• Expresan preocupación por las
declaraciones de Enrique Peña Nieto: El gobierno federal no puede deslindarse
ante la gravedad de la situación, se deben de movilizar todos los recursos e
instituciones necesarias para lograr la aparición con vida de los estudiantes.
• Temor de nuevas agresiones en
la jornada de protestas del 2 de octubre.
Ayotzinapa, Guerrero, 1 de
octubre de 2014. A cinco días de que iniciaran las graves violaciones de
derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Escuela Normal
Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa en la cabecera municipal de
Iguala, Guerrero, siguen en calidad de desaparecidos 43 normalistas. El Estado mexicano, en sus tres
niveles de gobierno, ha incumplido con su obligación de realizar la búsqueda
exhaustiva de los jóvenes desaparecidos de manera inmediata, con la debida
diligencia y conforme a los más altos estándares internacionales en la materia.
Las organizaciones firmantes
reconocemos que los operativos de búsqueda en los que participan las madres y
padres de familia de los estudiantes, así como la Normal Rural Raúl Isidro
Burgos, son un paso fundamental para dar con el paradero de los desaparecidos.
Sin embargo, los operativos de búsqueda
se han implementado con graves deficiencias; por ejemplo, el arribo a los
puntos no es precedido por una tarea diligente de inteligencia que asegure y
delimite las zonas de búsqueda. No existe hasta ahora un esfuerzo por trazar y
distribuir las áreas de búsqueda, cruzándolas con la información surgida de las
declaraciones de los policías detenidos y con los antecedentes de los modus
operandi de la delincuencia organizada en la región.
Durante los operativos de
búsqueda, cabe señalar, hasta ahora no se ha contado con el involucramiento de
las instituciones federales, quienes tienen los elementos de seguridad,
periciales e inteligencia para llevar a cabo un operativo de localización de
esta magnitud. Por ello resulta decepcionante y sumamente preocupante que el
propio Presidente de la República se deslinde de las obligaciones en materia de
desaparición forzada del Estado mexicano, al indicar que “el gobierno federal
no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos
estatales”. Sin dejar de reconocer las responsabilidades de las diversas
autoridades guerrerenses por permitir la connivencia entre la policía y la
delincuencia organizada, es inadmisible que el Primer Mandatario anteponga
conflictos políticos a la imperiosa necesidad de que el Gobierno Federal se
sume con decisión a la búsqueda de los jóvenes desaparecidos. Ante la
desaparición masiva de varias decenas de jóvenes, ningún nivel de gobierno debe
deslindarse siendo elemental que los tres niveles se coordinen y participen
conjuntamente en la búsqueda.
Preocupa enormemente que el
Presidente de la República se deslinde de sus responsabilidades
constitucionales para garantizar la presentación con vida de los jóvenes
desaparecidos. El deslinde del Gobierno Federal y su falta de participación en
la búsqueda de la desaparición de los normalistas, pone en duda una vez más, el
compromiso que el Estado mexicano ha declarado ante diversos mecanismos
internacionales de protección de derechos humanos, y por lo pronto se suma a
los 43 jóvenes de Ayotzinapa a las decenas de miles de desaparecidos en el país.
No puede obviarse que los
testimonios indican que un número significativo de los estudiantes
desaparecidos fueron detenidos por policías municipales de Iguala, agentes
estatales que comprometen la responsabilidad internacional del Estado mexicano,
por lo cual el Jefe del ejecutivo federal no puede deslindarse; máxime que
ninguno de los estudiantes detenidos por los policías ha aparecido. Lo que en
otros países supondría una despliegue articulado de todas las corporaciones
estatales hasta localizar con vida a los jóvenes, en México hoy merece sólo un
indiferente deslinde presidencial.
No debe pasarse por alto que en
el Informe emitido tras su más reciente visita a México, el Grupo de Trabajo
sobre la Desaparición Forzada de Personas recomendó: “Que se garantice la
coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el
objetivo de prevenir e investigar la desaparición forzada de personas”.
Señalando además que ante las desapariciones: “Se deben utilizar todos los
medios disponibles para garantizar que las investigaciones y procedimientos
judiciales sean expeditos, de acuerdo con los protocolos y manuales que cumplan
con los lineamientos establecidos en los instrumentos internacionales de
derechos humanos. Las diferentes instancias involucradas en los procedimientos
de investigación y en los procesos judiciales deben contar con los necesarios
recursos humanos y materiales para realizar sus labores adecuadamente, de forma
independiente e imparcial.
Aquellas personas involucradas en
labores de investigación deben contar con garantías de protección. Las
investigaciones deben asumir líneas de investigación específicas de acuerdo con
los patrones de la zona, tiempo o período y/o autoridad involucrada. Los
resultados de todas las investigaciones deben ser públicos”. Recalcando
adicionalmente que se debe: “asegurar que no recaiga en las víctimas y sus
familiares la obligación de obtener y proporcionar los elementos de prueba”.
En ese tenor, el desdén presidencial
contrasta con la labor y la cooperación que las madres y padres de los 43
estudiantes hoy desaparecidos han impulsado. Los familiares, con acompañamiento
de los organismos civiles de derechos humanos, han acudido a prácticamente
todas las instancias para buscar a los estudiantes, agotando poco a poco los
recursos legales disponibles.
Primeramente, la identidad de los
normalistas desaparecidos ha sido acreditada y ratificada por los padres de
familia dentro de la investigación AEBPNL/49/2014 que realiza la Agencia
especializada del ministerio público en búsqueda de personas no localizadas de
la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es decir, los padres y las
madres han acudido a comparecer formalmente ante el ministerio público a
colaborar en la investigación. Así, dentro de la indagatoria ya fueron rendidas
las declaraciones de la mayoría de los padres de familia de los 43 estudiantes
normalistas que aún permanecen desaparecidos.
De igual forma, luego de que los
familiares presentaran también un juicio de amparo y apelaran a la Justicia
Federal para encontrar a sus desaparecidos, el actuario del Juzgado Noveno de
Distrito en Iguala, concluyó el día de ayer la revisión de los centros de
detención en búsqueda de los estudiantes desaparecidos e hizo constar dentro el
amparo número 490/2014 que no fueron encontrados los normalistas en ninguno de
estos lugares. Es decir, la posibilidad de que los jóvenes se encuentren
retenidos en cárceles o recintos oficiales, está con pruebas descartada.
En el mismo sentido, los
familiares acudieron también al sistema ombudsman. El mismo 28 de septiembre se
interpusieron dos quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Guerrero, la queja VG/203/2014-II por los hechos de violencia ocurridos el 26 y
27 de septiembre, y la queja VG/204/2014 por la desaparición forzada de los
estudiantes normalistas detenidos por la policía preventiva municipal de
Iguala. Ninguna de estas ha derivado en la ubicación de los jóvenes
desaparecidos; pese a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
no se ha sumado de forma decidida a los operativos de búsqueda.
Adicionalmente, los familiares y
las organizaciones de derechos humanos han demandado la intervención de
organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones demanden la
presentación con vida de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa.
Como puede advertirse, los
familiares han acudido a todas las instancias para pedir su intervención en la
búsqueda de los desaparecidos, incluso poniendo su vida en riesgo al
desplazarse en el descompuesto contexto de Iguala. Al día de hoy, la búsqueda
de los jóvenes desaparecidos tras las agresiones armadas de policías y civiles
en Iguala ha sido infructuosa. La situación es de extrema preocupación, dado
que con los antecedentes de violencia en Iguala, colocan a los estudiantes en
el máximo riesgo.
En este panorama, los organismos
de derechos humanos expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que
nuevas agresiones puedan presentarse el día de mañana, durante la emblemática
marcha del 2 de octubre. Como cada año, las y los estudiantes de Guerrero
saldrán a las calles a conmemorar la masacre del 68, pero esta vez lo harán
mientras permanecen desaparecidos decenas de jóvenes normalistas. Ante la
ausencia de condiciones para ejercer la libertad de expresión en Guerrero –y
más aún, frente a los riesgos que hoy supone ser joven y ser guerrerense- llamamos
a que se garantice la integridad física de los manifestantes y apelamos a la
sociedad para que observen los acontecimientos que pueden presentarse en la
entidad.
Finalmente, llamamos de nuevo a
la sociedad civil nacional e internacional a que demanden la inmediata
presentación con vida de todos los estudiantes que hoy se encuentran
desaparecidos.
María Luisa Aguilar Rodríguez
Coordinadora del Área Internacional
Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan
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