lo que pasará en los próximos meses, hay que recordar que ese
estado ha sido uno de los más golpeados por el capitalismo. Ya desde los
años sesenta estalló la violencia sobre el campesinado guerrerense y se
disparó el índice de asesinatos y desapariciones durante la guerra de
baja intensidad, la cual terminó a principios de los ochenta, década
donde las hegemonías geopolíticas y sus dinámicas económicas de libre
mercado empujaron a México al neoliberalismo.
Hay
que recordar, pues, que durante estas décadas de barbarie capitalista,
los campesinos se movilizaron. Surgieron de estas luchas figuras
procedentes del magisterio disidente como Lucio Cabañas y Genaro
Vázquez. Organizaciones como la Liga Campesina de Atoyac (1923), Liga de
Resistencia Obrera y Campesina (1929), entre otras, que muestran lo que
a principios de siglo pasado se gestaba como una lucha social poderosa,
principalmente campesina, y que logró escalar hasta la gubernatura del
estado en el sexenio de Lázaro Cárdenas, después de décadas de violencia
por parte del Ejército que defendía los intereses de los grandes
latifundistas y de la burguesía guerrerense.
En
este periodo los gobernadores dieron cuenta al Ejecutivo en turno para
que utilizara al Ejército y contuviera la rebelión campesina, intentado
recuperar así ciertos territorios estratégicos como la costa y algunos
municipios donde el avance de leyes agrarias, en favor de los
ejidatarios, estaban haciendo que los grandes propietarios perdieran
ganancias y que los campesinos ganaran territorio. Aun así, para 1940,
100 grandes propietarios todavía controlaban el 68% de la superficie
laborable [2].
La
lucha durante esa década y los años cincuenta bajó su intensidad pero
las largas jornadas laborales de los campesinos y sus bajos salarios la
hicieron resurgir: a mediados de los años sesenta inició la guerrilla
liderada por Lucio Cabañas. Pero además de los económicos, también hubo
un factor político: los campesinos dejaron de confiar en el Estado;
dejaron de creer que sólo podían esperar a ser escuchados y decidieron
organizarse contra la estructura estatal. Se dieron cuenta del
autoritarismo del Estado y de la defensa que brindaba a los caciques y
grandes propietarios.
Esta
conciencia política provocó un cambio en la correlación de fuerzas, por
lo menos durante una etapa. La resistencia civil, el campesinado y el
magisterio levantaron una lucha sin precedentes que llegó a ganar en la
disputa territorial con la toma de ayuntamientos. Al incrementarse la
violencia del Estado, Lucio Cabañas conformó el Partido de los Pobres y
le siguió una estrategia guerrillera. Como respuesta, se intensificaron
los asesinatos, las detenciones y posteriores desapariciones por parte
del Ejército; Guerrero fue militarizado en poco tiempo para controlar a
los sectores inconformes y posteriormente Lucio Cabañas fue asesinado.
Desde
el desmantelamiento de los grupos guerrilleros en la guerra de baja
intensidad, la crisis por la que pasó el estado se terminó en el 75,
cuando Figueroa asciende a la gubernatura y concluye su sexenio sin más
rebeliones de magnitud similar. Este (reducido) recuento histórico es
necesario para poder caracterizar las crisis de gobernabilidad y las
etapas que tiene cada una de ellas.
Pese
a la toma de ayuntamientos y a la radicalización de la protesta en
general, la sociedad enardecida de Guerrero no pudo en ese entonces
cambiar la correlación de fuerzas con el Estado mexicano. La protesta se
vio aislada y se convirtió en guerrilla; no pudo propagarse el
descontento ni apuntalarse una lucha social a nivel nacional.
Hoy,
la toma de ayuntamientos por parte de la CETEG y la denuncia y
movilización constante de los padres de familia de los 43, de sectores
campesinos y de población urbana (trabajadores y estudiantes) tampoco se
ha esparcido más que por algunos meses durante los momentos más álgidos
de la coyuntura generada por la desaparición de los 43 normalistas. Si
bien ya existe la certeza por parte de la sociedad de no poder confiar
en el Estado y sus leyes, no hay todavía suficiente cohesión por parte
de estos movimientos en su confrontación con el Estado como para llevar
la crisis social a una verdadera ofensiva para la lucha revolucionaria.
El
neoliberalismo ha generado un Estado distinto al que se enfrentaron las
guerrillas de los años sesenta. Es un Estado desde el cual se legaliza
el despojo y desde donde opera el poder político y empresarial, que
tiene a todas sus instituciones defendiendo a los grandes capitales
(incluidos los del tráfico de drogas). Este Estado neoliberal ha echado
marcha atrás a los derechos conquistados por la lucha social, ha
despojado de seguridad social a la mayoría de la población y ha
permitido la entrada de un capitalismo salvaje, donde quienes mandan son
las trasnacionales.
Ante
ello queda claro que no es suficiente que en Guerrero se tomen
ayuntamientos o se anulen elecciones para que se generalice su protesta.
Pese a que la toma del poder político en Guerrero sería una victoria,
hay cientos de factores que impiden que irradie la conciencia al resto
de la república. En particular cabe mencionar la falta de organizaciones
fuertemente enraizadas entre los trabajadores, y por tanto estos,
además de no tener capacidad de movilización, no tienen experiencia ni
un programa político que les de cohesión o los oriente en la lucha.
Pero
no se trata sólo de un problema político. Además, el neoliberalismo [3]
ha cambiado profundamente las relaciones de producción y la dinámica
económica, generando fragmentación en los sectores laborales y
tercerización, ocasionando 58% de trabajo informal [4]. Ha abierto las
puertas al saqueo de los recursos naturales y a las constructoras,
mineras y petroleras internacionales que ocasionan desplazamiento,
despojo y violencia en cientos de comunidades. Ha empobrecido el campo
al punto de hacer legal la privatización de las tierras, dramática
situación que, además, pone a merced de los traficantes de drogas a los
campesinos que trabajan como mano de obra barata.
Así
también, toda esta precarización ha dado pie a la migración de cientos
de trabajadores mexicanos a Estados Unidos que, según cifras oficiales,
rondan ya los 32 millones [5]. Ello ha provocado que la brecha entre
sectores se agrande; la confluencia de los trabajadores en sindicatos y a
su vez de éstos con otros sectores afectados (como el rural) ha sido
mínimo en México. Las demandas se particularizan dependiendo el sector y
no logra cohesionarse la lucha social en una región. Los migrantes
también son trabajadores a los que se les arrebata la posibilidad de
radicar en su país, ni se diga ya de formar parte de un movimiento
social emancipatorio.
Así,
el poco trabajo que hay (cada vez más explotador), el tráfico de drogas
que tiene cooptados a cientos de campesinos que enajenan su trabajo en
los cultivos, la violencia que azota sobre todo a los más jóvenes, los
pocos espacios donde tener acceso a la educación, la doble jornada de
las mujeres trabajadoras y otros muchos factores hacen que la
generalización de la protesta en territorio mexicano se presente como
mucho más compleja.
Si
lo que pasó en los años sesenta no germinó en un movimiento más grande,
es evidente que la gente pobre y trabajadora de Guerrero necesitaría
superar, por lo menos en su territorio, todo esto que se atraviesa en el
camino de su lucha social. Pero Guerrero es, geopolíticamente,
fundamental para los capitalistas mexicanos y extranjeros; por ello la
lucha se presenta tan compleja y difícil.
Un
ejemplo de esto son las empresas mineras. Tan sólo en la Costa Grande
existen alrededor de 100 empresas mineras con plazos de vencimiento
hasta por 50 años [6]. En el municipio de Eduardo Neri, que está
fuertemente controlado por los traficantes de los Beltrán Leyva y los
Rojos, opera la minera Los Filos de Gold Corp, la cual duplicó sus
ganancias de 2009 a 2011, año en que sumó 302 millones de dólares [7] a
costa de enfermar a la comunidad y dañar irreparablemente la tierra.
Ante
este despojo rapaz, la militarización y la violencia (que sumó 667
asesinatos en el estado en el 2014) [8], es que han surgido decenas de
resistencias; la de los ejidatarios de Cayaco contra el Macrotúnel, la
CETEG, y las Policías Comunitarias que luchan contra el tráfico de
drogas y las mineras que buscan instalarse en su territorio, son sólo
algunas de ellas. Sin embargo, resalta que estos sectores no han logrado
confluir juntos en una lucha unificada.
Por
ello creemos que la lucha ya no es sólo una cuestión política de toma
del poder municipal, pues aunque éste se llevara a cabo, no podría
sostenerse si no hay antes (o de forma aparejada, por lo menos) un
proceso más profundo de conciencia y organización política por parte de
la población en resistencia. Esa conciencia tiene que clarificar el
rumbo y objetivo de la lucha para evitar el aislamiento; esa conciencia
debe llevar a los trabajadores a las raíces de la problemática política y
económica para poder dar una salida de organización contra la opresión
del Estado capitalista, disputando a la clase política y empresarial el
control del aparato estatal, pero también, el control de los medios de
comunicación, de los aeropuertos, de las carreteras, de los puertos, de
las fábricas y de las tierras productivas.
Las
asambleas en ese sentido deben extenderse a nivel nacional, pero en
ellas debe haber discusión permanente y no una práctica política obtusa y
añeja que no pueda darle forma y salida a los problemas actuales. La
proyección debe de ser hacia la toma del poder político, económico y
social a nivel nacional, pero esto no puede llevarse a cabo si las masas
no se preparan y luchan conscientemente contra su fragmentación y
aislamiento bajo el sistema neoliberal.
Es
decir, en Guerrero, tanto como en todo el país y en el área
metropolitana del DF, ya no basta con la confrontación vacía con la
policía, ni la agitación de consignas anacrónicas en las marchas. Se
requiere de actividades sistemáticas que llamen a la organización
permanente, que exijan de la gente pasar del acompañamiento esporádico y
de palabra, a la acción colectiva organizada, que busque hacer
actividades en barrios, escuelas, plazas, centros sociales y culturales.
Siempre construyendo e impulsando un programa de reivindicaciones
mínimas que incluya:
Aparición
con vida de los 43 normalistas, juicio y castigo a todos los
responsables (Abarca, Aguirre, Salvador Cienfuegos, Francisco Galindo,
Murillo Karam, Peña Nieto), derogación de todas las reformas
neoliberales, renacionalización de los sectores estratégicos y ponerlos
bajo control de los trabajadores del campo y la ciudad, alto a la Guerra
contra el Narcotráfico, desmantelamiento de la Policía Federal, el
regreso del Ejército a los cuarteles y sobre todo, un plan económico de
emergencia que termine con los salarios de hambre, el desempleo, el
trabajo insalubre e informal, así como garantizar el acceso universal a
la educación y la salud.
¡Por la organización permanente contra la Dictadura Cívico Militar del gran capital en nuestro país!
Notas:
[1] Secretaria de Desarrollo Social: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social, 2010-2012.
[2] Morales, Hernández, José de Jesús. Noche y Neblina, Plaza Editores, México 2007.
[3]
Con respecto al neoliberalismo, se han consultado varios libros y
artículos del autor británico David Harvey, geógrafo e investigador
social. Sus libros son publicados en México por Editorial Akal.
[4] La Jornada, 23/02/2015
[5] El Economista, 25/07/2011
[6] La Jornada Guerrero, 28/02/2013
[7] Sur de Acapulco, 04/04/2014
[8] Sur de Acapulco, 30/06/2014
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