Presunto culpable parte de estrategia gringa para "reforma Judicial"? LEE a Batiz

El malo de la película

Bernardo Bátiz V.

Con motivo de mis artículos sobre Presunto culpable, en los que he relatado que otro filme muy similar y con el mismo título se estrenó en Estados Unidos en 1991, y que el mexicano es parte de una campaña para convencernos de la llamada reforma judicial, me han llegado algunos correos y he recibido personalmente diversos comentarios.

La buena factura de la película y la inteligente publicidad que ha recibido, junto con la opinión generalizada en contra de nuestro sistema de justicia, ha logrado que el aplauso a la obra cinematográfica sea casi unánime; por mi parte conservo mis dudas y confirmo mis observaciones. Se trata de un alegato muy bien hecho para producir un efecto en la opinión pública favorable a cambios en nuestra legislación para adecuarla al sistema económico que se ha ido imponiendo en México desde hace al menos cuatro gobiernos, dos priístas y dos panistas, y que forma parte de un paquete junto con las reformas laboral y fiscal.

¿Tendré que recordarles a mis amigos de izquierda que el derecho, según Marx, es una superestructura de la economía? Al menos les pido el mismo beneficio de la duda, que fue el adoptado por el magistrado que resolvió el caso, argumento con el que pudo convencer a sus colegas que se resistían a revocar la sentencia original.
El comentario del magistrado me bastaría para mantener mi crítica al documental, pero hay algo más; entre quienes se han acercado a mí con motivo de las reflexiones publicadas está una persona que tuvo acceso al expediente y que me confirmó un dato que falta en la trama. El testigo que parece que al final de un interrogatorio se desdice y cambia su versión, lo que lleva a la absolución del presunto culpable, no incurrió en contradicción alguna.
Quien lea el expediente y no sólo se atenga a la grabación editada convenientemente, se percatará, según me dijo mi informante, de que el testigo desde un inicio declaró que a él y a su primo los atacaron el día de los hechos cinco personas, primero a golpes y después con un disparó que causó la muerte de su familiar.

En ninguna parte de su declaración señala que el presunto culpable haya sido quien disparó; sólo lo reconoce como uno de los atacantes. Por ello, cuando se le pregunta en el careo si él lo vio disparar, balbucea un no casi imperceptible. Por esto también la prueba de Harrison resultó negativa en las manos del único detenido, porque él no fue quien disparo; el testimonio fue en el sentido de que el procesado era uno de los cinco agresores, no de que haya disparado.

La película esta muy bien hecha, acude con habilidad a los sentimientos del público, conmueve con la entereza del acusado, con su habilidad para bailar, con la fe de sus amigos y de su novia, a tal grado que se crea un héroe del filme y el otro joven, que al inicio de la drama es víctima de la golpiza de una pandilla, a la postre aparece como el villano de la película.

Mi alegato va en varios sentidos, uno respecto de la intención del filme: desprestigiar aun más a nuestro ya vapuleado sistema de justicia, para justificar el cambio en el sentido que se tiene planeado; otro más, que no se puede explotar comercialmente la imagen de nadie sin su consentimiento; que una opinión sólida no puede fundarse en una visión parcial de los hechos; pienso que los medios modernos no deben sustituir ni a nuestro procedimiento tradicional ni al pretendidamente novedoso juicio oral.

Creo finalmente, con el documentalista Juan Manuel Sepúlveda, citado por Julio Hernández, que en efecto, el juicio que se hace en la película no es imparcial. En un procedimiento ante un juez; el acusado cuenta con garantías para defenderse, tiene abogado, ofrece pruebas, alega y un tribunal superior puede revisar y corregir las fallas del inferior. En cambio, quien es juzgado por medio de una filmación hecha al gusto de autores y productores no tiene defensa alguna ni derecho de réplica posible. Lo filmado y editado ahí queda, sólo podemos ver la película tal como sus autores la presentan.

AQUI LOS ARTICULOS DEL MAESTRO BATIZ SOBRE EL CASO

Justicia: tendencias

Al contrastar dos casos de impartición de justicia que han atraído la atención pública en fechas recientes, nos topamos con una especie de paradoja que nos hace reflexionar.

El primero es el de un joven, protagonista del documental cinematográfico Presunto culpable, que es víctima de un error judicial que le lleva a prisión por largo tiempo; el juez, en dos ocasiones, lo condena a veinte años de cárcel por homicidio, a partir tan sólo de una prueba testimonial. Un primo de la víctima, que también fue agredido por quienes ultimaron a su pariente, reconoce al acusado y lo señala como el autor del delito......LEER TODO EL ARTICULO

Jueces y medios de comunicación 14 de marzo 2011

Ya se ha hecho común que en casos judiciales notorios por algún concepto, sean algunos medios de comunicación los que, en procedimiento sumarísimo y sin formalidad alguna, tomen la justicia por propia mano y dicten sentencias, al margen de las resoluciones de los jueces y no pocas veces sólo como un capítulo más de sus negocios de espectáculos.Son muchos los conductores de radio y televisión, reporteros y comentaristas que, con frecuencia, pronuncian sus juicios y anatemas en contra de un sospechoso o a favor de él, sin esperar que con la información y la serenidad requerida sea el juzgador.....LEER TODO EL ARTICULO

juzbbv@hotmail.com

La bajeza: decision vergonzosa del Poder Judicial

La bajeza
Luis Javier Garrido
LaJornada
El país se halla ya en la más absoluta ilegalidad tras la decisión vergonzosa del Poder Judicial de avalar el proceder anticonstitucional de Felipe Calderón de asaltar por la fuerza y sin sustento jurídico, el otoño pasado, las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y violar los derechos laborales de 44 mil trabajadores.

1. El fallo, sin que mediara discusión alguna, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 5 de julio ante la demanda de amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas (aprobado de manera unánime por 10 de los 11 ministros presentes), declarando constitucional el decreto de Calderón del 11 de octubre de 2009 –en el que éste se arrogó facultades que no tiene para disponer del patrimonio de la nación y pisotear los derechos de los trabajadores al ordenar la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro– es una decisión política y no jurídica que quebranta gravemente el orden constitucional de México, como han coincidido en señalar los principales juristas del país.

2. No es esta la primera ocasión que la SCJN se cubre de ignominia al emitir un fallo que de manera abierta avala una violación del Ejecutivo a la Constitución, y aprueba la violación de los derechos de la nación para hacer posible que se apoderen de enclaves estratégicos de ella corporaciones extranjeras o atenta contra los derechos constitucionales de los trabajadores mexicanos, pero nunca antes un fallo del que se supone debería de ser el más alto tribunal del país quebranta de manera tan abierta el orden constitucional de la República, pues hace inexistentes los fundamentos torales de ésta, que sustentan la unidad de los mexicanos.

3. El mensaje que los que para muchos son ya sin excepción irresponsables ministros de la SCJN están enviando al país no podía ser más crítico en las actuales circunstancias, pues están diciéndole a la nación y a los mexicanos que como acontece en cualquier régimen despótico, en el de México no hay más legalidad que la de la fuerza de los grupos de mafiosos en el poder y de los intereses económicos a los que sirven, y que el gobierno de facto que tiene el país se halla al margen de cualquier legalidad en los días en que pretende “celebrar” 200 años de Independencia y 100 del inicio de una Revolución que no ha dejado de traicionar.

4. Las gravísimas consecuencias jurídicas y políticas de un fallo en este sentido, que no se cansó de anunciar desde semanas atrás Javier Lozano Alarcón, el secretario del Trabajo de Calderón (lo que hizo asumir que él había contribuido a su elaboración), fueron advertidas por múltiples juristas durante las sesiones del foro de análisis sobre el decreto llevadas a cabo en el Senado los días 29 y 30 de junio, quienes señalaron que por la trascendencia de los asuntos que entrañaba, una aberración de está índole no podría pasar inadvertida y confirmaría que en el país no hay un estado de derecho. Y esto es lo que muchos están ahora terminando por entender: que no existe en el país tribunal alguno que pueda defender los derechos de los mexicanos, y que al haberse quebrantado por completo la legalidad de la nación, los mexicanos para defenderse no tienen más disyuntiva que la de la resistencia cívica a ultranza, como lo está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas al convocar a una mayor movilización de la nación, o la de la revolución armada, como algunos grupos lo están sosteniendo en diversas regiones del país.

5. La SCJN tiene en el régimen constitucional mexicano el papel relevante de ser el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública, tal y como le fue siendo definido a lo largo del siglo XIX y en la Constitución de 1917 y precisado tras las reformas de 1994, pero en el sistema político actual se ha convertido en una instancia que sólo sirve para satisfacer las órdenes del Ejecutivo y convalidar el proceso de desmantelamiento de la Constitución General de la República, al avalar el desacato abierto de ésta por las autoridades y la expedición de normas secundarias que la contradicen de manera abierta para instaurar en su lugar como norma suprema del país a las costumbres y prácticas no escritas de las corporaciones trasnacionales, para las que las naciones no tienen áreas estratégicas reservadas y ni existen derechos laborales.

6. El ministro Juan N. Silva Meza, quien pretende haber elaborado el dictamen que fue aprobado por el pleno, es amigo íntimo de Felipe Calderón desde que su familia acogió en la capital, a mediados del siglo pasado, a Luis Calderón Vega, padre de Felipe, según lo cuenta éste en sus apuntes autobiográficos, y llegó a la Corte en 1994 al ser tomada ésta por la extrema derecha, pero no tuvo la decencia de excusarse de conocer del asunto por este impedimento, de ahí que no extrañe la ausencia de argumentos jurídicos de dicho dictamen.

7. El documento aprobado por los ministros no puede explicar, en consecuencia, cómo en el régimen constitucional mexicano puede el titular del Ejecutivo ejercer atribuciones que la Constitución no le otorga y disponer del patrimonio de la nación como en las monarquías absolutistas europeas del siglo XVIII y de esta manera hacer suya una función que sólo corresponde al Congreso: la de legislar para crear y extinguir organismos públicos.

8. La burda estrategia diseñada en Los Pinos para que el fallo aberrante contra los electricistas pudiera parecer legal supuso emitirlo unos días después del que exoneró a los detenidos de Atenco, pero esto también le falló. El gobierno ordenó a la SCJN liberar a los campesinos atenquenses porque la presión nacional e internacional le hacía imposible mantenerlos detenidos, pero se equivocó al pretender utilizar políticamente la decisión para culpar del caso al gobernador mexiquense Peña Nieto en víspera de las elecciones, y también al tratarle de dar con ella una aureola de credibilidad a la Corte.

9. Los electricistas no tienen ahora más disyuntiva que la de insistir en su misma lucha demandando la reinstalación de todos los trabajadores no liquidados y el respeto a su organización sindical, aunque se abre también la vía para demandar al gobierno mexicano ante los tribunales internacionales y pedir al Congreso iniciar juicio político contra los ministros de la SCJN.

10. El respaldo decidido de los mexicanos en las semanas que vienen a esta lucha del SME constituye, por eso, como muchos han comprendido en este momento de trascendencia histórica, una defensa de los derechos de todos los trabajadores del país, que les están siendo cancelados de manera indiscriminada por la extrema derecha en el poder, así como de los propios derechos de la nación mexicana a disponer de sus recursos estratégicos para beneficio de todos.