Revoluciontrespuntocero/Óscar Balderas / @oscarbalmen
(10 de enero, 2014).- En México, la
mayoría de las desapariciones forzadas de un ciudadano se realizan en
once estados de la República mexicana.
De acuerdo con una solicitud de información realizada por REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO
a la Secretaría de Gobernación, más del 90 por ciento de las 250
desapariciones forzadas –registradas por la organización internacional
Human Rights Watch (HRW)– se ha realizado en los estados de Baja
California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San
Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
“Cuando hablamos de una ‘desaparición
forzada’ estamos hablando del involucramiento, activo o por omisión, de
un servidor público. La autoridad participa o permite que un grupo de
poder paralelo haga ilocalizable a una persona.
“Principalmente, el gobierno mexicano
–tradicionalmente– ha desaparecido a algún ciudadano porque es incómodo
al poder político, porque hizo una denuncia ante una instancia policíaca
sobre un grupo protegido por el poder político o porque necesita
dificultar el paradero del testigo para sostener un caso”, aseguró Juan
de Dios Mastres, criminólogo y docente de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
En primer lugar aparecen los cinco
estados norteños, donde desde 2008 hay una fuerte presencia de miembros
del Ejército Mexicano; en segundo, los tres de la zona sureña del país
colindante con el Océano Pacífico, que han recibido a las fuerzas
armadas recientemente; y en tercero, los tres del centro de México.
“En el primer caso, los estados norteños
ofrecen al gobierno mexicano una inigualable oportunidad, pues hay
territorios completos a donde ni los investigadores ni agentes de otras
corporaciones pueden llegar, que son rutas migrantes bajo control del
crimen organizado; en el segundo caso, el sur del país, el mar puede ser
destino de algunos detenidos por el Estado”, afirmó el investigador.
Actualmente, de los once estados
indicados en el documento en poder de este sitio, nueve son gobernados
por el Partido Revolucionario Institucional, uno por Acción Nacional
(Guanajuato) y uno por una coalición de izquierdas junto con el partido
conservador (Guerrero).
Los casos más graves, revela el
documento, ocurren en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde ante la
impunidad con la que actúan las fuerzas policíacas se han creado
coaliciones ciudadanas que vigilan –a veces con poco éxito– el actuar de
las autoridades ministeriales.
Un caso emblemático es el de Iván Baruch
Núñez Mendieta, de 31 años, quien el 6 de agosto de 2011 acudió junto
con varios amigos a un bar en Torreón, Coahuila, y llamó a su esposa
alrededor de las 3 de la mañana para avisarle que ya iba rumbo a su
casa. Al pasar el tiempo después de la hora acordada, la esposa de Iván
llamó a sus amigos y uno de ellos le comentó que los encargados de la
cantina habían impedido la salida del joven por haber tenido una fuerte
discusión con un mesero del lugar.
A la mañana siguiente, familiares de
Iván fueron al bar y guardias armados –que actuaban con la complacencia
de policías municipales– les dijeron “si buscan al de la playera de
Santos, en dos o tres días va a aparecer”. Eso les hizo pensar que el
familiar que buscaban podía encontrarse en el local, por lo que pidieron
ayuda a uniformados de Torreón, quienes se las negaron con la excusa de
que necesitaban una orden de cateo para ingresar. Pese a los ruegos,
ningún oficial ayudó a la esposa, y desde entonces Iván Baruch se
encuentra desaparecido.
De acuerdo con el informe, Torreón es
uno de los lugares preferidos donde representantes de gobierno suelen
participar o permitir la desaparición de sus ciudadanos, tal y como
sucede en municipios como Reynosa o Cadereyta, donde los miembros de
dependencias de seguridad suelen tener plenos nexos con cárteles de la
droga.
“En varios casos, los familiares de las
víctimas dijeron a Human Rights Watch que pidieron ayuda a las
autoridades en el momento en que la persona estaba siendo llevada contra
su voluntad o inmediatamente después, un período crítico para obtener
información sobre el paradero de la víctima, evitar su muerte y
encontrar a los responsables. Sin embargo, en todos esos casos las
autoridades no ofrecieron una respuesta a los familiares o no los
atendieron”, asegura HRW.
En su mayoría, los familiares de las
víctimas refieren que quienes hicieron las detenciones ilegales son
miembros de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa
Nacional, agentes de la Policía Federal y policías estatales o
municipales, lo que establece un vínculo entre la militarización de una
zona con el riesgo de violaciones a derechos humanos.
“Estos casos involucran a miembros de
todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de
seguridad pública, es decir, policías federales, de los estados y
municipales, el Ejército y la Marina, además de policías ministeriales.
Entre las distintas fuerzas, se observa una mayor proporción de casos
que afectan a policías municipales, quienes muchas veces actuaban en
colusión con la delincuencia organizada.
”En varios hechos, los funcionarios
directamente se identificaron como policías o soldados ante familiares y
testigos cuando efectuaron las detenciones arbitrarias que originaron
las desapariciones. A menudo, los miembros de las fuerzas de seguridad
vestían uniformes y conducían vehículos oficiales durante las
detenciones arbitrarias, y hay varios casos en que fueron captados por
imágenes de video o fotografías. En muchos casos, los testimonios de
familiares fueron confirmados por testigos independientes”, señala la
ONG internacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión es importante, Nos interesa conocer tu punto de vista para retroalimentarnos y así aprender juntos. DEJANOS UN COMENTARIO PORFAVOR