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sábado, 29 de mayo de 2021

Comunicado de presxs indígenas en lucha

 

26/5/2021

 CERSS No 10

 Comitán, Chiapas, México.

 Comunicado de presxs indígenas en lucha

 Organización Vineketik en Resistencia adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN

 Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

 A la sociedad civil nacional e internacional

 A la Sexta nacional e internacional

 Al Congreso Nacional Indígena

 Al Consejo Indígena de Gobierno

 A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

 A los medios de comunicación

 Al Pueblo Creyente

 A las organizaciones independientes

 Al pueblo de México y del mundo

 Hermanas, hermanoas y hermanos reciban un cordial y combativo saludo desde nuestra trinchera de lucha y resistencia.

 En esta acción global en contra de los megaproyectos de muerte y en defensa del agua y del territorio de los pueblos indígenas, desde estas cuatro paredes de la prisión nos solidarizamos con nuestrxs compañerxs en esta lucha conjunta en contra de los malos gobiernos capitalistas y las industrias arrasodoras de la madre tierra y del ambiente, por la contaminación de nuestros ríos, el despojo de nuestras tierras para la expropiación de los recursos naturales.

Como pueblos indígenas exigimos respeto a nuestros territorios, así como respeto a nuestra madre tierra, como así también a los pueblos y seres que la habitan.

Y también recordamos el asesinato de nuestro compañero Samir Flores por defender el territorio y exigimos justicia y castigo a los asesinos.

Y hacemos un llamo de solidaridad a todas y todos las tejedoras y los tejedores de luz y esperanza para elaborar un tejido de resistencia para nuestra madre tierra.

Y también decimos alto a las represiones y encarcelamientos a lxs luchadorxs indígenas, campesinos y normalistas y desapariciones forzadas de parte de los gobernantes corruptos.

¡Cancelación inmediata al Proyecto Integral Morelos!

¡Fuera Bonafont!

¡Fuera CONAGUA de Xalapa Veracruz!

¡Libertad a lxs presxs políticxs!

¡Viva el EZLN!

Atentamente

Marcelino Ruiz Gómez

 

martes, 5 de enero de 2016

Presentación del libro “Autonomía de los Pueblos Indios y Zapatismo en México” videos

Presentación del libro “Autonomía de los Pueblos Indios y Zapatismo en México” de Gilberto López y Rivas. Sergio Rodriguez Lazcano, Paul Herchs Casa Lamm. Noviembre 30 de 2015.

Sergio López. Por la editorial Ocean Sur.


Sergio Rodríguez Lazcano


Paul Herchs


Gilberto López y Rivas


Sesión de preguntas y respuestas


sábado, 15 de diciembre de 2012

Comunidad Indígena Totonaca de Olintla, Puebla, dice NO a proyecto hidroeléctrico


14 de diciembre 2012, Puebla, Pue.

El 14 de abril de 2011 el gobernador Rafael Moreno Valle firmó el Convenio “Generación de energía limpia” con Javier García de Quevedo, presidente de Minera México. En dicho convenio se acordó la construcción de cuatro hidroeléctricas bajo el esquema de autoabastecimiento de energía eléctrica para la empresa minera con una inversión de 2 mil millones de pesos. El principal accionista de Grupo México es Germán Larrea, uno de los hombres más ricos de México.

A partir de julio del 2011 Grupo México inició actividades reconocimiento de terrenos y trazo de caminos en diversas comunidades indígenas de los municipios de Ahuacatlán, Olintla y Bienvenido sin haber presentado manifestaciones de impacto ambiental ni tener la autorización de los propietarios de los terrenos, cometiendo así el delito de daño a propiedad ajena y daños a la ecología.

Desde el mes de octubre, el presidente municipal de Olintla Héctor Arroyo Bonilla y el síndico municipal Domingo de Jesús Francisco Galndo, haciendo uso indebido de sus funciones, han presionado y amenazado a pobladores de la comunidad de Ignacio Zaragoza para que vendan sus tierras a la empresa y para que acepten el proyecto hidroeléctrico, llegaron incluso a amenazar al juez de paz de esa comunidad para que firmara un documento aprobando la construcción de la hidroeléctrica sosteniendo que de no hacerlo, el gobierno federal enviaría al ejército a la comunidad.

El 5 de diciembre una máquina tipo bulldozer pretendía entrar a Ignacio Zaragoza para abrir un camino hasta el río Ajajalpan pasando sobre las tierras de pobladores de la comunidad sin su autorización. Algunos pobladores se organizaron para detenerla, impidiendo su paso hasta el momento.

El 6 de diciembre el presidente municipal de Olintla con su cuerpo de policías llegó a exigir a Zaragoza que dejaran pasar la máquina, un policía amenazó a la gente con rociarles gas pimienta al no lograr convencer a los pobladores con palabras.

Ante estas situaciones pobladores de Ignacio Zaragoza interpusieron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la indebida actuación del presidente municipal y el síndico de Olintla, y denuncias penales por daños a propiedad ajena, abuso de autoridad y daños a la ecología.

Denunciamos que la pretendida construcción de tres hidroeléctricas sobre el río Ajajalpan, afectaría gravemente la vida de los pueblos totonacos al disminuir de manera drástica el caudal de agua del río la cual ha venido disminuyendo año con año, afectándose además, la fauna y flora de la región agravada por la capa vegetal que está siendo removida por la construcción de los proyectos.

Denunciamos también que otros dos proyectos hidroeléctricos están siendo promovidos por empresas privadas en la sierra norte, uno sobre el río Apulco en el municipio de Zacapoaxtla y otro sobre los ríos Zempoala y Ateno afectando los municipios de Xochitlán, Zapotitlán, Zoquiapan y Nauzontla.


Por tales motivos exigimos al gobierno Federal, Estatal y municipal:

1. La inmediata salida de la comunidad de Ignacio Zaragoza de la maquinaria con la que se pretende abrir un camino hasta el río Ajajalpan.

2. Garantizar la reparación de los daños ocasionados en los terrenos que han sido afectados por la empresa privada.

3. La cancelación de los proyectos hidroeléctricos en la Sierra Norte de Puebla, ya que lejos de ser proyectos que benefician a las comunidades a la larga, profundizarán la marginación pues producen graves daños ecológicos y sociales.

4. Respetar el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas de manera previa, libre e informada como lo estipula el Convenio 169 de la OIT ante cualquier proyecto que afecte sus vidas y el territorio donde viven.

5. Garantizar la seguridad de los compañeros que están ejerciendo su pleno derecho a defender sus tierras que son su principal medio de sustento.

Unidad Indigena Totonaca Nahua, Universidad de la tierra en Puebla, Unión de Cooperativas Tosepan Titataniskej, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Centro de Estudios Ecuménicos, Pastoral Social Sierra Norte de Puebla, Centro operacional de Vivienda y Poblamiento, Timomachtikan, Naku Skgoy, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH).

lunes, 19 de noviembre de 2012

Charla “la Emergencia Juvenil en América”.


Charla “la Emergencia Juvenil en América” realizada en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, Ciudad Universitaria. Octubre de 2012

#YoSoy132

Normalista Michoacano

Raúl Zibechi

Pregunta y comentario

Jóvenes Brasileños

sábado, 9 de abril de 2011

Indígenas violadas por soldados exigen al Estado cumplir sentencia de la CIDH


Conferencia en el Centro Pro para informar sobre el desacato oficial al fallo de la CIDH en el caso de la violación por militares de las indígenas guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo. Las acompaña el obispo Raúl Vera. Foto Jesús Villaseca


Ya no quiero ver a los soldados en mi comunidad ni en mi casa, dice Inés

Piden al gobierno que retire solicitud de interpretación al fallo del organismo internacional


Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 8 de abril de 2011, p. 19

Siete meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara sentencia contra el Estado mexicano por la violación por militares de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo e Inés Fernández, las instituciones del país han demostrado su total falta de voluntad política para cumplirla.

Denunció lo anterior la propia Inés, acompañada por activistas de organizaciones sociales y derechos humanos, quienes exigieron que el gobierno retire su solicitud de interpretación a la sentencia, ya que ésta implica un cuestionamiento a la misma y una muestra de que sigue respaldando al Ejército a pesar de sus abusos.

En conferencia de prensa, Fernández reiteró su exigencia de que las autoridades cumplan de forma íntegra la sentencia de la CIDH, luego de que terminara sin mayores avances una mesa de negociación que las organizaciones civiles iniciaron el pasado 15 de marzo con representantes de la Secretaría de Gobernación.

“Tuve que venir hasta la casa del gobierno federal para pedirle que cumpla con su obligación y que no se lleve 10 años en hacerlo, sino que sea lo antes posible. No quiero ver a los guachos (soldados) en mi comunidad ni en mi casa; lo que necesitamos son obras, médicos, escuelas, y que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos”, señaló.

Fue necesario recurrir a la justicia interamericana “porque las autoridades del país sólo cumplen con sus amigos, no con el pueblo”, en vista de lo cual –dijo– insistirá en el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH, con la ayuda y acompañamiento de las organizaciones solidarias con su causa.

Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), coincidió en exigir el cumplimiento expedito de la sentencia; consideró que si las amenazas contra los activistas de dicho grupo no han cesado, es porque se han empeñado en decir la verdad sobre la situación de derechos humanos en el país.

Por su parte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, exigió que el gobierno mexicano retire la solicitud de interpretación a la sentencia de la CIDH, pues significa un grave cuestionamiento a dicho organismo y una suerte de espaldarazo al Ejército, a pesar de sus crímenes de lesa humanidad.

Raúl Vera, obispo de Saltillo, hizo un reconocimiento al valor de ambas mujeres al denunciar a las fuerzas armadas, y lo contrastó con “el cinismo, la irresponsabilidad y la corrupción” tanto de las autoridades como de los grupos criminales.

Por todo lo anterior, los participantes en el acto exigieron el cumplimiento inmediato e íntegro de la resolución de la CIDH en el caso de Inés y Valentina, pero también en otros que ya han sido juzgados por dicho organismo en contra del Estado mexicano, como el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el del Campo Algodonero (en Juárez) y el de Rosendo Radilla.

sábado, 26 de marzo de 2011

Presentación del libro “Cruzando fronteras, mujeres indígenas y feminismos abajo y a la izquierda, de Sylvia Marcos.

Indígena


Sylvia Marcos


Sylvia Marcos respuesta a preguntas y comentarios


Indígena respuesta a preguntas y comentarios


Indígena No Feminista



Puedes descargar el libro aquì:

martes, 22 de marzo de 2011

Mujeres de Agua Digna

Programa De Raíz Luna, transmitido por Canal 22, tocando el tema de la Lucha de las Mujeres Mazahuas en defensa de su agua.

jueves, 18 de noviembre de 2010

Radio Ñomndaa denuncia el hostigamiento e intimidación en contra de tres compañeros.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

Queremos hacer de su conocimiento que ayer domingo 11 de enero, cerca de las 10 de la noche, nuestros compañeros Obed, Baldomero y José Alberto venían de comer tacos, iban caminando rumbo a sus casa, sobre la calle principal de nuestra comunidad, Suljaa’ (Xochistlahuaca) a la altura de la iglesia San Miguel Arcángel, cuando toparon una patrulla de la policía municipal, caminaron otra cuadra cuando volvieron a topar con la misma patrulla que en el instante todos los policías se bajaron y rodearon a nuestros compañeros y empezaron a revisarlos con prepotencia, diciéndoles que porqué faltaban el respeto a la autoridad, en esos momentos sometieron a nuestro compañero Baldomero sin que nada malo haya dicho ni hecho y empezaron a amenazar a los demás que cuestionaban la actitud de los policías.

Las personas que transitaban la calle se dieron cuenta de la actitud y dos de ellos se acercaron para decir a los policías que nuestros compañeros no cometían ningún delito. Al ver que se cuestioba su actuación y al ver que nuestros compañeros sabían sus derechos, los policías los dejaron libres, ya cuando se iban dijeron que los iban a estar vigilando.

Esto es una muestra clara de intimidación y hostigamiento hacia el trabajo organizativo que están realizando nuestros compañeros, quienes ayer mismo, conjuntamente con otr@s, hicieron un periódico mural de lo que está viviendo el pueblo palestino, el cual lo expusieron en el zócalo de nuestra comunidad, también nuestros compañeros a través de fanzine “Lucha Y Resiste” y revistas han difundido nuestros derechos como pueblo indígena y el porqué hay que luchar por un mundo mejor.

Queremos que sepan ustedes que nada malo hicieron nuestros tres compañeros, tal vez su “delito” es organizarse, levantar su voz y ser parte de la lucha que es Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, que desde sus inicios ha sido constantemente hostigado por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Por lo anterior, responsabilizamos directamente a los policías municipal, al gobierno priista del municipio de Xochistlahuaca de lo que pudiera pasar a nuestros tres compañeros y cualquier otra u otro colaborador de Radio Ñomndaa, y también responsabilizamos al gobierno estatal y federal por el hostigamiento y por no proporcionar la seguridad que a todos las y los mexicanos nos corresponde; al contrario, se está militarizando las comunidades indígenas, criminalizando al pueblo que se organiza.

Queremos dejar claro que nosotros no estamos cometiendo ningún delito, solamente estamos luchando por el respeto y el ejercicio de nuestros derechos colectivos como pueblo indígena que somos.

Compañeras y compañeros, sabemos que no estamos solos, nosotros estaremos avisando la situación de represión que vivimos, por lo cual les pedimos que estén al pendiente.

PALABRA AGUA

¡Nunca más un México sin Nuestra Palabra!

Suljaa’, Guerrero, México a 12 de enero de 2009.

Comité de Radio Ñomndaa Colectivo en Rebeldía Suljaa’

domingo, 31 de octubre de 2010

Pronunciamiento conjunto de las organizaciones y comunidades asistentes al “Encuentro Nacional por la Justicia y la Seguridad de los Pueblos”.

En el marco del xv aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias (CRAC-PC), las organizaciones sociales asistentes, confluimos en este espacio para encontrarnos, intercambiar experiencias y formas de luchas con la finalidad de solidarizarnos y articular los procesos organizativos que nos permitan caminar de manera colectiva y hacer realidad nuestros derechos.

Considerando que:

1.- Ante la falta de reconocimiento integral y efectivo de nuestros derechos colectivos como pueblos originarios y afrodescendientes, en la Constitución y ante las reiteradas violaciones a los estándares internacionales que establecen los derechos de los pueblos originarios.

2.- Que los aparatos de seguridad y justicia del estado, están permeados por la corrupción siendo totalmente incapaces de brindar seguridad e impartir justicia para el pueblo. Que su utilización ha sido facciosa con el fin de diezmar, desarticular y reprimir a las organizaciones sociales y comunidades que con dignidad han decidido alzar la voz para denunciar los abusos y atropellos del gobierno y del sistema capitalista.

3.- Que a pesar de ser los primeros pobladores de este continente y de participar en los procesos sociales que dieron origen a México como nación y nuestra permanente lucha por mejores condiciones de vida, hasta la fecha no se valora ni se toma en cuenta nuestros aportes, soslayando nuestros derechos elementales al territorio, a ser sujetos de derecho público, a la autonomía y la libre determinación.

4.- Además de la negativa a reconocer nuestros derechos colectivos, se agrega la sistemática violación a nuestros derechos sociales e individuales establecidos en la constitución. Las leyes y los aparatos de justicia son utilizados para acallar las voces de los que reclaman el cumplimiento efectivo de los derechos. Este gobierno de los multimillonarios ha convertido el derecho a la protesta en un delito, dando un trato de criminales a los luchadores sociales, mientras que los verdaderos delincuentes gozan de la protección e impunidad del estado.

5.- La política entreguista de este gobierno convierte en negocio privado nuestros derechos elementales a la educación, salud, vivienda, producción y alimentación para exentar al estado de su responsabilidad social, lo que representa una flagrante violación a la Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales. Los programas sociales de este gobierno más que una solución a la pobreza y marginación constituyen una herramienta de cooptación y manipulación política, que diezma nuestra identidad y organización comunitaria.

6.- Las leyes, políticas, programas, megaproyectos que sigue implementando el gobierno en los territorios de los pueblos originarios, ignoran la decisión y la existencia misma de los pueblos, justifican el despojo y violan flagrantemente los instrumentos jurídicos internacionales.

7.- La cultura patriarcal impuesta en nuestro país en los últimos cinco siglos ha dado un trato de objeto comercial y sexual a las mujeres y de manera racista las discrimina en lo político, económico y lo social por ser mujer, pobre e indígena. Esta concepción discriminatoria que desvaloriza los aportes de las mujeres ha permeado en todos los ámbitos de la sociedad, incluido los movimientos sociales y los partidos. Dejando en estado de indefensión a las mujeres ante las instituciones gubernamentales y las políticas públicas.

8.- Ante la voracidad de los empresarios con la complicidad del gobierno para adueñarse del espacio radioeléctrico y seguir gozando de los dividendos que genera el negocio de los medios han creado las leyes para su beneficio, dando un trato de criminales a las comunidades que impulsan las radios comunitarias, libres, populares y otros medios alternativos de comunicación en manos del pueblo, lo que impide el pleno ejercicio de libertad de expresión, dejando al pueblo a merced del monopolio de los medios masivos de comunicación, desde los cuales ejercen el control político.

9.- El Estado – Nación de México se constituyó como la expresión de las clases poderosas y no del pueblo pobre y mucho menos de los pueblos originarios, cuyos derechos han sido negados históricamente. La clase política que ejerce el poder en este país no representa los intereses del pueblo trabajador y carece de legitimidad y ha conducido al país a un desastre económico, a una guerra de exterminio por todos los medios y a un callejón sin salida. Por otra parte ha declarado la guerra a todas las formas legítimas de organización y gobierno de los pueblos originarios, desde donde se construye una nación en la que quepamos todas y todos.

Por lo tanto, con la fuerza y legitimidad que nos dan nuestros derechos ancestrales, proponemos:

Primero: Seguir luchando por el reconocimiento y respeto de los derechos colectivos de los pueblos originarios en la Constitución y seguir ejerciendo nuestra autonomía y libre determinación en la vía de los hechos, para que junto con los demás sectores oprimidos construyamos la nueva patria.

Segundo: Fortalecer y reivindicar nuestros propios sistemas de seguridad y justicia emanados desde el pueblo y para el pueblo como es el caso de la CRAC-PC, basados en los valores de servicio, honestidad y reeducación.

Tercero: Recuperar la memoria histórica de nuestros pueblos y de nuestros héroes que desde tiempos inmemoriales han resistido y se han levantado en contra de las injusticias y el sometimiento pero que la historia oficial los ha borrado; valorando los aportes que para la construcción de esta nación hemos hecho, como en los procesos de lucha por la Independencia, Revolución y las luchas de liberación de los años sesentas del siglo pasado.

Cuarto: Reconocernos todos en cada uno de los movimientos que luchan buscando mejores condiciones de vida, solidarizándonos ante la represión, fortaleciendo los lazos de apoyo mutuo, comprometiéndonos aportar nuestros modestos esfuerzos para construir un camino común.

Quinto: Fortalecer los espacios y proyectos de educación, de salud, vivienda alternativas que nacen y responden a los intereses y necesidades de las comunidades. Nos proponemos decidir lo que sembramos producimos e intercambiamos, recuperar nuestras semillas criollas, dejar de ver la tierra como algo que se puede explotar y envenenar para satisfacer una necesidad, fortalecer la conciencia colectiva de que la tierra es la parte esencial de la vida. Rescatar nuestras relaciones de intercambio de productos, donde lo más importante sea la sana alimentación antes que el comercio para el enriquecimiento. Defender y utilizar de manera racional nuestros recursos naturales.

Sexto: A no legitimar las leyes, programas, políticas públicas y megaproyectos que nos desconocen de origen, como es el caso de la reforma a la constitución que impulsa la cúpula de poder en Guerrero.

Septimo: Promover la participación plena y el respeto de los derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y equidad de género.

Octavo: Generar, fortalecer y ampliar los sistemas de comunicación comunitaria y alternativa en manos del pueblo. Exigimos respeto y cese a la persecución y represión en contra de las comunidades y colectivos que promueven las radios comunitarias, alternativas y populares.

Noveno: Promover, fortalecer ampliar todas las experiencias y formas de participación y organización comunitaria para construir desde el aquí y ahora, desde abajo y a la izquierda una nueva nación en donde todas y todos, seamos partes integrantes.

Nos pronunciamos por:

- La desmilitarización de los territorios de los pueblos indígenas y la libertad de todos presos políticos así como el castigo a los culpables de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

- Presentación con vida de todos los desaparecidos.

- Exigimos el respeto absoluto al uso de nuestros propios sistemas normativos.

lunes, 11 de octubre de 2010

Entrevista a Valentina Rosendo, indígena Mephaa violada por militares en 2002.

El 1 de Octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Gobierno Mexicano por no hacer justicia en su caso y en el de otra mujer en las mismas circunstancias.



Programa "En 15", con Carlos Puig, Milenio Televisión.

lunes, 26 de octubre de 2009

Incursión militar contra comunidad de la OCEZ-RVC, Chiapas

Nos informan que alrededor de las 16:00 del dia de hoy 25 de octubre de 2009, aproximadamente 40 camiones del ejército federal, policía sectorial de Chiapas, AFI y policía especializada, uniformados con casco negro y pasamontañas y fuertemente armados, están ingresando de manera arbitraria en la comunidad Predio 28 de junio.

Desde el día de ayer alrededor de las 10:30 de la mañana dos helicópteros con las siglas de la Procuraduría General de la República (PGR) sobrevolaron muy bajo las poblaciones de miembros de la OCEZ-RVC, entre ellas la comunidad 28 de Junio y Laguna Verde.

Según denuncias de pobladores de dicho asentamiento, los militares y policías están irrumpiendo ilegalmente en los domicilios particulares, donde de manera violenta golpean a las mujeres y niños que ahí se encuentran, así mismo las insultan, entre ellos están algunos familiares de los detenidos Roselio Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, miembros de la organización OCEZ-RVC, quienes fueron torturados física y psicológicamente durante su ilegal captura cometida el día de ayer.

Recordamos que el dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza (OCEZ – Región Carranza) y defensor de los derechos de los indígenas, José Manuel Hernández Martínez fue detenido el día 30 de septiembre en un operativo conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), quienes ingresaron a la comunidad vestidos de empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vestidos con uniforme de ésa misma institución y sin presentar ningún documento en el momento de la detención. En dicho operativo y como consecuencia de disparos provenientes de los agentes policíacos murieron dos campesinos y dos se encuentran aún en estado grave de salud.

El día 16 de octubre del año en curso, aproximadamente a las 16:00 hrs., José Manuel Hernández Martínez fue trasladado del Centro de Reinserción Social de Sentenciados #14 “El Amate” al CEFERESO No 4, con sede en el Estado de Nayarit.

En el caso de la organización OCEZ-RVC, el Estado mexicano está implementando la criminalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos, ya que a partir de la detención de su dirigente, José Manuel Hernández Martínez, el Gobierno del Esatdo de Chiapas, a través de comunicados intenta generar un imaginario social de que se está combatiendo a narco-luchadores sociales, el traslado ilegal a un centro federal del dirigente de la OCEZ-RVC, fue justificado en el boletín 2339 del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas, mezclando de manera dolosa su traslado con el decomiso de los que llama el Gobierno del Estado:

"el más grande arsenal en la historia de Chiapas, y el más grande en el país, en lo que va de este 2009, entre los que se encontraban granadas, fusiles, ametralladoras, hasta un tanque “hechizo”

Así mismo "cubriendo" la detención de Roselio Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández realizada el día 24 de octubre, publica a través de diversos medios de comunicación que dichos campesinos son miembros de la banda de "Los Pelones", grupo de narcotraficantes con presencia en ese Estado y se teme una escalada represiva no sólo contra los miembros y familias de la OCEZ.RVC, sino contra defensores de los Derechos Humanos y Observadores Internacionales, por el siguiente párrafo de dicha nota periodística que dice:

"Estos detenidos, también incluían entre sus negocios ilícitos la trata de personas, como la extorsión a migrantes. Sus tierras han servido de centro de acopio para guardar armas y drogas, por lo que con la máscara de organización social han impedido el acceso de autoridades civiles y militares al relleno o predio "28 de Junio", para ello cuentan con supuestos 'observadores internacionales', para cubrir su actividad delictiva."

martes, 20 de octubre de 2009

AI exige la liberación inmediata de Raúl Hernández, activista contra la pobreza


Integrantes de Amnistía Internacional se manifestaron en el Hemiciclo a Juárez en demanda de la excarcelación del activista de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaaFoto Yazmín Ortega Cortés

Es acusado de asesinato, pese a que decenas de testimonios lo exculpan, afirma el organismo

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Domingo 18 de octubre de 2009, p. 14

Amnistía Internacional (AI) México demandó a las autoridades federales y de Guerrero la liberación “inmediata y sin condiciones” de Raúl Hernández, activista de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), detenido desde abril de 2008, acusado del asesinato de Alejandro Feliciano, presunto informante del Ejército.

Durante un mitin en el Hemiciclo a Juárez, el organismo internacional, que declaró al activista preso de conciencia desde diciembre del año pasado, subrayó que la única razón por la que sigue encarcelado “es por su labor de defensa y promoción de los derechos humanos” en su comunidad.

Alberto Herrera, director de AI México, aseveró que desde hace años los integrantes de la OPIM han sido amenazados, hostigados, secuestrados y asesinados debido a que han denunciado abusos de autoridades de Guerrero y militares contra la población indígena, como violaciones sexuales a mujeres perpetradas por soldados.

Herrera señaló que por el homicidio del aparente colaborador del Ejército fueron detenidos cinco hombres –todos declarados prisioneros de conciencia por AI–, pero gracias a un amparo cuatro obtuvieron su libertad.

Sin embargo, Hernández continúa recluido en el penal de Ayutla, Guerrero, ya que un juez federal dio más peso a las pruebas que lo inculpan, aunque eran las mismas para todos los acusados.

Un par de testimonios que le imputan haber estado en el lugar de los hechos son la única prueba presentada por el Ministerio Público en su contra, lo cual lo mantiene en prisión.
“Las autoridades han desestimado las decenas de testimonios que dicen que él no estaba en el lugar del asesinato, sino en actividades de su ONG”, señaló.

La manifestación se realizó con motivo del Día Internacional de la Pobreza –celebrado ayer–, debido a que Hernández es un luchador contra la miseria.

“Es preocupante que, más allá de los esfuerzos poco consistentes del gobierno mexicano para acabar con la pobreza, activistas como Raúl, que luchan contra ella, sean encarcelados. Ése no es un buen mensaje.

“Las autoridades deben demostrar un compromiso de luchar contra la pobreza desde una perspectiva de derechos humanos, además de no utilizar las cárceles para perseguir a quienes se movilizan para terminar con ese mal”, abundó.

Entre mantas y carteles con las leyendas “Libertad para Raúl ya”, alrededor de 20 activistas de AI México y de la OPIM cubrieron sus caras con máscaras en las que estaba impreso el rostro del defensor de derechos humanos encarcelado.

La señora Eusebia, esposa del detenido, habló en Me’phaa sólo para demandar al gobierno la liberación de su marido, porque “está injustamente preso”.

En tanto, Obtilia Eugenio, dirigente de la OPIM, denunció que integrantes de algunas comunidades indígenas de Guerrero son amenazados, perseguidos, asesinados y encarcelados sin motivo. “Para el gobierno nosotros somos los enemigos”.

miércoles, 26 de agosto de 2009

Detiene el Ejército a 12 policías comunitarios en Costa Chica, Guerrero

Los “confundieron” con eperristas; arrestan hasta al presidente de Vigilancia

Liberan a la mitad; el resto es llevado a la PGR, donde pagan más de 100 mil pesos de fianza

LAURA REYES MACIEL (La Jornada Guerrero)

En un operativo en el que participaron al menos 80 efectivos del Ejército mexicano adscritos al municipio de Cruz Grande, en la Costa Chica, detuvieron el pasado sábado a 12 agentes de la Policía Comunitaria de Marquelia, incluido al presidente del Consejo de Vigilancia, por estar supuestamente ligados al grupo armado Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El titular de Justicia y Derechos Humanos del Secretariado Estatal (SE) del PRD, Urbano Lucas Santamaría, informó que la irrupción militar se dio en la comunidad General Enrique Rodríguez, por una supuesta denuncia anónima. Los militares justificaron las detenciones porque los policías comunitarios no tenían en ese momento ninguna identificación.

Sin embargo, horas después del arresto –catalogado por el perredista como arbitrario y del cual se va a avisar a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum)–, fueron puestos en libertad seis de los policías y el resto fue trasladado a la subdelegación en Acapulco de la Procuraduría General de la República (PGR).

Ahí se les inició una averiguación previa, aunque no se dio mayor información al respecto, y lograron salir pagando una fianza de 100 mil pesos por los seis agentes.

“El argumento que tiene el Ejército es que los policías no tenían ninguna identificación, y que una de las escopetas que traían consigo tenía la punta recortada, pero eso lo hacen los policías porque su armamento es viejo. El ejército creía que pertenecían al EPR”, explicó Lucas Santamaría

Ante esa situación, los policías detenidos tendrán el próximo sábado una asamblea en Marquelia para discutir la situación y presentar el caso a las autoridades en materia de derechos humanos, y de esa forma tengan conocimiento de los atropellos que cometen los militares en la Costa Chica con el pretexto de buscar a personas ligadas con grupos armados.

General Enrique Rodríguez es uno de los 16 poblados de la Costa Chica que cuentan con la Policía Comunitaria, que hasta 2008 sumaba 700 miembros, que integran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.

miércoles, 5 de agosto de 2009

Nueva incursión militar en pueblo de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.

Los soldados golpearon a dos mujeres en Guadalupe Mano de León; montan retén

Las fuerzas castrenses aducen que buscaban droga; aquí no hay nada, responden afectados

MARLEN CASTRO Y CORRESPONSALIA (La Jornada Guerrero)


CHILPANCINGO, 31 DE JULIO. Habitantes de la comunidad amuzga Guadalupe Mano de León, del municipio de Tlacoachistlahuaca, denunciaron una nueva incursión de soldados del Ejército mexicano, ocurrida la tarde del pasado jueves, con el saldo de dos mujeres golpeadas.

Teresa Feliciano Gómez, indígena amuzga de esa comunidad, denunció vía telefónica que casi a las 6 de la tarde del jueves, arribaron al pueblo unos 80 soldados.

Teresa Feliciano denunció que los militares exigieron que les entregaran “la droga y la semilla” que guardaban. Comenzaron a allanar las viviendas, revolviendo y tirando las pertenencias que encontraron.

La amuzga señaló que en una de esas viviendas, los saldados golpearon a Guadalupe Mendoza Saavedra y a Margarita Feliciano de la Cruz.

Contó que el maltrato de los militares a las dos mujeres provocó el enojo de la población, razón por la cual el comisario Santiago Ramírez Vázquez se dirigió a las instalaciones de la comisaría del pueblo y convocó a la gente a una reunión urgente, a la que acudieron unas 200 personas, en su mayoría mujeres.

En la reunión acordaron ir con el responsable del operativo para reclamarle que hayan golpeado a las dos mujeres y exigirle una explicación.

Teresa Feliciano señaló que el comandante respondió que iban a catear todas las casas porque tenían información de que a algunos pobladores les estaban dando semilla para sembrar droga.

Aseguró que los militares no encontraron nada ilegal, pues en la comunidad indígena no siembran drogas y tampoco reciben semilla para esos cultivos.

La líder indígena pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum), y al gobierno estatal para que cese la persecución de las comunidades indígenas amuzgos.

Dijo que la misma noche de ese jueves instalaron un retén en el punto conocido como Palo de Mango, muy cercano a Guadalupe Mano de León y que hasta este viernes permanecían ahí.

Con esta ocasión, en aproximadamente un mes y medio, el Ejército ha incursionado tres veces en la misma comunidad y en las tres ocasiones pretexta ir en busca de drogas.

El pasado 14 de junio, cerca de Guadalupe Mano de León los soldados se enfrentaron con un grupo de hombres armados y mataron a dos presuntos narcotraficantes y detuvieron a cinco hombres.

El 23 de junio volvieron a irrumpir se metieron a todas las casas e interrogaron de forma violenta tanto a hombres, como a las mujeres y a los menores de edad.

Estado peligroso: Barreiro

En Taxco, el integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad Pública en la Cámara de diputados, Armando Barreiro Manzano, reprobó la incursión del Ejército a las comunidades indígenas de Guerrero y consideró que es un indicativo de la incapacidad de Zeferino Torreblanca Galindo para luchar contra la delincuencia organizada.

Aseguró que en Guerrero existen los cacicazgos y la propia delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, que han hecho de la entidad, uno de los estados más riesgosos y peligrosos del país.

martes, 30 de junio de 2009

Ataque paramilitar contra compañer@s indígenas del CNI en Santa María Ostula, en la costa de Michoacán

Nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena (CNI) nos acaban de informar que las y los compañeros de Santa María Ostula, en la costa de Michoacán, fueron emboscados en los linderos de sus tierras por un grupo paramilitar de por lo menos 15 personas armadas con armas de alto poder, al servicio de acaudalados rancheros mestizos de La Placita. Y que los mantienen cercados, al parecer, junto con más compañer@s de La Otra Campaña que se encontraban en el lugar acompañando en su lucha por la tierra a los compas del CNI. En cuanto haya información más precisa la estaremos dando a conocer.

Por lo pronto, nos piden que se manden protestas al gobierno perredista de Leonel Godoy, haciéndolo responsable, junto con el gobierno federal, de la integridad de nuestros compañeros y compañeras indígenas nahuas. Asimismo a los colectivos y grupos de defensa de los derechos humanos. Hacemos extensivo este llamado a todas las y los adherentes a la Sexta Declaración en México y en el mundo.

Liberan al indígena arrestado por usar botas tipo militar; el delito no es grave, determinan

Contradicen militares la versión de la Sedena en el asesinato de Bonfilio Rubio

Hay “indicios” de los soldados que mataron a na savi en camión: MP

El camión sí se detuvo, declaran ante el Ministerio Público un sargento y dos efectivos

ROBERTO RAMIREZ BRAVO (Enviado La Jornada Guerrero)


Huamuxtitlan, 24 de junio. Un sargento y dos soldados de infantería del batallón militar adscrito a Tlapa negaron, ante el juez mixto de este distrito de Zaragoza, que el sábado pasado los soldados hayan disparado contra un autobús de pasajeros porque su chofer no se detuvo, como fue la versión inicial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre esos hechos, en los que asesinaron al indígena Bonfilio Rubio Villegas.

Se trata del sargento segundo Rigoberto Hernández Prieto y los soldados Eloy Rodríguez García y Félix Ignacio Carranza, quienes declararon ante el juez Fidel Alfaro Alonso, en la causa penal 10/2009, que se sigue al indígena na savi Fausto Saavedra Valera, que la noche del incidente fue detenido por portar botas tipo militar.

En su declaración, Hernández Prieto señaló que aproximadamente a las 10:30 de la noche del sábado 20 de junio estaba en el puesto de revisión en el crucero de Santa Cruz, en el kilómetro 213 más 500 de la carretera Chilpancingo-Las Peñas, Puebla, donde interceptaron al autobús de la compañía Sur número 6148 y placas 367-HR7, procedente de Tlapa, y al hacer la revisión, el soldado Félix Ignacio Carranza le informó de la presencia de Fausto Saavedra y sus botas.

El camión duró detenido hasta que vino el comandante de la fuerza de reacción inmediata –del cual no proporciona el nombre– e interrogó al conductor, Francisco Emanuel Pizano Alejo, para verificar que coincidiera el nombre del na savi con sus registros; luego, cuando le dijo al chofer que se quedaría detenido el indígena, discutieron, porque Pizano Alejo quería que le hiciera una anotación “en su libreta de registro de pasajeros que constara que el propietario de las botas se iba a quedar para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes”.

El sargento da cuenta de la discusión, pero no dice qué pasó después, cuando ocurrieron los disparos, ya que el expediente para el que hizo su declaración era sólo por el incidente de las botas.

En un sentido similar hablaron los soldados, quienes coinciden en la hora y lugar en que se efectuó la revisión del autobús, y en que durante ésta se encontró al joven de las botas, en los folios del calzado y en los datos del autobús.

El soldado Félix Ignacio precisó que el camión –con capacidad para 49 personas– circulaba con dirección a Huamuxtitlán, y se le indicó que se desviara de su carril para ser revisado y “así lo hizo”.

Eloy Rodríguez, a su vez, dijo que al llegar el autobús se le indicó que bajara su velocidad “y así lo hizo”.

Los tres coinciden en su declaración que al saber que es un delito usar insignias militares, lo detuvieron.

Ninguno da más datos de lo que ocurrió después, respecto a cuando dispararon contra el autobús. Sin embargo, el agente del Ministerio Público (MP) integró la averiguación ZAR/02038/2009 por el delito de homicidio en agravio del indígena Bonifacio Rubio, quien murió de un balazo en el cuello luego de que soldados dispararon contra el camión cuando se retiraba.

El determinador Rosendo García dijo que “está claro” que fueron los militares quienes mataron al civil en el autobús, y afirmó que “hay indicios” de los responsables, pero todavía no hay ningún nombre, y aunque sostuvo que hay colaboración con las autoridades castrenses, no entró en detalles de qué acciones concretas se llevan a cabo, porque, dijo, se podrían “entorpecer” las averiguaciones, ya que los responsables podrían huir.

“Mejor así, calladitos”

En tanto, trascendió aquí que cuatro soldados que participaron esa noche en el ataque al autobús fueron puestos a disposición del Ministerio Público militar con sede en Chilpancingo, aunque no fue posible conseguir sus nombres ni cuál es su situación jurídica, pues fuentes cercanas a la investigación ministerial señalaron que del Ejército no ha habido ningún contacto oficial al respecto.

Libre bajo fianza

Asistido por el abogado del centro de derechos humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, el indígena na savi Fausto Saavedra Valera, quien fue detenido en posesión de las botas tipo militar –por lo cual se originó el incidente que terminó en que los soldados dispararon contra el autobús de pasajeros y mataron a uno–, será puesto este jueves en libertad, luego de que el juez Fidel Alfaro Alonso determinó que el delito por el que se le acusa no es grave, y ordenó su libertad condicional tras el pago de una fianza de 6 mil pesos.

El acusado se reservó su derecho a declarar. Su abogado –quien pidió la fianza y la ampliación del término para determinar la situación jurídica del detenido– alegó que el delito que se le imputa no está probado, pues se requiere que haya intención de burla o agravio hacia la sociedad o a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual no ocurre.

El agente del Ministerio Público adscrito a este caso, Jorge Luis Astudillo, se limitó a pedir que el juez decrete el auto de formal prisión contra el acusado.

Declaración de Coaximalco-Coajomulco.

Concejo de Pueblos de Morelos

Declaración de Coaximalco-Coajomulco.

Coajomulco, Huitzilac, Morelos, 20 de junio de 2009.


Desde esta comunidad indígena de Coaximalco-Coajomulco que significa “lugar donde se labra la madera” (cuahuitl: árbol, ximal: labrar, co: lugar), nos hemos reunido los pueblos originarios de Morelos en nuestra asamblea del Concejo de Pueblos de Morelos y hemos acordado emitir nuestra palabra de verdad:

Con el permiso de los elementos de la tierra, el aire y el agua que indican nuestro camino decidido en nuestro Congreso de fundación y plasmado en el Manifiesto que dimos a conocer hará pronto ya tres años, nos dirigimos al pueblo de Morelos para transmitir los sentires de nuestra gente que en Coaximalco-Coajomulco nos dice como en el lugar más importante de captación de agua de lluvia por los bosques mejor conservados del Corredor Ajusco Chichinautzin se padece sed porque no se tiene agua potable.

¿Cómo es posible que los pueblos que contribuyen con su labor a defender el bosque no tienen agua potable? ¿Por qué los que reciben a manos llenas las torrenciales lluvias padecen sed?

Es el contrasentido de una sociedad que no respeta los llamados de la naturaleza y nos muestra la sin razón de los poderosos económicamente pero carentes de la más elemental sensibilidad por respetar a nuestra madre naturaleza, ya que los únicos que tienen agua potable son los fraccionamientos de lujo que se han instalado sobre las que históricamente han sido tierras comunales pertenecientes a nuestros pueblos originarios.

Mientras el gobierno castiga con saña a los humildes leñadores, protege a los talamontes, y cuando el pueblo defiende sus bosques, lo persiguen, encarcelan y los acusan de utilizar los usos y costumbres para actuar ilegalmente. El burro hablando de orejas. En lugar de que se respete el uso del agua que corresponde al pueblo, se nos obliga a subir el agua por empinadas cuestas con pipas de agua, haciendo el recorrido inverso de la naturaleza.

Antes se tenía agua potable y éramos felices, pero caciques de Huitzilac vendieron tierras a fraccionadores y nos la robaron. Antes pasaba el tren y nos dejaba agua, pero ya no pasa el tren y las vías las usan los talamontes para sacar madera a escondidas.

Se ha dado preferencia a los fraccionadotes, pero no a los pueblos originarios. Ahora nos quedamos sin nada. Todos los candidatos prometen resolver el agua, pero nadie cumple. La única pipa nos la donó desde el gobierno de Lauro Ortega, ya vieja, inservible. Captamos agua de lluvia en ollas pero con tierra, no es potable. Dicen que una planta tratadora de agua, cuando los fraccionadotes tienen su dotación concedida por la CNA. Tienen agua los que tienen dinero, los dueños del poder. Eso es, simplemente, injusticia social. Es un gobierno oligárquico, nos hunden en la miseria. De 45 millones a Huitzilac, sólo se destinan 750 mil a Coaximalco-Coajomulco, cuando le corresponde entre 4 a 9 millones de presupuesto, pero el dinero se lo llevan con salarios mensuales de 105 mil pesos, en un pueblo donde lo que hace falta son fuentes de empleo.

Exigimos que se respeten fuentes de trabajo derivados del cuidado del bosque. Que se nos paguen servicios ambientales, porque los pueblos del sur debemos reconocer a los pueblos del norte la preservación de los bosques donde se originan los manantiales que nacen en la parte baja. Sabemos que no hubiera manantiales en Chihuahuita sin bosques en Coajomulco. Coaximalco da vida a Xoxocotla, lo reconocemos nosotros, ¿y los gobernantes cuando lo harán?

Exigimos que se nos reconozca nuestro legítimo derecho al agua y que se legisle el proyecto presentado ante el Congreso del Estado.

Hoy más que nunca Coajomulco está en pie de lucha con el apoyo del Concejo de Pueblos para hacer valer el artículo 39 que establece el derecho del pueblo a elegir al gobierno de su preferencia.

Por eso venimos a decir claramente que nuestros pueblos no votarán por los candidatos que no reconocen ni respetan los derechos indígenas, ni tampoco por aquellos que utilizan la represión para golpear al pueblo. Ni un voto para los partidos y candidatos que nos maltratan, que nos humillan, que nos discriminan.

Sabemos que en nuestros pueblos hay muchas ideas diferentes sobre las elecciones y no vamos a imponer ninguna decisión, pero sí llamamos a ejercer nuestros derechos de manera crítica y conciente, sin aceptar imposiciones de nadie. Esta es nuestra palabra.

Por eso es que aceptamos la invitación del Movimiento magisterial de Bases Morelense a sumar fuerzas para marchar el 27 de junio y decir estas palabras ante todo el pueblo, para demandar la libertad de los presos políticos de Atenco, nuestros hermanos, y para elevar nuestra palabra dolida pero solidaria hasta nuestros hermanos indígenas de Perú que han muerto por defender las reservas naturales en la selva del Amazonas ante un gobierno tiránico como el de Alan García.

Esta es nuestra palabra dada en medio de este gran bosque de agua que hoy nos cubre con el manto de las nubes que han bajado a tomar agua con nosotros.

En defensa de la tierra, el agua y el aire.

Concejo de Pueblos de Morelos.

sábado, 27 de junio de 2009

Construyen pilar indígena dentro del movimiento por la defensa del petróleo

Solicitan escuelas y atención médica en reunión con Núñez Ramos

YAMILET VILLA ARREOLA (La Jornada Guerrero)

CHILPANCINGO, 18 JUNIO. Representantes del gobierno legítimo de México, encabezados por César Núñez Ramos, han sostenido reuniones con dirigentes mixtecos, nahuas, tlapanecos, amuzgos y afromestizos con el propósito de conformar una columna indígena dentro del movimiento para cuidar, con base en los usos y costumbres, hagan demandas y peticiones sobre su situación actual.

Los indígenas han presentado quejas ante el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que van desde la situación de extrema pobreza que viven en zonas de La Montaña y Costa Chica, así como la falta de medicinas, médicos, escuelas, el desempleo hasta las violaciones a los derechos humanos por policías y el Ejército.

Las denuncias serán enviadas por escrito a la ciudad México, mismas que se canalizarán a las diversas áreas que tiene el gobierno legítimo, para gestionar ante las instancias correspondientes su solución.

Núñez Ramos se reunió este viernes con indígenas inconformes por el nombramiento del nuevo delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena (CDI). En el encuentro, detalló, estuvieron dirigentes mixtecos, nahuas, tlapanecos, amuzgos y afromestizos, quienes acudieron al Congreso local, mismos que pertenecen al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía Nacional.

Abundó que se llevan a cabo reuniones en las siete regiones del estado, no sólo en las zonas indígenas, para tratar de consolidar la estructura electoral rumbo a la elección de 2011, aunque de manera coyuntural en la contienda del 5 de julio, apoyan a los partidos que integran al Frente Amplio Progresista (FAP).

En las siete regiones conforman casas del movimiento que encabeza en el país López Obrador, donde ya se han recibido demandas de la población, como los altos costos de la luz, créditos y desempleo.

En el caso concretó de los indígenas, Núñez Ramos indicó que se pretende conformar una columna indígena dentro del movimiento, “se están incorporando dentro de nuestra estructura a líderes sociales indígenas para que ellos actúen convenientemente de acuerdo con sus usos y costumbres, y se les pueda buscar solución a sus demandas”.

Detalló que el gobierno legítimo ha recibido una serie de peticiones de los indígenas, quienes entre otras cosas demandan la creación de escuelas de los distintos niveles y atención médica.

Además de que han recibido quejas por conflictos agrarios, discriminación, violaciones a los derechos humanos de policías y el Ejército.

Solidaridad

Por otra parte, Núñez Ramos condenó el robo a mano armada de la camioneta y ejemplares de La Jornada Guerrero, “reprobamos la requisa de la edición, es un atentado a la libertad de expresión, lo que les sucedió es una muestra de que algunas instituciones están podridas porque no hacen nada para garantizar la seguridad”.

jueves, 25 de junio de 2009

Exigen familiares del pasajero baleado por militares que éstos sean juzgados por civiles

Zacarías Cervantes (El Sur de Acapulco)

Chilpancingo

Después de reclamar el cuerpo en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo la mañana de ayer, familiares del pasajero Bonfilio Rubio Villegas, quien fue asesinado en un retén militar cerca de Huamuxtitlán la noche del sábado, exigieron ayer a las autoridades federales y estatales que los militares que dispararon en contra del autobús en el que viajaba, sean juzgados por las autoridades civiles para que haya garantías de que se les va a aplicar la ley.

El hermano del fallecido, José Rubio Villegas confirmó que Bonfilio, quien radicaba desde niño en la ciudad de México, y trabajaba como peón de albañil, había venido a la comunidad indígena de Tlatzala, municipio de Tlapa, a despedirse de sus padres porque el 30 de junio se iría a trabajar a Nueva York para poder ayudar a sus papás que ya están ancianos y enfermos, pero de regreso encontró la muerte a manos de los militares que dispararon al camión en el que regresaba a la capital del país.

El cuerpo de Bonfilio Rubio fue trasladado desde la noche del sábado a las instalaciones del Semefo de Chilpancingo para que se le practicara la necropsia de ley. Sin embargo a sus familiares hasta la noche del lunes no les daban información de donde se encontraba, según denunció ayer la cuñada de la víctima, Verónica González González, esposa de José Rubio.

La señora dijo que no les habían informado, hasta que fueron auxiliados por integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el titular del Ministerio Público de Huamixtitlán les dijo que el cadáver lo habían trasladado a Chilpancingo y que tenían que reclamarlo aquí.

Explicó que por eso fue hasta ayer, después de tres días de los hechos, que se presentaron a reclamar el cuerpo en las instalaciones del Semefo en esta capital.

Entrevistado después de reclamar el cuerpo de su hermano, José Rubio denunció que hasta ayer, las autoridades militares no se habían acercado a ellos a ofrecerles alguna explicación o disculpas con respecto a los hechos en los que perdió la vida su hermano.

Dijo que lo único que saben es que “fue asesinado por los militares cuando iba en la flecha que se dirigía a la ciudad de México y cuando los soldados se enojaron porque querían detener a un pasajero porque llevaba botas tipo militar, pero los demás ocupantes de la unidad exigieron que ya dejaran que se fueran porque se les hacía tarde”.

José explicó que saben que en el retén de militares primero le hicieron el alto al chofer del camión; después revisaron a los pasajeros y entonces encontraron a un pasajero que llevaba unas botas tipo militar (Fausto Saavedra Valera) “y entonces lo quisieron bajar sin haber justificación”.

Indicó que después, el chofer les pidió a los soldados que le dieran un comprobante de que se les había quedado ahí un pasajero para que en el puesto de revisión de Huamuxtitlán no tuviera problemas con los inspectores que le revisarían la relación de sus pasajeros.

Informó que los militares se negaron a darle el documento y entonces los pasajeros comenzaron a protestar y exigieron que dejaran que el camión siguiera su marcha. Entonces el chofer arrancó el camión y fue cuando los militares le comenzaron a disparar.

Añadió que fue hasta la parada de Huamuxtitlán, cuando se dieron cuenta que Bonfilio Rubio Villegas había recibido un disparo en el cuello y que ya iba muerto.

El hermano del difunto señaló que después de que lo sepulten en Tlatzala van a presentar la denuncia formal en contra de los militares que dispararon y de su superior que dio la orden.
José, quien es profesor de primaria, dijo que el llamado a las autoridades federales y estatales es que no quede impune “lo que hicieron los militares, esto no debe pasar, porque nosotros como ciudadanos confiamos en ellos y lo que hicieron es un hecho que no es justificable”.

Señaló que su hermano vino del Distrito Federal a su pueblo mixteco Tlatzala para despedirse de sus padres, Secundino Rubio y Carmen Villegas, de de 80 años, porque el 30 de junio se iría a trabajar a Nueva York en donde tiene unos familiares. Dijo que su intención era ganar más dinero para poder ayudar a sus padres que ya se encuentran enfermos, Debido a que en el Distrito Federal su trabajo como chalán de albañil es eventual y ganaba muy poco.

“Como su salario no le alcanzaba pues trabajaba de manera eventual, no podía ayudar a nuestros padres, por eso pretendía encontrar un trabajo que le dejara un poquito más por eso se quería ir a Estados Unidos a trabajar”.

Bonfilio era el más joven de los tres hermanos y tres hermanas, era soltero y por ello era quien ayudaba a subsistir a sus padres que ya son de avanzada edad, según informó José el hermano mayor.

Informó que se enteraron que algunos de los militares se encuentran detenidos “pero nos dicen que van a ser juzgados con sus propias leyes y nosotros estamos pidiendo que sean juzgados por las autoridades civiles porque no sabemos como es la ley de los militares, y no estamos seguros que de verdad los vayan a castigar”, dijo.

El hermano del fallecido señaló que sin embargo de manera oficial carecían de información de parte del Ministerio Público con respecto a las investigaciones que se realizan para esclarecer el caso y se deslinden responsabilidades.

Mientras tanto los detenidos, Pizano Alejo Francisco, el chofer del camión baleado y Fausto Saavedra Valera, el pasajero que llevaba las botas tipo militar y a quien pretendían detener los militares en el retén antes de que dispararan en contra de la unidad, seguían detenidos ayer en Tlapa, aunque de manera extraoficial se informó que posiblemente en las próximas horas serían trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) de Chilpancingo

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