Armando Díaz, ex paramilitar mexicano de la organización llamada
Desarrollo Paz y Justicia, reconoce, a cambio de protección, los
asesinatos y horrores que su comando realiza contra zapatistas y civiles
en el estado sureño de Chiapas. Díaz sabe que el arrepentimiento y la
posterior deserción son cuentas pendientes que solamente se saldan con
la vida…
Por Marta Durán de Huerta/ Sinembargo - enero 16 de 2014
La Procuraduría de Chiapas consignó al Penal del Cerro Hueco, a 27
miembros del grupo paramilitar "Paz y Justicia"; luego del arraigo
domiciliario por diversos delitos en 2002. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo/ Radio Nederland).–Rogelio
Rueda cuenta en entrevista:
“En el año 2004 me ofrecí para trabajar como voluntario en el Centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en San Cristóbal de
las Casas, Chiapas. Un día llegó un hombre llamado Armando Díaz y dijo
que era paramilitar, que se había arrepentido de todo lo que había hecho
y que quería abandonar su organización llamada Desarrollo Paz y
Justicia”.
“El paramilitar ofrecía información a cambio de protección. Los abogados
del Centro Fray Bartolomé de las Casas, mejor conocido como Frayba,
escucharon atentos los horripilantes relatos de aquel hombre. Yo fui el
encargado de filmar las sesiones”, declaró Rogelio Rueda a los
micrófonos de Radio Nederland y añadió: “Armando no dijo nada que no
supiera el Frayba, sin embargo, su testimonio era muy valioso porque
provenía de alguien que había participado directamente en los hechos,
además corroboraba todas las denuncias, todos los horrores y estaba
dispuesto a testificar ante los tribunales”.
“El paramilitar nos dijo: ‘Yo ya no quería trabajar con Paz y Justicia y
fui a hablar con el padre Heriberto de la iglesia de Tila, en la zona
norte de Chiapas. El sacerdote me dijo que viniera al Frayba’”. Así
empezó una cadena de entrevistas en las que Armando confesó todos los
crímenes en los que él había participado u organizado porque él, no era
un miembro común y corriente sino un comandante, tenía grado. “Nos dio
todos los nombres de los coordinadores de los paramilitares, nos
especificó quiénes eran de Tila, quiénes de Sabanilla. Nos narró varios
casos de salvajismo extremo”, relató Rueda que, mientras filmaba,
lloraba a mares.
Continuó el relato: “Yo recuerdo en particular el plagio de una niña de
13 años llamada Minerva Guadalupe, secuestrada por un comando de 40
miembros de Paz y Justicia. La niña vivía en una comunidad, era
simpatizante de los zapatistas; ella no era activista ni nada, tan solo
era una niña. Se la llevaron, la tuvieron en casa de Armando Díaz donde
los paramilitares la violaban sucesivamente, día y noche. Después de
tres días la llevaron al campo donde la ejecutaron a balazos; después
con machetes la desmembraron y la metieron en una bolsa de plástico que
arrojaron al fondo de una cueva. En el Frayba se conformó un equipo para
seguir el caso. Fuimos a la cueva y encontramos los restos de la niña”,
narró Rogelio conteniendo dolor, rabia e impotencia. Nuestro
entrevistado toma aire y no se guarda ningún dato.
“De esa magnitud son los crímenes de los paramilitares. Las comunidades
indígenas no se cansan de denunciar pero nadie les hace caso. Paz y
Justicia se presenta públicamente como una organización de trabajadores
agrícolas lo que les permite recibir subsidios oficiales. Es decir, el
gobierno les paga su trabajo y ayudas al desarrollo aunque en realidad
es dinero para la contrainsurgencia, para pagar las armas, para la
guerra de baja intensidad. Esos paramilitares asesinos recibieron con
bombo y platillo al general Mario Renán Castillo, jefe de la Séptima
Región Militar. En la prensa se pueden ver fotos en donde aparecen
Renán Castillo y el entonces presidente Ernesto Zedillo otorgándoles
créditos y programas sociales a los paramilitares. Esas eran las
evidencias irrefutables que presentó el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas para demostrar la relación estrecha entre Paz y
Justicia, el Ejército mexicano y la presidencia de la República.”
explica Rogelio Rueda, activista por los derechos humanos desde hace 20
años y profundo conocedor de Chiapas:
“Paz y Justicia hacía el trabajo sucio de los militares: matar,
acosar, sabotear, secuestrar, quemar casas de las bases de apoyo
zapatistas; todo esto en un contexto de una guerra de baja intensidad
para exterminar desde varios frentes a los zapatistas”.
Y agrega: “La confesión de Armando Díaz tuvo lugar en el 2004 y narra
crímenes cometidos desde 1998. En su relato afirma asegura que él nunca
disparó a nadie, que era consciente de lo malo que estaba haciendo y que
estaba arrepentido. El Frayba lo convirtió en testigo protegido y
planeó llevar a Armando Díaz a Washington para compadecer ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado Pedro Faro acompañaría a Díaz a Estados Unidos. Volaron de
Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México para tomar el avión a Washington.
Ya en el aeropuerto de la Ciudad de México, la policía capturó al
abogado Pedro Faro y se lo llevó. Perdieron el avión y Díaz nunca dio su
testimonio. Oficialmente se dijo que las autoridades buscaban a un
delincuente, a un narcotraficante, Pedro Faro, homónimo del abogado.”
“Durante décadas el Frayba ha recaudado testimonios, pruebas,
evidencias, ha trabajado con las víctimas de los paramilitares para
ventilar los casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
vista de que en México no pasa nada, hay absoluta impunidad. Las
autoridades mexicanas a todos los niveles de gobierno negaron la
existencia de grupos paramilitares entrenados por los militares. Hasta
la fecha se refieren a ellos como civiles armados enfrentados por
problemas intercomunitarios, pleitos por tierras o religiosos. El Estado
mexicano negó toda participación toda asesoría así como el
financiamiento a Paz y Justicia.”
Rueda conoce de cerca el caso de Paz y Justicia, no obstante no es el
único, hay docenas de grupos paramilitares armados activos que operan
con total impunidad en Chiapas. En la zona norte, incluso se han aliado
con los Zetas. Además de las “ayuda gubernamentales”, los paramilitares
despojan a sus víctimas de todos sus bienes, cosechas y tierras. Es buen
negocio.
ACTEAL: IMPUNIDAD Y PARAS
Los ataques paramilitares se centran en las poblaciones que dan apoyo
moral, material y político a los zapatistas e incluso a las comunidades
neutrales como Acteal, donde los católicos neutrales que rezaban por la
paz fueron masacrados en 1997. Foto: Cuartoscuro
El 22 de diciembre de 1997 en Acteal, en Los Altos de Chiapas, 45
personas fueron asesinadas por un grupo paramilitar. A un kilómetro y
medio había una destacamento militar que oyó las detonaciones y los
gritos en el valle. No intervinieron. Tenían órdenes de dejar que los
paramilitares hicieran su trabajo.
Las personas enjuiciadas por la Masacre de Acteal ya fueron liberadas
debido a errores en el procedimiento judicial. Regresaron a Acteal, se
convirtieron en vecinos de las víctimas, se reorganizaron y desde
entonces, tienen lugar hostigamientos y ataques por, entre otras
razones, luchas religiosas.
Emilio Chuayffet, quien fuera Secretario de Gobernación cuando ocurrió
la masacre, es ahora Secretario de Educación Pública.
En 1994 había dos grupos paramilitares; en 1998 ya había 22 y hasta la
fecha, no han dejado de multiplicarse.
Los grupos paramilitares siguen armados, intactos e impunes.
En agosto del 2009, el Departamento de Defensa Norteamericano
desclasificó varios documentos que confirman que el Ejercito mexicano
protegió, entrenó y financió a los grupos paramilitares en Chiapas. Los
militares estacionados en territorios cercanos a los zapatistas tenían
la orden de no detener a ningún civil armado. Si un militante del
Partido de la Revolución Institucional era arrestado o sorprendido con
armas, era puesto en libertad y sus fusiles de alto calibre les eran
devueltos a pesar de que eso viola las leyes mexicanas.
AISLAR, DESGASTAR, DIVIDIR…
Desde 1994, los oficiales del Ejército mexicano de medio y alto rango
fueron entrenados por militares norteamericanos en la Escuela de las
Américas (Georgia) y en Fort Bragg, (Carolina del Norte) en operaciones
de contrainsurgencia y guerra de baja intensidad, donde los
paramilitares jugaban un papel central.
El Ejército Federal no puede actuar directamente contra el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) porque lo impide el Decreto
Gubernamental, La ley de concordia y pacificación por una paz justa y
digna en Chiapas. En este Decreto, el gobierno establece que la
Procuraduría General de la República suspende las órdenes de aprehensión
contra los miembros del EZLN y el Ejército se compromete a no patrullar
y no ejercer ningún tipo de presión contra los zapatistas.
Sin embargo, el gobierno mexicano no cumplió con lo estipulado en el
decreto, además juega sucio. Mientras había una mesa de diálogo con el
EZLN, de manera secreta o a veces cínica, se armó a los paramilitares.
Muchos de los proyectos productivos, de ayudas al desarrollo, créditos,
en realidad son programas de guerra de baja intensidad para dividir a
las comunidades zapatistas en tanto que los grupos paramilitares se
encargan de las provocaciones violentas para que el EZLN responda por la
vía armada; ese sería el pretexto ideal para aniquilarlos militarmente.
Los zapatistas, hasta el momento, no han caído en las provocaciones y
el cese al fuego, a pesar de todo, aún sigue vigente.
Tan solo a Paz y Justicia se le atribuyen más de 122 ejecuciones de
miembros de las bases de apoyo del EZLN. Las decenas de miles de
desplazados por los ataques paramilitares son invisibles para las
autoridades mexicanas. Los ataques paramilitares se centran en las
poblaciones que dan apoyo moral, material y político a los zapatistas e
incluso a las comunidades neutrales como Acteal, donde los católicos
neutrales que rezaban por la paz fueron masacrados en 1997.
¿Por qué matar a civiles desarmados que ni siquiera eran zapatistas?
Para sembrar el terror, dar una demostración de fuerza y enviar un
mensaje claro a los zapatistas:
“Somos capaces de todo y tenemos protección oficial”.
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