Mientras la política en México se practique bajo esquemas ajenos a una ética elemental, los problemas de la sociedad irán en aumento, como lo patentiza el marco de violencia e inseguridad que caracteriza al país en este momento. Según Felipe Calderón, nunca como en este sexenio se destinó tal cantidad de recursos para prevención y tratamiento de usuarios de drogas ilícitas -más de 6 mil 600 millones de pesos-, sin que se hayan logrado resultados positivos. Lo que sí es evidente es que los niveles de violencia e inseguridad han ido en aumento en estos últimos años, con el inconveniente del descrédito que se ganaron las fuerzas armadas al responsabilizarse de una lucha que tenían perdida, pues el crimen organizado sólo puede ser derrotado cuando existen condiciones sociales idóneas, es decir cuando el tejido social está firme, sin fisuras.
No es el caso en la actualidad, después de tres décadas de una depredación de la riqueza nacional por un grupo oligárquico insaciable, con terribles costos para el grueso de la sociedad. Ciertamente, no sólo nuestro país es víctima de esta situación, como lo evidencia la realidad de importantes países europeos, pero precisamente por eso mismo es claro que urge un cambio de modelo, que permita corregir las causas estructurales de flagelos como el crimen organizado y el aumento del consumo de drogas ilícitas. Es cierto asimismo que la situación en México es más calamitosa, tanto por su estratégica ubicación geográfica, como por la descomposición social debido a la existencia de una elite sin compromiso alguno con el país, donde se ubican delincuentes de “cuello blanco” carentes de escrúpulos.
Basta ver la película “Colosio”, para tener una idea objetiva de cómo fue que se fortaleció una organización política cuyo único interés era y sigue siendo el usufructo del poder con una finalidad patrimonialista. El malogrado candidato sonorense creyó que podría controlar a ese grupo mafioso, pero dejó ver sus intenciones con anticipación y eso le costó la vida. Treinta años después, se mantienen en el poder sus miembros a pesar de que el PRI salió de Los Pinos, aunque sin perder un ápice de su poder real, como es obvio constatarlo al ver que doce años del PAN en el ejercicio del poder no fueron suficientes para menguar su capacidad negociadora con la oligarquía. ¿Acaso no son salinistas los principales responsables de la política económica y financiera del gabinete de Calderón?
Luego de tres sexenios de priísmo y dos de panismo neoliberal, la disyuntiva es muy clara para los mexicanos: o seguir el camino trazado por Carlos Salinas de Gortari, que sólo conduce al fortalecimiento del fascismo; o tomar el de la democracia con la derrota de la mafia salinista-panista. Esto es así porque ya no hay espacio para indefiniciones, medias tintas o simulaciones demagógicas. Se tendrá que seguir un camino o el otro, pues el modelo neoliberal sólo podrá sostenerse con base en el uso de la violencia contra la sociedad, sin importar los costos. El golpe de Estado contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, obedeció a que la oligarquía decidió quitarse la máscara y actuar sin subterfugios, a fin de frenar los avances democráticos logrados por el gobierno legítimo.
La situación en nuestro país es mucho más compleja, no sólo por el tamaño del país, sino porque las fuerzas armadas mexicanas tienen una tradición antigolpista, como quedó claro en 1968. No tendría futuro una aventura golpista en México, porque dar ese paso significaría abrir la puerta de la ingobernabilidad y la violencia más extrema jamás conocida. Nadie saldría ganando en tales circunstancias. Sobre todo cuando es muy claro que la sociedad nacional tiene la madurez suficiente para no apoyar aventuras ilegales que violenten aún más el de por sí frágil Estado de Derecho. Lo mejor para todos es apuntalar un sistema político basado en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque así se eliminarían los riesgos de más sangrientas luchas fratricidas que sería muy costoso poner fin.
Es cierto, la situación mundial se presta para que haya tentaciones golpistas entre grupos conservadores, como se vio en Paraguay. Con todo, esta misma realidad ha favorecido el cierre de filas de los países que están construyendo la democracia y fortalecen su soberanía, como Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia, los cuales retiraron a sus respectivos embajadores de la capital paraguaya, actitud que fue seguida por Cuba, Chile, Colombia y Perú, con lo que el régimen golpista quedó completamente aislado. El que la cancillería mexicana no asuma una posición consecuente, es la demostración de que Calderón no quiere comprometerse con una firme defensa de la democracia.
En lo que resta para el fin del sexenio calderonista, no es difícil augurar días más difíciles para amplios sectores de la sociedad, pues Calderón no está dispuesto a variar su único “programa” de trabajo, o sea la “guerra” contra el crimen organizado. Esto traerá más violencia en las calles, más descrédito para las fuerzas armadas, sin que por ello se vayan a producir avances estratégicos en esa absurda lucha. Los riesgos de que suelte sus amarras la tentación autoritaria son muchos. Sólo el pueblo unido podrá frenar esa tentación.
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