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Fecha: 6 de octubre de 2014, 9:36
Via BRUJULAMETROPOLITANA
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Tras las rejas, 26 probables responsables, dice el procurador de Guerrero
Jefe policiaco detuvo a alumnos y cabecilla del hampa ordenó ultimarlos
No se cumplen protocolos de ley en el traslado de los cadáveres: ONG
“Me
parece absolutamente vergonzoso y de una grosería inaceptable poner
todas esas fotografías con las caras de los muchachos como si fueran
delincuentes. Los andan buscando hasta por debajo de los camiones.
Cuando en realidad los mataron. ¡Lo más obvio es que van a aparecer en
una fosa”, clamaba la escritora Margo Glantz.
Policías
municipales de Iguala, bajo las órdenes del grupo criminal Guerreros
Unidos, ejecutaron a por lo menos 17 de los normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos.
El Procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky
Blanco, reveló ayer que dos integrantes de la banda y un policía
preventivo confesaron haber asesinado a los estudiantes en un cerro de
la localidad de Pueblo Viejo.
Los
detenidos, de acuerdo con la versión oficial, dijeron que la orden de
acudir hasta el sitio donde se encontraban los normalistas fue dada por
el director de la Policía Municipal, Francisco Salgado Valladares, quien
se encuentra prófugo.
Y que la orden de llevarlos a Pueblo Viejo y matarlos fue de un sujeto apodado "El Chucky", líder del grupo criminal.
Estudiantes
de la Escuela Normal de Ayotzinapa rechazan la versión del Gobierno de
Guerrero, que asegura que sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos
participó en ataque a normalistas.
"Nosotros vimos que los
policías se los llevaron. No puede ser posible que fueron los del crimen
organizado. Nosotros no le hemos hecho nada al crimen
organizado", aseguró Uriel Alonso, vocero del comité estudiantil.
"Se
están queriendo lavar las manos diciendo que fue el crimen organizado.
Que no se hagan güeyes. Ellos perfectamente saben quiénes fueron".
El
horror igualteco (más resonante que otros debido a la condición
estudiantil y opositora de las presuntas víctimas, pero a fin de cuentas
uno más de los hechos abominables que diariamente suceden en distintas
partes del país) pone en su justa dimensión catastrófica los ensueños de
primermundismo reformista y pactista que comparten la administración
federal ya expresamente fallida, los gobiernos estatales ocupados en su
inmensa mayoría por personajes pusilánimes, corruptos y acomodaticios,
las presidencias municipales extendidamente dominadas por implacables
bandos de criminales (también) organizados y el tinglado de intereses y
complicidades de jerarquías legislativas, judiciales, empresariales,
religiosas y mediáticas que sistemáticamente han llevado al país
(beneficiándose con mayúsculas en ese trayecto) a la terrible situación
actual del país.
¿La
caída del PRD en Guerrero creará condiciones para que el tío Carlos
instale a su sobrina Claudia Ruiz Massieu, actual secretaria federal de
Turismo, como candidata al cargo que ocupó su padre, asesinado por el
mismo sistema que sabe pagar y castigar? ¿El pago al sol azteca quedará
solamente en otro legislador bien portado y muy apreciado en Los Pinos
La ejecución de 21 personas tendrá que ser aclarada y sancionada
Con Peña no somos un estado consentido; sólo se le hace justicia al Edomex
Denise Dresser
Cuando el Ejército lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales manda mensajes
aterradores. Los encargados de resguardar el Estado de Derecho pueden violarlo impunemente.
Esta es la historia de una ejecución sumaria. De 22 personas asesinadas por
miembros del Ejército en el municipio de Tlatlaya. De aplausos y vítores
a las fuerzas armadas por parte de Eruviel Ávila, gobernador del Estado
de México y justificaciones anticipadas por parte de Raúl Plascencia,
presidente de la CNDH. De una versión oficial falsa contradicha por
testigos entrevistados por la revista Esquire y la agencia AP. De un
gobierno que se ve obligado a retractarse tres meses después ante la
evidencia creciente de lo que verdaderamente ocurrió allí. Lo que ocurre
con un Ejército que protege de manera legítima pero también persigue de
formas que no lo son. Un Ejército que mata a criminales pero también
ejecuta a civiles. Un Ejército políticamente protegido. Un Ejército
encubierto. Un Ejército impune.
De
la matanza de migrantes en San Fernando a la masacre de Iguala, pasando
por Tlatlaya. En México los derechos humanos son papel en fosas
clandestinas.
Dos
hechos recientes lo muestran: Ayotzinapa y Tlatlaya. Ambos muestran que
la falta de aplicación de la justicia, que genera la impunidad, ha
deteriorado a las instituciones. Pero no sólo eso, los políticos, los
gobernantes muestran un profundo desprecio por el diálogo y el
intercambio de ideas para lograr el bien común.
En
todos estos casos ha existido el compromiso de distintas autoridades,
ya sea municipales, estatales o federales de llegar hasta el fondo del
asunto y castigar a los responsables.
La
administración peñista, obviamente poseedora de información rápida y de
primera mano sobre lo sucedido realmente en Iguala, pretendió instalar
oportunamente la impresión de que no es contraria a los intereses
estudiantiles sino servidora de ellos casi en alfombra roja, con el
propio Osorio Show,
de denso historial adverso a movimientos sociales y populares en
Hidalgo, como comprensivo, casi abnegado satisfactor de cuanto quisieran
‘‘los chavos’’.
Inegi: equivalen a 353 mil kilómetros cuadrados
La información se da en el Día Mundial del Hábitat
De
acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda publicados por Reforma
el martes pasado, los ingresos petroleros cayeron 0.3% en los primeros
ocho meses del año. Esto, sobra decir, por la mala administración de
Pemex por parte del PRI.
El
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dejó colgado de la
brocha a su jefe, Enrique Peña Nieto, al cancelar la construcción de la
refinería Bicentenario en Tula, Hidalgo. “Voy a comprometerme, y será
real, porque aquí Hidalgo, a través de la refinería, va a generar muchos
miles de empleos, a que ¡vamos a concluir la refinería que sólo ha sido
promesa y que nosotros haremos realidad!, dijo el candidato Peña Nieto
el 20 de mayo de 2012.
También
se comprometió el entonces gobernador, Miguel Ángel Osorio Chong, el 17
de junio de 2010: En conclusión, les digo: se va a hacer la refinería y
vamos a respetar nuestra historia.
Asimismo,
dejó en ridículo al director de Pemex, Emilio Lozoya: “El proyecto de
la nueva refinería de Tula se mantiene en la cartera de inversión de
Pemex-Refinación…”, había asegurado apenas el 15 de marzo anterior.
Ya
ni qué decir del desaire a Felipe Calderón: el 18 de marzo de 2010, en
la celebración de la ex-expropiación, había hecho el anuncio: Sabemos
que el estar importando más de 40 por ciento de las gasolinas que
consumimos en México está generando desde luego riesgos para los
mexicanos, y también deterioro de las finanzas de Pemex, por esa razón y
por muchas otras de justicia, por primera vez en más de 30 años estamos
impulsando la construcción de una nueva refinería en el país, la
Bicentenario, que estará precisamente aquí en esta zona del estado de
Hidalgo. ¿Y los centenares de millones de pesos que se gastaron
–tiraron– en el proyecto?
Parece
que eso no es importante junto a la felicidad que Coldwell ha llevado a
la veintena de compañías extranjeras que venden a Pemex la mitad de la
gasolina que consume México.
En
México se puede operar en la ilegalidad pero en lo oscurito. Esto lo
entendió rápidamente Germán Goyeneche Ortega, quien la semana pasada fue
detenido junto con el presunto narcotraficante Héctor Beltrán Leyva,
“El H”, uno de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva, acusado de
ser su operador financiero y de tener a politicos panistas y verdes en
su bolsillo.
Cercano
a las redes de poder de Querétaro y Guanajuato, Goyeneche Ortega fue
inmediatamente negado por casi todos los políticos a los que en algún
momento apoyó.
1. AMADO YÁÑEZ OSUNA Y OCEANOGRAFÍA
2. GASTÓN AZCÁRRAGA ANDRADE
3. CARLOS AHUMADA KURTZ
4. CARLOS CABAL PENICHE
5.- JORGE LANKENAU ROCHA
6. DAVID PEÑALOZA SANDOVAL
7. ALBERTO ABED
8. RAYMUNDO GÓMEZ FLORES
9. JOSÉ SUSUMO AZANO MATSURA
10. ALFONSO ROMO GARZA
11. GERMÁN GOYECHENE ORTEGA
El INE quiere 719 millones para edificios; qué cara, la democracia mexicana: analistas
“Dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”.
El
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno mexicano
“a establecer una distinción clara entre el carácter privado de las
campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la
rehabilitación de las personas con discapacidad”.
En
su informe sobre México, el comité de expertos recomienda al gobierno
de Enrique Peña Nieto no entregar a una organización de carácter privado
como Teletón los recursos financieros que el Estado dedica a la
rehabilitación de personas con discapacidad.
El
documento destaca que los expertos se muestran preocupados porque buena
parte de los recursos para la rehabilitación de estas personas es
administrada por un ente privado como Teletón.
Comité de la ONU urge a México a no dar al Teletón; sugiere que usa a discapacitados
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